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INPI le advierte a Almaden Minerals que sí hay población indígena en la zona de explotación minera (Puebla)

Kara Castillo / La Jornada de Oriente

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha confirmado la existencia de presencia indígena en el área del Proyecto Minero Ixtaca. En su reporte identifica a 71 localidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán; nueve de ellas precisamente en el área de influencia directa en el que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende explotar un yacimiento de oro y plata bajo la técnica de cielo abierto.

Mediante el oficio CGPE/2019/ OF/0477 emitido por el INPI y dirigido a Fundar y al Consejo Tiyat Tlali –organizaciones representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi en el juicio de amparo contra las concesiones mineras sobre las que Almaden pretende realizar su proyecto minero– el organismo desmintió las afirmaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Minera Gorrión, quien ha negado sistemáticamente la existencia de población indígena en la zona.

Las organizaciones aseguraron que la revelación hecha por el INPI en esta nueva revisión y difusión de información constituye una prueba más del incumplimiento del Estado Mexicano a sus obligaciones en materia derechos humanos de pueblos indígenas, como el que, desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.

Por este motivo, se asentó en un comunicado, que las comunidades piden la cancelación directa e inmediata de las concesiones mineras, así como la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la Semarnat.
Informe revela contubernio para invisibilizar indígenas en la zona a explotar

El oficio de la INPI que ha sido difundido este lunes, desenmascara la complicidad con empresas mineras con el Coordinador General de Planeación y Evaluación de la entonces (CDI), Sergio Alberto Ortiz Rosales quien en el oficio CGPE/2018/OF/0802 emitido el 28 de septiembre de 2018 aseguró en el documento oficial que “tras efectuar un análisis de la documentación del proyecto minero los datos indicaban la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia”.

Tanto las organizaciones Fundar y al Consejo Tiyat Tlali como la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua y organizaciones civiles de Ixtacamaxtitlán habían calificado la declaración oficial de la CDI de preocupante, pues esta afirmación sostuvo la Manifestación de Impacto Ambiental y fue difundida públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto.

INPI: hay indígenas náhuatl directamente afectados

En el pronunciamiento de Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, se dio cuenta de que en esta nueva revisión, el INPI señala que “derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, y adjunta una Nota Técnica en la que sustenta y desarrolla su afirmación.

“El Instituto apunta que “en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó 6 mil 210 y 4 mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente, lo que significa 24 por ciento y 19.7 por ciento del total de la población, respectivamente. Además, en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó 7 mil 608 personas, 31 por ciento del total de la población del municipio”.

“Asimismo, afirma que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se identifica un total de 71 localidades con presencia de población indígena; de las cuales Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), están ubicadas dentro del área del proyecto.

Además de precisar que un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto”, reza el informe, cuya copia tiene este diario.

El pasado 22 de octubre más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y comunidades ubicadas en la cuenca del río Apulco, entregaron al secretario Víctor Toledo Manzur actas de asamblea con 3 mil 500 firmas, con las que, en ejercicio de su autodeterminación, rechazan el proyecto minero y niegan su consentimiento para su realización.

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