Al menos 24 asesinatos de líderes comunitarios desde mayo del año pasado a éste: 13 de éstos ocurrieron en el 2019.

Se pueden contar al menos 11 asesinatos desde la entrada del nuevo gobierno.

A los asesinatos se suman el aumento de detenciones ilegales, amenazas y desapariciones.

Colectivo Grieta

En el comunicado del pasado 5 de mayo de 2019, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaron el secuestro y asesinato del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián así como “la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos”. Estos asesinatos ocurrieron a menos de tres meses del asesinato del delegado del CNI y opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes. Tan sólo cinco días después, el 10 de mayo, se asesinaría a Leonel Díaz Urbano, un líder comunitario opositor a la construcción de la hidroeléctrica río Apulco en Puebla.

Sin ser exhaustiva, ésta es una revisión de los ataques en contra de luchadores sociales, muchos de estos asesinatos perpetrados, en su vasta mayoría, contra líderes pertenecientes a pueblos originarios. El recuento va desde mayo de 2018 hasta la fecha.

La relación puntual entre la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios y los intereses de las empresas coludidas con las autoridades en el afán de imponer por medio de la violencia sus proyectos de muerte es palpable en la mayoría de estos casos. En ella podemos leer cómo la tormenta capitalista se intensifica y cómo, a pesar de los discursos, hay una escalada clara y tangible de violencia en contra la lucha social en el país.

BAJA CALIFORNIA

Ataques a pescadores en Baja California

Durante marzo de 2019, pescadores de San Felipe, en el Alto Golfo de California, anunciaron que romperían la veda a la pesca impuesta por las autoridades federales. Dicha ruptura se dió en respuesta a la actitud del director del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), funcionario peñanietista ratificado por el actual gobierno federal que no ha tomado en cuenta las necesidades de las comunidades locales ni ha consultado para establecer el llamado “programa integral de atención”.

Tres días después, los medios reportaban a tres pescadores gravemente heridos por disparo de arma de fuego luego de un enfrentamiento entre pescadores y miembros de la Marina. El primer herido fue identificado como Enrique García Sandez de 37 años de edad, quien presentó una lesión en brazo izquierdo, en pierna derecha (fémur) y en el área de la cabeza a la altura de la sien. García Sánchez fue trasladado al Hospital General de Mexicali, en donde fue reportado como grave.
El otro lesionado es un menor de 17 años de edad de nombre Ricardo Zuñiga Lagarzi y el tercer herido es Rosa María Zaragoza González de 65 años de edad.

CHIHUAHUA

Asesinatos de Otilia Martínez Cruz  y Gregorio Chaparro

De cuerdo con información de la revista Proceso, a principios de mayo de 2019, sujetos armados asesinaron a Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y a su hijo, Gregorio Chaparro Cruz, de 20, en una ranchería ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, uno de los puntos del Triángulo Dorado donde han perdido la vida activistas indígenas por el sólo hecho de defender sus tierras.

De acuerdo con un testigo presencial que ya declaró ante los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Zona Sur, tres hombres armados de un grupo conocido como ‘Los Chorohuis’, llegaron a la casa de las víctimas y les dispararon en el exterior.

Uno de los homicidas responde al nombre de Ramón Muela Loera.

Otras fuentes revelan que Otilia Martínez y Gregorio Chaparro eran familiares de Julián Carrillo Martínez, líder tarahumara defensor delos bosques asesinado el año pasado.

Asesinatos de Julián Carrillo Martínez y Francisco Chaparro

Otro de los casos de Chihuahua que la Red TDT destaca es el de Julián Carrillo Martínez, un líder rarámuri, defensor de la tierra y el territorio de la comunidad Coloradas de la Virgen, del municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. A él lo mataron el pasado 24 de octubre, luego de sufrir el asesinato de cuatro integrantes de su familia en el 2016 y 2017.

De acuerdo con el reporte, Julián había abandonada su comunidad tras el asesinato de su yerno, Francisco Chaparro, en julio de 2018.

De esa situación se alertó tanto a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua como al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, de cuyas medidas de protección era beneficiario, menciona.

Otros familiares de Julián que también fueron asesinados por su activismo y labor de denuncia son su hijo Víctor Carrillo (febrero de 2016), así como sus sobrinos Guadalupe Carrillo (julio de 2016) y Alberto Quiñones (septiembre de 2017).

A tres meses de que salió de su comunidad, Julián regresó por la muerte de su hija, debido a complicaciones de post-parto. En su última llamada, decía que había sicarios persiguiéndolo. Hallaron su cuerpo poco tiempo después.

 

ESTADO DE MÉXICO

Asesinato de Eulodia Lilia Díaz Ortiz

Eulodia fue asesinada el 25 de marzo 2019 de un balazo a la cabeza disparado por un representante oficialista. Era integrante del Consejo Indígena del Trueque (CIT), organización que luchaba por la pervivencia del Tianguis del Trueque, una tradición milenaria en Santiago Tianguistenco y  que ha sido administrado de manera autónoma por sus propios integrantes, indígenas otomís, tlahuicas y nahuas. Según informaron los medios Proceso y Eje Central el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) denunció el ataque y alertó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la vida de los integrantes del CIT, luego del asesinato de la defensora.

Asesinato de Jesús Javier Ramos Arreola

Jesús Javier fue asesinado el 30 de septiembre de 2018 de un disparo en la cabeza en su domicilio en el Estado de México. Era opositor al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y defensor del territorio de la zona del Tenayo, que estaba siendo devastado para sacar material pétreo para la construcción del Nuevo Aeropuerto.

GUERRERO

Asesinato de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián

La mañana del 5 de mayo de 2019 fueron localizados sin vida, tras haber sido reportados como desaparecidos la noche anterior, el concejal José Lucio Bartolo Faustino del CIG y el delegado Modesto Verales Sebastián del CNI, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Los dos habían participado activamente en la defensa de sus territorios y autonomías y en los procesos de conformación del CIG y la recabación de firmas para la candidatura de Marichuy. Fueron emboscados de camino de regreso a su comunidad por grupos armados que los persiguieron y ejecutaron, en la ciudad de Chilapa.

Asesinato de Julián Cortés

El 13 de abril del 2019 fue asesinado en un ataque armado cerca de la Casa de Justicia Matriz en San Luis Acatlán, Guerrero. Julián era coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de esa localidad. El atentado se denunció como un atentado contra el sistema de seguridad y justicia comunitaria de los pueblos de la Costa-Montaña.

Desapariciones de Gonzalo Molina, Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio.

El 28 de marzo de 2019 organizaciones sociales denunciaron que Gonzalo Molina Hernández, promotor, defensor e integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que no tuvieron noticia de Gonzalo Molina y su familia después de tomar un taxi por la noche, en su visita a la Ciudad de México para solicitar medidas cautelares a la CNDH. Gonzalo Molina y sus familiares aparecieron tres días después en la Ciudad de México sin que se diera mucha más información al respecto.

El caso fue similar a la desaparición el 12 de febrero de 2019 en Guerrero de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero, Hilario Cornelio Castro de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) quienes desaprecieron en su camino a Chilpancingo tras haber recibido amenazas de muerte. Obtilia había sido nombrada parte del concejo municipal de autoridades comunitarias de Ayutla. Tras cuatro días Obtilia Eugenio Manuel y su compañero, Hilario Cornelio Castro fueron liberados sin más información al respecto.

MORELOS

Asesinato de Samir Flores Soberanes

La noche de 19 de febrero de 2019, Samir fue asesinado a balazos en la entrada de su casa. Esto ocurrio tan sólo un día después de haber expuesto los motivos que tienen los pueblos para oponerse al Plan Integral Morelos y a la termoeléctrica en Huexca en un evento organizado por el delegado del mal gobierno federal, Hugo Erick Flores. Samir participó como delegado del Congreso Nacional Indígena y fue opositor al Proyecto Integral Morelos desde un inicio. También fue fundador de la radio comunitaria Amiltzinko.

OAXACA

Asesinatos de luchadores, líderes y autoridades comunitarias en Oaxaca.

Durante el 2018 se documentaron siete luchadores, líderes y autoridades comunitarias asesinados en el estado de Oaxaca: fueron asesinados cinco líderes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); un policía comunitario indígena binnizá de Álvaro Obregón y una autoridad comunitaria de San Miguel Chimalapas. Cuatro de ellos fueron ejecutados después de las elecciones presidenciales de julio pasado. Los miembros del CODEDI luchaban por la defensa del territorio, ríos y playas de sus comunidades, como Santiago Astata y el Río Copalita; en el caso de la autoridad comunitaria, ésta formaba parte de una lucha por la defensa de las selvas y teritorios de la región de los Chimalapas.

Asesinato de Guadalupe Cruz Vázquez y Héctor  Hernández Pérez

Por su parte, en lo que va del 2019, se han documentado los asesinatos de tres profesores de la Sección 22. En febrero de este año, fue asesinado en San Andrés Huaxpaltepec, Guadalupe Cruz Vázquez; mientras Héctor Hernández Pérez, fue ejecutado en Puerto Escondido; ambos eran dirigentes de la Sección XXII en la Región Costa. Estos dirigentes de la seccion XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron asesinados con pocas horas de diferencia en lugares distintos de la región Costa-Costa Chica del Estado de Oaxaca, lo que llevó a su organización a declararse en alerta.

Asesinato de Telésforo Santiago Enríquez

Recientemente, el 2 de mayo de 2019 fue emboscado y asesinado Telésforo Santiago Enríquez, profesor de educación indígena, director de la radio comunitaria de San Agustín Loxicha en la Sierra Sur. El maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) participaba en la radio comunitaria a través de un noticiario y promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Detenciones ilegales y hostigamiento contra luchadores sociales indígenas

Al mismo tiempo, se han documentado las detenciones ilegales de dos integrantes de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), 3 integrantes del CODEDI en Pochutla (21 de marzo de 2019) y de 11 campesinos en Juchitán (4 de abril de 2019), así como el hostigamiento a un dirigente del Movimento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). De nueva cuenta, el hostigamiento por parte del Estado y grupos paramilitares se ha dado contra organizaciones como MAIZ, que además de defender su territorio en Huajuapan de León, se han solidarizado con luchas similares en otras partes del país, como la lucha contra la termoeléctrica Huexca o la oposición al despojo para la construcción de una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla.

PUEBLA

En el video se puede ver a Adrián Tihuilit haciendo frente a los empleados de la empresa Gaya. Fuente: Municipios Puebla.

Asesinatos en Zacapoaxtla: Leonel Díaz Urbano, Adrián Tihuilit y Artemio Hernández Parra.

El 30 de mayo de 2018 fue localizado el cuerpo del luchador social Adrián Tihuilt, de la Sierra Norte de Puebla, después de que su famiiares comenzaron a buscarlo. Adrián Tihuilit era defensor de la Tierra y los bienes comunes en San Juan Tahictic, la comunidad que se ha opuesto a la construcción de la hidroeléctrica Gaya en las aguas del río Apulco. Desde el 2013, los indígenas de San Juan Tahitic, junto con Adrián han desarrollado una lucha de resistencia en defensa de su territorio que incluyó la expulsión de personeros de la empresa Gaya, S. A. de C.V, que sin permiso de los pobladores se metieron a sus terrenos ubicados en la ribera del Apulco.

Menos de un mes después, Artemio Hernández Parra, el juez de paz de San Juan Tahitic, en el municipio de Zacapoaxtla, fue asesinado la noche del 23 de junio de 2018, después de la quema de fuegos pirotécnicos. En la zona en la que Artemio Hernández Parra fungía como juez de paz, los pobladores también se organizaban en contra de la misma empresa, Gaya S.A. de C.V., y la construcción de la hidroeléctrica del río Apulco.

Hasta fechas muy recientes la violencia sigue perpetuándose en contra de los pobladores de San Juan Tahitic. El 09 de mayo de 2019 fue asesinado Leonel Díaz Urbano en su domicilio en la misma localidad por una persona no identificada que disparó desde afuera de su casa, apuntando desde una ventana de la vivienda. Leonel también era juez de paz en Zacapoaxtla.

Otros asesinatos y desapariciones de luchadores sociales contra proyectos de muerte en Puebla

El 14 de mayo de 2018 fue asesinado Manuel Gaspar Rodríguez miembro del MIOCUP-CNPA, quien había recibido amenazas, su cadáver fue encontrado en un motel de Cuetzalan. El defensor indígena que se oponía a la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en Puebla, fue hallado con heridas profundas de arma blanca en la zona del corazón y el hombro en un motel a las afueras de Cuetzalan.

Desparición Sergio Rivera Hernández

Dentro de este mismo ambiente de ataque a los defensores del territorio, Sergio Rivera Hernández, integrante del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa – Atlzalá, Puebla, y miembro de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), fue reportado como desaparecido desde el 18 de agosto de 2018. En un comunicado, el Concejo Indígena de Gobierno, señaló que Rivera Hernández había sido amenazado y agredido en varias ocasiones por oponerse a la hidroeléctrica de Minera Autlán. El Congreso Nacional Indígena y el MAIZ han denunciado que la construcción del nuevo sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra, al sureste de Puebla, amenaza con causar impactos ambientales y sociales, como la privatización del agua y el despojo de tierras en los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.

Más aún, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, los familiares de Sergio Rivera han sido amenazados y hostigados para que cesen en su exigencia de presentación con vida del luchador social. Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue impusando el proyecto hidroeléctrico, a pesar de la oposición de los pobladores de la región.

VERACRUZ

Asesinato de Abirám Hernández

El 29 de marzo de 2019, Abirám fue asesinado dentro de su casa con un golpe en la cabeza. Abirám había encarado a Javier Duarte y a Miguel Ánguel Yunes por el tema de las desapariciones en el estado. Abirám fue un activista e integrante del colectivo Por la Paz de Xalapa.

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Con este panorama, podemos ver que mientras arriba se habla de cambio, éste se traduce en la continuidad de un régimen cada vez más violento que sigue impulsando el despojo de los pueblos originarios. Esta continuidad en el despojo, trae de la mano la represión, asesinatos de luchadores sociales independientes, y el ejercicio de la violencia contra la protesta social, violencia que se ha recrudecido en lo que va del 2019. La tormenta capitalista global apenas comienza, pero se agrava por una tormenta local, la de los malos gobiernos empeñados en quedar bien con el gran capital.