Gabriela Mart\u00ednez, Tijuana, B.C.<\/p>\n
De las casi 100 mujeres asesinadas en Baja California en lo que va del a\u00f1o, solo cinco casos fueron considerados feminicidios; sin embargo tres casos se reclasificaron como homicidio calificado, para evitar que los responsables salieran bajo fianza, ya que asesinar a una mujer no es un delito grave en el estado.<\/p>\n
La estrategia de la Procuradur\u00eda General de Justicia en el Estado (PGJE) deja sin efecto la reforma al art\u00edculo 129 del C\u00f3digo Penal, de marzo pasado, cuando los diputados corrigieron la ley porque en su redacci\u00f3n original omitieron la cantidad de a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/p>\n
La fiscal estatal, Perla del Socorro Ibarra, dijo que esa reforma permitir\u00eda perseguir y sancionar a los asesinos de mujeres; sin embargo, ocho meses despu\u00e9s, los resultados son los mismos, pues los legisladores cometieron otro error: no calificaron el feminicidio como un delito grave.<\/p>\n
\u201cLos defensores, en ciertos casos piden a los jueces cambiar el delito de feminicidio, por considerar que no se cumplen los criterios. Nosotros impugnamos porque queremos evitar que los responsables salgan de prisi\u00f3n, sin importar c\u00f3mo sean consignados\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n
Activistas de los derechos de las mujeres, como Meritxell Calder\u00f3n, presidenta de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, cuestionan la aplicaci\u00f3n de la ley y la opacidad en las cifras. Dicen que al no consignar los casos como feminicidios pareciera que los delitos no existen.<\/p>\n
Mexicali, violento contra las mujeres<\/p>\n
Mientras en Tijuana \u2013con m\u00e1s de 2 millones de habitantes\u2013 la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal (SSPM) atiende 300 reportes mensuales por violencia familiar \u2013en los que nueve de cada 10 casos la v\u00edctima es mujer\u2013, en Mexicali las cifra se dispara al doble con 600 denuncias al mes.<\/p>\n
Dada la magnitud del problema, el Congreso del estado y lo ayuntamientos otorgaron facultades a los jueces municipales para expedir \u00f3rdenes de protecci\u00f3n, medida cautelar que permite a una mujer separarse del agresor con el apoyo de la corporaci\u00f3n, cuando se determina que se encuentra en peligro.<\/p>\n
Rosalba L\u00f3pez Regalado, diputada panista, admiti\u00f3 que los resultados no son los esperados. De mil 300 solicitudes recibidas en Mexicali, desde abril, \u201cpocas prosperaron\u201d y en Tijuana las mujeres violentadas ni siquiera se acercan a pedir protecci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cToda ley es perfectible, y en eso seguimos trabajando\u201d, dijo la diputada.<\/p>\n
En tanto, de las 469 mil llamadas que recibe anualmente el centro de Control, Comando, Comunicaci\u00f3n y C\u00f3mputo (C4), 70 por ciento es por violencia familiar, seg\u00fan informe de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica del Estado (SSPE).<\/p>\n
En suspenso, alerta de g\u00e9nero<\/p>\n
A un mes del plazo para que la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (SG) declare o no una alerta por violencia de g\u00e9nero en el estado, el gobierno de Baja California adelant\u00f3 su respuesta: no habr\u00e1.<\/p>\n
En enero pasado, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del gobierno federal para atender la violencia de g\u00e9nero, a ra\u00edz del creciente n\u00famero de mujeres desaparecidas, asesinatos y agresiones en el seno familiar.<\/p>\n
El resultado fueron 14 recomendaciones elaboradas por un equipo de investigadoras elegidas por la SG, que analiz\u00f3 las condiciones para declarar la alerta. El documento fue entregado en mayo de 2015 al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien se comprometi\u00f3 a resolver cada punto antes del 15 de diciembre.<\/p>\n
Javier Guti\u00e9rrez Vidal, subsecretario general de Gobierno estatal, responsable de dar seguimiento a las peticiones, dijo que la mitad ya fue atendida y est\u00e1n en proceso de cumplir al 100 por ciento.<\/p>\n
Dijo que el padr\u00f3n sobre mujeres desaparecidas entra en vigor al concluir noviembre, a trav\u00e9s de la SSPE. Tambi\u00e9n se construir\u00e1 un refugio integral para mujeres v\u00edctimas de violencia y sus hijos.<\/p>\n
\u201cTenemos un terreno del gobierno estatal en Tijuana. Obviamente no decimos su ubicaci\u00f3n porque debe ser un lugar con cierta privacidad para que el agresor no lo identifique. Ah\u00ed se construir\u00e1 el refugio con fondos federales del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef)\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n
Mencion\u00f3 que se trabaja en la elaboraci\u00f3n del protocolo de investigaci\u00f3n de feminicidios, pero el tema pendiente, reconoci\u00f3, es la creaci\u00f3n de una Unidad Especializada de la PGJE, que atienda los asesinatos de mujeres. El problema es que su construcci\u00f3n y creaci\u00f3n de plazas no est\u00e1n en el presupuesto.<\/p>\n
Feminicidios\u2026 sin protocolo<\/p>\n
La falta de perspectiva de g\u00e9nero en las investigaciones preocupa a la Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos. Melba Adriana Olvera, titular de la CEDH, pidi\u00f3 al gobernador investigar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidios.<\/p>\n
\u201cLa Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, siguiendo est\u00e1ndares internacionales, nacionales e incluso locales, sentenci\u00f3 que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer los \u00f3rganos investigadores realicen su trabajo con perspectiva de g\u00e9nero, para determinar si se trata o no de un feminicidio\u201d, dijo Olvera.<\/p>\n
El problema, explic\u00f3, es que los ministerios p\u00fablicos descartan el feminicidio desde el inicio de las averiguaciones, cuando, seg\u00fan la SCJN, debe ser lo contrario para evitar la discriminaci\u00f3n en el proceso de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Advirti\u00f3 que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aplicando las leyes para que los casos se investiguen con rapidez y diligencia, para que se sancione a los responsables y se otorgue la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o a las v\u00edctimas y sus familiares.<\/p>\n
A falta de un protocolo, actualmente la PGJE utiliza los lineamientos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) para indagar los asesinatos de mujeres.<\/p>\n
Antecedentes<\/p>\n
La Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 54\/134, declar\u00f3 el 25 de noviembre como el D\u00eda Internacional de la Eliminaci\u00f3n de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar ese d\u00eda actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad respecto a este problema.<\/p>\n
La fecha fue elegida en conmemoraci\u00f3n del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas pol\u00edticas de la Rep\u00fablica Dominicana, por orden del presidente Rafael Trujillo (1930-1961).<\/p>\n
Las Mirabal formaron parte de un grupo de oposici\u00f3n al r\u00e9gimen, conocido como la Agrupaci\u00f3n Pol\u00edtica 14 de Junio. Fueron conocidas como Las Mariposas, por el sobrenombre de una de ellas.<\/p>\n
Minerva y Mar\u00eda Teresa fueron encarceladas, violadas y torturadas, pero continuaron en su lucha por terminar con la dictadura de Trujillo. Despu\u00e9s de varios encarcelamientos este decidi\u00f3 eliminar a las hermanas, ordenando una emboscada, en la que soldados del Servicio de Inteligencia Militar las asesinaron.<\/p>\n