El hospital para afectados por el derrame de mina en Sonora será para la Guardia Nacional, acusan
Guadalupe Fuentes López/SinEmbargo
A cinco años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, las víctimas alertaron que el Centro de Salud prometido para atender a las personas afectadas y el cual está en obra negra, se entregó en comodato a la Guardia Nacional por 20 años y con opción a prórroga.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– El Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora y donde se atenderían a las personas afectadas por el derrame del Río Sonora, se entregó en comodato a la Guardia Nacional por 20 años y con opción a prórroga, alertaron víctimas y la organización PODER.
El término comodato se refiere a un bien que se da o recibe prestado y que puede usarse sin destruirse con la obligación de restituirla.
“Nos parece muy mala señal que la autoridad salga con esto, que el Gobierno de la Cuarta Transformación haya omitido (decirnos) esto, sobre todo porque el señor (Alfonso) Durazo (Secretario de Seguridad) fue Diputado y nosotros estuvimos en 2015 en la Cámara de Diputados con ellos, están muy enterados del problema. El Presidente López Obrador, en 2017, estuvo en la ciudad de Ures y prometió que se iba a hacer justicia en la cuestión del río, entonces todo esto nos manda mala señal de que no existe interés del Gobierno federal para atender la problemática”, dijo Martha Patricia, una de las afectadas del derrame.
La señora Martha explicó que ninguna autoridad se acercó a ella para avisarle que la obra negra donde se construiría el hospital para las víctimas del derrame se entregaría en comodato a la Guardia Nacional. Ella se enteró porque le filtraron un documento con la información, misma que corroboró al entrar en la página oficial del municipio de Ures.
“Yo me enteré de la noticia porque le filtraron el documento en PDF y lo publiqué con la esperanza de que me desmintieran, pero en eso entro a la página del ayuntamiento de Ures y pues ahí estaba la nota también, solo que le cortaron la imagen del edificio para que no se supiera cuál era, pero pues yo ya sabía”, explicó Martha, quien tiene plomo en la sangre, toma seis medicamentos y la atienden tres médicos especialistas.
“Como afectada me siento traicionada, nosotros teníamos toda la esperanza porque el Presidente dice que las promesas se cumplen, entonces él prometió y ante los hechos esto significa una traición porque ellos están enterados de esto (prestar instalaciones)”, añadió.
Ariel Gómez, funcionario del municipio de Ures, dijo a SinEmbargo que han escuchado que la obra negra proyectada para la construcción del hospital lo habilitarán para la Guardia Nacional, pero no dio más información al respecto:
“Algo hay de eso, de que (la obra) se dio en comodato, el edificio estaba en total abandono, incluso las paredes están tiradas, no hay techo, y parece que el Gobierno federal le va a meter ahí para habilitarlo para la Guardia Nacional”.
SinEmbargo contactó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para corroborar la información, pero el área de Comunicación Social dijo desconocer el tema y proporcionó el correo electrónico de la vocería de la Guardia Nacional. Hasta el cierre de la nota no se obtuvo una respuesta.
PODER, organización que ha acompañado a las víctimas del derrame de tóxicos de una mina de Grupo México hace cinco años, cuestionó la actuación del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, la más grande del país y cuyo propietario es Germán Larrea Mota Velasco.
¿Qué clase de arreglo se dio para que este centro de salud tan necesario se entregue a la Guardia Nacional para sus instalaciones? ¡Exigimos total transparencia y una explicación para las víctimas del Río Sonora!”, escribió la organización en un hilo publicado en su cuenta de Twitter.
En la imagen compartida por PODER se observa un texto e el que se precisa que el día 4 de noviembre se firmó con la IV Zona Militar un convenio de comodato por 20 años, mediante el cual Grupo México entregó a ese organismo un complejo de tres edificios de más de 1,700 metros cuadrados de área, ubicado en Ures, Sonora.
El 6 de agosto de 2014 se registró un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.
El derrame de tóxicos afectó a 381 personas (nueve ya fallecieron) quienes serían atendidas en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures (Sonora), según un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y Operadora de Minas, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz.
Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal pasado crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, según planteó la organización PODER en una entrevista publicada en SinEmbargo.
El convenio expone que las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas “se comprometen a mantener en operación y dar mantenimiento constante a la instalación de la UVEAS hasta el día 6 de agosto de 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento”.
Sin embargo, la organización PODER denunció en su cuenta de Twitter que “las personas afectadas siguen exigiendo atención médica urgente. A 5 años del derrame, los problemas de salud siguen aumentando. Grupo México y el Gobierno se lavaron las manos”.
De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora y PODER, a la fecha siguen manifestaciones de enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer.