Sonora, primer lugar en agresiones a defensores y defensoras ambientales
Un total de 109 casos de agresiones a defensores y defensoras ambientales registradas durante 13 meses en México, evidencia de un alarmante aumento respecto a años anteriores, megaproyectos figuran en conflictos.
En el contexto de represión y criminalización de la protesta social en México, el activismo ambiental es uno de los movimientos organizados más agredidos, un reciente informe sobre la situación de los defensores ambientales en México, realizado por el CEMDA evidencia a Sonora como el estado con más agresiones registradas de mayo 2014 a julio 2015, con un número de 16 denuncias, seguido de Oaxaca con 13 casos y el Estado de México con 12.
La inconformidad expresada por pobladores ante la cada vez mayor imposición de megaproyectos, es común que sea reprimida por grupos paramilitares o directamente por las instituciones del Estado vía la criminalización, esto último puede ejemplificarse con el caso la Tribu Yaqui en Sonora, cuyos voceros Mario Luna y Fernando Jiménez fueron procesados por cargos prefabricados abritrariamente debido a su férrea defensa del agua ante la imposición del acueducto Independencia.
Otros casos documentados en el informe son el de Xochicuautla, San Francisco Magú y Coyotepec en el Estado de México, varios del Istmo de Tehuantepec que enfrentan a las eólicas; en Puebla por proyectos mineros, fracking, obras hidráulicas e hidroeléctricas; en Chihuahua opositores a perforación ilegal de pozos y a un gasoducto.
Del total de los casos registrados en el informe 27 van son defensores del agua, 16 por oposición a hidroeléctricas, 13 por proyectos mineros, 11 por inmobiliario, 10 por despojo territorial, 8 por proyectos eólicos, 7 por infraestructura, 5 por fracking o gasoductos, 3 por proyectos turísticos, 2 por contaminación ambiental, 2 por defensa de bosques, 1 por oposición a afectaciones termoeléctricas y 4 por reclamaciones meramente ambientales.
El informe comprueba también un aumento en ataques respecto con años anteriores registrando 109 contra 82 en 2013-14 y 23 en 2012. Los alarmantes datos, que no representan la totalidad de los casos, coinciden con la creciente expansión de megaproyectos en el territorio mexicano, violentan directamente a comunidades indígenas en su hábitat y modos de vida para el beneplácito de los grandes capitales.
Además de detenciones ilegales, las intimidaciones, amenazas, agresiones físicas e incluso asesinato figuran entre las agresiones sufridas por defensores y defensoras. Es común que las detenciones se realicen durante manifestaciones y que la diversidad de ataques sea encabezada por empresas y servidores públicos, este problema radica en el afán impositivo de los megaproyectos, su vedo informativo sobre los impactos ambientales y sociales, además de su indisposición a la consulta y participación de la población afectada.