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Luis Miguel Cano L\u00f3pez\/Proceso<\/p>\n
CIUDAD DE M\u00c9XICO (apro).- Un gobierno capturado, trabaja para quienes lo controlan. Sus acciones no buscan el beneficio colectivo, sino incrementar el poder del sector dominante. Muchas de las veces, incluso las leyes se encuentran dispuestas para legitimar ese tipo de acciones. Nuestro gobierno actual ha dado constantes muestras que me llevan a pensar que no trabaja para el bien de la mayor\u00eda de la gente, ni para la protecci\u00f3n de sus derechos, sino para establecer privilegios para algunos grupos de inter\u00e9s.<\/p><\/blockquote>\n
Al parecer, la pol\u00edtica h\u00eddrica nacional no es la excepci\u00f3n. A esta fecha ya son tema de pol\u00e9mica los decretos de reservas de agua expedidos por el presidente de la Rep\u00fablica. En ellos se nos recuerda que hay disponibilidad del agua, por lo que procede redistribuirla para su mejor aprovechamiento en consonancia con la garant\u00eda del equilibrio ecol\u00f3gico. Su fin es suprimir vedas preexistentes para luego ordenar que el agua disponible se destine parcialmente para usos dom\u00e9stico y p\u00fablico urbano o para uso ambiental o de conservaci\u00f3n ecol\u00f3gica en las diferentes cuencas, as\u00ed como que el agua disponible no comprometida bajo estas reservas parciales, sea concesionada o asignada para quien la pida primero. Ello sin afectar a nadie al reconocer las concesiones o asignaciones previas y con t\u00edtulos vigentes.<\/p>\n
Ante la cr\u00edtica, el gobierno postula que con tales decretos no se privatiza el agua ni se otorgan beneficios indebidos a nadie, adem\u00e1s de que son producto de un largo proceso de participaci\u00f3n de los usuarios organizados en los Consejos de Cuenca respectivos. Por el contrario, indica que permitir\u00e1n preservar el medio ambiente y asegurar el agua para las futuras generaciones, y nos presume que con ellos se superan incluso recomendaciones internacionales del caudal ecol\u00f3gico del agua.<\/p>\n
Supongamos por un momento que no fueran cuestionables los datos sobre la disponibilidad del agua en las distintas cuencas hidrol\u00f3gicas, asumamos que las formas de participaci\u00f3n empleadas respetaron el derecho a la consulta informada al menos de comunidades ind\u00edgenas y equiparables, demos cr\u00e9dito a la autoridad de los organismos internacionales que acompa\u00f1aron al gobierno e imaginemos que, efectivamente, la disposici\u00f3n que se dar\u00e1 al agua en los t\u00e9rminos de los decretos est\u00e1 en armon\u00eda con la sustentabilidad de este recurso vital, vulnerable y finito. Con todo y eso, dichos decretos, desde ahora, resultan inconstitucionales.<\/p>\n
Su inconstitucionalidad tiene una explicaci\u00f3n: se apoyan y comparten una l\u00f3gica establecida en la Ley de Aguas Nacionales que no es consistente con la visi\u00f3n integral de nuestra Constituci\u00f3n. Parte de la culpa, hay que reconocerlo, recae en el Congreso de la Uni\u00f3n, que en este tema ha ca\u00eddo en otra omisi\u00f3n legislativa injustificable. Desde febrero de 2012 fue reconocido el derecho humano al agua en el art\u00edculo cuarto constitucional, y el Congreso no ha expedido la ley que deb\u00eda.<\/p>\n
El agua es muchas cosas, y ciertamente, constitucionalmente hablando, la visi\u00f3n inicial establecida en el art\u00edculo 27 constitucional es que se trata de un bien apropiable, el cual se puede concesionar a particulares \u2013o dar en asignaciones\u2013. Pero eso no es todo, ni es lo m\u00e1s importante. Lo fundamental es que tenemos un derecho humano al agua y que el gobierno, por medio de sus actos y sus leyes, tiene la obligaci\u00f3n de garantizar el acceso a los recursos h\u00eddricos y su uso, de manera \u201cequitativa\u201d y \u201csustentable\u201d. Y para entender lo que conlleva esa equidad, en el texto constitucional existen una serie de elementos que deben de acatarse.<\/p>\n
De entrada, una prioridad es el consumo personal y dom\u00e9stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El d\u00eda que todo mundo tenga eso asegurado en sus hogares, ya podremos pensar en redistribuir lo que sobre, libremente y bajo el principio de primero en tiempo. Pero no solamente es eso. Hay otras prioridades constitucionales, como las de comunidades ind\u00edgenas y equiparables \u2013art\u00edculo segundo\u2013, que tienen el derecho a acceder al uso y disfrute preferente del agua en sus territorios. O bien, la de contribuir y promover las actividades econ\u00f3micas del sector social, como ejidos, cooperativas, organizaciones de personas trabajadoras, o hasta empresas mayoritaria o exclusivas de ellas \u2013art\u00edculo 25\u2013. Sin olvidar, que se debe especial protecci\u00f3n para los n\u00facleos de poblaci\u00f3n ejidales y comunales, respecto del aprovechamiento de sus aguas \u2013art\u00edculo 27 fracci\u00f3n VII\u2013.<\/p>\n
Estas indicaciones de nuestra Constituci\u00f3n no son gratuitas, no est\u00e1n pintadas nada m\u00e1s para ser desatendidas por el gobierno. Al contrario, lo obligan a darle cierta orientaci\u00f3n a sus actos. No cualquiera, sino la que en todo tiempo favorezca a las personas y comunidades, la protecci\u00f3n m\u00e1s amplia \u2013art\u00edculo primero, p\u00e1rrafo segundo\u2013. Esas otras disposiciones constitucionales dotan de sentido al t\u00e9rmino \u201cequitativo\u201d. No ser\u00e1 entonces equitativo que el agua se le d\u00e9 a la primera persona que la solicite. Menos, si con ello se atenta contra la sustentabilidad de tal recurso.<\/p>\n
Por eso es que los decretos de reservas de agua del Ejecutivo federal resultan inconstitucionales, porque a final de cuentas, inclusive si se salvaran todas las otras dudas que generan, siguen la l\u00f3gica de primero en tiempo \u2013la cual de hecho se apoya en la fracci\u00f3n II del art\u00edculo 22 de la Ley de Aguas Nacionales\u2013. L\u00f3gica que no es acorde a la Constituci\u00f3n, pues por el contrario, de ella se puede seguir que el agua es para quienes m\u00e1s la necesitan. As\u00ed que jugando con las cartas del gobierno, ser\u00e1 interesante atestiguar los que los juzgados y tribunales de amparo tengan que opinar respecto de las demandas que se presenten con tal argumento.<\/p>\n
Preferentemente en los siguientes d\u00edas, porque lo m\u00e1s aconsejable es interponer esas demandas de amparo con inter\u00e9s leg\u00edtimo colectivo en el plazo de quince d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la publicaci\u00f3n de los decretos, que vence el 27 de junio. S\u00ed, el d\u00eda que juega la selecci\u00f3n mexicana su tercer encuentro en el mundial de f\u00fatbol. Por supuesto se podr\u00edan presentar m\u00e1s demandas cuando un acto concreto fundado en alguno de los decretos presidenciales afecte espec\u00edficamente a alguna comunidad o grupo de personas. Pero la verdad, para qu\u00e9 esperar, si desde ya se puede pedir la suspensi\u00f3n de los efectos de esos decretos y sus consecuencias. Si el gobierno act\u00faa con buen prop\u00f3sito, como p\u00fablicamente sali\u00f3 a defenderse, seguro no le molestar\u00e1 que nos apropiemos de lo que es nuestro, que el agua que es de todas las personas, beneficie primero a las personas que la necesitan m\u00e1s.<\/p>\n