Se organiza comunidad en León para resistir despojo e industrialización forzada
Jardines de Capellanía lucha por su derecho a la propiedad y a un medio ambiente sano a partir de fraudes e intentos de desalojo por parte de Agros Unidos, empresa de José Luis Díaz del Castillo Lié
POPLab, 06 de julio de 2020
Como resquicio de resistencia, la comunidad Jardines de Capellanía se organiza contra el desalojo forzoso que la empresa Agros Unidos, propiedad de José Luis Díaz del Castillo Martínez y de José Luis Díaz del Castillo Lié -ex candidato del PRI a la alcaldía de León en el año 2000-, pretende consumar por segunda ocasión en lo que va del año. A pesar de que existen juicios de amparo con suspensión definitiva en proceso, gracias a la cual se prohíbe la privación de sus tierras a los habitantes, una nueva orden de “lanzamiento” fue decretada en días pasados.
En el corazón del corredor industrial del Bajío, en medio de un clima de violencia desbordante, la cual sitúa a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos del país y a algunas de sus ciudades dentro de las más letales del mundo, una comunidad construye los cimientos de un proceso organizativo que pocas veces se observan en el estado: con una organización horizontal, con perspectiva ecológica, sin fines partidistas y en abierta resistencia al despojo.
Víctimas de la compraventa ilegal de predios, las familias de Jardines de Capellanía buscan defender las propiedades que adquirieron con el esfuerzo de muchos años. Acechados por la fuerza pública, con una nueva orden ilegal de desocupación forzada en proceso, las familias celebran asambleas, hacen trabajos comunitarios donde se involucran niñas, niños, personas mayores, jóvenes y adultos; protegen al medio ambiente local y dan inicio a un trabajo político con por lo menos sesenta familias, y sumando.
Organización y resistencia
La comunidad Jardines de Capellanía se reúne semanalmente para hacer trabajos comunitarios de limpieza, reforestación, cultivo y cuidado de huertos comunitarios, así como de mantenimiento a los espacios colectivos. Han habilitado canchas deportivas donde involucran a jóvenes en las actividades de esparcimiento. También esperan construir a futuro un dispensario médico y un centro de salud que dé servicio a su comunidad y a las comunidades vecinas. Sus desperdicios domésticos los separan, compostando los residuos orgánicos y clasificando los inorgánicos en contenedores.
“Nos dedicamos un ratito los domingos a echarle ganas, a darle forma a la colonia, a recoger basura, deshierbar las calles, hacer cajetes a los mezquites, a dar mantenimiento a lo que haga falta, a la cancha de futbol, el agua que tenemos de este lado. Hacemos varias cosas los domingos”, dijo Francisco, originario de Duarte, vecino de la colonia 10 de Mayo, que defiende su propiedad y espera mudarse con su familia muy pronto.
En punto de las 10:30 de la mañana se congregan en el área de donación a sacar escombro, sembrando y trasplantando árboles. Los principales proyectos de la comunidad son el huerto de nopales y el cuidado de los mezquites de la zona, alrededor de 200 de acuerdo con sus propios conteos. Llegando el medio día, celebran una asamblea donde repasan la estrategia social, legal y mediática para defenderse de la amenaza de desalojo que permanece latente.
Las y los habitantes de Jardines de Capellanía afirman querer construir una comunidad sostenible que utilice energías limpias para abastecerse, implementando un sistema de paneles solares y captando agua de lluvia para no dañar el entorno. En los predios particulares se observa que la gente siembra en sus terrenos dando mantenimiento a huertos familiares con calabaza, maíz y chile, así como macetas con plantas medicinales. Varias familias tienen animales de granja como chivos y gallinas. Según cuenta José Luis Márquez Chávez, habitante desde hace ocho años de la comunidad, también tienen pensado comenzar con talleres y otros proyectos educativos para la comunidad.
Dentro de sus denuncias se encuentra el ecocidio de la zona que han documentado ampliamente. En cualquier horario del día han visto cómo camiones llegan con desperdicios químicos que entierran a unos cuantos metros de la comunidad cerca de las vías del tren. En las noches han escuchado explosiones y han visto incendiados los basurales. Por momentos han pensado que son tomas clandestinas de combustible o huachicol, pero han comprobado que son los químicos que estallan repentinamente. Recién identificaron un pozo de agua a pocos metros de los enormes basurales químicos que pueden apreciarse a simple vista, por lo que temen que el agua de la zona pueda estar contaminada y esté poniendo en riesgo su salud.
“Está la propuesta de que si el gobierno nos cede aquí esto, a lo mejor nada más se va a hacer una escritura comunitaria para no poder vender a nadie. Nada más heredar, heredar, pero vender no. Y ya se propuso eso y la mayoría dicen que está bien. Porque el gobierno es más fácil que ceda así a que le digamos no es que queremos estos terrenos para cada quien. Entonces ya no es comunidad, ya va a ser una colonia. Y aquí lo que se trata es que no queremos que sea colonia para que sea una comunidad ambiental. ¿Sí me entiendes? Eliminar todos los residuos que vienen tirar aquí y que los queman. No, es un humaderón bien feo, aquí al lado. Y son los mismos que estaban en la cárcel, son los que hacen todo eso, queman químicos y todo eso. Entonces, se propuso eso. La idea es que se haga una escritura comunitaria”, explicó José Luis Márquez Chávez.
“El precio real de esto – dice Francisco – no es lo que pueda valer en billete o en moneda. El precio real es lo que se quiere hacer aquí, lo que se pretende, ser una colonia diferente a las demás. Sin drogadicción, sin cosas así, sin violencia. Una colonia organizada donde podamos disponer de un lugar para administrar nuestra basura y nuestros espacios”.
El conflicto por la posesión de terrenos
Desde los años noventa familias originarias en su mayoría de la ciudad de León compraron terrenos a un costado de las vías del tren en el llamado Tajo Santa Ana, hoy detrás de la fábrica de Rotoplas, justo a un lado de la planta de Michelin y del Parque Industrial Pilba.
En abril del presente año fue cuando sufren su primer intento de desalojo tras una orden judicial a cargo de la jueza de lo tercero penal, la Lic. Grecia Selena Acosta Muñiz del municipio de León, como resultado de un fallo a favor de la empresa Agros Unidos, S. de P.R. de R.L., propiedad de José Luis Díaz del Castillo Martínez y de José Luis Díaz del Castillo Lié, así como de otros familiares Díaz del Castillo, mediante la que se alega la propiedad de esos terrenos.
Dicho fallo a favor de Agros Unidos es producto de un proceso penal contra dos particulares que excavaban y extraían material como tepetate y tierra de forma ilegal en los terrenos. Al enviar a estas personas a prisión, la jueza concede la restitución de propiedad a Agros Unidos la cual abarca veinticuatro hectáreas, incluidos los terrenos de la comunidad.
El desalojo se intenta por medio de la fuerza pública al que acudieron abogados y la misma juez. “Un promedio de unos 15 elementos y aparte los licenciados de Agros. Ya iban todos ya dispuestos, no más que la juez al mirar niños, personas discapacitadas, personas de la tercera edad, se detuvieron. Se detuvieron”, explicó Pedro Luévano, también propietario e integrante de la asamblea de Jardínes de Capellanía.
Al enfrentarse al intento de desalojo las personas de la comunidad interpusieron amparos como terceros perjudicados contra el fallo de la juez que restituye la propiedad a Agros Unidos sin haber considerado su parte en el conflicto. Según cuentan los habitantes, se ha decretado suspensión definitiva a dos amparos que sí procedieron, lo cual significó que legalmente se suspendió la restitución de propiedad a favor de Agros Unidos, por lo que “nadie entra y nadie sale” de las tierras.
En un informe previo al juicio de amparo, la jueza Acosta Muñiz dijo “que sí pretendía desalojar, pero que se detuvo por el comportamiento hostil de los habitantes del lugar, mintiendo de que llevábamos con nosotros armas, hecho que se desmiente con la serie de videos que se presentaron al juicio de amparo por los que suscribimos”, se lee en un documento entregado a POPLab por la comunidad.
Sin embargo, la jueza no ha presentado su informe justificativo en tres ocasiones, en las que el juez de amparo le ha solicitado comparecer para justificar sus actos contra la comunidad. “Eso habla de que tal vez no tiene el sustento legal como para argumentar por qué definitivamente dio un fallo para restituir la propiedad sin tomar en cuenta a las personas que estaban ahí”, dijo Roboán Rodríguez Carrera, miembro del proyecto comunitario.
“Después de una minuciosa labor de investigación por parte de los suscritos, así como información hecha llegar por los terceros interesados en el juicio, nos percatamos que no existe una sentencia definitiva que dé conclusión al juicio, sino se presume que es un acuerdo o medida previo con el fin de restituir el predio total a Agros Unidos, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, la cual es por completo ilegal debido a que los suscritos somos propietarios y poseedores de nuestros predios, que tenemos en posesión desde inicios del año 2004 y 2005 respectivamente”.
La denuncia pública que hizo la comunidad el pasado fin de semana es porque la misma juez ha decretado otro desalojo, pese a que la suspensión definitiva de los amparos sigue vigente.
“Intereses oscuros” y terrenos sobrevendidos
En todo el proceso, la empresa Agros Unidos ha argumentado que en 2013 le compró las tierras a la Secretaría de Hacienda Crédito Público a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Según la comunidad y las investigaciones legales de su representación se demuestra que Hacienda obtuvo los terrenos mediante un embargo en 1999 realizado a una empresa llamada Manufactureras Diversas S.A. de C.V., también propiedad de José Luis Díaz del Castillo Lié. El SAE remata los terrenos en 2013, pero a su hijo José Luis Díaz del Castillo Martínez por medio de Agros Unidos.
Aunado a lo anterior, la comunidad denuncia actos de corrupción y simulación, como producto de su investigación jurídica, en los que estarían invoclucradas en 2014 también Agros Unidos, SAGARPA y otra empresa de la familia Díaz del Castillo, Merca Papel S.A. de C.V. Ambas empresas habrían simulado la obtención de 6 millones de pesos como beneficiarios de SAGARPA para la ejecución de un proyecto en la zona. La comunidad sospecha que con una parte de ese dinero se compró el remate de los terrenos de Hacienda.
Por otro lado, a las personas de la comunidad les vendieron los terrenos una asociación fraudulenta que la organización no ha identificado. Esta asociación vendió terrenos a más de un comprador, algunos predios hasta a siete personas diferentes, según comentan los habitantes de Jardines de Capellanía. “Doña Berta Cervantes” y “Doña Kika (Francisca)”, como representantes de la asociación, coadyuvaron a convencer a algunos habitantes de ceder sus derechos a Agros Unidos, derrumbar sus fincas e irse a cambio de una suma de dinero. La asociación civil se desapareció tras el primer intento de desalojo.
“José Luis Díaz del Castillo y su empresa, al ver esta realidad sabe que al tener la gente la posesión va a ser muy, muy difícil que todo esto proceda legalmente y más cuando hay una posesión de muchos, muchos años y comprobada. ¿Qué quiso hacer? Ofrecer a través del miedo y amedrentamiento que si no te ibas, de todas maneras te tumbaban tu casa y más te valdría tumbar, te damos una indemnización, me firmas un convenio de que me cedes los derechos posesorios y te doy algo”, explicaron en rueda de prensa el viernes.
Hoy la comunidad permanece alerta mediante brigadas de vigilancia ante un posible desalojo que pudiera consumarse. Organizan turnos de día, tarde y noche.
Pronunciamiento y presentación pública
Después de tres meses del primer intento de desalojo, la comunidad se presenta públicamente como organización Comunidad Jardines de Capellanía. Su primer acto público fue el pasado viernes 03 de julio al que convocaron a una rueda de prensa y en la que informaron de los hechos ocurridos.
El segundo acto fue un pronunciamiento el domingo 05 de julio durante su asamblea, que han dirigido al presidente de la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador, mediante el que expresan:
“Por medio del cual solicitamos su intervención en la situación de corrupción que encierra la problemática de intento inconstitucional de desalojo de nuestra comunidad. Nuestra comunidad busca ser un modelo de desarrollo comunitario sostenible, mediante la garantización del derecho de toda persona a una vivienda digna y decorosa, así como el derecho a un medio ambiente sano”.
En medio de las amenazas, las familias de Jardines de Capellanía pretenden seguir luchando hasta llegar a las instancias que sean necesarias para defender sus derechos. Hacen un llamado a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno para que se ponga atención a su caso, cuya organización esperan sea un ejemplo para otras comunidades, colonias y barrios de la ciudad de León.
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