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¿Qué implicaciones tiene la cancelación de Monterrey VI?

Publimetro

En medio de la polémica por la posible cancelación del proyecto millonario que pretende asegurar el abasto de agua al área metropolitana durante los próximos 50 años, especialista sostiene que el próximo gobierno de NL puede evitar el pago de 14 mdp

Rescindir del contrato del proyecto hidráulico Monterrey VI con las cinco empresas que conforman el consorcio que se adjudicó la obra, costaría .02% del costo total —cerca de 14 millones de pesos—, pero es una decisión que sólo compete al próximo Gobierno de Nuevo León y donde el Congreso local no tendría injerencia.

De acuerdo con Samuel García Sepúlveda, especialista en materia de litigio administrativo de la Firma Jurídica y Fiscal S.C. la gestación de la obra hídrica se dio desde la aprobación de la Ley de Asociación Público-Privada (APP) “a modo”, ya que permitió que la administración estatal impulsara obras costosas sin la anuencia del Congreso local.

“Una vez avalada la Ley, sale el Gobierno de Nuevo León a decir que urge agua y que como era necesario celebró un contrato de APP con diversas constructoras para traer agua desde el Río Pánuco, que es lo que conocemos como Monterrey VI.

“Es decir, de manera totalmente unilateral, se pasan por alto al Legislativo, firman el contrato de la obra y echan a andar el proyecto, al menos en la parte de planificación, financiamiento y estudios”, dijo el también diputado local electo por Movimiento Ciudadano.

Es por eso que en medio de las posibilidades de la cancelación de Monterrey VI, la decisión sería únicamente de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador electo de Nuevo León, y no de Congreso local, ni de las autoridades de San Luis Potosí o Veracruz, por donde pasaría el acueducto que de 390 kilómetros.

“Pero esa misma trampa que hicieron va a ser su mismo veneno. Así como con esa Ley tramposa no ocuparon al Congreso para Monterrey VI, pues con esa misma, El Bronco y Fernando Elizondo, cuando tomen posesión no necesitarán absolutamente a nadie para cancelarlo”, explicó.

Y es que aunque Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador electo, no ha dado una postura definitiva hasta en tanto no se cuente con el análisis sobre la viabilidad técnica y financiera de la obra, sí ha referido que para pagar esos 14 millones de pesos que implicaría rescindir del contrato podría solicitar la aportación de 14 pesos a cada uno del millón de ciudadanos que votó por él.

“Pedir 14 pesos a las personas que votaron por Jaime Rodríguez es una opción, pero para mi no es la correcta, (…). Aquí lo importante es, el proyecto no se llevó a cabo y esa cláusula de rescisión, para poder ejercerla coactivamente, tienes que demostrar a los tribunales que efectivamente tu empresa, a la que le rescindieron el contrato, lo gastó”, sostuvo.

García Sepúlveda explicó que existen otras vías para, incluso, no pagar la penalización que tiene la cláusula del contrato con las empresas que conforman el consocio, entre las cuales se encuentran Grupo Allende —constructora favorita de la administración de Rodrigo Medina— e Higa, ligada al escándalo de corrupción de la Casa Blanca de la administración federal.

“Pero esos 14 millones los pueden pelear en tribunales y alegar que no está, siquiera, sujeto a ese monto porque hubo vicios en la voluntad al firmar el contrato, como dolo, error, maquillaje, corrupción y violación a la Ley de APPs.

“Yo sería de la idea de que el día en que las constructoras quieran cobrar esa indemnización hay mucho fundamento para, en tribunales, irnos limpios. Y no nada más no pagar, también podemos irnos a las cabezas de quienes firmaron y armar expedientes de corrupción y conflictos de interés para irse a investigaciones penales”, consideró el especialista.

Monterrey VI, el proyecto insignia del gobierno de Rodrigo Medina, tenía un costo inicial de 14 mil millones, pero el financiamiento a 27 subió el monto a 57 mil y luego a más de 61 mil millones de pesos.

“Ahora nos urge aprender de esta lección y modificar la Ley de Asociación Público Privada en Nuevo León. Urge meter candados y contrapesos para que en asuntos u obras de gran calado, mayores a los mil millones de pesos, se encargue el Congreso, porque no podemos darnos el lujo de que surjan más proyectos de este tipo”, sostuvo García Sepúlveda.

Por separado, este mismo jueves, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador electo, informó que buscará a los empresarios, propietarios de las constructoras, que integran el consorcio que se adjudicó Monterrey VI para conocer su postura, para sí tomar la mejor decisión. Aunque reiteró su intensión de frenar el proyecto hidráulico.

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