Palula, sigue el suspenso
Christian García | Plano Informativo
La resolución definitiva en el caso del confinamiento de desechos tóxicos podría demorar aún un poco más de tiempo debido a la magnitud de este conflicto, informó el representante legal del comité opositor, Guillermo Luévano Bustamante, quien informó que los demandantes esperaban que la resolución se diera en el transcurso de la semana pasada, sin embargo el proceso en contra de Citsu Palula está tomando más tiempo del que se tenía previsto.
Asimismo indicó que en esta semana puede ser que el primero de los amparos que se han interpuesto en los juzgados sea el que se dictamine a su favor, luego de que este primero de agosto el comité acudió al juzgado a avalar a sus representantes periciales, los cuales fueron aprobados por el juzgado.
Los representantes periciales son los encargados de mostrar pruebas en un periodo de 10 días, los cuales son catedráticos e investigadores del Colegio de San Luis, que presentaron pruebas en el tema Antropológico-Cultural y en el área Hidrológico-Ambiental.
“Expusimos que en el antropológico-cultural las prácticas de los pueblos se podrían ver afectadas, son prácticas culturales que tienen los habitantes desde hace muchos años; el programa de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también identificó numerosas violaciones administrativas y omisiones que se traducen en violaciones graves a los derechos humanos de las personas que habitan las zonas colindantes, tales como el derecho a la consulta, el derecho a la información, a un medio ambiente saludable, al trabajo, a la legalidad, al uso y disfrute de sus territorios, así como en la hidrológica-ambiental dado que la materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, así como la cuenca del río que pasa por dicha zona”.
Cabe recordar que el 1 de julio de 2016 el Juez Segundo de Distrito concedió la suspensión definitiva a los quejosos, es decir, que en tanto se resuelve el juicio, los permisos (municipal y federal) con que cuenta la empresa quedan sin efectos, por lo que no puede realizar ningún tipo de obras.
El juez analizó los elementos aportados y consideró viable otorgar la medida con el fin de salvaguardar, de manera preventiva, los derechos de los ejidatarios. Esta es la segunda resolución favorable para los habitantes de Santo Domingo.
Este vertedero de desechos tóxicos, con una vida útil de 30 años, tiene la capacidad de manejar hasta un millón de toneladas al año provenientes de San Luis Potosí y otros estados del centro y el Bajío como la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, entre otros; los que podrían enviar sus residuos provenientes de los sectores automotriz, aeronáutico, metalmecánico, minero y de la industria química y petroquímica, entre otros.
En él, se pretende alojar millones de toneladas de desechos altamente tóxicos con cianuro, arsénico, cromo, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Sustancias todas, altamente dañinas para la salud, el medio ambiente y las actividades agropecuarias, de las cuales viven la mayor parte de los habitantes de las comunidades afectadas.
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