Y al final nos convertimos en la guardia fronteriza de Estados Unidos
Mathieu Tourliere/ PROCESO
Al margen del discurso oficial del presidente López Obrador, en los hechos México ya cumple las funciones de Tercer País Seguro para los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. Aunque esa figura implica no sólo la contención, sino también la atención a las personas que salen de Centroamérica con destino al país del norte, la presión política y económica del presidente estadunidense Donald Trump orilló al gobierno mexicano a poner énfasis en la detención y la deportación de las familias que escapan de la cruel realidad centroamericana.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.
En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.
A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.
López Obrador se negó en enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2229, ya en circulación)