Buscarán reactivar el proyecto de la hidroeléctrica “La Parota” (Guerrero)
Javier Tinoco Memije / EL Sol de Acapulco
El gerente de proyecto de la hidroeléctrica “La Parota”, Manuel de Jesús Cristales Méndez, dijo esperar que, con el cambio de gobierno de la República, se reconsidere la reanudación del proyecto, debido a que millones de litros de agua dulce del río Papagayo son desperdiciados directamente en el mar.
Entrevistado luego de una reunión de empresarios de la industria de la transformación, el también ex presidente de la Canacintra reconoció que hoy en día existen formas más económicas de generar luz eléctrica, por lo que la creación de una presa en el río Papagayo se convertirá en una forma de conservar el agua dulce y evitar que esta continúe desperdiciándose directamente en el mar.
“Se presenta un problema a nivel nacional que es el abasto de agua, por esa razón buscamos que se construya la presa, pero ya para conservar el agua y sobre todo que Acapulco desde la presa baje el agua sin necesidad de construir bombas que generan muchos gastos. Esperemos que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo vea y comprenda también que es necesario que conservemos el agua”, mencionó.
Cristales Méndez señaló que el proyecto integral contempla la generación de conciencia entre los pobladores aledaños, debido a que el mencionado afluente de agua está considerado como uno de los más limpios de todo México, y de ello dependerá la calidad de líquido que se entrega al turismo en las hospederías.
Agregó que han contemplado el conflicto social que ha causado, pero lo minimizó, asegurando que se pretende que los más de siete mil comuneros certificados emitan su voto a favor o en contra de que la presa se consolide, en un proceso limpio y sin presiones de ningún tipo.
Datos.
Cabe mencionar que el proyecto hidroeléctrico está integrado al Plan Puebla Panamá (PPP), firmado el 15 de julio de 2001 y fue rechazado por comuneros debido a que la CFE ingresó ilegalmente en sus tierras en enero del 2003, en donde comenzó a ejecutar obras sin consultar e informar a los campesinos sobre la afectación, violando sus derechos humanos.