El acuerdo oficializa participaci\u00f3n de fuerzas armadas en seguridad p\u00fablica que se contempl\u00f3 hace un a\u00f1o en la reforma de Guardia Nacional, pero organizaciones y experto advierten falta de l\u00edmites, de plazos y de controles civiles.<\/p><\/blockquote>\n
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A partir de hoy los elementos del Ej\u00e9rcito y la Marina podr\u00e1n ejecutar legalmente doce funciones de seguridad p\u00fablica que por definici\u00f3n eran competencia exclusiva de los polic\u00edas civiles en M\u00e9xico, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para \u201creestablecer el orden\u201d.<\/p>\n
Lo anterior gracias a una orden del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador dada a conocer ayer a trav\u00e9s de un acuerdo publicado por la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Dicha orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el a\u00f1o pasado con motivo de la creaci\u00f3n de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.<\/p>\n
En el papel se trata, seg\u00fan dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones \u201cextraordinarias\u201d y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.<\/p>\n
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Pol\u00edtico advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervenci\u00f3n amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinaci\u00f3n civil y sin controles externos.<\/p>\n
El Colectivo Seguridad Sin Guerra emiti\u00f3 por la noche un posicionamiento en el que acusa que el acuerdo no regula la intervenci\u00f3n militar sino, por el contrario le \u201cquita la m\u00e1scara\u201d al militarismo de la seguridad en el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cUn gobierno que est\u00e9 verdaderamente comprometido con la desmilitarizaci\u00f3n del pa\u00eds y la construcci\u00f3n de paz, no deber\u00eda emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalizaci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas mientras contin\u00faen en las calles\u201d, se\u00f1al\u00f3 el colectivo que agrupa a mas de 30 organizaciones.<\/p>\n
La orden: detener, vigilar, asegurar
\nLa orden presidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad p\u00fablica contempladas en el art\u00edculo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.<\/p>\n
Las acciones van desde la implementaci\u00f3n de estrategias y operativos para la prevenci\u00f3n del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con alg\u00fan hecho delictivo, as\u00ed como preservar lugares relacionados con cr\u00edmenes y recolectar evidencia en estos. En s\u00edntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.<\/p>\n
El acuerdo publicado tambi\u00e9n faculta a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el \u201corden p\u00fablico\u201d y \u201creestablecer la paz\u201d.<\/p>\n
Control y mando, todo militar
\nAunque la reforma constitucional del a\u00f1o pasado establece que la participaci\u00f3n de los militares estar\u00e1 subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalizaci\u00f3n y control, en realidad el acuerdo publicado ayer no detalla como ser\u00eda esto.<\/p>\n
Lo que se se\u00f1ala es que dicha intervenci\u00f3n ser\u00e1 \u201csubordinada y complementaria\u201d a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definici\u00f3n es una polic\u00eda civil en realidad opera bajo un mando operativo totalmente castrense, con m\u00e1s de 80 por ciento de sus elementos adscritos y reclutados por el Ej\u00e9rcito, como se documenta en el reportaje Crimen y Violencia en M\u00e9xico: la Guerra que no Acaba.<\/p>\n
En el punto cuarto del mismo acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participaci\u00f3n militar, pero no se\u00f1ala ni contempla que \u00e9l se encuentre al mando de esta colaboraci\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto al tema de la fiscalizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n de las fuerzas armadas, el acuerdo solo se\u00f1ala en su punto quinto que la supervisi\u00f3n y control depender\u00e1 de los \u00f3rganos interno del control de la dependencia que corresponda, es decir de la propia secretar\u00eda de la Defensa o Marina. Se trata entonces de un control interno militar.<\/p>\n
No es regulaci\u00f3n, es cheque en blanco
\nExpertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos criticaron el acuerdo publicado ayer pues sostienen que en lugar de regular con l\u00edmites, plazos y controles el apoyo del Ej\u00e9rcito en seguridad durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, legaliza una amplia intervenci\u00f3n en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas.<\/p>\n
\u201cEl transitorio de la reforma del a\u00f1o pasado dec\u00eda que este apoyo ten\u00eda que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulaci\u00f3n es un cheque en blanco al Ej\u00e9rcito. Es un fraude en la ley y en la pr\u00e1ctica\u201d, dijo a este medio Catalina P\u00e9rez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.<\/p>\n
P\u00e9rez Correa cuestion\u00f3 adem\u00e1s el hecho de que no se haya contemplado una fiscalizaci\u00f3n independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse as\u00ed mismas para tareas de seguridad p\u00fablica que no son de su naturaleza.<\/p>\n
En ese sentido Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, cuestion\u00f3 que el acuerdo haya ignorado el tema de la participaci\u00f3n \u201cextraordinaria, regulada y subordinada\u201d del Ej\u00e9rcito en labores de seguridad p\u00fablica, pues dijo que no se trata de una simple redacci\u00f3n ni ocurrencia, sino de los l\u00edmites que establece la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.<\/p>\n
Tanto Correa como Hope criticaron adem\u00e1s en que el acuerdo contemple simplemente la intervenci\u00f3n militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas. Esto se agrava porque ni siquiera se conoce realmente en que grado de avance se encuentra la conformaci\u00f3n de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente est\u00e1 condicionada la participaci\u00f3n militar.<\/p>\n
\u201cLo que s\u00ed es claro es que en realidad todo queda en manos del Ej\u00e9rcito. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ej\u00e9rcito y francamente no veo ning\u00fan incentivo para que eso cambie\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Ayer el Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como M\u00e9xico Unido contra la Delincuencia tambi\u00e9n emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los l\u00edmites que deber\u00edan pon\u00e9rsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.<\/p>\n
Las organizaciones coincidieron en que se trata de un paso que en cambio profundiza la militarizaci\u00f3n de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las polic\u00edas en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cExpresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situaci\u00f3n actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el pa\u00eds. Este gobierno se ha quitado la m\u00e1scara\u201d, dijo Seguridad Sin Guerra.<\/p>\n
Es una \u201ctomada de pelo\u201d: activistas
\nJos\u00e9 Guevara, director ejecutivo de la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidi\u00f3 con los otros expertos en que el acuerdo del presidente no acota ni regula la intervenci\u00f3n militar conforme a los par\u00e1metros de la CIDH. En el mejor de los casos legaliza lo que ya ocurr\u00eda.<\/p>\n
\u201cDe extraordinario no tiene nada, porque lo ordena. Regulada no es, porque no dice qu\u00e9 puede ni qu\u00e9 no puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalizaci\u00f3n es una tomada de pelo, ya que hemos visto que Sedena no se fiscaliza a s\u00ed misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de subordinada es tomada de pelo mayor. Le instruye a Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica para coordinarse con secretarios de Defensa y Marina y definir actividades en la que complementar\u00e1n a la Guardia Nacional. Lo que dice el transitorio es que deben estar subordinados a la autoridad civil, pero aqu\u00ed les dicen que se pongan de acuerdo\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n
\u201cSe perfecciona la pol\u00edtica de militarizaci\u00f3n de la seguridad publicad de L\u00f3pez Obrador\u201d, considera Guevara. Reconoce que esto \u201cviene de a\u00f1os atr\u00e1s\u201d y establece una l\u00ednea del tiempo desde Calder\u00f3n, que sac\u00f3 al ej\u00e9rcito a las calles con medidas \u201cinconstitucionales\u201d, Enrique Pe\u00f1a Nieto, que cre\u00f3 una ley de seguridad interior que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el actual gobierno. \u201cFue m\u00e1s all\u00e1. Constitucionaliz\u00f3 la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, en contra de la propia Constituci\u00f3n, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales\u201d, dice.<\/p>\n
Guevara record\u00f3 que la historia ya ha mostrado que la intervenci\u00f3n militar sin control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparici\u00f3n forzada y graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n
Por su parte, Luis Tapia, coordinador del \u00e1rea jur\u00eddica del Centro Pro, indic\u00f3 que \u201csi lo vemos desde una primera lectura pol\u00edtica, el acuerdo viene en un mal momento. El ej\u00e9rcito ha ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno: encarg\u00e1ndose de construir un aeropuerto, trasladando combustible\u2026\u201d<\/p>\n
En su opini\u00f3n, uno de los puntos relevantes es que habilita al ej\u00e9rcito para ser el primero en llegar a escenas del crimen. Se trata de algo que ya ocurr\u00eda, como en la matanza de Tlatlaya, donde, seg\u00fan recuerda Tapia, la CNDH determin\u00f3 que los militares movieron cuerpos y armas.<\/p>\n
\u201cDesde Calder\u00f3n, cuando se profundiza en la militarizaci\u00f3n, empieza a ser habitual que el ej\u00e9rcito llegue el primero a escena del crimen\u201d, explica.<\/p>\n
Coincide con Guevara al considerar que el acuerdo presidencial rompe con principios del art\u00edculo transicional, que dec\u00eda que la actuaci\u00f3n de esta fuerza armada deb\u00eda ser \u201csubordinada y complementaria\u201d a la de la Guardia Nacional.<\/p>\n
\u201cSi act\u00faa motu propio sin participaci\u00f3n de ninguna fuerza policial civil pierde estos principios\u201d, dice.<\/p>\n
\u201cOtra cosa es el hecho de remitir a los \u00f3rganos de control interno la fiscalizaci\u00f3n. Est\u00e1 bien documentada por trabajo de organizaciones que los \u00f3rganos de control interno han servido de tapadera, que no cumple con el deber de fiscalizaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n