Edwin Canché, el periodista torturado por fotografiar un choque (Yucatán)

Un alcalde que golpea a un periodista con sus propias manos y se acoge al fuero para quedar impune. Cinco policías que lo torturan y la libran con una fianza de alrededor de 8 mil pesos cada uno. Una entidad donde las agresiones a la prensa vienen de los funcionarios. Esta es la historia de Edwin Canché Pech, corresponsal del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado de Yucatán.

“Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi administración. Rómpanle la madre”, ordenó Ermilo Dzul Huchim, el presidente municipal de Seyé, a cinco policías locales, entre ellos, el director de Seguridad Municipal, Juan Manuel Chuc Aldana. Y le cayeron a golpes al reportero. Le provocaron lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.

El alcalde en persona le propinó unos seis puñetazos en cuerpo y cabeza, aunque para ese momento Edwin Canché ya no era capaz de contar cuántos le dio cada quién exactamente. Así terminaba su primer día de 2014.

Esa tarde del 1 de enero, a las 16 horas, todavía ebrio del festejo de Año Nuevo, el sobrino del alcalde, Almícar Couoh, menor de edad, tomó la camioneta de su padre, Sergio Dzul Huchim, y chocó contra el muro de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech; apenas quedó a unos metros de la casa.

Amada Pech acudió a buscar a Edwin Canché para que hiciera la nota, una manera de protegerse ante un eventual desentendimiento del culpable. “El periodismo es importante para que la gente vea lo que pasó, pues son pruebas que uno las tiene a mano. Nosotros, la gente humilde, dice “los papelitos hablan”; cualquier cosa, tú sacas tu periódico y lo muestras”, explica Amada Pech en un español precario, que revela que su primera lengua es el maya.

Canché llegó a las ocho de la noche a la casa de los Madera Pech. Estaba tomando fotos a los daños en el muro y la camioneta estrellada –una Lobo FX4 azul con las placas YP-64-454– cuando llegó el alcalde Ermilo Dzul. Canché ni siquiera le prestó atención. Pero a los pocos minutos llegó una patrulla policial. Canché seguía tomando fotos, ya sentado en su motocicleta. El policía más corpulento, apodado El Soldado, se paró a un costado del reportero, junto con otro agente.

—¿Qué buscas acá? –le preguntó El Soldado.

—Pues trabajando –contestó Canché.

—¿Qué buscas acá? –reiteró el agente.

—Nada, oficial, recabando información.

—No puedes estar acá.

—Pero ¿por qué?

—Ya te dije. Te tenemos que llevar – advirtió El Soldado y le dio un puñetazo en el hombro para provocar una reacción violenta del reportero. Como Canché no respondió, el agente insistió en que se lo iban a llevar, hasta que los dos policías lo bajaron de la moto y lo metieron a la patrulla.

—¿Por qué me detienen?

—No te tenemos detenido.

—Entonces déjenme bajar.

—No, no podemos.

El diálogo se repitió sin más explicaciones hasta el palacio municipal. El alcalde le esperaba, enojado, en una oficina contigua a la comandancia de policía. Canché recuerda cómo, Dzul Huchim, con los puños apretados sobre la mesa, ordenó a su jefe de policía que lo golpearan.

Al ver que los policías y el propio presidente municipal se abalanzaban sobre él, Edwin alcanzó a decirle a su hermano por radio que le estaban pegando. Su hermano Bartolomé, también periodista, se apresuró a la presidencia, a dos cuadras de la casa familiar.

Con él llegaron al ayuntamiento una treintena de personas: familiares de Edwin, Amada Pech —la dueña de la casa siniestrada— y algunos vecinos. Al oírlos, ya después de la golpiza y los gritos de Canché, el alcalde decidió soltar al reportero. Le devolvieron sus pertenencias, pero con las fotos borradas. Llevaba más de una hora retenido.

Seyé es un municipio maya de unos 10 mil habitantes. La mayoría de la gente siempre ha vivido ahí, se conoce entre sí y la voz corre más rápido que los mototaxis que inundan la zona. Por eso, el presidente municipal tuvo que acudir con dos patrullas de la policía estatal para dispersar a las personas que se habían juntado en el cabildo por Edwin.

Delitos minusvalorados

El 2 de enero Edwin Canché Pech interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Yucatán, con sede en Mérida. Gracias a la presión de Indignación — organización colitigante del caso—, la sociedad civil y los medios locales, se logró que atrajera el caso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Juzgado Quinto de Distrito ordenó en mayo de 2014 la aprehensión, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, del director de Seguridad Municipal y los otros cuatro policías que participaron en la agresión: Juan Manuel Chuc Aldana, Felipe Antonio Tut Chale, Fernando Chuc Pech, Andrés Díaz Kantún y Adrián Vázquez Pantoja. El 30 de mayo el juez les dictó auto de formal prisión por ambos cargos. Pero al ser delitos no graves, la libraron con fianzas de entre 7 mil 400 a 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en su artículo 2° que tortura es “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

Aun cuando Edwin fue privado de la libertad y torturado, sus agresores no recibieron sentencia por esos delitos. Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse de un tema relevante para la libertad de expresión, Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció el 25 de febrero de 2015 que analizaría el caso para su posible atracción.

En caso de otorgarse el amparo y reclasificarse los delitos, los cinco policías imputados no alcanzarían fianza y deberían enfrentar prisión preventiva mientras se desarrolle el nuevo proceso. Pero sigue siendo un tema pendiente.

El alcalde

El presidente municipal Ermilo Dzul Huchim no ha sido citado a comparecer por la protección que le otorga el fuero constitucional, que impide que sea procesado penalmente. En enero de 2015, a un año de la agresión a Canché, 370 vecinos del municipio de Seyé firmaron una petición para que el Congreso de Yucatán le realice un proceso de desafuero al alcalde y pueda ser juzgado.

Dzul Huchim llevaba años ansiando la presidencia municipal. Candidato dos veces por el PRI, perdió ante sus rivales del PAN. En 2012 se cambió al PRD para volverse a postular. En las anteriores elecciones, cuando era candidato por segunda vez por el PRI, ya había agredido a Edwin Canché uno de sus allegados. José Guadalupe Colín le propinó una golpiza al reportero en la puerta de su casa; le fracturó la nariz, le desprendió la oreja derecha y le ocasionó una fisura en uno de los talones, lo que mantuvo a Canché seis meses fuera de circulación.

En aquella ocasión, Edwin presentó una denuncia penal, pero en la PGJ nunca le dieron una copia del acta correspondiente y cuando preguntó meses después sobre los avances del caso, le dijeron que no procedía y que había desaparecido el expediente.

Los atropellos del mandatario han sido señalados en la prensa local y en redes sociales. En febrero de 2014, la ambulancia que la Secretaría de Salud estatal tenía destinada al municipio de Seyé tuvo un accidente camino a Mérida y se descubrió que, además de dos personas que iban al hospital, transportaba 50 kilos de carnitas para una fiesta del alcalde.

El trabajo periodístico

Edwin Canché Pech considera que el periodismo, en los pueblos rurales de Yucatán como el suyo, representa para sus habitantes la “voz para defender sus injusticias sin que ellos tengan que trasladarse a un juzgado, que no siempre tienen los recursos” con qué hacerlo.

Desde la agresión a manos del alcalde, su trabajo se ha visto muy afectado. Si antes publicaba 30 o 40 notas al mes, ahora son sólo la mitad. Esto es doblemente preocupante para un reportero que gana por nota publicada.

Canché tenía una pequeño criadero de cerdos y un acuario para complementar sus ingresos como colaborador del Diario de Yucatán desde hace nueve años. Después la agresión, todo decayó. Pasó varias semanas en recuperación y descuidó la granja y el acuario. Los primeros seis meses andaba siempre “con cuatro ojos”, vigilante. Sigue pensando que en cualquier momento le pueden dar otro susto, que cualquier día, montado en su motocicleta —su único medio de transporte— un coche lo arrolle intencionalmente.

Su caso llegó hasta la Secretaría de Gobernación (Segob), vía el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que le otorgó medidas cautelares insuficientes 10 meses después de cometida la agresión y por orden de la FEADLE. Los primeros dos meses la Policía Federal lo visitaba a diario. Ahora nada más hacen rondines periódicos. Nunca le dieron el botón de pánico que le prometieron. Lo único que tiene es el teléfono del comandante. “Si vienen por mí, ¿qué medidas cautelares van a funcionar? Un golpe cae más rápido que una llamada”, se queja Canché.

A fin de hostigarlo, las patrullas de la Policía Municipal rondan su casa con demasiada frecuencia. Para Edwin, “la única justicia sería ver un juicio al presidente municipal”, por eso exige que el Congreso le quite el fuero. Mientras tanto, ya no puede andar tranquilo ni ser el mismo reportero de siempre.

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