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Padres de los 43 de Ayotzinapa exigen a Peña se pronuncie ante creación de una comisión especial investigadora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto un posicionamiento claro y público frente a la sentencia del Poder Judicial de la Federación que ordena la creación de una comisión especial investigadora, en la que tengan participación preponderante sus representantes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia de prensa, después de cuatro días de difundida la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Circuito Décimo Noveno, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón añadió que a unos días de que se lleven a cabo elecciones, es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien al respecto del ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno.

“Hasta ahora dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”, dijo Patrón Sánchez.

Acompañados de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como de Vidulfo Rosales y Humberto Guerrero, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, hicieron un reconocimiento a los “valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades además de indicios de tortura contra algunos de los indiciados.

A la sentencia inesperada se sumó esta semana la difusión del informe Mecanismo especial sobre Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que confirmó irregularidades en el caso y refrendó la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el Río San Juan.

“El basurero de Cocula quedó sepultado y la verdad histórica fue hecha pedazos”, celebró María Elena Guerrero Vázquez, madre de uno de las víctimas, quien recordó que tanto la sentencia del tribunal como el informe del Mecanismo, conformaron que “nosotros teníamos razón”.

Mario César González Contreras, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que “acate el resolutivo del poder judicial y muestre voluntad de garantizar que va a ser posible que ponerse la comisión de investigación de la verdad y la justicia ordenada en la sentencia”.

Al señalar que si del agotamiento de la sentencia los inculpados son liberados, “será problema de la Procuraduría General de la República (PGR) por armar un caso sobre torturas”, agregó.

González Contreras también puntualizó en que Peña Nieto debe poner las bases para la operación de la comisión, “antes de que se vaya, tiene la oportunidad con ello de tener un poquito de dignidad”.

Blanca Nava destacó que la sentencia da “nuevas esperanzas”, toda vez que la sentencia recomienda la participación de organismos internacionales y de manera particular el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Al destacar que para las familias “la única reparación del daño es que regresen nuestros hijos”, Nava admitió que para los padres y madres resulta esperanzador ver que “existen personas que si quieren llegar a la verdad y hacer su trabajo, como esos valientes magistrados”.

Cristina Bautista agradeció por su parte a los relatores de la CIDH, Esmeralda Arosamena y Luis Ernesto Vargas, por su informe anual, en el que se marcan líneas de investigación que tendrá que seguir la nueva comisión de investigación.

El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, puntualizó que “una vez más se confirma que nunca existió la verdad histórica” y que el resolutivo judicial confirma que “la justicia es lenta pero llega”.

Vidulfo Rosales destacó que una vez que el tribunal notifique a las partes la sentencia, el Ministerio Público tendrá diez días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio al orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.

“Lo que los magistrados piden en el caso de los inculpados es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento, sobre un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra, se podrá dar lugar a la creación de la comisión, en los siguientes diez días”, apuntó Rosales.

Humberto Guerrero explicó que la sentencia “no le quita al ministerio público sus facultades de investigar, pero si le impone contrapesos a través de la actuación de la CNDH y la representación de los padres y madres, toda vez que los magistrados determinaron que la PGR tenía un conflicto de interés en el caso”.

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