M\u00f3nica Cerb\u00f3n\/Poplab
\n7 febrero 2023<\/p>\n
*Al menos dos organizaciones civiles en Aguascalientes especializadas en medio ambiente y derechos humanos han presentado demanda de amparo contra el nuevo C\u00f3digo Urbano, que da manga ancha a la industria inmobiliaria.*<\/p><\/blockquote>\n
Por considerar que es regresivo e inconstitucional, las organizaciones civiles Conversa Sur y Salvemos La Pona, han presentado, cada una, demanda de amparo contra el nuevo C\u00f3digo Urbano en Aguascalientes, que entr\u00f3 en vigor el pasado 20 de diciembre.<\/p>\n
Las deficiencias del nuevo documento, que plantea las directrices del crecimiento urbano y la planeaci\u00f3n, as\u00ed como las condiciones para la industria inmobiliaria, se conocieron por primera vez a inicios de enero, publicadas por Poplab. Entre ellas se encuentra la reducci\u00f3n de las \u00e1reas de donaci\u00f3n en complejos de vivienda, la privatizaci\u00f3n de esos espacios, la eliminaci\u00f3n de las voces de organizaciones civiles en la planeaci\u00f3n urbana del estado y mayores facilidades para la industria inmobiliaria.<\/p>\n
Esto pese a que economistas locales han alertado el comienzo de una crisis de vivienda en el estado propiciada por el aumento de la especulaci\u00f3n en el mercado.<\/p>\n
El pasado 2 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito admiti\u00f3 la demanda de amparo interpuesta \u2013el 20 de enero\u2013 por la organizaci\u00f3n civil Conversa Sur, que cont\u00f3 con el apoyo de Carla Escoffie\u0301, defensora del derecho a la vivienda en M\u00e9xico. En ella se reclama al Congreso del Estado lo establecido en diez art\u00edculos del nuevo C\u00f3digo Urbano (4, 23, 31, 38, 303, 304, 327, 334, 349 y 684), as\u00ed como la promulgaci\u00f3n de la ley a la gobernadora Teresa Jim\u00e9nez.<\/p>\n
Los argumentos, explica en entrevista Alejandro Larios, presidente de Conversa Sur, son la vulneraci\u00f3n al derecho al ambiente sano y a la ciudad, por ejemplo, por la reducci\u00f3n de las \u00e1reas de donaci\u00f3n, \u201cque tiene implicaciones en el ambiente de vida, pues el 30% de las \u00e1reas de donaci\u00f3n debe destinarse a \u00e1reas verdes; tambi\u00e9n argumentamos que se est\u00e1 privatizando el espacio p\u00fablico debido a que estas \u00e1reas se pueden destinar para fines comerciales y el nuevo C\u00f3digo permite sustituirlas por infraestructura\u201d.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n busca tambi\u00e9n derogar los art\u00edculos que limitan la participaci\u00f3n de asociaciones civiles en la planeaci\u00f3n urbana del estado.<\/p>\n
\u201cEl Co\u0301digo retrocede en derechos adquiridos y vulnera los derechos al ambiente sano y el derecho a la ciudad al querer reducir la disponibilidad de espacios pu\u0301blicos. Pero tambie\u0301n afecta los derechos a la libertad de expresio\u0301n, al escrutinio pu\u0301blico y el derecho a defender derechos humanos, al limitar la participacio\u0301n de la sociedad civil en los o\u0301rganos de deliberacio\u0301n\u201d, an\u0303adio\u0301 Larios.<\/p>\n
En un comunicado hecho p\u00fablico por Conversa Sur, se revel\u00f3 tambi\u00e9n que la falta de inclusi\u00f3n de organizaciones civiles qued\u00f3 evidenciada \u201cel pasado viernes 3 de febrero cuando en la instalacio\u0301n del Consejo Estatal y el Consejo Metropolitano no se consideraron a este tipo de organizaciones aun cuando asociaciones como Conversa Sur solicitaron su inclusio\u0301n en el debate\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n agregaron que \u201cdurante la elaboracio\u0301n y discusio\u0301n del Co\u0301digo no se invitaron a asociaciones civiles que han defendido a\u0301reas naturales protegidas como la Pona y Cobos ante la urbanizacio\u0301n. En cambio, si\u0301 invitaron a actores con intereses privados como los colegios de arquitectos y urbanistas, e incluso a empresas inmobiliarias\u201d.<\/p>\n
De acuerdo con Larios, este nueve de febrero, a las 10:55 de la ma\u00f1ana, tanto el Congreso del estado como el Gobierno de Aguascalientes deber\u00e1n manifestar sus argumentos contra la demanda de amparo.<\/p>\n
\u201cEste caso evidencia una tendencia a nivel nacional de dejar en manos del sector privado el desarrollo de las ciudades, incluso a costa de los espacios pu\u0301blicos, por lo que el Poder Judicial tiene la oportunidad de dejar un precedente en materia de urbanismo con perspectiva de derechos humanos, lo cual seri\u0301a relevante por el contexto de Aguascalientes, pero tambie\u0301n de todo el pai\u0301s\u201d, consider\u00f3 Carla Escoffi\u00e9.<\/p>\n
El segundo amparo.<\/p>\n
Por su parte, la organizaci\u00f3n civil Salvemos La Pona, present\u00f3 otra demanda de amparo, que est\u00e1 radicada en el Juzgado Quinto de Distrito. Y aunque algunos de los argumentos son diferentes, todos est\u00e1n encaminados a salvaguardar el derecho al medio ambiente sano y a la vivienda.<\/p>\n
El amparo promovido por esta organizaci\u00f3n se present\u00f3 el 31 de enero y se encuentra en tr\u00e1mite de ser admitido; tambi\u00e9n reclama la modificaci\u00f3n de diversos lineamientos del nuevo C\u00f3digo al Congreso del Estado y la promulgaci\u00f3n de la ley a la gobernadora.<\/p>\n
Entre los argumentos de la demanda se encuentra la eliminaci\u00f3n del dictamen de congruencia urban\u00edstica, establecido en los art\u00edculos 148, 250 y 4 fracci\u00f3n 67 del antiguo C\u00f3digo Urbano, \u201cque aseguraba que el derecho a la vivienda, al medio ambiente sano y la perspectiva social de la propiedad y del espacio p\u00fablico fueran garantizados. Ahora deja el tema a discrecionalidad del Municipio y el Estado, que es el encargado de aprobar ese dictamen, quita las manos\u201d.<\/p>\n
\u201c(El dictamen) buscaba tambi\u00e9n contrarrestar la especulaci\u00f3n inmobiliaria y el aprovechamiento desordenado e insostenible de terrenos en el estado, as\u00ed como mantener el equilibrio de la sustentabilidad entre diferentes usos y destinos de suelo, fomentar obras de impacto urbano significativo y la planeaci\u00f3n adecuada y sustentable\u201d, explica Sof\u00eda Gonz\u00e1lez Ponce, integrante de Salvemos La Pona.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez a\u00f1ade que, adem\u00e1s, el nuevo C\u00f3digo establece que se respetar\u00e1n las \u00e1reas declaradas como naturales protegidas, pero no las \u00e1reas prioritarias para la conservaci\u00f3n, en donde se podr\u00eda fraccionar en un porcentaje del terreno. Este precepto, dice la especialista, entra en contradicci\u00f3n con la Ley de Protecci\u00f3n Ambiental en el estado, que proh\u00edbe la edificaci\u00f3n de centros poblacionales en zonas prioritarias.<\/p>\n
Un ejemplo de zonas prioritarias para la conservaci\u00f3n es el Bosque de Cobos \u2013un espacio natural en donde se han localizado yacimientos arqueol\u00f3gicos\u2013 en donde durante a\u00f1os las organizaciones civiles han luchado jur\u00eddicamente para evitar que se materialicen los intentos de edificar complejos de vivienda en la zona, y hasta ahora lo han logrado.<\/p>\n
Salvemos La Pona tambi\u00e9n incluy\u00f3 en su demanda de amparo la transformaci\u00f3n de la que antes de la reforma al C\u00f3digo, era conocida como la Procuradur\u00eda Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, y que ahora solamente ser\u00e1 la Procuradur\u00eda Estatal de Desarrollo Urbano.<\/p>\n
\u201cViolenta el principio de progresividad puesto que esta Procuradur\u00eda contemplaba el desarrollo urbano en sus dem\u00e1s aspectos, como el impacto al ambiente y social, y ahora solo es una ventanilla que facilita el tr\u00e1mite\u201d, detalla Gonz\u00e1lez Ponce. Y a\u00f1ade: \u201cEl antiguo C\u00f3digo ten\u00eda previstos los principios constitucionales con relaci\u00f3n a los derechos humanos y la legislaci\u00f3n interna mexicana sobre c\u00f3mo tendr\u00eda que ser respetuoso de todos estos preceptos, y el nuevo (C\u00f3digo Urbano) es bastante vago, desaparece estas condiciones que aseguraban el respeto de la normatividad nacional en t\u00e9rminos del derecho a la vivienda, a la ciudad, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua. Era bastante claro c\u00f3mo ten\u00eda que ser el camino y ahora se separan todas estas protecciones y se desaparece tambi\u00e9n el Estado, lo deja solamente a criterio de los municipios\u201d.<\/p>\n
Como lo hizo Conversa Sur, Salvemos La Pona tambi\u00e9n reclama la falta de claridad para la participaci\u00f3n de organizaciones civiles en la planeaci\u00f3n urbana del estado.<\/p>\n
\u201cAntes no est\u00e1bamos plenamente representadas las organizaciones de la sociedad civil, pero por lo menos se describ\u00eda el camino de c\u00f3mo iba a ser la participaci\u00f3n ciudadana en la aprobaci\u00f3n de obras en los centros de poblaci\u00f3n, pero esta nueva disposici\u00f3n nos deja en incertidumbre, no establece cu\u00e1les ser\u00e1n los canales de participaci\u00f3n de manera clara y detallada como estaba antes\u201d.<\/p>\n
Otro de los puntos se\u00f1alados por la organizaci\u00f3n son las nuevas obras que las y los legisladores locales llamaron \u201cde impacto social significativo\u201d, que constituyen la sustituci\u00f3n de hasta el 70% de las \u00e1reas de donaci\u00f3n por obras de urbanizaci\u00f3n, a decisi\u00f3n de las propias constructoras.<\/p>\n
\u201cEs el intento del estado de desaparecer su obligaci\u00f3n, porque estas obras tendr\u00edan que pasar por un proceso de licitaci\u00f3n, de concurso, y en este caso ya las constructoras pueden hacerlo sin pasar por este proceso que era p\u00fablico y observable\u201d, a\u00f1ade la integrante de Salvemos La Pona.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra verificando que el proceso que se llev\u00f3 a cabo en el Congreso del Estado para aprobar la reforma al C\u00f3digo, se haya realizado apegado a la ley.<\/p>\n
Hasta ahora, ni el Congreso del Estado ni el Gobierno estatal se han pronunciado contra los se\u00f1alamientos de las organizaciones.<\/p>\n