![\"\"](\"http:\/\/www.grieta.org.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Chihuahua.jpeg\")
<\/p>\nJuan Jaime Loera Gonz\u00e1lez y Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Olivas\/ La Jornada<\/p>\n
<\/p>\n
L<\/strong>a sierra Tarahumara, al suroeste del estado de\u00a0 Chihuahua,\u00a0<\/strong>es escenario de resistencias y movimientos\u00a0 activos de comunidades, en su mayor\u00eda ind\u00edgenas\u00a0 organizadas contra proyectos desarrollistas, que enarbolan\u00a0 un amplio abanico de expresiones pol\u00edticas ambientalistas.\u00a0 Chihuahua posee una de las superficies forestales m\u00e1s importantes\u00a0 del pa\u00eds: 16.5 millones de hect\u00e1reas, de las cuales\u00a0 7.6 millones son bosques de con\u00edferas y selva baja caducifolia\u00a0 que se concentran en las monta\u00f1as, barrancos y valles\u00a0 que dan forma a la sierra Tarahumara. Estos bosques captan\u00a0 buena parte del agua que se dispersa por la zona semides\u00e9rtica\u00a0 y nutre zonas agr\u00edcolas de Sinaloa. La Tarahumara\u00a0 es una regi\u00f3n de gran diversidad cultural al ser territorio de\u00a0 los pueblos rar\u00e1muri (o tarahumara), odame (o tepehuano),\u00a0 o\u00f3ba (o pima) y warijo (o guarij\u00edo), adem\u00e1s de una diversidad\u00a0 biol\u00f3gica significativa.<\/p>\n Al igual que otros territorios ind\u00edgenas, la Tarahumara\u00a0 ha experimentado un incremento en las \u00faltimas d\u00e9cadas en extracci\u00f3n y explotaci\u00f3n de recursos energ\u00e9ticos, forestales,\u00a0 mineros y acu\u00edferos. Esta situaci\u00f3n ha generado conflictos socio-\u00a0 ambientales siguiendo la pauta de la realidad a nivel nacional.\u00a0 Desde 2016 se documentan en el pa\u00eds 420 conflictos\u00a0 socio-ambientales. La mayor\u00eda afectan poblaci\u00f3n y territorios\u00a0 ind\u00edgenas, con fuerte presencia en Chihuahua y Oaxaca\u00a0 (Toledo 2015). De igual manera, EJOLT Project ubica a M\u00e9xico\u00a0 en el d\u00e9cimo tercer lugar del atlas mundial en cantidad de\u00a0 conflictos ambientales. En la misma tendencia, la CEPAL indica\u00a0 que en Am\u00e9rica Latina entre 2010 y 2013 hubo m\u00e1s de\u00a0 200 conflictos en territorios ind\u00edgenas ligados a actividades\u00a0 de generaci\u00f3n de energ\u00eda, explotaci\u00f3n de hidrocarburos y\u00a0 miner\u00eda, y otros m\u00e1s se encuentran en confrontaci\u00f3n latente.\u00a0 C\u00e1lculos conservadores de la Secretar\u00eda del Medio Ambiente\u00a0 y Recursos Naturales (Semarnat) reconocen que la deforestaci\u00f3n\u00a0 avanza a un ritmo de entre 316 mil y 800 mil hect\u00e1reas\u00a0 anuales, la erosi\u00f3n afecta 45 por ciento del territorio nacional,\u00a0 casi 2 millones 600 mil especies de plantas y animales\u00a0 est\u00e1n en peligro de extinci\u00f3n y 100 acu\u00edferos se encuentran\u00a0 sobreexplotados.<\/p>\n La regi\u00f3n Tarahumara es de las zonas del pa\u00eds que presenta\u00a0 mayor da\u00f1o en su cobertura arb\u00f3rea. De 2001 a 2017\u00a0 perdi\u00f3 19 mil 100 hect\u00e1reas, seg\u00fan Global Forest Watch. Guadalupe\u00a0 y Calvo es uno de los municipios con m\u00e1s p\u00e9rdida de\u00a0 \u00e1rboles: de 2001 a 2017, por lo menos, 3 mil 014 hect\u00e1reas\u00a0 registraron esta situaci\u00f3n.<\/p>\n Un dato crucial para entender la magnitud de la extracci\u00f3n\u00a0 de recursos maderables es el volumen de metros c\u00fabicos\u00a0 autorizados por la Semarnat en la Sierra Tarahumara,\u00a0 que entre 2014 y 2016 lleg\u00f3 a 6 millones 446 mil 694 metros\u00a0 c\u00fabicos. Los aserraderos autorizados y las denuncias de tala\u00a0 ilegal son constantes.<\/p>\n A pesar de esta degradaci\u00f3n, las pol\u00edticas p\u00fablicas del\u00a0 gobierno pasado, a trav\u00e9s del Programa Nacional Forestal\u00a0 2014-2018, se propon\u00edan \u201cincrementar la producci\u00f3n forestal\u00a0 maderable de 5.9 millones de metros c\u00fabicos a 11 millones\u00a0 en 2018\u201d, sin un plan viable para poner en el centro de todo la\u00a0 sustentabilidad de los sistemas de producci\u00f3n campesinos,\u00a0 verdaderos due\u00f1os de los bosques y quienes mejor los han\u00a0 manejado. Al interior de los poderes p\u00fablicos no hay contrapesos\u00a0 a los verdaderos causantes de la deforestaci\u00f3n: agroindustria,\u00a0 ganader\u00eda, tala ilegal o narcotala, grandes megaproyectos\u00a0 y otras causas de cambio de uso del suelo.<\/p>\n N<\/strong>arcotr\u00e1fico<\/strong>,\u00a0<\/strong>factor transversal<\/strong><\/p>\n D<\/strong>entro de los factores que agravan la violencia estructural\u00a0<\/strong>en la Tarahumara est\u00e1n el cultivo y transporte\u00a0 de amapola y mariguana. La actividad no es nueva para la\u00a0 regi\u00f3n, pues ya desde la d\u00e9cada de los setenta y ochenta el \u201ctri\u00e1ngulo dorado\u201d entre Sinaloa, Durango y Chihuahua era\u00a0 conocido internacionalmente por la producci\u00f3n de enervantes.\u00a0 El narcotr\u00e1fico ha cambiado dram\u00e1ticamente las relaciones\u00a0 sociales, configuraciones de movilidad y patrones de\u00a0 producci\u00f3n en la regi\u00f3n.\u00a0 Se ha extendido la narcosiembra, y los grupos que buscan\u00a0 el control de la amapola tambi\u00e9n han despojado a las\u00a0 comunidades de su territorio y recursos. En 1996 se ten\u00edan\u00a0 identificados cinco municipios de la sierra donde se sembraba\u00a0 droga; actualmente son 20 (Diagn\u00f3stico y Propuestas sobre\u00a0 la violencia en la Sierra Tarahumara,\u00a0<\/em>Consultor\u00eda T\u00e9cnica Comunitaria,\u00a0 2018).\u00a0 Adem\u00e1s de una creciente diversificaci\u00f3n geogr\u00e1fica, se\u00a0 desarrolla la diversificaci\u00f3n de actividades del crimen organizado.\u00a0 Los habitantes se\u00f1alan un mayor control en la venta de\u00a0 madera, alimentos, bebidas alcoh\u00f3licas y productos piratas.\u00a0 La violencia practicada por los grupos armados muestra mayor\u00a0 grado de sadismo y crueldad. Familias enteras, ind\u00edgenas\u00a0 y mestizas, abandonan rancher\u00edas y comunidades hacia centros\u00a0 urbanos en busca de mejores condiciones de vida.<\/p>\n A<\/strong>gresi\u00f3n y persecuci\u00f3n ambiental<\/strong><\/p>\n D<\/strong>egradaci\u00f3n ambiental y presencia del narcotr\u00e1fico\u00a0<\/strong>traen de la mano violencia contra comunidades e individuos\u00a0 afectados por las grandes inversiones tur\u00edsticas,\u00a0 maderer\u00eda, construcci\u00f3n de aeropuertos, la contaminaci\u00f3n\u00a0 de r\u00edos y arroyos con desechos de hoteles y minas, las actividades\u00a0 del crimen organizado, el crecimiento urbano y\u00a0 recientemente la construcci\u00f3n de gasoducto El Encino-Topolobampo\u00a0 a lo largo de la sierra. Las luchas emanadas a\u00a0 ra\u00edz de intervenciones desarrollistas en territorio ind\u00edgena\u00a0 traen consigo denuncias y movilizaciones que desaf\u00edan las\u00a0 relaciones de poder local y federal, alcanzando incluso a las\u00a0 corporaciones transnacionales.\u00a0 Existen casos paradigm\u00e1ticos de luchas colectivas bajo\u00a0 amenaza, con muertes, desplazamiento de familias y trastornos\u00a0 sociales y culturales. El caso m\u00e1s visibilizado por la\u00a0 prensa fue el asesinato del defensor rar\u00e1muri Juli\u00e1n Carrillo\u00a0 Mart\u00ednez el 24 de octubre de 2018. Carrillo dedic\u00f3 los \u00faltimos\u00a0 a\u00f1os de su vida a denunciar el despojo del territorio que han\u00a0 sufrido hist\u00f3ricamente los habitantes de su comunidad Coloradas\u00a0 de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, dentro \u00a0del \u201ctri\u00e1ngulo dorado\u201d.\u00a0 El asesinato de Juli\u00e1n no es aislado ni consecuencia colateral\u00a0 de la delincuencia. Forma parte de procesos hist\u00f3ricos\u00a0 de violencias sistem\u00e1ticas y estructurales que propician\u00a0 un clima de impunidad para los perpetradores de cr\u00edmenes\u00a0 contra defensores del territorio y el medio ambiente. Otros\u00a0 cr\u00edmenes lo anteceden: en 2016, su hijo V\u00edctor y otros seis\u00a0 integrantes de la comunidad fueron asesinados; en julio de\u00a0 2018, su yerno; finalmente \u00e9l, despu\u00e9s de refugiarse varios\u00a0 d\u00edas en el monte.\u00a0 Todos los cr\u00edmenes fueron similares: las v\u00edctimas estaban\u00a0 en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y vulnerabilidad tras denunciar\u00a0 irregularidades, despojo sobre el territorio o amenazas. Sin\u00a0 embargo, responsabilizar completamente de los asesinatos\u00a0 al crimen organizado impide vincular responsabilidades\u00a0 pol\u00edticas profundas. La ausencia de las autoridades en cada\u00a0 uno de los casos evidencia que el Estado ha omitido acciones\u00a0 para prevenir y evitar los asesinatos contra los defensores\u00a0 ind\u00edgenas. Su inacci\u00f3n est\u00e1 presente en todos los casos de\u00a0 agresiones, lo cual representa una violencia sistem\u00e1tica por\u00a0 omisi\u00f3n de sus responsabilidades.\u00a0 Juli\u00e1n Carrillo contaba con medidas de protecci\u00f3n por\u00a0 parte del Mecanismo de Protecci\u00f3n para Defensores de\u00a0 Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretar\u00eda\u00a0 de Gobernaci\u00f3n. Esas medidas fueron implementadas en\u00a0 2014, destinadas a proteger a Juli\u00e1n y otros l\u00edderes rar\u00e1muri,\u00a0 as\u00ed como a sus familiares, quienes, no debe pasarse por alto,\u00a0 viven desplazados del municipio de Guadalupe y Calvo. En\u00a0 tanto, los abogados que han acompa\u00f1ado a las comunidades\u00a0 de Chor\u00e9achi y Coloradas de la Virgen viven con medidas\u00a0 de protecci\u00f3n permanentes.\u00a0 Durante d\u00e9cadas en Chihuahua, estas violencias han\u00a0 normalizado las agresiones contra defensores ind\u00edgenas,\u00a0 que pueden repetirse porque permanecen impunes, lo cual\u00a0 facilita el despojo y la ocupaci\u00f3n de territorios. Como apunta\u00a0 Devalle (2000; 17), \u201cdonde la violencia se desarrolla, \u00e9sta\u00a0 adquiere para las clases dominantes el peso de un \u2018valor\u2019, es\u00a0 decir, de condici\u00f3n normal de la vida, necesaria para mantener\u00a0 el orden existente, legitimada como \u2018el derecho\u2019 de los\u00a0 que tienen el poder\u201d. Quienes detentan el poder en la sierra\u00a0 de Chihuahua son los caciques que han tenido la propiedad\u00a0 de la tierra favorecidos por las reformas del Estado, as\u00ed como\u00a0 los grupos del crimen organizado que se instalaron desde la\u00a0 d\u00e9cada de 1970 como autoridades de facto en los municipios\u00a0 de la sierra Tarahumara.\u00a0 El caso de Juli\u00e1n es s\u00f3lo el m\u00e1s reciente, visibilizado por\u00a0 Amnist\u00eda Internacional. Sin embargo, la lista de asesinatos\u00a0 y amenazas a defensores rar\u00e1muri es larga y dolorosa: Juan\u00a0 Ontiveros Ramos, asesinado el 31 de enero de 2017 en Chor\u00e9achi;\u00a0 Isidro Baldenegro, asesinado el 15 de enero de 2017 \u00a0en Coloradas de la Virgen; Jaime Zub\u00eda Ceballos y Socorro\u00a0 Ayala, asesinados en 2013 en Chor\u00e9achi, entre otros.\u00a0 Las organizaciones que acompa\u00f1an luchas comunitarias\u00a0 tambi\u00e9n sufren amenazas. La Asociaci\u00f3n Civil Bowerasa recibi\u00f3\u00a0 las primeras amenazas de muerte en 2009, despu\u00e9s de\u00a0 su exitosa defensa jur\u00eddica del municipio de Carich\u00ed contra\u00a0 caciques ganaderos. Un a\u00f1o despu\u00e9s fue ultimado el defensor\u00a0 Ernesto R\u00e1bago, pareja de la directora, quien a su vez fue\u00a0 v\u00edctima de un atentado fallido, y en otra ocasi\u00f3n su hija. En\u00a0 el ejido Benito Ju\u00e1rez, municipio Buenaventura, integrantes\u00a0 de El Barz\u00f3n hab\u00edan denunciado la extracci\u00f3n inmoderada e\u00a0 ilegal de agua de la cuenca del r\u00edo del Carmen por parte de\u00a0 agricultores influyentes y la minera El Cascabel, subsidiaria\u00a0 de la canadiense Mag Silver. Ismael Solorio y su hijo fueron\u00a0 golpeados por empleados de la minera, la cual junto al gobierno\u00a0 estatal emprendi\u00f3 una campa\u00f1a medi\u00e1tica contra la\u00a0 organizaci\u00f3n. En octubre de 2012, Ismael Solorio y su esposa\u00a0 Manuela Sol\u00eds fueron amenazados de muerte y ese mismo\u00a0 mes fueron asesinados por sicarios. La asamblea ejidal resolvi\u00f3\u00a0 expulsar a la minera y prohibir toda actividad de ese tipo\u00a0 en su territorio. Tres a\u00f1os despu\u00e9s el asesinato sigue impune,\u00a0 y recientemente en el municipio de Villa Ahumada fue ejecutado\u00a0 otro defensor de El Barz\u00f3n por causas relacionadas\u00a0 (Almanza 2016).<\/p>\n L<\/strong>a estigmatizaci\u00f3n como violencia<\/strong><\/p>\n S<\/strong>on varios los mecanismos del Estado para estigmatizar<\/strong>,\u00a0 amenazar y reprimir defensores de derechos territoriales\u00a0 y ambientales en la Sierra Tarahumara (Almanza 2016). Una\u00a0 primera reacci\u00f3n de los inversionistas p\u00fablicos y privados\u00a0 de proyectos que afectan a las comunidades es eclipsar a la\u00a0 poblaci\u00f3n propietaria y\/o poseedora de las tierras. En segundo\u00a0 lugar, cuando la movilizaci\u00f3n hace visibles las demandas\u00a0 comunitarias, la intervenci\u00f3n se proyecta como \u00fanica opci\u00f3n\u00a0 viable para desarrollar la econom\u00eda local. Y cuando los sujetos\u00a0 alcanzan victorias legales, se dan condiciones para ataques\u00a0 f\u00edsicos contra activistas locales, asesores y acompa\u00f1antes\u00a0 de la sociedad civil.<\/p>\n Dos casos ejemplifican luchas comunitarias que alcanzan\u00a0 victorias legales y que posteriormente se convierten en conflictos\u00a0 que estigmatizan a los opositores al Proyecto Tur\u00edstico\u00a0 Barrancas del Cobre y el gasoducto El Encino-Topolobampo.\u00a0 El proyecto tur\u00edstico inici\u00f3 en 2008 con la construcci\u00f3n de un\u00a0 telef\u00e9rico y tirolesas en el Ca\u00f1\u00f3n del Cobre (Almanza y Guerrero\u00a0 2014). Dos particulares ostentaban la propiedad legal\u00a0 de tierras en sitios de los que se hab\u00edan apropiado en d\u00e9cadas\u00a0 anteriores, a pesar de la ocupaci\u00f3n ancestral de comunidades\u00a0 rar\u00e1muri. Al inicio de las obras, los particulares de la\u00a0 familia Sandoval y El\u00edas Madero buscaban el desplazamiento\u00a0 de familias de Witosachi y Mogotavo, sin lograrlo, pues las\u00a0 comunidades interpusieron amparos judiciales. La primera\u00a0 ya obtuvo un fallo favorable a la certificaci\u00f3n de su propiedad,\u00a0 y la segunda espera la sentencia.<\/p>\n A orillas de la ciudad de Creel, la comunidad rar\u00e1muri de\u00a0 Repechique se ampar\u00f3 exitosamente contra el aeropuerto internacional,\u00a0 cuya construcci\u00f3n se emprendi\u00f3 sin el consentimiento\u00a0 libre, previo e informado. En este contexto, se anunci\u00f3\u00a0 el paso del gasoducto El Encino-Topolobampo por los municipios\u00a0 serranos de Carich\u00ed, Bocoyna y Guazaparez, afectando\u00a0 comunidades ind\u00edgenas y ejidos como Bahuchivo, Cuiteco y\u00a0 San Luis de Majimachi. La mayor\u00eda de estos otorgaron su consentimiento\u00a0 bajo procedimientos apresurados, faltando a los\u00a0 protocolos establecidos. Repechique, la misma comunidad ind\u00edgena\u00a0 que logr\u00f3 el amparo contra el aeropuerto, junto con la\u00a0 comunidad ind\u00edgena de San Luis de Majimachi, y asociaciones\u00a0 civiles lo buscan ahora contra el gasoducto.<\/p>\n Ante los triunfos de algunas comunidades contra los\u00a0 megaproyectos, el hostigamiento tom\u00f3 diversas formas. Por\u00a0 una parte se iniciaron auditor\u00edas irregulares ordenadas por\u00a0 el Estado contra la Consultor\u00eda T\u00e9cnica Comunitaria (CONTEC),\u00a0 y se presentaron amenazas de muerte a miembros de\u00a0 la comunidad. Tambi\u00e9n se hizo evidente una estigmatizaci\u00f3n\u00a0 en medios de los defensores de derechos humanos, como\u00a0 el director de Tierra Nativa y especialmente el jesuita Javier\u00a0 \u00c1vila, cabeza de la Comisi\u00f3n de Solidaridad y Defensa de los\u00a0 Derechos Humanos en la regi\u00f3n serrana.<\/p>\n E<\/strong>l futuro fr\u00e1gil<\/strong><\/p>\n L<\/strong>os escenarios posibles\u00a0<\/strong>para la regi\u00f3n son inciertos. Se\u00a0 han logrado sentencias legales exitosas del territorio que\u00a0 ofrecen una luz de optimismo para resolver las demandas de\u00a0 las comunidades. Pero dichas victorias no representan el final\u00a0 de un conflicto, implican potencialmente represalias y mayor\u00a0 violencia.<\/p>\n Hay una resoluci\u00f3n sin precedentes digna de recordar.\u00a0 Tras m\u00e1s de 20 a\u00f1os de lucha jur\u00eddica, el Tribunal Superior\u00a0 Agrario reconoci\u00f3 plenamente sus derechos territoriales a\u00a0 la comunidad rar\u00e1muri de Chor\u00e9achi (Guadalupe y Calvo). El\u00a0 conflicto se remontaba a la sobreposici\u00f3n gubernamental de\u00a0 linderos con la comunidad mestiza Colorada de los Ch\u00e1vez,\u00a0 pretendiendo que Chor\u00e9achi estaba dentro de su territorio e\u00a0 intentando despojarlo.<\/p>\n La sentencia revoca una anterior del Tribunal Unitario\u00a0 Agrario de Distrito en Chihuahua contra la comunidad. Ahora\u00a0 se les reconoce y respeta el ejercicio de su autonom\u00eda y\u00a0 libre determinaci\u00f3n, otorg\u00e1ndoles la calidad de propietarios,\u00a0 que han demostrado inmemorial. Chor\u00e9achi tiene derecho a\u00a0 su territorio (32 mil 832 hect\u00e1reas) al ser preexistente al ejido\u00a0 Pino Gordo y las comunidades agrarias Coloradas de los\u00a0 Ch\u00e1vez y Tuaripa. La lucha y la victoria judicial se conciben\u00a0 por la comunidad como la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad\u00a0 de preservar la esencia rar\u00e1muri y recordar a los defensores\u00a0 que perdieron la vida (Milla, 2018). La sentencia sienta precedente\u00a0 y abre la puerta a otras comunidades ind\u00edgenas. Sin\u00a0 embargo, ante posibles represalias por la resoluci\u00f3n, se pidi\u00f3\u00a0 a la Fiscal\u00eda General del Estado y la Direcci\u00f3n de Derechos\u00a0 Humanos, de Gobernaci\u00f3n, protecci\u00f3n para los habitantes\u00a0 de la comunidad y los integrantes de Alianza Sierra Madre.<\/p>\n R<\/strong>eferencias<\/strong><\/p>\n Susana B.C. Devalle,\u201cViolencia: estigma de nuestro siglo\u201d. En\u00a0\u00a0Poder y cultura de la violencia,\u00a0<\/em>compilado por Susana B.C. Devalle,\u00a0 15-31. M\u00e9xico: El Colegio de M\u00e9xico, 2000.<\/p>\n Horacio Almanza, \u201cCriminalidad Ambiental de Estado en los\u00a0 territorios ind\u00edgenas del norte de M\u00e9xico\u201d En\u00a0Ecopol\u00edticas Globales,\u00a0 Medio Ambiente, Bienestar y Poder,\u00a0<\/em>editado por Piergiorgio Di\u00a0 Giminiani, \u00c1ngel Aedo, Juan Loera Gonz\u00e1lez, 193-230. Santiago\u00a0 de Chile: Hueders, 2016.<\/p>\n Horacio Almanza, y Rafael Guerrero.\u00a0Paradojas del turismo:\u00a0 entre la transformaci\u00f3n y el despojo. Los casos de Mogotavo y Wetosachi<\/em>,\u00a0 Chihuahua, M\u00e9xico.\u00a0Revista de An\u00e1lisis Tur\u00edstico<\/em>, 18(1):\u00a0 45-56, 2014.<\/p>\n Francisco Milla, \u201cTras 21 a\u00f1os de litigios, reconoce Tribunal\u00a0 Superior Agrario derechos territoriales a comunidad rar\u00e1muri\u00a0 de Chor\u00e9achi tras demostrar su propiedad inmemorial\u201d. Diario\u00a0El Puntero<\/em>, 23 de octubre de 2018: http:\/\/elpuntero.com.\u00a0 mx\/n\/86569<\/p>\n