![\"\"](\"http:\/\/www.grieta.org.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/PORTADA-ABUSO-Y-EXTORSI\u00d3N-POLIC\u00c1-1040x640.jpg\")
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Foto: Zona Docs<\/p>\n
A trav\u00e9s del acuerdo DIELAG ACU 026\/2020, el Gobernador de Jalisco, decret\u00f3 el pasado 19 de abril, una serie de medidas obligatorias para prevenir la propagaci\u00f3n y el contagio del coronavirus; el uso obligatorio de cubrebocas en v\u00eda p\u00fablica, sitios de consumo y transporte p\u00fablico, adem\u00e1s del resguardo domiciliario, tambi\u00e9n obligatorio, son algunas de las medidas que m\u00e1s han dado de qu\u00e9 hablar en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Y es que, seg\u00fan lo se\u00f1alan las disposiciones oficiales, las y los ciudadanos que no cumplan con \u00e9stas ser\u00e1n acreedores a sanciones que van desde amonestaciones y multas, hasta clausuras parciales y totales de empresas o negocios, y el arresto.<\/em><\/p>\n De acuerdo con la disposici\u00f3n oficial, las y los elementos de las polic\u00edas municipales son los encargados de verificar el cumplimiento de las medidas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil en Jalisco, han evidenciado que, ya que el decreto carece de criterios y reglas de sanci\u00f3n y actuaci\u00f3n, el actuar de las y los agentes, as\u00ed como, de dem\u00e1s autoridades en el estado, podr\u00edan derivar en la comisi\u00f3n de violaciones graves a los derechos humanos, tales como: abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsi\u00f3n, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminaci\u00f3n, tortura y\/o desaparici\u00f3n forzada.<\/em><\/p>\n Esta es la historia de Mimi, una joven vendedora que fue agredida, robada y amenazada por al menos tres elementos de la polic\u00eda municipal de Tlaquepaque, quienes le interceptaron en la v\u00eda p\u00fablica bajo el pretexto de traer \u201cun cubrebocas viejo\u201d. Si bien, tras los hechos decidi\u00f3 ir a denunciar, lo hizo con pocas certezas pues despu\u00e9s de visitar al menos tres m\u00f3dulos y dependencias, las autoridades no levantaron siquiera un acta de circunstancial.<\/em><\/p>\n Dalia Souza \/ Zona Docs<\/p>\n Mimi sali\u00f3 de su casa a medio d\u00eda, con su cubrebocas puesto y en una peque\u00f1a bolsa su mercanc\u00eda para vender en el mercado de su colonia, los productos de reposter\u00eda que prepara para mantener a su familia. Estaba a punto de llegar al mercado, cuando una patrulla de la Polic\u00eda Municipal de Tlaquepaque le intercept\u00f3 bajo el argumento de que el cubrebocas que llevaba puesto era \u201cviejo\u201d y que no pod\u00eda \u201csalir a infectar a las personas\u201d.<\/p>\n Mimi se detuvo y atendi\u00f3 el llamado de los oficiales, a quienes les respondi\u00f3 dici\u00e9ndoles que efectivamente, en acato a la medida oficial, ella lo llevaba puesto y que s\u00f3lo hab\u00eda salido por unos minutos a hacer la entrega de sus productos; parece que a los elementos municipales el argumento no les fue suficiente, entonces uno de ellos baj\u00f3 de la patrulla para hacerle una \u201crevisi\u00f3n de rutina\u201d.<\/p>\n Sabedora de sus derechos como ciudadana, no se neg\u00f3, sin embargo, antes les cuestion\u00f3 sobre los argumentos por los cuales llevar\u00edan a cabo dicha revisi\u00f3n. La respuesta del polic\u00eda fue insistir en que ella no ten\u00eda permiso de salir y que era una irresponsable; acto seguido le empuj\u00f3 y le quit\u00f3 la bolsa que llevaba con las charolas de su producto, otros dos elementos bajaron tambi\u00e9n de la camioneta oficial y comenzaron a comerse su mercanc\u00eda.<\/p>\n \u201cYa te cargo tu puta madre\u201d le dijo uno de los agentes mientras ella le reclamaba por qu\u00e9 se estaban comiendo su producto. Tirada en el piso le quitaron tambi\u00e9n su monedero con $350 pesos y la \u201cmorralla\u201d -monedas- que llevaba. Aventaron su bolsa y se subieron a la patrulla dej\u00e1ndola sin mercanc\u00eda para vender y sin dinero.<\/p>\n \u201cNi para un chicle me dejaron\u201d dice Mimi. Tras unos minutos y desconcertada, decidi\u00f3 ir a denunciar, pues sab\u00eda que lo que le sucedi\u00f3 es un abuso de la autoridad y que hab\u00edan ultrajado sus derechos. Primero acudi\u00f3 a la Delegaci\u00f3n de la polic\u00eda municipal de su colonia, sin embargo, le dijeron que ah\u00ed no podr\u00edan tomarle su declaraci\u00f3n y la canalizaron a otro punto, al parecer un Centro Cultural de otro municipio, donde evidentemente le dijeron que tampoco podr\u00edan recibir su denuncia. Sin dinero siquiera para el cami\u00f3n, una persona le regal\u00f3 $10 pesos que le permitieron llegar al M\u00f3dulo de la Polic\u00eda Estatal, donde aparentemente s\u00ed atender\u00edan su solicitud.<\/p>\n Tras llegar, la pasaron a un cuarto privado donde s\u00f3lo pod\u00eda leerse en un letrero la frase \u201cSupervisi\u00f3n General\u201d y donde supuestamente tomar\u00edan su denuncia, sin embargo, ning\u00fan funcionario se present\u00f3, ofreci\u00f3 su nombre o cargo y tampoco nadie tom\u00f3 su declaraci\u00f3n por escrito. Sin una declaraci\u00f3n en papel, sin un acta circunstancial siquiera, cuando termin\u00f3 de narrar los hechos, le dijeron que le llamar\u00edan al d\u00eda siguiente pues le \u201ctocar\u00eda ratificar la denuncia\u201d; adem\u00e1s le argumentaron que esperar\u00edan para rastrear la patrulla, pues los turnos de los rondines son de 24 a 48 horas y quiz\u00e1, con mucha suerte podr\u00edan encontrar a los elementos.<\/p>\n Llena de preocupaci\u00f3n porque las autoridades se quedaron con sus datos, y frustrada porque sent\u00eda que nadie estaba haciendo nada por ella, Mimi regreso a su casa con el dinero que otras personas pudieron regalarle para su traslado.<\/p>\n De manera paralela, amigas a las que Mimi pudo contactar, acudieron a las instalaciones de la Fiscal\u00eda del Estado de Jalisco en la Calle 14 en el municipio Guadalajara; suponiendo que ah\u00ed se encontrar\u00eda, preguntaron al personal sobre si alguien con su nombre hab\u00eda asistido a presentar una denuncia. Seg\u00fan relatan, los funcionarios buscaron en el sistema oficial y ninguna persona con su nombre, tel\u00e9fono o direcci\u00f3n apareci\u00f3 en la base de datos como denunciante.<\/p>\n El abogado especialista en Derechos Humanos, Francisco Macias, habr\u00eda advertido antes, en entrevista para ZonaDocs, que las medidas decretadas a trav\u00e9s del acuerdo DIELAG ACU 026\/2020, resultaban ser \u201cun acto autoritario que abre la posibilidad a violaciones a los derechos humanos de las y los jaliscienses\u201d. M\u00e1s a\u00fan cuando el acuerdo oficial \u201cse publica sin haberse reformado ninguno de los reglamentos de polic\u00eda y buen gobierno\u201d y con ello, porque el papel de los elementos de la polic\u00eda municipal -a quienes se les ha encomendado la tarea de ser las y los encargados de verificar el cumplimiento de dichas medidas- se considera punitivo y no preventivo.<\/p>\n A la par, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ha reconocido a trav\u00e9s de un comunicado que, dada la ausencia de \u201ccriterios y reglas de sanci\u00f3n y actuaci\u00f3n en el desarrollo de las medidas establecidas\u201d, les preocupa que \u201cla implementaci\u00f3n del acuerdo derive en la comisi\u00f3n de violaciones de derechos humanos\u201d, tales como: abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsi\u00f3n, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminaci\u00f3n, tortura y\/o desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n Y es que, aunque dichas sanciones presuntamente se basan en lo establecido dentro de los art\u00edculos 417 y 427 de la Ley General de Salud, as\u00ed como en el 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, precisa la organizaci\u00f3n, el documento \u201comite referenciar diversos art\u00edculos contenidos en el T\u00edtulo D\u00e9cimo Octavo de la Ley General de Salud y en el T\u00edtulo D\u00e9cimo Cuarto y D\u00e9cimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco\u201d.<\/p>\n Donde se se\u00f1alan los criterios y procedimientos en los que se \u201cbasar\u00e1 la decisi\u00f3n sobre la implementaci\u00f3n de cada una de las sanciones\u201d y el \u201cprocedimiento que las autoridades deber\u00e1n llevar a cabo para la imposici\u00f3n de las mismas y los recursos de impugnaci\u00f3n que las personas pueden interponer ante \u00e9stas\u201d.<\/p>\n Publicaciones realizadas el 21 de abril de 2020 en el Twitter de la Comisar\u00eda de polic\u00eda de Tlaquepaque<\/p>\n En este sentido, han manifestado que les preocupa que los elementos policiales municipales y dem\u00e1s autoridades locales \u201capliquen las sanciones de manera arbitraria y que las mismas no se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas, como lo exigen las leyes en materia de salud\u201d.<\/p>\n Y es que, por si esto no fuera suficiente, el CEPAD ha dejado de manifiesto en este documento p\u00fablico que, de acuerdo con la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el actuar de las polic\u00edas municipales se limita a un papel auxiliar en el cumplimiento de las medidas.<\/p>\n Sin reglas claras de actuaci\u00f3n, sin un protocolo, sin un \u00f3rgano que supervise a las autoridades que dan \u201cseguimiento a las medidas\u201d, en este caso a las y los agentes de las polic\u00edas municipales, resulta ambiguo e incierto c\u00f3mo podr\u00e1n ser sancionados los responsables, se\u00f1ala CEPAD respecto al caso de Mimi.<\/p>\n Si bien, la opci\u00f3n siempre es acudir a presentar una queja ante la Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), tambi\u00e9n podr\u00eda acudirse, -insistimos, en medio de la incertidumbre de saber cu\u00e1les son los medios de impugnaci\u00f3n y queja que las personas tienen para denunciar abusos de autoridad en estos casos-, ante los \u00f3rganos de control municipales, donde podr\u00e1 iniciarse a trav\u00e9s de una queja, un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los oficiales. O bien, advierte la organizaci\u00f3n, una denuncia penal en casos de robo o extorsi\u00f3n.<\/p>\n De manera particular, precisa Anna Karolina Chimiak, Coordinadora General del CEPAD, lo sucedido a Mimi fue una imposici\u00f3n \u201cno adecuada\u201d de la medida establecida en el acuerdo y, con ello, una actuaci\u00f3n violatoria de la autoridad y de abuso de poder, por lo que, de acuerdo con las leyes del estado podr\u00eda interponer tambi\u00e9n un recurso de inconformidad.<\/p>\n Para quienes acompa\u00f1an el proceso de Mimi, es necesario que se tengan certezas sobre cu\u00e1les ser\u00e1n las medidas de sanci\u00f3n que se aplicar\u00e1n para la violencia policial en contra de las mujeres, pues se\u00f1alan que, la impunidad una vez m\u00e1s, no es una opci\u00f3n en medio de la pandemia.<\/p>\n Tras los primeros cuatro d\u00edas de aplicaci\u00f3n del decreto, los medios de comunicaci\u00f3n locales informaron que 72 personas fueron arrestadas bajo el argumento de \u201cagredir a elementos de seguridad p\u00fablica tras el exhorto a utilizar tapabocas\u201d. Una cifra que las organizaciones de la sociedad civil consideran \u201calarmante\u201d puesto que, adem\u00e1s no ha existido informaci\u00f3n oficial sobre las sanciones interpuestas.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), inform\u00f3 a trav\u00e9s de sus redes sociales que el pasado jueves 23 de abril realiz\u00f3 \u201cun recorrido de revisi\u00f3n\u201d en dependencias del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara donde \u201cse constat\u00f3 que no se encontraban personas detenidas por no acatar medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social\u201d. Asimismo, se confirm\u00f3 que 55 personas fueron detenidas el mi\u00e9rcoles 22 de abril (fecha en la que sucedieron los abusos de autoridad a Mimi), mismas que fueron apercibidas.<\/p>\n