El desplazamiento forzado no cesa en la Sierra Tarahumara (Chihuahua)
Patricia Mayorga/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de tres años de dejar sus tierras en Urique y Guazapares, para salvar su vida, familias de las comunidades indígenas de El Manzano y Monterde fueron a ver sus propiedades, pero al regresar a la capital del estado les informaron del asesinato de un hombre y su hijo, en Monterde, como represalia por la visita.
La doble ejecución evidencia el control del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, donde el desplazamiento forzado no ha cesado desde el 2015. Y sucedió justo una semana antes de la visita a Chihuahua de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez- Damary.
Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de personas víctimas de desapariciones y desplazamiento forzado en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dio a conocer que para las personas desplazadas de aquellas dos comunidades era un anhelo ir a ver su tierra, para ver cómo se encontraban sus casas.
Recordó que las familias –con alrededor de 185 personas desplazadas (135 de El Manzano y 50 de Monterde)- abandonaron sus propiedades sin poder sacar sus pertenencias. Tuvieron que huir sólo con lo que llevaban puesto.
Primero salió un grupo de personas de la familia Sánchez, en marzo de 2015. Posteriormente los alcanzaron integrantes de la familia Girón. El año pasado debieron abandonar su tierra los Soto, de Monterde y recientemente llegaron los Girón, de esa misma comunidad. El Manzano se ubica en el municipio de Urique y Monterde en Guazapares. Ambos son colindantes y pertenecen a la Sierra Tarahumara.
Desde que salieron las primeras familias, buscaron apoyo de las organizaciones Consultoría Técnica Comunitaria y del Cedehm. Y a partir de que se creó la Comisión Especial de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) lograron una atención mínima.
El sábado 25 salieron con 12 policías estatales y cuatro integrantes de la CEAVE para visitar sus comunidades y ver sus casas.
“El plan era estar en el Manzano el sábado, ahí pernoctar y el domingo ir a Monterde con las familias Soto y Enríquez. Llegamos a El Manzano y encontramos las casas de la familia Sánchez y los Girón totalmente destruidas y saqueadas. Los vehículos que habían dejado, unos quemados y otros desmantelados; ropa tirada, papeles en el piso, los techos sin láminas. En la casa de Teodoro Girón, una vaca de su propiedad con un becerrito esperando a su dueño. Imagínense que ustedes dejan su casa y luego regresan y sólo encuentran las paredes. Esto provoca lágrimas, un llanto incontenible”, relató Gabino sobre el encuentro de las familias rarámuri con sus propiedades.
El comandante encargado de la seguridad del grupo les pidió regresar y no pernoctar en El Manzano porque no había garantía de seguridad para pasar la noche. Nadie quería irse. Esperaban quedarse esa noche y viajar a Monterde al día siguiente, pero finalmente salieron y llegaron a Creel a la una de la mañana del domingo 26.
“Los Soto y los Enríquez estaban agüitados (tristes) por no haber ido a Monterde, pero llegando a Chihuahua, el domingo por la tarde, llamaron de Monterde que habían asesinado a dos personas, padre e hijo, familiares de los Soto. A uno lo dejaron precisamente en un lugar donde habíamos hecho una parada técnica. Estoy convencido de que estos crímenes fueron por haber ido”, denunció Gómez Escárcega.
Versión oficial
De acuerdo con la Fiscalía Zona Occidente, el domingo a las 13:30 reportaron a Seguridad Pública de Témoris una persona sin vida, cerca de la comunidad Monterde.
Cuando los agentes estatales llegaron al lugar conocido como Los Lagartos, el presidente seccional de la comunidad los acompañó hasta donde se encontraba la persona asesinada. Ahí les reportaron otro cuerpo localizado en el “entronque viejo”.
Según el reporte, el primer cadáver tenía una “camisa de mangas largas a cuadros color verde, pantalón de mezclilla color verde y huaraches de suela de llanta y correas de vaqueta de tres agujeros”. Tenía lesiones provocadas por arma de fuego en la espalda y cuello. Fue identificado como Raúl Quezada Agüero, de 59 años de edad, con domicilio en Boregachi Guazapares.
Aproximadamente a una hora de camino localizaron el segundo cuerpo. Estaba envuelto en plástico negro y amarrado con pedazos de tela. Vestía pantalón de mezclilla color negro, la camisa tenía manchas de sangre y le cubría el rostro. Calzaba botas de trabajo color negro y también tenía heridas producidas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas y en la cabeza. También tenía heridas provocadas por arma blanca. El cuerpo fue localizado con exposición de masa encefálica.
Ese segundo cuerpo tenía un mensaje sobre el pecho tapado con un hule, un mensaje escrito en pedazo de hielera de unicel con marcador negro: “Por ratas y traicioneros ‘mitoteros’, sigues tú Cruz Soto, por culo”. En la piel del pecho tenía escritas otras letras ilegibles, según el parte policíaco de la Zona Occidente.
Fue identificado como Ricardo Quezada Valenzuela de 35 años, con domicilio en Boreaghi Guazapares, hijo de la primera víctima localizada ese mismo día. En ningún caso fue localizada evidencia de balística en la escena del crimen.
“Por versión de familiares, quienes dijeron que la familia tiene un rancho llamado Huerta Larga y que constantemente se van a trabajar en la labor a dicho rancho y que fue el día viernes 24 de agosto entre cinco y seis de la tarde, que las víctimas salieron juntas del rancho Huerta Larga hacia su domicilio en Boregachi, pero nunca llegaron. Que desconocen quién o quiénes pudieron ser los responsables de los hechos, ya que ninguno de los dos tenía problemas con nadie, ni tampoco sabían si alguien los hubiera amenazado”, refiere la fiscalía.
Cruz Soto, a quien hacen referencia en el mensaje, es uno de los hombres desplazados por amenazas del grupo delictivo que controla la zona y él también es parte de la caravana que llegaría hasta Monterde.
Antecedentes
El 29 de marzo de 2015, huyeron 34 integrantes de la familia del gobernador indígena Cruz Sánchez y luego de un año, salieron otras 26 personas.
La primera familia de aquella comunidad indígena, luego de que un grupo delictivo conformado por entre 50 y 60 hombres, atacaron el poblado. Solicitaron apoyo a las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica Comunitaria para salir del municipio.
Desde aquel año están desplazados en dos municipios de Chihuahua y legalmente los representa el Cedehm, ya que pusieron denuncia por violaciones graves a derechos humanos cometidos en perjuicio de personas, familias y la comunidad de El Manzano.
El grupo delictivo hirió a uno de los hijos de quien era el gobernador indígena de esa comunidad. Los delincuentes quemaron varias viviendas y se robaron alrededor de diez camionetas y vehículos de integrantes de las familias que han sido desplazadas.
Entre octubre y noviembre de ese mismo año, el grupo incendió dos camionetas y otro vehículo, se llevaron 37 cabezas de ganado de la primera familia desplazada.
El 10 de marzo de 2016 tuvo que huir la familia Girón porque el mismo grupo armado llegó a amenazar a la señora de la casa y a una hija. Les quitaron 50 mil pesos, producto de la venta de unos becerros y tuvieron que huir. También les robaron una camioneta.
La familia huyó con 26 integrantes, 8 mujeres, dos de estas embarazadas y 8 niños pequeños. Durmieron dos días en el monte sin comida ni agua, tampoco llevaban cobijas. Los delincuentes saquearon sus casas, se llevaron desde camas hasta motosierras y monturas, así como varias camionetas.
En la denuncia que presentaron, dan a conocer que en febrero de 2015 asesinaron a un joven indígena llamado Benjamín Sánchez, quien se había negado a ser reclutado por el grupo delictivo, huyó del pueblo y cuando regresó, lo asesinaron.
“El reclutamiento de grupos indígenas rarámuri tiene como fin hacerlos sicarios, para que hagan mal a otra gente y participen en las actividades criminales de esos grupos. Somos indígenas de la etnia rarámuri, toda la vida hemos vivido en ese lugar de forma pacífica, somos ejidatarios, nunca hemos tenido problemas (…) teníamos escuela bilingüe, templos religiosos para hacer fiestas tradicionales como Semana Santa, Día de San Francisco, fiestas por la cosecha del maíz y que forman parte de nuestros usos y costumbres. Ahora estamos sin sustento, sin trabajo, no tenemos acceso al templo, ni a la escuela, ni a las utilidades del ejido forestal, a apoyos de programas de gobierno que recibían algunas familias”, dice la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado en la Zona Occidente.
La primera familia que fue desplazada tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 27 de abril de 2015, según el expediente CIDH:MC-106/15.
Las familias de Monterde, comunidad que cobró relevancia cuando el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas mandó golpearlos y reprimirlos por manifestarse para defender sus tierras, tuvieron que huir desde el año pasado, por causas similares a las de El Manzano.
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