Nuevo León tiene vía libre para contaminar

Marco Córdova y Juan Manuel Ramos/ EL UNIVERSAL

En el estado hay más de 5 mil empresas que por sus emisiones podrían dañar la salud de los regiomontanos, mientras que la Profepa sólo tiene cinco inspectores para vigilarlas a todas

En 2006 un nuevo desarrollo residencial y comercial, considerado como único en su tipo, llegó a Nuevo León. Céntrika, como lo nombraron, fue considerado uno de los proyectos más importantes de regeneración urbana en la historia de Monterrey. Cientos de familias adquirieron casas cimentadas sobre los desechos enterrados de la entonces minera American Smelting Company (Asarco). Lo que no previeron fue que sus principales vecinos serían empresas como Magotteaux –fundidora de acero–, Vitro –fabricantes de vidrio– y Cemex –cementera – entre otras. Industrias que contribuyen todos los días con sus emisiones a la nata de contaminación que cubre a la zona metropolitana del estado.

Con más de dos millones de autos en su parque vehicular, una gran actividad industrial, falta de inspectores del gobierno federal para revisar a las empresas y normas laxas, Nuevo León es considerado como uno de los estados con mayores índices de contaminación en su zona metropolitana.

Especialistas aseguran que el gobierno difícilmente tomará la opción de una mayor vigilancia del sector empresarial, pues eso le podría poner un freno a la actividad económica del estado. “Los de la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León (Caintra), las empresas de alto riesgo, los secretarios de Desarrollo Urbano de los municipios… ellos son los dueños de la pelota de lo que se autoriza y lo que no en Nuevo León en materia de normas ambientales”, asegura Guillermo Martínez Berlanga, especialista ambiental.

Y mientras las autoridades federales, estatales y municipales deciden quién será el encargado de prestar mayor vigilancia a las más de cinco mil industrias que existen en el estado, para los habitantes de Céntrika vivir ahí es todo un reto. A diario los autos amanecen con una cubierta de polvo que se convierte en algo similar al cemento cuando lo intentan limpiar con agua. Esta capa es una mezcla de diferentes contaminantes: bióxido de carbono, benceno, mercurio, arsénico, cadmio y plomo, entre otros metales. Todos generados por la industria que se encuentra junto a ellos y cuyas emisiones no solo ensucian los coches, sino que también llegan hasta sus pulmones.
Salvador Guillén llegó a este desarrollo residencial en 2015 y apenas doce meses después su salud tuvo una ligera caída. “Las alergias se me dispararon, tenía que estar tomando antihistamínicos todo el tiempo […] seis meses después perdí completamente el olfato y ahorita tengo tres meses que me operé de pólipos nasales”, cuenta este habitante de Céntrika.

La suma de diversos factores le jugó en contra a Salvador. Los médicos le aseguraron que una de las causas de estos malestares era la mala calidad del aire que respiraba todos los días. Y es que, de acuerdo con los últimos datos del Inventario Nacional de Emisiones de México, el 63% de las partículas PM 2.5 son generadas por fuentes fijas del estado como lo es la industria. Justo como las grandes empresas que topan con la barda del jardín de atrás de su actual casa.

El peligro de este tipo de partículas, que se encuentran suspendidas en el aire como polvo, cenizas, hollín o residuos metálicos, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es que su tamaño es tan reducido que llegan a las áreas más pequeñas de
los pulmones e incluso pueden llegar a la sangre y provocar problemas cardiovasculares, explica Rodolfo Posadas Valay, médico neumólogo intensivista.

 

Los coches de los habitantes de Céntrika amanecen llenos de una especie de polvo que es casi imposible de quitar. REDES QUINTO PODER

Sin la lupa de los inspectores
En Nuevo León hay 5 mil 472 empresas que, por su actividad, realizan emisiones que podrían afectar la salud de los regiomontanos. Tan solo siete de cada diez, es decir, 3 mil 739, se dedican a la fabricación de productos metálicos, de acuerdo con el último censo económico de Inegi. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo encargado de vigilar que la industria cumpla con las normas ambientales, únicamente tiene cinco inspectores para vigilarlas a todas, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Esto quiere decir que el Gobierno Federal cuenta con un inspector para cada mil empresas de todas las que tiene que revisar. En la parte estatal la limitación de inspectores también es uno de los principales frenos. En total tienen a 14 trabajadores dedicados a esta tarea. Esta falta de vigilantes ha creado una sobredemanda en todos los niveles.
Además, hay otro factor. La mayor parte de estas inspecciones no están puestas sobre la agenda del organismo, sino que llegan por las denuncias de los ciudadanos.

“En una inspección se te va al menos media mañana, como mucho se pueden

hacer dos revisiones completas al día, y esto es en el caso federal”, asegura Brenda Sánchez, ex funcionaria ambiental a nivel federal.

Los datos muestran que el gobierno está sobrepasado para lograr una real revisión de estas empresas. “Nosotros éramos 12 inspectores para todo el estado, pero teníamos que manejar toda la materia ambiental, lo forestal, la vida silvestre, hasta la parte gris, que viene siendo la industria”, cuenta Jeremy Zaraj Morales, ex coordinador de inspectores en la delegación de Semarnat en Nuevo León entre el 2006 y 2012.

Pero esta problemática no se reduce únicamente a la falta de inspectores, pues la corrupción en el estado ha frenado cualquier política que intente revertir el problema. Existan inspectores o no, no hay formas de determinar si las verificaciones se hicieron de manera adecuada o si tiene algún valor real, asegura Berlanga. “Puedes poner 100 inspectores, pero mientras no sepan qué hacer y les digan a quién sí y a quién no, ¿para qué los queremos? Va a haber más corrupción de la que hay”, asegura.

El especialista en medio ambiente es drástico en este sentido. “Los gobernadores han sido títeres de la industria privada […] ninguno va a querer enfrentar el problema ambiental porque se echaría encima a los poderosos”.

Pese al evidente problema de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, la Profepa redujo en los últimos años el número de inspectores para la zona industrial. Con base en datos obtenidos vía transparencia, se pudo constatar que en 2012 tenía ocho empleados de inspección industrial y actualmente solo tiene cinco: dos químicos farmacéuticos biólogos, dos ingenieros industriales y un licenciado en derecho.

Además de que el promedio de inspecciones que realizó la Profepa en los últimos dos sexenios ronda apenas entre las 200 y 400 visitas anuales, lo cual representa a menos del 10% de las industrias que hay en el estado.

El problema de la contaminación en Nuevo León
Hasta hace algunos años, el tema de la mala calidad del aire en Monterrey no era un problema que preocupara a esta metrópoli habitada por más de 4.6 millones de personas, según el último censo del Inegi.

A pesar de ser la tercera área metropolitana más poblada y ostentar el título de la zona industrial más importante de México, parecía que la ciudad estaba lejos de parecerse a la Ciudad de México en cuanto a contaminación ambiental. Pero hoy la realidad es otra.

El 01 de enero de 2019, el gobierno del estado activó por primera vez la contingencia ambiental al registrar una medición de 294 puntos en partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5), de acuerdo con el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Y en lo que va del año, las autoridades han tenido que activar en cuatro ocasiones la alerta ambiental debido a los altos niveles de contaminación.

El debate se ha intensificado debido a que las autoridades culpan al automóvil de ser la principal fuente de contaminación en la ciudad y están promoviendo la verificación vehicular como una solución a los problemas de la mala calidad del aire.

Con un punto de vista diametralmente opuesto, los grupos ambientalistas han hecho énfasis en que las alertas se han emitido en días en los que la circulación de autos es mínima y que los problemas actuales de contaminación son responsabilidad en mayor medida de las pedreras y la industria.

Estas alertas ambientales han traído como consecuencia la recomendación para que la población más vulnerable, menores de 5 años y mayores de 65 años, limiten sus actividades al aire libre, así como la reducción de actividades por parte de la industria.

Las partículas PM2.5 se han convertido en el principal peligro para los neoleonenses. “Aquí estamos en más del doble de la norma de salud mexicana, que es de 12 microgramos por metro cúbico como promedio anual (de PM 2.5). Nosotros estamos en 26 o en 25”, explica Alfonso Martínez, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire en Monterrey.

Esto ha traído consecuencias graves en la entidad. Tan solo en el área metropolitana de Monterrey se registran 1,252 muertes prematuras al año que se podrían evitar si se cumpliera la norma de salud en PM2.5, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública. “La contaminación atmosférica está teniendo efectos agudos a la salud de las personas y la exposición aguda está provocando una mayor mortalidad”, sentencia Martínez Muñoz.

Vivir entre contaminantes
Los habitantes de Céntrika diariamente respiran un aire que combina las emisiones que desechan Cemex, una de las empresas de concreto más importantes del mundo, y
Magotteaux, empresa internacional dedicada a la fundición de acero. Además de los residuos que emiten las vidrieras Vitro, Crisa Libbey y Owens Illinois.

Tan solo en 2017, Magotteaux emitió más de 3 mil 373 toneladas de bióxido de carbono al aire y Cemex reportó la emisión de 51 kilos de plomo, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat.

Todos estos contaminantes pueden generar problemas en la salud de los habitantes que están en exposición constante a estas emisiones. “En el corto plazo, una persona puede desarrollar una crisis asmática y no poder respirar. Pero con el tiempo puede generar crisis periódicas sin permitir el alivio completo o un control adecuado de la enfermedad”, explica Posadas Valay.

Al igual que sus vecinos, Homar Garrido, de 56 años, también padece por las emisiones que realizan estas grandes empresas enclavadas en el corazón de la ciudad.

“Salimos a la calle y está ese olor muy fuerte. Es muy molesto. Te irrita los ojos y la garganta”, señala el también representante vecinal de esa comunidad. Desde que empezaron a poblar el lugar, los habitantes se percataron de que el ambiente en el sitio estaba contaminado, pero no fue hasta el 2010 cuando se organizaron para solicitar soluciones a la industria.

“Lo primero que hicimos fue abrir un diálogo con estas empresas, principalmente con Cemex y con Magotteaux, pero de todas formas no hemos visto la disminución en la cantidad de emisión de sus contaminantes”, cuenta Garrido.

Esta problemática fue denunciada ante la Semarnat y la Profepa, pero la única respuesta que han obtenido de las empresas ha sido la plantación de árboles y, en algunos casos, como el de Cemex, pusieron barredoras mecánicas para remover el polvo que queda en la calle como consecuencia de sus actividades.

Para este reportaje se intentó obtener una respuesta, sin éxito, por parte de Cemex, a través de su departamento de responsabilidad social. También se intentó contactar a la empresa Magotteaux, igualmente sin éxito.

Aunque los especialistas concuerdan en que incrementar el número de inspectores no soluciona todo el tema de los contaminantes que emiten las industrias, también coinciden en que es un primer paso hacia la disminución de la problemática. Esto sumado a un incremento en la partida que se le asigna en los presupuestos a nivel federal, estatal y municipal al tema.

“El ideal es que si el gobierno genera autorizaciones, estas se tienen que cumplir. Las pedreras por ejemplo dicen que no tienen recursos para moverse y ¿no pueden generar menos polvo? No habría necesidad de inspeccionarlos si se sujetaran a las condicionantes de las autorizaciones”, asegura Brenda Sánchez.

Este reportaje de Redes Quinto Poder es parte del Hub de Periodismo de Investigación
de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con
el Border Center for Journalists and Bloggers

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