Padres y madres de los normalistas instalan plantón frente a la SRE
Denuncian falta de voluntad para instalar mecanismo de seguimiento
Sididh
Ciudad de México, 07 de julio del 2016. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se instalaron en plantón frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en protesta por la falta de voluntad de la dependencia para llegar a acuerdos sobre la instalación del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso.
Las familias solicitaron apoyo en víveres y lonas para mantener el plantón hasta que haya una respuesta positiva. Padres, madres y sus representantes acudirán hoy por la tarde a una reunión con el titular de la Segob y la próxima semana con la procuradora federal, Arely Gómez.
Después de una reunión de dos horas con Claudia Ruiz Massieu, titular de la SRE, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, que fue calificada como “ríspida”, las familias se levantaron de la mesa de negociación, informó el abogado Vidulfo Rosales.
La CIDH envió una resolución al Estado mexicano en la que establece algunos mínimos que debe tener este mecanismo, como el hecho de que esté integrado por dos comisionados; que se pueda visitar el país cada dos meses, con duración de cinco días, y se tenga acceso pleno a la información, además de dotarlo de un equipo mínimo técnico operativo, integrado al menos por dos personas, y que permanezca el tiempo que sea necesario. Ayer vencía el plazo que la Comisión dio al Estado para responder a la propuesta. El mecanismo tiene como objetivo dar seguimiento tanto a las medidas cautelares implementadas por la comisión desde 2014 y a las recomendaciones dadas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
Las diferencias sustanciales radican, entre otros aspectos, en el rechazo gubernamental a que un equipo técnico operativo permanezca en México el tiempo que sea necesario, y el acceso pleno a la información del caso, pues la parte gubernamental pretende limitarlo solamente a la contenida en los expedientes.