Divide Almaden Minerals a pobladores de Ixtacamaxtitlán (Puebla)
Mario Reyna / El Popular
Almaden Minerals miente, el proyecto minero que encabeza en el municipio de Ixtacamaxtitlán sí afecta el medioambiente, ha dañado al tejido social e impactado en el acceso al agua, dijo Alejandro Marreros Lobato, miembro del Consejo Tiyat Tlali en Defensa de Nuestro Territorio, en entrevista para este medio.
A razón de la entrevista hecha por El Popular, diario imparcial de Puebla, a Daniel Santamaría Tovar, vicepresidente de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, donde negaba que hubiera afectaciones; los pobladores —a través del activista Marreros—, indicaron que la empresa canadiense “dice las cosas a su manera” y es usual que mienta y oculte información.
Puso como ejemplo al daño y afectación causado por la empresa, la alta cantidad de barrenos y la profundidad de las perforaciones que sobrepasa lo permitido en la normatividad aplicable.
Refirió que también la compañía le entrega información diferente al gobierno y a sus inversionistas, algo que queda en evidencia al revisar la página web de la empresa, pues en inglés expone algo completamente diferente a lo escrito en español. Acreditó esto a que buscan vender a los inversionistas y a las nuevas autoridades, incluso la federal entrante, la idea de que no hay afectaciones y las comunidades están a favor del proyecto, para así lograr la aprobación del mismo.
No obstante, la población ha señalado estos trabajos de barrenación como violaciones a la NOM-120-Semarnat-2011, la cual establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa en zonas agrícolas, ganaderas o eriales, así como en zonas con clima seco y templado, donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos, como es el caso del municipio de Ixtacamaxtitlán.
Los activistas han denunciado desde hace más de dos años que 291 barrenaciones fueron autorizadas a la empresa, pero se han realizado 423, según el comparativo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el cual es un estudio técnico-científico, de carácter preventivo y de planeación, que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente, así como señalar medidas preventivas que minimicen dichos efectos.
Habitantes de la comunidad de Santa María acusaron que a pesar de estar en la fase de exploración, los trabajos ya han afectado los manantiales que los surten de agua para el consumo humano y actividades agrícolas, como siembra de maíz, frijol, ajo, entre otros.
Marreros Lobato acusó que el proceso de barrenación cerca de los terrenos es el causante del cambio de flujo del agua y contaminación en la misma, lo cual ha afectado a las familias de la zona.
“Una señora quería tomar agua para las labores propias del hogar, pero se dio cuenta que (del manantial) salió contaminada; bajo la sospecha de que los desechos de la minera fueron colocados de manera inadecuada y fueron filtrados por el agua de la lluvia, ahora afectan al agua y al sustento de una familia”, describió. “¿Qué van a producir para sostener a la familia?, recalcó.
Incluso señaló que este proyecto de exploración minera en el municipio ha afectado la convivencia de la comunidad. “Hay casos de familias que están distanciadas porque algunos están a favor y otros están en contra de la minera, no sólo a nivel familiar, sino que también en la comunidad se dan estas confrontaciones; este equilibrio que había en la convivencia de la comunidad hoy está alterado y deteriorado”.
A esto se le suman los resultados del peritaje antropológico realizado por el investigador Julio Glockner, donde determinó que Tecoltemic es un pueblo indígena y su territorio será afectado por la minería. Sus conclusiones se contraponen a lo expuesto por la empresa GMI Consulting en su Evaluación de Impacto Social (EVIS) para la empresa minera, donde se sostiene que no hay población indígena.
Intentos de legitimación
El miembro del Consejo Tiyat Tlali acusó que la minera ha emprendido una estrategia para capturar y silenciar a la población, para que parezca que la mayoría de los habitantes están a favor del proyecto. Entre las acciones que realizan, señaló que está el dar apoyo a comunidades, escuelas, iglesias y fiestas comunitarias, pero condicionando la entrega a que líderes o autoridades locales promuevan el respaldo por el proyecto minero.
Añadió que para legitimarse realizan actividades con los niños, como cursos de verano o visitas a parques infantiles, dan regalos como gorras o mochilas; mientras que a los adultos mayores les reparten sillas de ruedas. Agregó que incluso programan visitas a proyectos mineros “exitosos”, como el de San José del Progreso en Oaxaca, con la intención de mostrarles que no hay afectaciones por este tipo de proyectos; sin embargo, en el caso de San José del Progreso, se ha registrado la muerte de dos defensores del territorio oaxaqueño, vinculados a la resistencia contra las mineras.
Sobre el amparo que interpusieron al proyecto, explicó que el proceso continúa y en los próximos días tendrán una audiencia constitucional, donde esperan que un juez analice la inconstitucionalidad de la ley por las violaciones de los derechos de las comunidades donde se han asentando las mineras.
Evaluación de Impacto en Derechos Humanos
Ante las afectaciones y daños ambientales, el Consejo Tiyat Tlali y diversas organizaciones realizaron una investigación, con el respaldo de académicos, la cual se nombra: Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos; por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del Río Apulco.
En el desarrollo del documento se involucraron Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés); Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec); y Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.
En las 140 páginas del documento se condensa el trabajo de 20 meses de evaluación, donde se identificaron una serie de efectos por la fragmentación del ecosistema que podrían dañar el suelo, el paisaje y la flora y la fauna, lo que constituiría una afectación al derecho humano al medioambiente sano.
Los estudios técnicos en torno al agua indican un potencial de contaminación de los mantos superficiales y subterráneos por drenaje ácido, metales pesados y el almacenamiento de lixiviados en una presa ubicada en la zona estratégica de la cuenca. Incluso, se resalta que el acuífero posiblemente ya ha sido dañado durante el proceso de exploración.
El informe detalla una serie de irregularidades encontradas durante la etapa de exploración del proyecto, como la cantidad y profundidad de perforaciones y las afectaciones a los acuíferos.
Se destaca que la empresa minera canadiense posee 197 concesiones mineras en México, entre vigentes y canceladas, en total ocupan 451 mil 127.28 hectáreas, lo que es equivale a más de la mitad de la superficie que integran los 66 municipios de la Sierra Norte de Puebla.
Por las características de la minería a cielo abierto, se apunta que se generarían 165 millones de toneladas de residuos, 8 millones de toneladas de mineral de baja y mediana ley y 35 millones de toneladas de jales.
El impacto directo, según el estudio, también violentaría el derecho a un medioambiente sano, toda vez que la tierra, la atmósfera y el paisaje tendrían una alteración del suelo, al provocarse una erosión y deforestación, polvo y gases, ruido, deterioro del paisaje, afectaciones sobre la fauna, la flora y el equilibrio ecológico, remoción de la vegetación, alteración del hábitat de desplazamiento de la fauna, pérdida de la biodiversidad impactos en la agricultura.
El derecho humano al agua se violentaría por la contaminación por cianuro, metales pesados y químicos derivado del drenaje ácido de roca; además de que la competencia por el uso del agua y la reducción en el volumen disponible provocaría un empobrecimiento del acuífero y un incremento de sedimentos.
En cuanto al derecho a la salud, el ruido generaría pérdida de la sensibilidad auditiva, trastorno del sueño, efectos cardiovasculares y fisiológicos, daños en la salud mental y cambios en el comportamiento, habría factores de estrés en niños que podrían derivar en bajo rendimiento escolar; sin contar que las emisiones gaseosas afectarían el sistema cardio-respiratorio, aumentando los casos de bronquitis en pacientes con asma y la incidencia de enfermedades de los ojos.
También se señalan los efectos de los metales pesados, que agravarían enfermedades crónicas, afectarían el sistema nervioso, digestivo y óseo, incluso generaría una mayor predisposición al cáncer. Uno de los efectos más dañinos sería el del cianuro, pues afecta directamente al cerebro y al corazón.