Las personas que vivimos en M\u00e9xico merecemos una explicaci\u00f3n sobre una decisi\u00f3n tan trascendental, sobre todo cuando el Ejecutivo rinde, a diario, cuentas de sus acciones<\/p><\/blockquote>\n
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\nCuartoscuro<\/p>\n
Nos tuvimos que enterar por un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 11 de mayo de 2020, que las Fuerzas Armadas del pa\u00eds se sumar\u00edan a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad p\u00fablica. No hubo anuncio previo de parte del Ejecutivo en ninguna de sus conferencias matutinas. La noticia simplemente se dej\u00f3 correr de manera subrepticia.<\/p>\n
Las personas que vivimos en M\u00e9xico merecemos una explicaci\u00f3n sobre una decisi\u00f3n tan trascendental, sobre todo cuando el Ejecutivo rinde, a diario, cuentas de sus acciones.<\/p>\n
A\u00fan resuenan en la memoria las palabras de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, quien, en sus tiempos de candidato a la presidencia de M\u00e9xico, criticaba acremente la pol\u00edtica de intervenci\u00f3n del ej\u00e9rcito en tareas de seguridad p\u00fablica, iniciada en el sexenio calderonista: \u201cVamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, esa es la forma m\u00e1s humana, m\u00e1s eficaz\u2026no vamos a apagar el fuego con el fuego\u201d, porque, dec\u00eda, \u201cno ha dado resultado\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, la intenci\u00f3n de esas declaraciones se desvaneci\u00f3 cuando L\u00f3pez Obrador, ya como presidente electo, anunci\u00f3, el 14 de noviembre de 2018, la creaci\u00f3n de la Guardia Nacional, para hacerse cargo de las labores de seguridad p\u00fablica y en cuya integraci\u00f3n participar\u00edan, ni m\u00e1s ni menos, las Fuerzas Armadas.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional M\u00e9xico particip\u00f3 desde un inicio en las sesiones de Parlamento abierto que condujeron a la creaci\u00f3n de la Ley de la Guardia Nacional y en todo momento dej\u00f3 en claro, junto con un amplio espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), que el ej\u00e9rcito no podr\u00eda formar parte del nuevo cuerpo de seguridad. Hecho que entrar\u00eda en abierta contradicci\u00f3n con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido que los Estados partes de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos ?como M\u00e9xico?, pueden desplegar a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no sean un conflicto b\u00e9lico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna. La Corte ha especificado que, en esos casos, los Estados deben \u201climitar al m\u00e1ximo el uso de las Fuerzas Armadas\u201d.<\/p>\n
El decreto del 11 de mayo de 2020 establece que los elementos del Ej\u00e9rcito y la Marina que se incorporen a la Guardia Nacional, lo har\u00e1n \u201csin que dicha participaci\u00f3n exceda de cinco a\u00f1os\u201d, decisi\u00f3n que a todas luces contraviene en exceso el se\u00f1alamiento de la CoIDH.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional M\u00e9xico ha advertido que la naturaleza civil de la GN se diluy\u00f3 desde el momento mismo de su nacimiento, cuando el Ejecutivo decidi\u00f3 nombrar a un general en retiro para dirigirla. De esa forma, rompi\u00f3 el acuerdo legislativo que result\u00f3 del ejercicio de Parlamento abierto, que cont\u00f3 con la pluralidad de voces de las OSCs y de organismos internacionales.<\/p>\n
Pero esa no fue la \u00fanica decisi\u00f3n que llev\u00f3 a la militarizaci\u00f3n de la GN. En la Ley de la Guardia Nacional, por ejemplo, se estableci\u00f3 que los elementos de la polic\u00eda militar y naval que formar\u00edan parte de ella deb\u00edan causar baja de las fuerzas armadas, para sumarse como civiles a ese cuerpo de seguridad. Sin embargo, ello no ocurri\u00f3. M\u00e1s a\u00fan, los sueldos de dichos elementos son subvencionados por las dependencias a las que pertenecen.<\/p>\n
Pero a\u00fan hay m\u00e1s mar de fondo. La Ley de la Guardia Nacional la faculta para investigar los delitos, as\u00ed como para interceptar comunicaciones privadas e incluso para el control migratorio. Al respecto, la CoIDH ha sido muy clara en el sentido de que las Fuerzas Armadas no deben asumir la investigaci\u00f3n de delitos, que son de \u00edndole netamente policial.<\/p>\n
De hecho, con el fin de coadyuvar a la consolidaci\u00f3n del marco jur\u00eddico que rige la Guardia Nacional, la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovi\u00f3 en 2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica. A la fecha todas est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n.<\/p>\n
En este sentido, Amnist\u00eda Internacional advirti\u00f3 en su momento que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no se apega a los Principios B\u00e1sicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, emitidos por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/p>\n
Para Amnist\u00eda Internacional la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no incluye de manera adecuada los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendici\u00f3n de cuentas, establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n
La advertencia del pasado sigue vigente<\/p>\n
No es la primera vez que Amnist\u00eda Internacional M\u00e9xico ha advertido sobre los riesgos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\u00fablica. Lo hicimos en 2014, en una reuni\u00f3n que sostuvo nuestro entonces Secretario General, Salil Shetty, con el presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
En el encuentro se advirti\u00f3 sobre el impacto que ten\u00eda el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\u00fablica. Esta decisi\u00f3n es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el cual el mantenimiento del orden p\u00fablico interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, antes y despu\u00e9s de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2017, reiteramos nuestra advertencia sobre el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\u00fablica pues, como se ha comprobado, ello conducir\u00eda a graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n
Hay que se\u00f1alar adem\u00e1s que en el decreto del 11 de mayo de 2020 no se distingue cu\u00e1les ser\u00e1n los organismos que supervisar\u00e1n la incorporaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas a la GN; ni qu\u00e9 mecanismos se utilizar\u00e1n para dicha supervisi\u00f3n y tampoco se precisa si ser\u00e1n autoridades civiles las que la llevar\u00e1n a cabo.<\/p>\n
Con dicho decreto el Ejecutivo y el Congreso mexicanos van a contrapelo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de las y los acad\u00e9micos, y las personas expertas, que han hecho propuestas para evitar la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
Continuar en esa l\u00ednea nos puede conducir a un grave debilitamiento del sistema de protecci\u00f3n de los derechos humanos, con graves consecuencias para todas las personas que vivimos en M\u00e9xico.<\/p>\n
*Directora Ejecutiva de Amnist\u00eda Internacional M\u00e9xico<\/p>\n