El caos del manejo de agua en La Laguna (Coahuila)

Francisco Rodríguez: texto y fotos; Édgar de la Garza: Diseño; Quetzali García: Edición/ LA VANGUARDIA ESPECIALES

La distribución del agua se ha convertido en un mercado, donde no quedan claros ni los dueños ni los intereses. Al final del día, los campesinos y el medio ambiente son los únicos que pierden en estas transacciones

GOTA A GOTA SE AGOTA

Demanda de agua

185 millones de metros cúbicos de aguaes la demanda anual para la población de la Comarca, de los cuales 30 millones son para la industria.

Sin control

Únicamente 7 de cada 10 pozos son los que sí tienen medidor. Esto impide verificar la realidad de las cantidades de agua.

De todos y de nadie

No hay transparencia en la administración de los pozos, señalan especialistas. Se desconocen los dueños y el estado de la red de distribución.

Las oficinas del módulo de riego IX del Distrito de Riego 17 en La Laguna, en el poblado de Buen Abrigo, Matamoros, parece un salón de clases abandonado. Al fondo del sitio, un hombre que se dice canalero –encargado de distribuir el agua de los canales a las parcelas- se queja: “mire cómo dejaron. Saquearon todo”. En el lugar se miran hojas con cifras de distribución de agua tiradas en el suelo, hojas rayadas. En la pared, un mapa con la zona de distribución de agua y hojas que parecen el control de tomas, usuarios por tomas y cantidad de agua. “Se llevaron todo, hasta los lápices”, se vuelve a quejar el canalero que anda en muletas.

Apenas el día anterior, un grupo de usuarios del agua que se dicen parte de una segunda mesa directiva del módulo, se inconformaron en una reunión, se levantaron y comenzaron a llevarse todo. “Donde quiera hay intereses. Unos son del PRI, otros de Morena, es la polaca y se agarran del chongo”, narra el canalero, que no quiere ser identificado pero asegura que en 16 años distribuyendo el agua de las presas a los agricultores, los últimos seis han sido los peores. “Quieren el control, el poder, la posesión del módulo”, dice el hombre de unos cincuenta y tantos años.

El módulo IX es uno de 17 que forman parte del distrito 17 de la Comarca Lagunera, es decir, los puntos de entrega de agua común, de agua de las presas, agua de la que son dueños los campesinos, grandes productores, ejidos, y por la que surgen pleitos y disputas. Es tanto el interés por el control del agua, que cuentan que hasta los zetas alguna vez controlaron módulos de agua en el municipio de San Pedro.

Carlos Efrén Ramírez, investigador del departamento de riego y drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), menciona que los productores son los únicos que se golpean, no tienen transparencia y a la larga se perjudican.

Explica que los módulos eligen a su directiva, que tiene una función honorable, y ellos dividen el riego a los usuarios, pero insiste en que no hay transparencia. “Es de lo que siempre se quejan”, comenta.

Es común en cada ciclo agrícola que surjan los pleitos, las acusaciones de corrupción, los malos manejos. “Denuncian que dejan sin agua rodada a campesinos de la Luz, Guadalupe y Purísima”. “Dejan sin riego del tercer auxilio a ejido El Fénix”. “Denuncian huachicol de agua rodada”. “Acusan a presidente del módulo de El Porvenir de corrupción y malos manejos del agua rodada”. “Hay desviación de agua para los grandes estableros”. Son algunos de los titulares de notas de este año, pero que se repiten cada ciclo agrícola como si fuera manda.

Carlos Efrén Ramírez platica que en una ocasión, la Conagua le pidió que interviniera en el módulo 15, donde fue presidente y supervisó la entrega del líquido para las siembras.

Dice que propusieron varias formas de medir el agua, pues explica que los canales tienen escalas donde la Conagua y el gerente de módulo saben cuánta agua va a pasar, pero la escala no es transparente. La propuesta consistió en cambiar de escala para que se puntualizara cuántos litros por segundo pasan por el canal, y así cualquiera que pasara por el lugar supiera cuánta agua pasaba. Actualmente la escala sólo la interpreta el personal de Conagua y la directiva del módulo.

“No hay un programa, cada módulo tiene oficinas y proponemos que se deje por escrito quién sigue en el riego, a quién se está regando y quién sigue. Porque el canalero distribuye el agua, entonces le dice al productor ‘en tantas horas te voy a dar, de esta hora hasta mañana en la noche y en la noche te la quito y se la paso al otro; pero a quién, no hay un orden”, señala.

La Conagua entrega el líquido de manera volumétrica. En los puntos de entrega se tiene medido pero después del punto de entrega no hay medición, “y si no hay medición no hay control, si no hay control no hay transparencia y si no hay transparencia hay desacuerdos de todos los usuarios”, recalca Ramírez.

El investigador de la Narro explica que cada módulo define una cuota de riego, sin embargo, esa cuota se define “a sentimiento”. El gobierno federal entrega la red hidráulica al módulo para que los usuarios se hagan cargo de su mantenimiento y operación. En las asambleas se ponen de acuerdo para definir una cuota que no tiene bases, “es a sentimiento”. Este año los usuarios de agua pagaron mil 450 pesos por su derecho.

Para Ramírez, lo que debe de hacer el módulo es un recorrido por toda su red de canales para ir detectando rupturas, daños, deterioros.

“Localizarla y ver cuánto cuesta reparar. Aquí hay una fuga, aquí hay una compuerta deteriorada, cuánto cuesta repararla. De tal manera que saquen los costos de mantenimiento, correctivo y preventivo. Y esos costos deben ser prorrateados a los usuarios y de esa manera definir la cuota de riego, pero no lo hacen así”, afirma.

La falta de organización, interés y dirección, hace que el distrito esté completamente deteriorado.

El acaparamiento de agua

Francisco Jara Rosales es comisariado ejidal de Buen Abrigo, tiene 69 años y 40 como agricultor. Actualmente siembra sorgo porque dice que el maíz se “emplaga” mucho. Como muchos otros agricultores, se ha quedado sin agua para regar debido al descontrol, o como ahora, que no hay luz, las bombas no jalan y el agua sigue corriendo. “Una veces hasta que viene el riego de auxilio”, cuenta.

El comisariado dice que los problemas son de siempre. Como todos, don Francisco se lo atribuye a la política. “Ahora que son del PRI, que de Morena. Los del PRI ya van menos y ese es el problema. Quieren a la fuerza seguir ellos mismos”.

Francisco, con ese tono de quien lleva cuatro décadas en el negocio, sabe que un presidente de módulo tiene el control de agarrar más agua. Con más agua siembra más para su beneficio o comercia con el agua.

“Puras anomalías que hacen ellos, y el perjudicado es el productor. Ellos meten agua por otros lados, a las pequeñas”, platica. Recuerda el caso de un presidente de módulo que de la noche a la mañana ya tenía vacas y cuando lo quitaron del puesto, se le acabaron los animales. “Y son de los que andan en las broncas”, refiere sin decir nombres.

Para el comisariado, la corrupción viene “de arriba”. ¿De arriba dónde?, le pregunto al campesino. “De donde se mueve. Qué más puede hacer uno, echarle ganas al trabajo”, dice con aires de resignación.

Ernesto Catalán Valencia, investigador en el área de ingeniería de riego del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), asegura que el tráfico de agua antes se daba por la parte oficial, pues existía la compra de volúmenes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Cuando los módulos fueron entregados a los usuarios, el tráfico lo comenzaron a hacer los grandes usuarios.

“Hay un acaparamiento del agua, obviamente, en todas las zonas de riego. El agua no es de uso público como dice la Ley de Aguas Nacionales. Antes se decía: ‘perdemos por las malas condiciones de los canales’. Pero es muy cómodo decir eso. Una gran cantidad sabemos que es agua que se está traficando. Se crea un mercado del agua, se utiliza como un commoditie más”, afirma el especialista.

Cuando le pregunto al comisariado Francisco Jara sobre los problemas en el campo, de inmediato suelta que ya no hay créditos como antes, y que ahora muchos tienen miedo de los siniestros, “y pa’ recuperar, es la bronca”, dice. Por eso muchos campesinos rentan o venden la tierra y el derecho de agua. Actualmente una persona puede rentar un derecho de agua en 12 mil pesos, cuando a una parcela se le invierte aproximadamente unos 20 mil pesos. “Tanto riesgo, tanto trabajo, mejor lo rentan”, insiste el campesino.

En Buen Abrigo, por ejemplo, de 114 ejidatarios, quedan unos 60, el resto vendieron sus derechos. Los más afortunados, los mantienen pero los rentan.

Un canalero, cuando inicia el ciclo agrícola, lleva en teoría un registro de los productores y les pide sus derechos de agua, pagan la cuota acordada, mide las parcelas e inicia la distribución. Hay productores, me cuenta un canalero, que llegan hasta con 60 derechos de agua, algunos suyos y otros rentados.

Dentro del ámbito ejidal es común escuchar que campesinos rentaron el derecho de agua. No obstante, no se tienen datos porque no hay registros, pero grandes productores están acaparando el agua porque demandan grandes volúmenes para sus cosechas.

Desde la reforma al artículo 27 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los ejidatarios pudieron vender la tierra. Los ejidatarios poco a poco se fueron deshaciendo de ellas y empezó un nuevo acaparamiento de la tierra, un neolatifundismo; sin embargo, de nada sirve que se venda la tierra si no venden el agua. “Ya no solo es acaparamiento de tierras, también del agua”, explica Carlos Efrén Ramírez, investigador del departamento de riego y drenaje de la Narro.

Ramírez ahonda en que los ejidatarios difícilmente viven con una hectárea y media de dotación para riego. Aunado a eso, los hijos de los productores ya no se dedican a la agricultura. Por consecuencia, quien tiene el poder económico adquiere las tierras, tiene derechos de agua y va acaparando. “Hay un acaparamiento del agua en la Comarca Lagunera, está bien detectado”, asegura.

Eso le pasó a Jesús Hernández, ejidatario que algunas veces sembraba algodón y otras mejor rentaba. “No alcanzaba pa’l chivo con una parcelita, mejor rentábamos”, cuenta desde su casa. Pero hace seis años un hijo se metió en problemas judiciales y tuvo que vender su tierra y derecho de agua para ayudarlo, por 180 mil pesos vendió lo que alguna vez a su papá le entregó el presidente Lázaro Cárdenas. “Ya estamos acostumbrados a que vendimos, ya no nos lamentamos de esos, fue por una necesidad”, menciona.

Necesaria reestructuración del campo

Para Ernesto Catalán Valencia, el minifundio no es funcional, pues no puedes tener una familia que se sostenga con una hectárea y media, por ello muchos campesinos rentan o terminan vendiendo sus hectáreas.

Para el especialista del INIFAP, se debe tener una propiedad máxima y una propiedad mínima que sea sustentable. Catalán cree que se mantienen los minifundios por una tema clientelar, una cacería de votos.

“Hay que mantener a la gente arraigada al campo pero en condiciones muy estáticas en el tiempo, muy quietas, sin evolución, entretenidos. Para que puedan ser manipuladas”, reflexiona.

Igual opina que en el campo desde hace muchos años debió haber una reestructuración, un redimensionamiento de las concesiones de tierra y de aguas. “Para dedicarse a la agricultura se tiene que poder vivir de ello, pero tampoco se pueden dar los acaparamientos, tampoco es sano en temas de economía”, explica.

Además, de los dueños de 2 mil pozos de agua subterránea, quienes extraen volúmenes de agua de hasta mil millones de metros cúbicos al año, están los usuarios de los 17 módulos del Distrito de riego 17 en la región.

Hay 33 mil cuentas originales, es decir, 33 mil usuarios o dueños del agua que corre cada año por los canales, la que se extrae de las presas. Los usuarios derechosos originales salieron del Reparto Agrario.

“Imagínense el control de los movimientos de la dinámica de 33 mil cuentas que nacieron en 1936; quiénes han sido los sucesores, a quiénes se han heredado o vendido. Algunos tenían dos familias una reconocida otra no, eso ha ido cambiando de manos. El padrón de usuarios es algo que sin duda requiere de una revisión”, comenta Óscar Gutiérrez Santana, gerente de Cuencas Centrales de Conagua.

-¿No sabe cuántos y quiénes son los dueños actuales? –pregunto al gerente.

-Con certeza no en algunos casos, en algunos casos figura en el padrón de usuarios el nombre del original dueño. Esa persona a lo mejor ya murió.

Gutiérrez Santana compara que es como con la luz, pues dice que muchas veces quien hizo el contrato fue una persona y ahí siguió el hijo, por lo que es probable que no haga el cambio porque siguen pagando.

Además, el gerente de Conagua explica que también es un asunto que le compete a las leyes agrarias, pues los derechos ejidales son gobernados por esta ley. “Tendríamos que ir al origen para que eso se actualice en términos de la ley agraria y a ver quién es quien tiene el derecho”.

Por todo lo anterior, reconoce Gutiérrez Santana, se habla del desorden de los módulos, pues en ocasiones complica saber quién es el verdadero derechoso. “Puede ser una viuda y no entiende del tema igual. Puede ser que a ella sin saberlo la hayan despojado del derecho y esté en manos de alguien que lo haya vendido”, ejemplifica.

Ante esta falta de certeza, el gerente de la Conagua reconoce que existe mucho oportunísimo y organizaciones que viven y lucran con el tema. “Tú vendiste, te engañaron, vente conmigo yo hago que se revierta el proceso y me das la mitad. En eso hay mucha efervescencia en el tema de la esperanza de que alguien les regrese, aun cuando hayan vendido legalmente”, menciona.

Ernesto Catalán del INIFAP cree que no se ha hecho presión para que se actualice el padrón de usuarios, debido a que la actividad tiene una cadena de suministros, es decir, un productor de carne o leche requiere de materiales de construcción, ferreterías, veterinarios. Esa cadena, dice, es grande y fuerte lo que impide al gobierno reacomodar los derechos de agua.

“Es un descontrol y una anarquía. Hay una inacción federal. La Ley de Aguas debería prevalecer para todos”, comenta.

El desequilibrio

Ernesto Catalán investigador del INIFAP, refiere que la gente tiene derecho a sembrar un número determinado de hectáreas pero se expande, aumenta la frontera agrícola y paga para que le suelten más agua.

Para Catalán la región no debería ser 100 por ciento agrícola, pues provoca un desequilibrio que no es racional ni sustentable. Además, añade que la agricultura produce en proporción un 80-20 en término de beneficio económico, es decir, utiliza el 80% y la riqueza es de apenas 20%, cuando en la industria es a la inversa.

“Es necesario ponerle un límite ecológico a la actividad. Hay que acotar la zona lechera. Hay que acotar a su límite ecológico el agua subterránea”, sentencia el especialista del INIFAP.

Recuerda que han tenido reuniones con productores agrícolas, con miembros de cámaras donde les han explicado la tecnología para hacer más eficiente el recurso hídrico, pero resulta que cuando comprenden y aceptan la tecnología, en lugar de ahorrar, deciden ampliar la frontera.

Para el especialista en irrigación, Carlos Efrén Ramírez, el problema es un asunto de honestidad de la misma gente, un problema cultural y no necesariamente un problema técnico. Dice que las pérdidas se dan entre la misma gente cuando se exceden en las superficies de riego. “El módulo dice ‘te voy a entregar el agua para dos hectáreas’, pero luego resulta que preparan tres y se le tiró el agua y da la casualidad que se le tiró donde ya estaba preparado”, dice en tono sarcástico.

Pero agua hay: entre 800 y mil 50 millones de agua de las presas que van para el sector agrícola y otros 900 a mil millones de metros cúbicos del acuífero también se destinan a la misma actividad. Mientras que la demanda anual para la población de la Comarca es de 185 millones metros cúbicos de agua, de los cuales 30 millones son para la industria.

Pero con tanta agua, existe desabasto en decenas de colonias de la región. Para resolver dichos problemas, recientemente gobiernos locales y estatales, de Coahuila y Durango, han propuesto potabilizar y conducir el agua del sistema de presas (presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco), es decir, sacrificar una parte del agua rodada que le corresponde a los usuarios agrícolas para poder abastecer la demanda del líquido en las ciudades de la Comarca Lagunera.

El problema, dice Óscar Gutiérrez de Conagua, es que se tendría que discutir qué se va a hacer con los dueños actuales de esa agua, pues recuerda que en el pasado se han hecho propuestas parecidas e inmediatamente empiezan las descalificaciones. El problema, otra vez, es que se desconoce quiénes son los dueños del agua, pues el padrón no se actualiza.

Sin embargo, Ernesto Catalán considera que los planes de conducir el agua de la presa son como querer tapar un hoyo, pues es un remedio que no apunta a la extracción del acuífero. “Una solución integral es equilibrar el uso del agua en el acuífero. Usar lo que se recarga”, dice.

Asimismo, considera que la sustentabilidad no depende del agua de la presa, sino del acuífero. “Se puede repartir el agua de la presa, pero se entiende como para que no nos vayan a regular en forma seria, no nos vayan a cerrar los pozos”, platica.

Sobre temas de regulación, fue hasta el año 1992 que se publica la Ley de Aguas Nacionales que es cuando sale la obligación de tener medidor. Para el 92, dice Óscar Gutiérrez Santana, gerente general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya se tenían 50 años de sobreexplotación del acuífero.

En ese año se da la reforma al 27 constitucional donde se regresa al esquema anterior, donde el ejidatario es un empleado del productor grande porque termina rentándole o vendiéndole la tierra. Al acaparar tierras, aguas y bienes, Ernesto Catalán dice que no hay racionalidad en el manejo, los modelos productivos se vuelven más intensivos, “le meten más vacas para producir más leche, racional sería que se pusiera un límite ecológico”, explica.

Para Gutiérrez Santana el problema es el cómo volver a la sustentabilidad. Refiere que se debe encontrar un camino y una solución con el menor impacto posible, y si es necesario se tendrá que hacer a costa de la reducción de la productividad o riqueza.

Así como no se tiene control del agua rodada y muchos usuarios utilizan más de la autorizada, igual con la extracción del agua de pozo. En los últimos ocho años, la Conagua ha realizado mil 800 verificaciones en los pozos, 200 verificaciones menos que el total de pozos que existen. Siete de cada 10 pozos tienen medidor.

Además, dichas verificaciones han sido con el apoyo de brigadas de otros estados. La última brigada, reconoce Óscar Gutiérrez, fue hace por lo menos dos años.

Para Gutiérrez Santana, hay que dirigir las acciones que necesita La Laguna y analizar las decisiones que se deben tomar. “Si aplicar la autoridad es lo único, lo hacemos. Si no proponemos soluciones que nos lleve a esa sustentabilidad lo que quedaría sería una solución de actos de autoridad”, dice.

Gerardo Jiménez miembro del colectivo ambientalista Encuentro Ciudadano Lagunero, señala que el modelo de producción agropecuario que ha adoptado la región, demanda más agua de la disponible. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al año se cultivan alrededor de 110 mil hectáreas de forrajes, alimento del hato lechero de 400 mil vacas.

Se calcula que una hectárea de alfalfa consume cerca de 20 mil metros cúbicos de agua al año.

“La alfalfa demanda mucha agua y estamos en una zona desértica. Las 40 mil hectáreas demandan más volumen que la recarga que necesita el acuífero principal. Se tiene que modificar el patrón de alimentación de la vaca”, opina.

PROPUESTA

Anarquía y descontrol

Sostiene el investigador Ernesto Catalán. Señala que hay una inacción federal y que la Ley de Aguas debería prevalecer para todos.

Abandono

Francisco Jara Rosales es comisariado ejidal de Buen Abrigo. Se ha quedado sin agua para regar debido al descontrol,la falta de luz y bombas que no funcionan.

Pérdida

Jesús Hernández, ejidatario , “No alcanzaba pa’l chivo con una parcelita, mejor rentábamos”. Tuvo que vender su por una necesidad tierra y derecho de agua por 180 mil pesos .

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