Niños solicitan amparo contra construcción del hotel Riu (Quintana Roo)

Carlos Águila Arreola /Foto: Juan Manuel Valdivia /La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Bajo el argumento de que se violenta su derecho a un medio ambiente sano, el mismo que se usó en el caso de Malecón Tajamar, un grupo de seis menores solicitó un amparo contra la edificación del hotel Riviera Cancún, del emporio español Riu, informó Gerardo Solís Barreto, representante legal de los infantes.

“Hay una clara violación contra los derechos ambientales y los niños han decidido actuar e iniciaron una acción legal por el ecocidio que se comete donde se construye el centro de hospedaje: el kilómetro 22.5 del bulevar Kukulcán, en la tercera sección de la Zona Hotelera”, dijo Solís Barreto.

Se trata de seis infantes cuyas edades fluctúan entre los nueve y los 16 años; en los próximos días podrían sumarse al menos una decena más, que se buscaría sumar amparo ya interpuesto en los juzgados de distrito en la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado sobre la avenida Andrés Quintana Roo.

El representante legal de los infantes sostuvo que la edificación violenta el derecho de los infantes a tener y gozar un medio ambiente sano, e incluso llamó a la sociedad cancunense a apoyar el esfuerzo ciudadano: “Exhortamos a que se sumen a esta lucha que hemos emprendido en contra de esos depredadores ambientales”.

Agregó que el recurso fue presentado en el Juzgado Octavo de Distrito, cuyo titular es Julio César Ortiz Mendoza; los niños piden a la autoridad federal suspender de manera definitiva las obras que dieron inicio con el aval del ayuntamiento de Benito Juárez, que el pasado miércoles 8 de enero otorgó la licencia de construcción; los infantes también exigen la reparación integral de los daños.

En la solicitud, los niños también reclaman a la autoridad municipal la expedición de la licencia de construcción 76231 con folio 4306/19 expedida a Grupo Riu, que deja en claro que es un proyecto sobre duna costera y que presentará afectaciones por la demanda de servicios públicos derivado de la sobre-densificación en la zona.

El abogado recordó que ese mismo instrumento jurídico fue interpuesto en el caso de Malecón Tajamar, en el que los 113 menores se desistieron luego que el Juzgado Séptimo de Distrito les solicitara 20 millones de pesos como fianza.

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