Haz Ruido<\/p>\n
Un Tribunal Colegiado declar\u00f3 inconstitucional parte del Reglamento de la Polic\u00eda que las discrimina y estigmatiza.<\/p><\/blockquote>\n
M\u00e9rida, Yucat\u00e1n, 4 de septiembre de 2021.- Un grupo de mujeres transg\u00e9nero que se dedica al trabajo sexual en diversas zonas de la ciudad, obtuvo un amparo en contra del Reglamento de Polic\u00eda y Buen Gobierno de M\u00e9rida, debido a que \u00e9ste las discrimina y estigmatiza, y no deber\u00eda impedirles que trabajen en la v\u00eda p\u00fablica.<\/p>\n
Al resolver el amparo en revisi\u00f3n 100\/2020, el pasado 2 de septiembre de 2021, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D\u00e9cimo Cuarto Circuito con sede en M\u00e9rida, determin\u00f3 declarar inconstitucional la fracci\u00f3n VI del art\u00edculo 15 del mencionado Reglamento.<\/p>\n
Como se recordar\u00e1, el 14 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de M\u00e9rida, que preside Ren\u00e1n Barrera Concha, aprob\u00f3 dicha norma que estableci\u00f3 la prohibici\u00f3n y sanci\u00f3n del trabajo sexual en la v\u00eda p\u00fablica. Frente a ello, en octubre de ese mismo a\u00f1o, un grupo de mujeres transg\u00e9nero que se dedica al trabajo sexual, present\u00f3 un amparo, mismo que se radic\u00f3 en el Juzgado Segundo de Distrito, que el 20 de enero de 2020 emiti\u00f3 una sentencia desfavorable en perjuicio de las trabajadoras, bajo el argumento de que no hab\u00edan acreditado la afectaci\u00f3n que ese reglamento les causaba, ni su calidad de trabajadoras sexuales. <\/p>\n
Frente a ello, las demandantes presentaron un recurso de revisi\u00f3n mismo que le toc\u00f3 resolver al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, que el pasado jueves determin\u00f3 revocar la sentencia del Juez Segundo de Distrito y amparar a las trabajadoras sexuales, decretando la inconstitucionalidad de la fracci\u00f3n VI del citado art\u00edculo 15 del Reglamento municipal.<\/p>\n
Al resolver el recurso de revisi\u00f3n, el Tribunal Colegiado se\u00f1al\u00f3 que el Reglamento produce una afectaci\u00f3n directa para las trabajadoras sexuales, pues como tercero que se dedica a la prestaci\u00f3n de servicios sexuales remunerados y siendo una persona transg\u00e9nero, \u201cse ve afectado debido a la estigmatizaci\u00f3n por discriminaci\u00f3n que la norma impone, al catalogar su labor como una que atenta contra la dignidad de las personas y por ende se proh\u00edbe sobre la base de una valoraci\u00f3n negativa del oficio l\u00edcito que desempe\u00f1a\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que exigir a las trabajadoras que acrediten que se dedican al trabajo sexual implica una doble discriminaci\u00f3n, dado que se est\u00e1 en presencia de un grupo vulnerable y que la norma impugnada revela indiciariamente una afectaci\u00f3n de estigmatizaci\u00f3n por discriminaci\u00f3n, por lo que se debe reconocer el inter\u00e9s leg\u00edtimo para impugnarla.<\/p>\n
De igual forma que la prohibici\u00f3n de ejercer o promover el trabajo sexual en la v\u00eda p\u00fablica, a fin de preservar \u201cla dignidad de las personas\u201d, perpet\u00faa concepciones y pr\u00e1cticas discriminatorias en contra de las personas que se dedican al trabajo sexual remunerado por cuestiones de moralidad. Situaci\u00f3n que es inaceptable desde el derecho a la igualdad de trabajo, el cual est\u00e1 reconocido en el art\u00edculo 5 de la Constituci\u00f3n y art\u00edculo 6 de Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales.<\/p>\n
El Tribunal aclar\u00f3 que si no se incurre en alguno de los supuestos prohibidos por la ley, el trabajo sexual debe considerarse l\u00edcito, en el entendido de que quienes lo ejercen lo hacen libre y voluntariamente, en ejercicio del derecho humano a la libertad de trabajo, reconocido en el art\u00edculo 5o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos<\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que la prohibici\u00f3n del trabajo sexual basada en una subjetiva calificaci\u00f3n de da\u00f1o a la dignidad de las personas, como se establece en el Reglamento, no puede servir de medida para la restricci\u00f3n del derecho a la libertad de trabajo, basado en la determinaci\u00f3n de un estereotipo por la naturaleza sexual del trabajo que se desempe\u00f1a; pues ello constituye una discriminaci\u00f3n evidente basada en una condici\u00f3n social, cuesti\u00f3n prohibida por el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Y por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que limitar la prostituci\u00f3n a que es un trabajo deshonesto y se\u00f1alarla como falta administrativa implica hacer nugatorio en su amplitud el derecho al trabajo, ya que esa infracci\u00f3n sin justificaci\u00f3n no puede basarse en el argumento del ataque a la moral y buenas costumbres de los ciudadanos del municipio, dado que el trabajo sexual que se practica en la v\u00eda p\u00fablica, \u00fanicamente implica el acuerdo entre la sexoservidora o sexoservidor con el cliente, ya que su consumaci\u00f3n se lleva a cabo en privado.<\/p>\n
A partir de los argumentos anteriores, el Tribunal Colegiado determina que el citado art\u00edculo en su fracci\u00f3n VI es inconstitucional por atentar, sin justificaci\u00f3n alguna y con argumentos estigmatizantes, en contra del derecho al trabajo que les asiste a las trabajadoras sexuales, pasando por alto la obligaci\u00f3n de la autoridad municipal de progresividad de los derechos humanos tutelada en el art\u00edculo 1\u00ba constitucional y que le impone la obligaci\u00f3n de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura econ\u00f3mica, social, pol\u00edtica y cultural del pa\u00eds, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, se suma a la que en mayo del presente a\u00f1o emiti\u00f3 el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisi\u00f3n 216\/2020, y que, con argumentos similares confirm\u00f3 el amparo otorgado por la Jueza Tercero de Distrito a 16 trabajadoras sexuales que estaban siendo hostigadas por la Polic\u00eda Municipal en aplicaci\u00f3n de esa normatividad.<\/p>\n
\u201cEstas dos declaratorias de inconstitucionalidad exhiben que la normatividad emitida desde el Ayuntamiento meridano sigue siendo excluyente y estigmatizante en perjuicio de determinados colectivos y personas, sin que hasta la fecha exista voluntad pol\u00edtica de la autoridad municipal para modificarla y generar, como ya se le ha solicitado en diversas ocasiones, pol\u00edticas p\u00fablicas que respeten el derecho al trabajo de quienes ejerzan el trabajo sexual y fomenten alternativas para quienes decidan dejarlo\u201d, se\u00f1alaron las agrupaciones Indignaci\u00f3n y Unasse, que acompa\u00f1aron jur\u00eddicamente a las afectadas. (Foto de Lorenzo Hern\u00e1ndez)<\/p>\n