![\"\"](\"https:\/\/interactivos.eluniversal.com.mx\/2024\/corredor-interoceanico-imposicion-despojo-violencia\/assets\/img\/asi-lo-avalaron\/firma-inocencio-acta.jpg\")
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<\/div>\nEsta es s\u00f3lo una de las anomal\u00edas encontradas en esa acta. El documento muestra participaci\u00f3n inflada, firmas repetidas hasta tres veces y otras decenas falsificadas, por ello la comunidad ingres\u00f3 amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el megaproyecto.<\/p>\n
La asamblea fue convocada por el entonces presidente municipal \u2014actual Senador de la Rep\u00fablica por Morena\u2014, Antonino Morales Toledo, y cont\u00f3 con el respaldo del Notario P\u00fablico 37, Jorge Antonio L\u00f3pez Mier, y del jefe de residencia de la Procuradur\u00eda Agraria, Luis Alberto Jim\u00e9nez Paredes. Fue el punto m\u00e1s \u00e1lgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad \u00edndigena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoce\u00e1nico fuera de los par\u00e1metros establecidos en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos ind\u00edgenas y tribales en pa\u00edses independientes y la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas.<\/p>\n
As\u00ed, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un \u201ccompromiso en trabajar en beneficio de las comunidades ind\u00edgenas\u201d, como qued\u00f3 establecido en las actas de las asambleas convocadas en torno al Corredor.<\/p>\n
Ni libres ni informadas<\/h2>\n
Los Podebi son \u00e1reas geogr\u00e1ficas, ubicadas principalmente en terrenos de propiedad social\u00a0 de Oaxaca y Veracruz, donde los comuneros y\/o ejidatarios siembran ma\u00edz, frijol, mango, pi\u00f1a, papaya y m\u00e1s. El gobierno las considera zonas estrat\u00e9gicas para \u201catraer inversi\u00f3n y potenciar capacidades productivas\u201d a trav\u00e9s del establecimiento de industrias qu\u00edmicas, petroqu\u00edmicas, textiles, metal\u00fargicas, alimenticias, de transporte, entre otras.<\/p>\n
En 2019, el gobierno mexicano s\u00f3lo anunci\u00f3 la rehabilitaci\u00f3n de las v\u00edas del viejo ferrocarril que desde 1907 cruza del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico al Atl\u00e1ntico, pero no la intenci\u00f3n de aprovechar la riqueza natural de la zona a trav\u00e9s de parques industriales concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Uno de los principales activos para su consolidaci\u00f3n es el agua que hay en estos territorios.<\/p>\n
La administraci\u00f3n de AMLO, por medio de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), que fue dirigida por Carlos Urz\u00faa hasta julio de 2019, convoc\u00f3 a asambleas regionales de 10 pueblos ind\u00edgenas para consultarles sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se les dijo que quer\u00edan recibir sus propuestas para integrarlas al proyecto, pero que necesitaban su visto bueno para la \u201cmodernizaci\u00f3n del ferrocarril ya existente\u201d, de los puertos comerciales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, as\u00ed como el reforzamiento de infraestructura carretera y de servicios, seg\u00fan qued\u00f3 asentado en las minutas de esas siete reuniones ocurridas el 30 y 31 de marzo de 2019 en Oaxaca y Veracruz, las cuales se obtuvieron v\u00eda transparencia para esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Para entonces no hab\u00eda planos del proyecto, tampoco manifestaciones de impacto ambiental, ni claridad sobre la compra de tierras ni de los proyectos industriales futuros. No era una consulta y as\u00ed lo reconocieron las autoridades que desfilaron frente a los asistentes que cuestionaron la forma en que ocurr\u00edan las asambleas.<\/p>\n
\u201cEsta consulta es una simulaci\u00f3n, esto est\u00e1 ya planeado por el gobierno federal. El gobierno federal manipular\u00e1 la informaci\u00f3n que se est\u00e1 levantando\u201d, concluyeron participantes de la mesa del pueblo n\u00e1huatl durante la asamblea que ocurri\u00f3 en Oteapan, Veracruz. En la comunidad de Santiago Loallaga, Oaxaca, el comisariado Ejidal de San Pedro Comitancillo comunic\u00f3 que el ejercicio no conten\u00eda las fases para ser considerado una consulta ind\u00edgena, tambi\u00e9n que s\u00f3lo presentaron presuntos beneficios, pero no las afectaciones del proyecto.<\/p>\n
Las mismas preocupaciones se replicaron en los siete eventos que coordin\u00f3 el Instituto Nacional de los Pueblos Ind\u00edgenas (INPI), una dependencia del gobierno mexicano encargada de fomentar una mejor relaci\u00f3n entre las autoridades gubernamentales y las comunidades ind\u00edgenas y afromexicanas. El INPI ten\u00eda la misi\u00f3n de garantizar la consulta a los residentes de 46 municipios \u2014compuestos por 667 mil personas ind\u00edgenas, pero s\u00f3lo participaron tres mil 427 personas, el .5% de la poblaci\u00f3n que se auto adscribe ind\u00edgena en la regi\u00f3n.<\/p>\n
El respaldo \u201csimulado\u201d al Corredor Interoce\u00e1nico<\/h2>\n<\/div>\n\u201cSi bien no se ha seguido de forma estricta cada una de las etapas de la consulta, se ha dado una deliberaci\u00f3n en un di\u00e1logo constructivo que va perfilando consensos\u201d, respondi\u00f3 Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Ind\u00edgenas del INPI. \u201cEl d\u00eda de hoy se hace un ejercicio de consulta gen\u00e9rica”, dijo Adelfo Regino Montes, director del INPI el 30 de marzo de 2019 en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. \u201cSe hace saber que promoveremos consultas como medio para definir y enriquecer el Programa de Desarrollo del Istmo\u201d, dijo Diana \u00c1lvarez Mauri, de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, en Santa Mar\u00eda Chimalapa. \u201cNada se va a hacer sin consultar a los pueblos ind\u00edgenas\u201d, les prometi\u00f3 Aldo Silva de la SHCP.<\/div>\n<\/div>\nEtiverio Ram\u00edrez del pueblo nuntaj+yi \u2014en espa\u00f1ol Popoluca\u2014 acudi\u00f3 a la consulta de 2019. \u201cComo ind\u00edgenas de la Sierra Popoluca quer\u00edamos proponer que todo lo que pudiera llegar a nuestro municipio fuera con estricto respeto a la naturaleza, tradiciones y costumbres. Pero fue una simulaci\u00f3n porque ya hab\u00eda una respuesta determinada\u201d, dice el profesor y licenciado en derecho originario del municipio de Soteapan, Veracruz.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\nLos pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, con copia a la SHCP y la Segob. En ella expusieron la \u201cno aceptaci\u00f3n de la Consulta\u201d por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presum\u00eda el gobierno y como se establece en el Convenio 169.<\/p>\n
En la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 81\/2018 promovido por la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, se establece que las consultas deben tener una etapa de definir junto con los pueblos c\u00f3mo se llevar\u00e1n a cabo, acorde con su propio sistema normativo o de usos y costumbres. Debe haber otra fase informativa, tiempo suficiente para el an\u00e1lisis de esa informaci\u00f3n, en su lengua y sus propios espacios organizativos; luego la evaluaci\u00f3n del tema al interior de las comunidades en las que estas deliberan, y la etapa consultiva, con di\u00e1logo con autoridades, los acuerdos y el seguimiento a \u00e9stos. En este caso, las consultas fueron expr\u00e9s, la convocatoria se dio apenas d\u00edas antes, con informaci\u00f3n escueta y todo el desarrollo de las etapas ocurri\u00f3 en un mismo d\u00eda. El Estado mexicano hizo siete consultas en apenas dos d\u00edas.<\/p>\n
\u201cLas consultas ind\u00edgenas deben surgir del reconocimiento de que las distintas comunidades tienen sus propias leyes tradicionales y sus propios sistemas jur\u00eddicos y que esos tienen validez\u201d, explica Citlalli Hern\u00e1ndez Saad, coordinadora en M\u00e9xico de la organizaci\u00f3n Iniciativa Global en M\u00e9xico por los Derechos de los Pueblos ind\u00edgenas (IPRI por sus siglas en ingl\u00e9s). Pero esto no ocurri\u00f3 as\u00ed, el gobierno estableci\u00f3 las reglas y excluy\u00f3 a las comunidades de la organizaci\u00f3n. Por ello, para la mayor\u00eda de las comunidades, este ejercicio carece de validez.<\/p>\n
Doble vulneraci\u00f3n<\/h2>\n
En San Blas Atempa la inconformidad de 2019 se extendi\u00f3 hasta 2021, cuando el presidente municipal, Antonino Morales, convoc\u00f3 a una asamblea de comuneros para consolidar la venta de tierras de Puente Madera al gobierno mexicano, y que \u00e9ste desarrolle un parque industrial.<\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n se registr\u00f3 la participaci\u00f3n \u00fanica de 753 comuneros, el 43% de los mil 748 que conforman el padr\u00f3n; es decir, no hubo mayor\u00eda. Adem\u00e1s, en esa acta interna las firmas de 24 personas estaban repetidas, con diferencias claras entre s\u00ed.<\/p>\n
Al menos 24 firmas duplicadas se registraron en la asamblea del Podebi en San Blas Atempa<\/h2>\n
El acta de asamblea del 14 de marzo de 2021 muestra el listado de firmas de los comuneros que asistieron a la asamblea para la instalaci\u00f3n del PODEBI en San Blas Atempa. Hay al menos 24 registros replicados hasta tres veces.<\/p>\n
La firma de Carlos Cristobal L\u00f3pez, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un \u00f3valo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay \u00f3valo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con l\u00edneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas.<\/p>\n
En otros casos, aunque hay una \u00fanica firma, el due\u00f1o no la reconoce. Guadalupe R\u00edos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalaci\u00f3n de este parque industrial, dice que se sorprendi\u00f3 cuando vio que aparec\u00eda su nombre y una firma que \u00e9l no hizo porque no pudo entrar a la reuni\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNo fuimos aceptados porque sab\u00edan la postura que llev\u00e1bamos de investigar, de conocer a fondo. Despu\u00e9s pedimos el papeleo a la Procuradur\u00eda Agraria y ah\u00ed es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal\u201d, recuerda el comunero.<\/p>\n
Un par de meses despu\u00e9s, en mayo de aquel a\u00f1o, el gobierno mexicano presumi\u00f3 que hab\u00eda llegado a acuerdos con la comunidad y, con esa afirmaci\u00f3n, dio salida a una nueva consulta ind\u00edgena en San Blas Atempa para confirmar el respaldo al Podebi. Se solicit\u00f3 el posicionamiento a las autoridades que respaldaron esta asamblea \u2014Antonino Morales de ex presidente municipal por Morena, el notario Jorge Antonio L\u00f3pez Mier y el representante de la Procuradur\u00eda Agraria, Luis Alberto Jim\u00e9nez Paredes\u2014, pero al cierre de edici\u00f3n no respondieron.<\/p>\n
Desconocen a comunidades ind\u00edgenas<\/h2>\n\n\nEl Consejo Consultivo de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunci\u00f3 en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la pr\u00e1ctica de 2019 se replic\u00f3 en 2021. El gobierno anunci\u00f3 el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.<\/p>\n
La diferencia fue que en esta ocasi\u00f3n desconoci\u00f3 a los habitantes ind\u00edgenas de la mayor\u00eda de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), s\u00f3lo reconoci\u00f3 como comunidades ind\u00edgenas a Ciudad Ixtepec, Santa Mar\u00eda Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunci\u00f3n Ixtaltepec.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n![\"\"](\"https:\/\/interactivos.eluniversal.com.mx\/2024\/corredor-interoceanico-imposicion-despojo-violencia\/assets\/img\/asi-lo-avalaron\/poblacion.jpg\")
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\nEl INPI rechaz\u00f3 consultar a habitantes de municipios como Mat\u00edas Romero, donde el 57.7% se considera ind\u00edgena. El argumento fue que el predio es propiedad de la federaci\u00f3n por lo que \u201cno se afectar\u00e1n derechos territoriales de ninguna comunidad ind\u00edgena\u201d y que no tienen registro de que las localidades cercanas al pol\u00edgono \u201chayan ejercido su derecho a la autoadscripci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u201cEs un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales\u201d, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes ind\u00edgenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s, las consultas fueron expr\u00e9s y no consensuadas previamente con los \u00f3rganos internos de cada comunidad.<\/p>\n
\u201cLos pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo m\u00e1s importante es el ejercicio de la libre determinaci\u00f3n, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete\u201d, detalla Hern\u00e1ndez Saad, coordinadora en M\u00e9xico del IPRI. En su opini\u00f3n, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presi\u00f3n sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.<\/p>\n
Por ejemplo, la militarizaci\u00f3n del proyecto debi\u00f3 haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios ind\u00edgenas que suscribi\u00f3 el gobierno mexicano. No obstante, el presidente L\u00f3pez Obrador design\u00f3 este proyecto a la Secretar\u00eda de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete a\u00fan entre protestas.<\/p>\n
Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesi\u00f3n de m\u00e1s obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidr\u00f3geno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.<\/p>\n
Se solicit\u00f3 una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entreg\u00f3.<\/p>\n
La continuidad de la simulaci\u00f3n<\/h2>\n
El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricaci\u00f3n del totopo, sost\u00e9n de la econom\u00eda de los habitantes de la regi\u00f3n. Tiene casi 18 mil hect\u00e1reas de extensi\u00f3n y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa.<\/p>\n
Ah\u00ed los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hect\u00e1reas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificaci\u00f3n de firmas y la falta de informaci\u00f3n sobre los impactos del proyecto. Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se top\u00f3 con pared. Ah\u00ed empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones p\u00fablicas a trav\u00e9s de bloqueos carreteros, denunci\u00f3 penalmente a 18 habitantes de esta localidad.<\/p>\n
\u201cNo estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es as\u00ed. (…) La cuarta transformaci\u00f3n era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario\u201d, lamenta el comunero Guadalupe R\u00edos.<\/p>\n
A\u00fan con los amparos que proteg\u00edan la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a trav\u00e9s del organismo denominado Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declar\u00f3 como Podebi el terreno de 331 hect\u00e1reas. En la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n notific\u00f3 el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detall\u00f3 que el CIIT hab\u00eda comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad. El gobierno pag\u00f3 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos \u201480 centavos de d\u00f3lar\u2014 el metro cuadrado) por esa \u00e1rea que entregar\u00e1 a una compa\u00f1\u00eda privada para la instalaci\u00f3n de un complejo industrial.<\/p>\n
La presi\u00f3n del gobierno mexicano surti\u00f3 efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisi\u00f3n colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalaci\u00f3n \u201cante el aumento de la tensi\u00f3n al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la econom\u00eda criminal regional y transnacional\u201d, seg\u00fan difundieron a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n
As\u00ed, el gobierno mexicano anunci\u00f3 triunfante: \u201cPor fin llegamos a una negociaci\u00f3n y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalaci\u00f3n del polo de desarrollo\u201d, dijo el Vicealmirante de la Marina, Raymundo Morales \u00c1ngeles.<\/p>\n
Los pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, con copia a la SHCP y la Segob. En ella expusieron la \u201cno aceptaci\u00f3n de la Consulta\u201d por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presum\u00eda el gobierno y como se establece en el Convenio 169.<\/p>\n
En la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 81\/2018 promovido por la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, se establece que las consultas deben tener una etapa de definir junto con los pueblos c\u00f3mo se llevar\u00e1n a cabo, acorde con su propio sistema normativo o de usos y costumbres. Debe haber otra fase informativa, tiempo suficiente para el an\u00e1lisis de esa informaci\u00f3n, en su lengua y sus propios espacios organizativos; luego la evaluaci\u00f3n del tema al interior de las comunidades en las que estas deliberan, y la etapa consultiva, con di\u00e1logo con autoridades, los acuerdos y el seguimiento a \u00e9stos. En este caso, las consultas fueron expr\u00e9s, la convocatoria se dio apenas d\u00edas antes, con informaci\u00f3n escueta y todo el desarrollo de las etapas ocurri\u00f3 en un mismo d\u00eda. El Estado mexicano hizo siete consultas en apenas dos d\u00edas.<\/p>\n
\u201cLas consultas ind\u00edgenas deben surgir del reconocimiento de que las distintas comunidades tienen sus propias leyes tradicionales y sus propios sistemas jur\u00eddicos y que esos tienen validez\u201d, explica Citlalli Hern\u00e1ndez Saad, coordinadora en M\u00e9xico de la organizaci\u00f3n Iniciativa Global en M\u00e9xico por los Derechos de los Pueblos ind\u00edgenas (IPRI por sus siglas en ingl\u00e9s). Pero esto no ocurri\u00f3 as\u00ed, el gobierno estableci\u00f3 las reglas y excluy\u00f3 a las comunidades de la organizaci\u00f3n. Por ello, para la mayor\u00eda de las comunidades, este ejercicio carece de validez.<\/p>\n
Doble vulneraci\u00f3n<\/h2>\n
En San Blas Atempa la inconformidad de 2019 se extendi\u00f3 hasta 2021, cuando el presidente municipal, Antonino Morales, convoc\u00f3 a una asamblea de comuneros para consolidar la venta de tierras de Puente Madera al gobierno mexicano, y que \u00e9ste desarrolle un parque industrial.<\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n se registr\u00f3 la participaci\u00f3n \u00fanica de 753 comuneros, el 43% de los mil 748 que conforman el padr\u00f3n; es decir, no hubo mayor\u00eda. Adem\u00e1s, en esa acta interna las firmas de 24 personas estaban repetidas, con diferencias claras entre s\u00ed.<\/p>\n
Al menos 24 firmas duplicadas se registraron en la asamblea del Podebi en San Blas Atempa<\/h2>\n
El acta de asamblea del 14 de marzo de 2021 muestra el listado de firmas de los comuneros que asistieron a la asamblea para la instalaci\u00f3n del PODEBI en San Blas Atempa. Hay al menos 24 registros replicados hasta tres veces.<\/p>\n
La firma de Carlos Cristobal L\u00f3pez, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un \u00f3valo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay \u00f3valo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con l\u00edneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas.<\/p>\n
En otros casos, aunque hay una \u00fanica firma, el due\u00f1o no la reconoce. Guadalupe R\u00edos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalaci\u00f3n de este parque industrial, dice que se sorprendi\u00f3 cuando vio que aparec\u00eda su nombre y una firma que \u00e9l no hizo porque no pudo entrar a la reuni\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNo fuimos aceptados porque sab\u00edan la postura que llev\u00e1bamos de investigar, de conocer a fondo. Despu\u00e9s pedimos el papeleo a la Procuradur\u00eda Agraria y ah\u00ed es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal\u201d, recuerda el comunero.<\/p>\n
Un par de meses despu\u00e9s, en mayo de aquel a\u00f1o, el gobierno mexicano presumi\u00f3 que hab\u00eda llegado a acuerdos con la comunidad y, con esa afirmaci\u00f3n, dio salida a una nueva consulta ind\u00edgena en San Blas Atempa para confirmar el respaldo al Podebi. Se solicit\u00f3 el posicionamiento a las autoridades que respaldaron esta asamblea \u2014Antonino Morales de ex presidente municipal por Morena, el notario Jorge Antonio L\u00f3pez Mier y el representante de la Procuradur\u00eda Agraria, Luis Alberto Jim\u00e9nez Paredes\u2014, pero al cierre de edici\u00f3n no respondieron.<\/p>\n
Desconocen a comunidades ind\u00edgenas<\/h2>\n\n\nEl Consejo Consultivo de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunci\u00f3 en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la pr\u00e1ctica de 2019 se replic\u00f3 en 2021. El gobierno anunci\u00f3 el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.<\/p>\n
La diferencia fue que en esta ocasi\u00f3n desconoci\u00f3 a los habitantes ind\u00edgenas de la mayor\u00eda de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), s\u00f3lo reconoci\u00f3 como comunidades ind\u00edgenas a Ciudad Ixtepec, Santa Mar\u00eda Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunci\u00f3n Ixtaltepec.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\u201cEs un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales\u201d, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes ind\u00edgenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s, las consultas fueron expr\u00e9s y no consensuadas previamente con los \u00f3rganos internos de cada comunidad.<\/p>\n
\u201cLos pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo m\u00e1s importante es el ejercicio de la libre determinaci\u00f3n, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete\u201d, detalla Hern\u00e1ndez Saad, coordinadora en M\u00e9xico del IPRI. En su opini\u00f3n, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presi\u00f3n sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.<\/p>\n
Por ejemplo, la militarizaci\u00f3n del proyecto debi\u00f3 haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios ind\u00edgenas que suscribi\u00f3 el gobierno mexicano. No obstante, el presidente L\u00f3pez Obrador design\u00f3 este proyecto a la Secretar\u00eda de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete a\u00fan entre protestas.<\/p>\n
Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesi\u00f3n de m\u00e1s obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidr\u00f3geno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.<\/p>\n
Se solicit\u00f3 una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entreg\u00f3.<\/p>\n
La continuidad de la simulaci\u00f3n<\/h2>\n
El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricaci\u00f3n del totopo, sost\u00e9n de la econom\u00eda de los habitantes de la regi\u00f3n. Tiene casi 18 mil hect\u00e1reas de extensi\u00f3n y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa.<\/p>\n
Ah\u00ed los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hect\u00e1reas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificaci\u00f3n de firmas y la falta de informaci\u00f3n sobre los impactos del proyecto. Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se top\u00f3 con pared. Ah\u00ed empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones p\u00fablicas a trav\u00e9s de bloqueos carreteros, denunci\u00f3 penalmente a 18 habitantes de esta localidad.<\/p>\n
\u201cNo estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es as\u00ed. (…) La cuarta transformaci\u00f3n era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario\u201d, lamenta el comunero Guadalupe R\u00edos.<\/p>\n
A\u00fan con los amparos que proteg\u00edan la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a trav\u00e9s del organismo denominado Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declar\u00f3 como Podebi el terreno de 331 hect\u00e1reas. En la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n notific\u00f3 el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detall\u00f3 que el CIIT hab\u00eda comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad. El gobierno pag\u00f3 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos \u201480 centavos de d\u00f3lar\u2014 el metro cuadrado) por esa \u00e1rea que entregar\u00e1 a una compa\u00f1\u00eda privada para la instalaci\u00f3n de un complejo industrial.<\/p>\n
La presi\u00f3n del gobierno mexicano surti\u00f3 efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisi\u00f3n colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalaci\u00f3n \u201cante el aumento de la tensi\u00f3n al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la econom\u00eda criminal regional y transnacional\u201d, seg\u00fan difundieron a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n
As\u00ed, el gobierno mexicano anunci\u00f3 triunfante: \u201cPor fin llegamos a una negociaci\u00f3n y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalaci\u00f3n del polo de desarrollo\u201d, dijo el Vicealmirante de la Marina, Raymundo Morales \u00c1ngeles.<\/p>\n
El Consejo Consultivo de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunci\u00f3 en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la pr\u00e1ctica de 2019 se replic\u00f3 en 2021. El gobierno anunci\u00f3 el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.<\/p>\n
La diferencia fue que en esta ocasi\u00f3n desconoci\u00f3 a los habitantes ind\u00edgenas de la mayor\u00eda de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), s\u00f3lo reconoci\u00f3 como comunidades ind\u00edgenas a Ciudad Ixtepec, Santa Mar\u00eda Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunci\u00f3n Ixtaltepec.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\nEl INPI rechaz\u00f3 consultar a habitantes de municipios como Mat\u00edas Romero, donde el 57.7% se considera ind\u00edgena. El argumento fue que el predio es propiedad de la federaci\u00f3n por lo que \u201cno se afectar\u00e1n derechos territoriales de ninguna comunidad ind\u00edgena\u201d y que no tienen registro de que las localidades cercanas al pol\u00edgono \u201chayan ejercido su derecho a la autoadscripci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u201cEs un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales\u201d, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes ind\u00edgenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s, las consultas fueron expr\u00e9s y no consensuadas previamente con los \u00f3rganos internos de cada comunidad.<\/p>\n
\u201cLos pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo m\u00e1s importante es el ejercicio de la libre determinaci\u00f3n, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete\u201d, detalla Hern\u00e1ndez Saad, coordinadora en M\u00e9xico del IPRI. En su opini\u00f3n, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presi\u00f3n sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.<\/p>\n
Por ejemplo, la militarizaci\u00f3n del proyecto debi\u00f3 haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios ind\u00edgenas que suscribi\u00f3 el gobierno mexicano. No obstante, el presidente L\u00f3pez Obrador design\u00f3 este proyecto a la Secretar\u00eda de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete a\u00fan entre protestas.<\/p>\n
Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesi\u00f3n de m\u00e1s obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidr\u00f3geno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.<\/p>\n
Se solicit\u00f3 una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entreg\u00f3.<\/p>\n
La continuidad de la simulaci\u00f3n<\/h2>\n
El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricaci\u00f3n del totopo, sost\u00e9n de la econom\u00eda de los habitantes de la regi\u00f3n. Tiene casi 18 mil hect\u00e1reas de extensi\u00f3n y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa.<\/p>\n
Ah\u00ed los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hect\u00e1reas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificaci\u00f3n de firmas y la falta de informaci\u00f3n sobre los impactos del proyecto. Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se top\u00f3 con pared. Ah\u00ed empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones p\u00fablicas a trav\u00e9s de bloqueos carreteros, denunci\u00f3 penalmente a 18 habitantes de esta localidad.<\/p>\n
\u201cNo estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es as\u00ed. (…) La cuarta transformaci\u00f3n era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario\u201d, lamenta el comunero Guadalupe R\u00edos.<\/p>\n
A\u00fan con los amparos que proteg\u00edan la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a trav\u00e9s del organismo denominado Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declar\u00f3 como Podebi el terreno de 331 hect\u00e1reas. En la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n notific\u00f3 el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detall\u00f3 que el CIIT hab\u00eda comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad. El gobierno pag\u00f3 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos \u201480 centavos de d\u00f3lar\u2014 el metro cuadrado) por esa \u00e1rea que entregar\u00e1 a una compa\u00f1\u00eda privada para la instalaci\u00f3n de un complejo industrial.<\/p>\n
La presi\u00f3n del gobierno mexicano surti\u00f3 efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisi\u00f3n colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalaci\u00f3n \u201cante el aumento de la tensi\u00f3n al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la econom\u00eda criminal regional y transnacional\u201d, seg\u00fan difundieron a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n
As\u00ed, el gobierno mexicano anunci\u00f3 triunfante: \u201cPor fin llegamos a una negociaci\u00f3n y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalaci\u00f3n del polo de desarrollo\u201d, dijo el Vicealmirante de la Marina, Raymundo Morales \u00c1ngeles.<\/p>\n