Frenan con amparos las obras del Proyecto Integral Morelos
Mario Reyna / El Popular
Mientras que miembros del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua aseguran que la consulta impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (el mes pasado) no tiene carácter vinculante para continuar las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM), al menos uno de los tres amparos promovidos determinó la improcedencia de esas obras que afectan la seguridad de más de 20 millones de personas.
Los amparos
Desde el sexenio pasado se han promovido tres amparos. El primero de ellos falló a favor de la suspensión definitiva. Los juzgados federales determinaron que ese gasoducto era improcedente porque no se consulta a los pueblos. Ahora están a la expectativa de la audiencia que se celebrará el próximo viernes y en la que la Comisión Federal de electricidad (CFE) presentará varios estudios y dictámenes periciales para validar la continuidad de este proyecto.
El descontento de la población es que esa suspensiones es definitiva, pero parece olvidada por el Gobierno Federal, según los quejosos. Los otros dos amparos son contra el uso del agua por parte de la termoeléctrica Huexca y contra la contaminación del río Cuautla.
El proyecto
Consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca (Morelos), concesionados a la empresa española Abengoa. La obra proyecta un gasoducto de 160 kilómetros de longitud. Pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural para dichas termoeléctricas, y pasarán por las faldas del volcán Popocatépetl a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El proyecto está concesionado a dos empresas españolas (Elecnor y Anagas) y una italiana (Bonatti); pretende tener una la línea eléctrica de 20 kilómetros de longitud a la subestación Yautepec, y un acueducto que trasladará 50 millones de litros de agua diariamente a las termoeléctricas.
Descontento
Pueblos indígenas del estado de Morelos unieron sus voces para criticar las iniciativas que el Gobierno Federal ha encabezado. Han declarado a López Obrador como persona no grata mientras se sostenga en lo que llamaron “imposición”, para el funcionamiento de esta termoeléctrica que afectará el campo, la tierra y el acceso al agua.
En la asamblea que se llevó a cabo este fin de semana en la comunidad de Amilcingo (donde era originario del activista asesinado Samir Flores) en el que asistieron representantes de diversos grupos indígenas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, avalaron este acuerdo que incluye boicotear cualquier evento del mandatario.
Los activistas recordaron que desde mayo de 2014, a través del partido Movimiento Ciudadano, el entonces diputado federal Ricardo Monreal, hubo un punto de acuerdo que exhorta la suspensión del megaproyecto y consultar a los 82 pueblos afectados. En ese punto, se acusó que ese proyecto es por la política energética que continuará con la lógica de sobreproducción que “se relaciona con un modelo de desarrollo extractivista para usufructo del sector privado y se vincula con los procesos de minería e industrialización”.
El PIM es la punta del iceberg del proceso de industrialización en la zona oriente del estado de Morelos. La afectación que puede tener este proyecto en la zona morelense oriente se relaciona con la producción de bióxido de nitrógeno que emitirán esas centrales.
“Hay evidencia suficiente que demuestran los efectos del ozono en la función pulmonar y que es causante de la irritación severa en las vías respiratorias, guarda relación directa con contaminantes que producen muerte prematura, asma, bronquitis, taquicardia y otros problemas cardiopulmonares,” se lee en el documento parlamentario.
Los activistas opositores recordaron al Gobierno Federal que el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, cuando fue senador fue uno de los críticos a este proyecto, no sólo por la ausencia de la consulta, sino por considerarla una obra que atenta contra la población y es innecesaria.
Recordaron al exgobernador poblano, quien señaló que este proyecto debía informar a los organismos estatales y municipales de Protección Civil los riesgos por la construcción de esta obra, en la operación de una instalación que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
La cita del estudio incluye lo que hizo el Centro nacional para la prevención de desastres, que consideró que el proyecto era inviable dado que pasa por zonas de significativo riesgo eruptivo, en cuyo trazo se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de la población.
El resumen, el exsenador sostuvo, en 2014, que pone en riesgo 20 millones de personas. Por ello, actualmente, la postura de los opositores al proyecto y a la consulta impulsada por López Obrador parte de la voz: la vida no se consulta.
Los riesgos
Desde 2014, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del trabajo hecho por Alejandra López García y Carlos Tovar González señalaron que la manifestación de impacto ambiental de este proyecto no cita el mapa de peligros del volcán Popocatépetl ni ningún trabajo de los investigadores del Instituto de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Así, los criterios de determinación del sitio idóneo para la instalación de la termoeléctrica pasan por alto el hecho de que una de las barrancas señaladas como zona de alto riesgo por el flujo de lahares y no considera el efecto de los productos educativos sobre el proyecto.
En las conclusiones del trabajo titulado Proyecto Integral Morelos vs Planeación territorial Itza-Popo cita: “el proyecto gasoducto Morelos viola el POERE aprobado y vigente, porque establece condiciones de peligro para la población adicionales al peligro eruptivo, y sobre todo incentiva la expansión de la mancha urbana y el exponencial aumento de la presión sobre bienes ambientales como el agua y el suelo”.
“El PIM estará expuesto a fenómenos eruptivos que no están considerados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y propiciará cambios indeseados en el uso de suelo en la región que afecta; estamos ante un escenario de construcción del riesgo relacionado con la actividad eruptiva y con el aumento de la presión sobre los bienes ambientales que la Sierra Nevada brinda a los valles y cuencas circundantes.”
En febrero de 2019, este mismo centro advirtió que las medidas de corrección anunciadas por el Gobierno Federal no son suficientes, ni son las más importantes, no toman en cuenta el trazo que atraviesa por la zona de riesgo de erupción del volcán, uno de los cinco más exclusivos del mundo. Esto sin contar que atraviesa por una zona sísmica. Tras el temblor del 19 de septiembre de 2017 hay tramos que pudieran haberse fracturado, según los académicos.