Preocupa a gremio periodístico llamado de juez a reporteros en Mazatlán (Sinaloa)
Ante los citatorios girados por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Mazatlán para que ocho reporteros de ese puerto comparezcan a ratificar contenido de sus publicaciones, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos expresaron su preocupación.
Albaro Saldoval / Espejo
A través de una carta entregada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Iniciativa Sinaloa, la Asociación de Periodistas 7 de Junio y el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, señalan que en todo caso los periodistas citados deben ser protegidos.
Esto en referencia a los citatorios girados por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Mazatlán para que ocho reporteros de ese puerto comparezcan a ratificar contenido de sus publicaciones.
“No se trata de crear un ambiente de incumplimiento a ordenamientos judiciales ni queremos promoverlo… No obstante, la situación que prevalece en todo nuestro país y particularmente en el estado de Sinaloa en relación a agresiones a comunicadores, nos obliga a replantear que por el entorno de peligro en que los comunicadores han estado desarrollando su labor, se deben tomar medidas para ser protegidos”.
El documento indica que la propia exigencia de las partes litigantes para lograr la comparecencia de comunicadores ante instancias judiciales, aun cuando sean de carácter civil, determina una exposición al compareciente de incertidumbre y crispación.
La Asociación de Periodistas 7 de Junio señala que la decisión hace suponer que el juzgador se presta a estrategias de carácter legal de las partes interesadas, que a su vez significa una exposición a la integridad tanto física como moral y ética del comunicador.
Por último solicita al STJ que las diligencias judiciales se lleven a cabo sin perder la esencia propia de la prueba que es el conocimiento de la verdad jurídica y que no se obligue al compareciente a ir más allá de la ratificación del contenido del documento objeto de la prueba.
También le pide que se protejan los derechos que le asisten al compareciente por su carácter de comunicador y del principio rector que determina que ningún comunicador está obligado a mencionar la fuente de la nota.