Tiene Sinaloa feminicidios de verdad y fiscalías de mentiras
Revista Espejo
Diana Giselle, la joven embarazada que estaba amenazada de muerte, interpuso el 17 de septiembre la denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa creyendo en las autoridades y que estas le proporcionarías las medidas de protección para conservar la vida de ella y de su bebé, por lo cual regresó confiada a su domicilio en la comunidad de Bacurimí, municipio Culiacán.
Pero no, cinco días después de la denuncia su ex pareja la encontró y la asesinó la madrugada del 22 de septiembre, fracasando las instituciones en darle el resguardo policiaco y resultando inútil la orden de restricción emitida contra el que la privó de la vida.
Lo que sigue a esta tragedia es igual a la secuencia de descuidos y apatías en autoridades que no pueden o no quieren hacer bien su trabajo y tales desidias se pagan con vidas humanas como las de Diana Giselle y su bebé en etapa de gestación.
En este esquema fallido de muertos de verdad y autoridades que simulan aplicar la ley de nada sirve la integración de instancias como la Unidad Especializada de Violencia Contra Mujeres que de cara a la frecuente incidencia en feminicidios se dedican a encontrar justificaciones a la medida de cada agresión, para explicar a su manera la impunidad que fomentan con sus desidias.
¿Qué está pasando en la Fiscalía General del Estado cuya autonomía pareciera otra entelequia más para esconder las ineptitudes? Por lo pronto el caso de la joven de Bacurimí obliga a la doble procuración de justicia: localizar al homicida y ponerlo a disposición de un juez, y también investigar y sancionar a las autoridades que por omisión o a propósito son copartícipes del crimen al dejar desamparada a la víctima cuando denunció amenazas de muerte en su contra.