Tania Casasola\/Animal Pol\u00edtico<\/p>\n
Supuestos due\u00f1os de departamentos que realizan mobbing (acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificaci\u00f3n de documentos, due\u00f1os que obligan a salir a inquilinos de la noche a la ma\u00f1ana bajo el argumento de que el edificio ser\u00e1 remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma tur\u00edstica Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Pol\u00edtico en el presente a\u00f1o, a trav\u00e9s de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Hist\u00f3rico, y en colonias como Ju\u00e1rez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa Mar\u00eda la Ribera y en la San Rafael.<\/p>\n
El 20 de agosto, Carlos Acu\u00f1a, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Crist\u00f3bal Col\u00f3n 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que ten\u00eda un contrato vigente, dos amparos en tr\u00e1mite y una queja en la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.<\/p>\n
De acuerdo con Acu\u00f1a, el edificio en donde vivi\u00f3 por m\u00e1s de nueve a\u00f1os fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluir\u00e1 un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel act\u00faa en representaci\u00f3n de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial P\u00fablico Trabajo.<\/p>\n
El inmueble est\u00e1 en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respet\u00f3 el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante a\u00f1os han arrendado.<\/p>\n
Los inquilinos tienen hasta ahora nueve juicios abiertos en su contra. Se les acusa principalmente de no pagar el alquiler, aunque todos los pagos han sido realizados. \u201cQuien me desaloj\u00f3 fue Banca Mifel con P\u00fablico Coworking y empresas que no dan la cara. Rentas pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos, este fue un ataque contra m\u00ed, por visibilizar el tema\u201d, acusa Acu\u00f1a. <\/p>\n
Animal Pol\u00edtico busc\u00f3 a Banca Mifel, quien inform\u00f3 sobre este inmueble que la instituci\u00f3n funge \u00fanicamente como fiduciaria (administra el dinero o los bienes de otras personas) dentro de un fideicomiso, aunque no detall\u00f3 qui\u00e9n o qui\u00e9nes forman parte de \u00e9l.<\/p>\n
\u201cMifel no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por aquellas personas f\u00edsicas o morales que realicen diversas acciones bajo el amparo del fideicomiso, de forma directa o indirecta ante cualquier autoridad relacionada con el proyecto inmobiliario precisado, ya que reiteramos son acciones realizadas en los t\u00e9rminos del fideicomiso\u201d, declar\u00f3 a trav\u00e9s de un documento enviado a este medio.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se busc\u00f3 a la empresa P\u00fablico Trabajo, dedicada a desarrollar espacios de coworking, para saber si forma parte de este fideicomiso, sin embargo, dijo que no tienen voceros o \u00e1rea para atender la solicitud.<\/p>\n
De los inquilinos que habitaban m\u00e1s de 30 departamentos del Edificio Trevi, dos bodegas y cinco locales comerciales, 13 decidieron emprender acciones legales, 11 mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los due\u00f1os anteriores del edificio. <\/p>\n
El inmueble de mediados del siglo pasado se construy\u00f3 como vivienda social y en la parte baja se ubica el hist\u00f3rico Caf\u00e9 Trevi, con m\u00e1s de 60 a\u00f1os de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con \u00e9l a\u00fan es incierto. <\/p>\n
Detectan irregularidades <\/strong> \u201cEstamos ante juicios simulados y corrupci\u00f3n que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para supuestamente comprobar la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, frente a jueces y actuarios que no notifican, o que incluso pueden ser ap\u00f3crifos, y funcionarios del Registro P\u00fablico de la Propiedad coludidos\u201d, dice a Animal Pol\u00edtico.<\/p>\n La zona Centro de la ciudad es cada vez m\u00e1s cara e inalcanzable para comprar o rentar debido a la llamada gentrificaci\u00f3n, proceso mediante el cual una zona de la ciudad, que ten\u00eda cierta poblaci\u00f3n con ciertas caracter\u00edsticas, cambia por una poblaci\u00f3n de mayores ingresos, provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, explica Emanuelli.<\/p>\n Sin embargo, al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial al libre mercado, sin una regulaci\u00f3n, hay una afectaci\u00f3n social: genera desplazados.<\/p>\n Los desalojos en Ciudad de M\u00e9xico no solo dejan a personas sin vivienda, tambi\u00e9n rompen el tejido comunitario, su red de apoyo social y vecinal, los excluye a zonas m\u00e1s alejadas. \u201cEs algo que nadie est\u00e1 mirando, qu\u00e9 pasa con ellos, a d\u00f3nde se van\u201d, cuestiona la representante de la Coalici\u00f3n Internacional para el H\u00e1bitat y quien asesora a varias personas que han intentado desalojar.<\/p>\n Datos obtenidos por la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Hist\u00f3rico, a trav\u00e9s de una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n, muestran que el n\u00famero de desalojos se han incrementado.<\/p>\n En 2014, la fuerza p\u00fablica particip\u00f3 en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de M\u00e9xico; durante 2015 fueron 3 mil; en 2016, el n\u00famero fue de 3 mil 200; mientras que, en 2017, se realizaron 3 mil 141 desalojos.<\/p>\n En 2018 el n\u00famero creci\u00f3 a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza p\u00fablica. Hasta febrero de este a\u00f1o, la fuerza policiaca de la ciudad hab\u00eda participado ya en 403 desalojos, seg\u00fan la Direcci\u00f3n General de Asuntos Jur\u00eddicos de la Secretar\u00eda de Seguridad Ciudadana.<\/p>\n Estos datos son de desalojos que tuvieron un permiso para hacer uso de la fuerza p\u00fablica. No hay cifras oficiales de aquellos que se realizaron sin que interviniera una autoridad.<\/p>\n En varios casos, dice Emanuelli, se han detectado faltas al debido proceso y que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley.<\/p>\n \u201cMe quieren hacer la vida imposible\u201d<\/strong> En 2004, muri\u00f3 la due\u00f1a del inmueble a quien ella pagaba renta, 14 a\u00f1os despu\u00e9s apareci\u00f3 un supuesto heredero y propietario del edificio quien no ha podido comprobar legalmente que el edificio es de \u00e9l, pero desaloj\u00f3 a los inquilinos, uno por uno.<\/p>\n Tras los desalojos, en febrero de este a\u00f1o el supuesto due\u00f1o del edificio llev\u00f3 a m\u00e1s de 20 personas a habitar los departamentos, la mayor\u00eda, dice Rufina, j\u00f3venes agresivos que controlan la entrada y salida.<\/p>\n Rufina, de 64 a\u00f1os, padece diabetes, un d\u00eda se sinti\u00f3 muy mal y le pidi\u00f3 apoyo a una de las vecinas de la cuadra, pero los nuevos habitantes le prohibieron la entrada. Ella es costurera y ha perdido clientes porque tienen miedo de ir al inmueble; le han robado sus tanques de gas y hasta han golpeado a su nieto. La mujer lleva casi medio de a\u00f1o de padecer este acoso. <\/p>\n El \u00faltimo desalojo ocurri\u00f3 en noviembre de 2018. El supuesto due\u00f1o levant\u00f3 una demanda por atraso de pago de rentas contra los inquilinos, sin embargo, us\u00f3 los nombres de personas fallecidas que antes rentaban, que ya ni siquiera viven en el edificio o nombres falsos.<\/p>\n A Rufina intentaron desalojarla bajo el argumento de que no pagaba la renta, pero la demanda no era contra ella, lleg\u00f3 a nombre de Felipe L\u00f3pez Fern\u00e1ndez, su t\u00edo, el antiguo inquilino, pero el segundo apellido estaba mal, lo correcto era Hern\u00e1ndez.<\/p>\n Cuando ella argument\u00f3 este error la acusaron de invadir el departamento. A seis familias que habitaban en el inmueble los desalojaron igual, a Rufina no la han podido sacar porque est\u00e1 amparada y actualmente en negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) quien tambi\u00e9n revisa la situaci\u00f3n legal de la propiedad.<\/p>\n \u201cMe quieren hacer la vida imposible para que me salga\u201d, dice. Ella se resiste porque defiende su derecho a la vivienda, pero todo sigue en un limbo legal.<\/p>\n As\u00ed enga\u00f1an a la gente<\/strong> Personas simulan ser abogados del Instituto de Verificaci\u00f3n Administrativa y de la Junta Local de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje y muestran documentos falsos con \u00f3rdenes de desalojo; prometen la inscripci\u00f3n a los programas de vivienda o reconstrucci\u00f3n del gobierno y se apoderan de casas, departamentos o terrenos<\/p>\n Otro modo es presentarse como nuevos due\u00f1os o apoderados legales, aseguran tener permisos para remodelar y rentar los espacios a empresas.<\/p>\n La mayor\u00eda de los afectados son adultos mayores sin familia y personas de escasos recursos con poca posibilidad de enfrentar un juicio legal.<\/p>\n En mayo, la Procuradur\u00eda capitalina inform\u00f3 que, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda, se investigan a notarias, abogados, l\u00edderes e inmobiliarias involucradas en estos delitos.<\/p>\n El derecho a la vivienda, amenazado<\/strong> El derecho a la vivienda, explica Escoffi\u00e9, no se limita al derecho a poder aplicar a cr\u00e9ditos del Infonavit, Fovissste o bancario y tener una vivienda propia. \u201cM\u00e1s que un asunto inmobiliario es un asunto de derechos humanos\u201d.<\/p>\n El derecho a la vivienda tambi\u00e9n tiene que ver con las garant\u00edas que deben tener las personas que viven en casas o departamentos que no son de su propiedad, que rentan o son prestadas. Es tener garant\u00edas de permanencia, sin ser arbitrariamente expulsado. Tiene que ver con la tranquilidad de que se pueda llevar un proyecto de vida en el lugar en el que te est\u00e1s instalando. Es el derecho a garant\u00edas jur\u00eddicas de pol\u00edticas p\u00fablicas y juicios que eviten la situaci\u00f3n de calle, detalla el litigante.<\/p>\n De acuerdo con Escoffi\u00e9, la especulaci\u00f3n inmobiliaria est\u00e1 tomando el papel del Estado en la planeaci\u00f3n urbana. Son ellos quienes deciden d\u00f3nde, c\u00f3mo y para qui\u00e9n construir o alquilar. Dictan las reglas del desarrollo de la ciudad.<\/p>\n En Espa\u00f1a, por ejemplo se han tomado medidas a favor del derecho a la vivienda como limitar la cantidad de departamentos de un edificio que puede ser utilizado por plataformas de alquiler para el turismo, fijaron topes en los precios de las rentas y los planes de desarrollo urbano determinan \u00e1reas mixtas, en donde se incluyan zonas residenciales, comerciales y de inter\u00e9s social.<\/p>\n Juicios de amparo contra cambios a art\u00edculo sobre desalojos<\/strong> En mayo surgi\u00f3 la pol\u00e9mica por el art\u00edculo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que se\u00f1alaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podr\u00edan llevarse a cabo solo en casos excepcionales; adem\u00e1s ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.<\/p>\n La antigua redacci\u00f3n del art\u00edculo establec\u00eda que las autoridades ten\u00edan que garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kil\u00f3metros tomando como centro el lugar de origen.<\/p>\n Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de M\u00e9xico reformaron la legislaci\u00f3n para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podr\u00e1n solicitar su incorporaci\u00f3n a programas de vivienda.<\/p>\n Para los colectivos vecinales, estas modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva a la Constituci\u00f3n y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.<\/p>\n Las demandas de amparo fueron interpuestas por mujeres, ind\u00edgenas, personas con discapacidad y adultos mayores que fueron v\u00edctimas de desalojo.<\/p>\n
\nMar\u00eda Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para Am\u00e9rica Latina de la Coalici\u00f3n Internacional para el H\u00e1bitat, se\u00f1ala que si bien no todos los desalojos son forzados o arbitrarios, en los \u00faltimos a\u00f1os se han detectado varias irregularidades en los desalojos en la capital del pa\u00eds, en donde la especulaci\u00f3n inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesi\u00f3n jur\u00eddica de los inquilinos es aprovechada por terceros.<\/p>\n
\nRufina Galindo sufre mobbing inmobiliario (acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar mediante agresiones e intimidaciones). Vive en un departamento ubicado en un edificio del Centro Hist\u00f3rico, en la calle Zapata 68. De las 24 familias que viv\u00edan ah\u00ed, solo queda ella y su hija quien tambi\u00e9n rentaba, el resto de sus vecinos fueron desalojados, varios con violencia.<\/p>\n
\nDe acuerdo con la Procuradur\u00eda capitalina, hay cuatro modalidades que han detectado para apoderarse de predios y viviendas: grupos irrumpen de manera violenta con armas al domicilio y amenazan a los propietarios y los obligan a firmar documentos notariales en los que ceden la propiedad.<\/p>\n
\nPara Carlos Escoffi\u00e9, abogado que colabora con distintas organizaciones de derechos humanos, la gentrificaci\u00f3n, la corrupci\u00f3n y las mafias inmobiliarias est\u00e1n amenazando el derecho a la vivienda de los habitantes de la capital.<\/p>\n
\nApenas en junio, el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n admiti\u00f3 cinco amparos por los cambios realizados al art\u00edculo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n