Los ejidatarios de Ucú denuncian el despojo de tierras (Yucatán)

“No todas las adquisiciones de terrenos ejidales son ilegales, pero muchas son inmorales porque quienes las realizan se aprovechan de los propietarios, que ven malbaratado y perdido su patrimonio por necesidad o por ignorancia”, señaló Jesús Alberto Campos Núñez, jefe distrital número 8 del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Esto lo dijo en una reunión con ejidatarios de Ucú, a la que invitó a la prensa, que presentaron una denuncia ante la Procuraduría Agraria (PA) por el presunto despojo de tierras a manos de un empresario que se ostenta como representante legal de ese ejido.

La reunión se llevó al cabo en la casa de Genny Martín Sosa, jefa suprema municipal de Ucú ante el citado consejo. Ahí se denunció públicamente el despojo de tierras del que está siendo el ejido de Ucú a vista y paciencia de Miguel Ángel Magaña Tun, quien, dijeron, se ostenta como comisario ejidal a pesar de que su nombramiento hace poco más de un año fue ilegal, pues se realizó en una asamblea no constituida para ello, y por ende no ha sido ratificado.

Según comentó Genny Martín, el señor Magaña Tun fue “apadrinado” por el empresario Ángel Azael Ruiz López para acceder al organigrama del ejido de Ucú en su calidad de asesor e intermediario para las ventas de tierras, sin consenso de la asamblea ejidal ni el visto bueno de los 355 ejidatarios con derechos del lugar.

Esta persona se dio a la tarea de dividir las últimas tierras que quedan en Ucú: 90 hectáreas de Xtobó, 20 de Yokdzonot y 625 que colindan al norte con el ejido de Chuburná.

Estas 625 hectáreas son la manzana de la discordia, pues se trata de tierras cercanas al desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas, el cual le ha dado una mayor plusvalía a las mismas.

No obstante, algunos empresarios les dicen a los ejidatarios que sus tierras no valen nada y les ofrecen $12.50 por metro cuadrado.

“Hay irregularidades por todos lados”, comenta Genny Martín. “Comenzando con el comisario ejidal Miguel Ángel Magaña Tun, que ejerce sin estar legitimado porque se nombró comisario en una asamblea ejidal falsa sin el respaldo del pleno de los ejidatarios y teniendo como visitador de la PA al señor David López Ambrosio, que en aquel momento ya no trabajaba ahí”.

“El empresario Ángel Azael Ruiz López apadrinó la campaña de Magaña Tun, para entrar al ejido y desde ahí autonombrarse asesor ejidal e intermediario para la venta de las tierras ante los empresarios que llegan con sus ofertas de compra”.

“El último empresario que trajo Ruiz López ofreció pagar a los ejidatarios $12.50 por metro cuadrado de las 625 hectáreas del norte de Ucú, las que colindan con Ciudad Maderas”.

“Unos 200 ejidatarios, abrumados y desesperados por la situación que atraviesan por la pandemia y la falta de recursos económicos tuvieron que aceptar, pero el resto no estamos dispuestos a ser despojados en forma tan inmoral”, advirtió la entrevistada, quien aseguró que no hubo asamblea para determinar la venta y los montos de las tierras.— Emanuel Rincón Becerra

“La gente asiste a reuniones informativas, no son asambleas ejidales porque carecen de toda formalidad del caso; el comisario y este empresario las hacen ver como si fueran asambleas constituidas y oficiales, eso es ilegal”, subrayó.

Genny Martín recordó que hace cuatro años unas tierras adquiridas por el gobierno del Estado en los límites de Chuburná se pagaron al ejido a razón de $25 el metro cuadrado. Tan solo en Ciudad Maderas hoy el metro cuadrado se vende desde $2,600.

Las poco más de 3,000 hectáreas vendidas durante la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para fincar el desarrollo inmobiliario de Ciudad Caucel se entregaron por $360 millones.

Sin embargo, el ejido solo recibió $301 millones, nunca se supo qué pasó con los $59 millones que se les debe.

Genny Martínez, Jesús Alberto Campos y Pedro Quijano, coordinador estatal del Frente Campesino de Defensa de la Tierra y la Vida, coincidieron en que los empresarios se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de los ejidatarios.

Esos empresarios, dijeron, se infiltran en las estructuras organizativas del ejido y desde el interior gestan el despojo de las tierras ante la complacencia de los comisarios y la falta de acción de las autoridades agrarias, pues recordaron que a un mes de haber puesto la demanda por los hechos en Ucú la PA no ha dado respuesta al asunto.

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