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Andrea Vega \/ Animal Pol\u00edtico<\/p>\n
Un juzgado federal en Puebla tendr\u00e1 que decidir si la Ley Minera es inconstitucional, luego de que una comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en Ixtacamaxtitl\u00e1n, interpuso un amparo contra dos concesiones otorgadas sobre su territorio, as\u00ed como contra diversos art\u00edculos de la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n
En la demanda de amparo, que acompa\u00f1a el Consejo Tiyat Tlali y la organizaci\u00f3n Fundar Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n, la comunidad de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio a la filial en M\u00e9xico de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa y sin consentimiento.<\/p>\n
Tecoltemi pide que se ordene la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos de concesi\u00f3n pero tambi\u00e9n que se revisen diversos art\u00edculos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la miner\u00eda sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos ind\u00edgenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n y en Tratados Internacionales.<\/p>\n
La sentencia que est\u00e1 por emitir el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es tan importante \u2014explica la abogada de Fundar Itzel Silva\u2014 que durante tres a\u00f1os la empresa hizo todo lo que pudo para no llegar a este punto del juicio.<\/p>\n
\u201cPara evitar la revisi\u00f3n de la Ley Minera y una condena al Estado incluso trataron de desistirse de las concesiones. Pero no lo lograron\u201d, explica.<\/p>\n
En 2016, la inconstitucionalidad de la Ley Minera estuvo a punto de llegar a revisi\u00f3n en la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN). Pero las empresas involucradas, Hochschild y Zalamera, en el juicio de amparo que interpusieron comunidades ind\u00edgenas de la Monta\u00f1a alta de Guerrero optaron por desistirse de sus concesiones, mientras que la Secretar\u00eda de Econom\u00eda se desisti\u00f3 del amparo en revisi\u00f3n 393\/2015.<\/p>\n
\u201cEs una estrategia que ya han usado para evitar que se revise la Ley Minera. Como ya lo sab\u00edamos, estuvimos haciendo la defensa del caso. Metimos varios amparos peleando una revisi\u00f3n a tres art\u00edculos: el 6, el 9 y el 15\u201d, se\u00f1ala la abogada.<\/p>\n
El art\u00edculo 6 de esta ley establece a la miner\u00eda como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el art\u00edculo 19, en varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a sus titulares, como conseguir la expropiaci\u00f3n de los terrenos, la ocupaci\u00f3n temporal o la constituci\u00f3n de servidumbre: mientras que el 15 impone la duraci\u00f3n de las concesiones por 50 a\u00f1os, con la opci\u00f3n de prolongarlas 50 m\u00e1s.<\/p>\n
Los demandantes alegan que todo eso es contrario a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y n\u00facleos agrarios, establecidos en la Constituci\u00f3n, como en el art\u00edculo 27 y el 2, y en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) y en est\u00e1ndares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en el tema de consulta y consentimiento y protecci\u00f3n de territorio de pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
\u201cEso es justo lo que deber\u00e1 revisarse para emitir la sentencia y determinar si tenemos raz\u00f3n respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera\u201d, indica Silva.<\/p>\n
No hay una fecha para que la sentencia se emita, pero se espera que no tarde m\u00e1s de tres meses, y aunque esto no implicar\u00eda modificar de facto la ley, \u201ces un paso para que se siente un referente para que otros pueblos fortalezcan su defensa y quiz\u00e1 si una jueza se atreve a decir que es inconstitucional, los legisladores volteen a ver esto\u201d.<\/p>\n