El gobierno federal respalda a Padrés para quitarle el agua a los yaquis, acusa vocero
SinEmbargo
Por Shaila Rosagel
La Tribu Yaqui ya ganó en lo legal todos los argumentos que se refieren a la ilegalidad del Acueducto Independencia, aseguró su vocero Tomás Rojo Valencia.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– El vocero de la Tribu Yaqui Tomás Rojo Valencia afirmó ayer en la Ciudad de México que, legalmente, el Acueducto Independencia está derrotado pero subsiste gracias al Gobierno federal.
Los yaquis iniciaron una lucha por la defensa del agua del Río Yaqui, ante la construcción de la obra considerada como la más importante del gobierno del panista Guillermo Padrés Elías; el Acueducto Independencia.
A lo largo de la lucha, decenas de organizaciones civiles se unieron para dar seguimiento al caso del Acueducto que se construyó ilegalmente al no contar sus promotores con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
“La lucha legal la hemos ganado, el Acueducto está derrotado legalmente, el Gobernador Guillermo Padrés está derrotado, pero hay un empecinamiento del gobierno federal de no hacer cumplir la ley”, dijo.
El vocero calificó a la administración federal como “abogados de Padrés”, debido a que, a pesar de las pruebas que existen, como la falta de una resolución de impacto ambiental ni una consulta previa, la obra sigue operando.
“No sé si sea habilidad del Gobernador o los intereses económicos detrás del Acueducto, pero la administración federal se convirtió de facto en el abogado de Guillermo Padrés”, expuso.
Tomás Rojo informó que abogados defensores de la tribu y él como vocero, tuvieron una reunión con Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero sin un compromiso convincente.
La Semarnat, indicó, pretende darle a la consulta ciudadana –que está en trámite por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, un carácter administrativo para validar una Manifestación de Impacto Ambiental y permitir la operación de Acueducto.
“Existen elementos técnicos, jurídicos para que se pare al Acueducto. Por la reunión que hemos tenido, apreciamos de que quieren terminar la consulta para que sea sólo un elemento administrativo”, planteó.
Tomás Rojo sugirió incluso que el derrame de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto del año pasado, fue provocado para justificar el despojo del agua a los yaquis.
“Siendo mal pensados, nosotros creemos que el derrame del río fue provocado para justificar el robo del agua a los yaquis. Contaminaron la cuenca del Río Sonora para dejar como única opción la cuenca del Río Yaqui”, comentó.
El vocero agregó que detrás de la construcción del Acueducto Independencia están intereses económicos de inmobiliarias, así como de la armadora Ford Motor Company y cerveceras instaladas en Hermosillo.
Intereses que según Rojo, podrían estar moviendo los hilos del gobierno federal para permitir que una obra ilegal continue su curso.
VIOLACIÓN SIN PRECEDENTE
El 26 de noviembre de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha las pruebas del Acueducto Independencia. Foto: Cuartoscuro
Tomás Rojo recordó las violaciones a los derechos humanos que la tribu y sus voceros han sufrido desde que inició el conflicto.
Guillermo Padrés, dijo, ha utilizado impunemente al sistema de justicia de Sonora para reprimir a la población yaqui y encarcelar a dos de sus voceros.
Mario Luna Romero y Fernando Gutiérrez fueron encarcelados en septiembre del año pasado por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.
Sin embargo un juez federal dejó sin efecto hace una semana la orden de aprehensión del Ministerio Público en el caso de Luna Romero, por falta de pruebas.
“Después de que se ordena deben pasar 13 días para que haga efecto. Ya en unos días sabremos qué va pasar y si sale libre Mario, lo mismo pasaría con Fernando”, explicó.
La Misión Civil de Observación del Proceso de Consulta de la Tribu Yaqui, compuesta por unas 200 organizaciones, documentó el año pasado una serie de violaciones a los derechos humanos, así como una campaña de odio y racial orquestada por el gobierno de Padrés Elías.
Alejandra Leyva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, detalló que Padrés utilizó el sistema de justicia penal sonorense para criminalizar a la tribu.
“Ellos están provocando que la gente de Hermosillo crea que no tienen agua por culpa de los yaquis. Hemos documentado que no existe déficit para el consumo en Hermosillo y que son los intereses de las constructoras y de otras empresas los que están detrás. Están usando este discurso para que la gente esté en contra de la tribu y que se genere odio hacia ellos”, indicó.
En Hermosillo existen tandeos para el suministro de agua por largos periodos de tiempo que datan desde 2004 y que han ocasionado movilizaciones de la población para exigir su derecho al agua. El tema del líquido en la ciudad, es de los más sensibles.
El año pasado las autoridades municipales anunciaron que Hermosillo entraba en una “emergencia” por el agua, debido a que había una orden para detener la operación del Acueducto Independencia.
David Ernesto Contreras Camou, director General de Agua de Hermosillo (Aguah), ofreció una conferencia de prensa el 12 de julio del año pasado – luego de que el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, en un plazo de tres días después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibiera la notificación – para alertar a la población de la decisión del cierre de una obra que le cuesta al erario 3 mil 860 millones de pesos.
“Me informan que la Comisión Nacional del Agua ha comunicado que a más tardar, el próximo martes [15 de julio] se le cortará a la ciudad de Hermosillo el agua proveniente de la presa El Novillo, afectando así a más de 850 mil habitantes. Esta situación es de gran trascendencia, ya que nos pone en el riesgo de caer en una delicada situación de emergencia, desafortunadamente en contra de los ciudadanos hermosillenses quienes volverán a resentir los efectos de la falta de agua en sus hogares”, dijo el directivo.
El funcionario público además le informó a la población de Hermosillo que habría tandeos: algunas colonias tendrían tres horas de agua, otras una hora y los habitantes de asentamientos irregulares, ni un gota.
“Seré más específico: sin el aporte del agua de El Novillo, de nueva cuenta se volverá a recurrir al tandeo, pero más riguroso en esta ocasión de tres horas al día, en las mismas 560 colonias, algunas de ellas, especialmente las de partes altas como El Coloso, Mariachi, 5 de Mayo, El Ranchito, Cañada de los Negros, entre otros, con abastecimiento de apenas una hora. Es terrible, pero en los más de 27 asentamientos irregulares de la ciudad, las llamadas invasiones, no podrán contar con agua a ninguna hora del día, pues el agua no alcanzará para abastecer ni siquiera en pipas”, dijo el director de Aguah.
Después de esas palabras Contreras Camou declaró a la ciudad como “zona de emergencia” y dijo textualmente: “todos salimos perdiendo, si nos quitan el agua que no le faltaba a nadie, solamente a nosotros”.
Pero dos días después la orden quedó sin efecto y el Acueducto continuó con sus operaciones normales.
Mónica Oherler, encargada de Estrategias Jurídicas de Aministía Internacional (AI) México, dijo que existe una seria preocupación de la organización por la violación de derechos humanos en contra de la Tribu Yaqui.
“Amnistía ha acompañado a la Misión Civil y ha constatado constantes violaciones de derechos humanos que ha sufrido la tribu. Violaciones de diversas autoridades como la Semarnat, Conagua [Comisión Nacional del Agua] y de la Suprema Corte de Justicia”, detalló.
Oherler agregó que a la organización le preocupa la violación de los derechos humanos de los activistas indígenas Mario Luna y Fernando Gutiérrez.
“Dos voceros de la tribu están recluidos. Hemos podido acceder a los expedientes y es claro que la detención obedece a algo político. Esto nos preocupa. Hemos recolectado firmas en Sonora, 11 mil firmas, que exigen un proceso justo para ellos”, indicó.
En el conflicto por el agua en Sonora no sólo los yaquis son perseguidos y encarcelados, como el caso de los dos voceros de la tribu. La represión también afecta a los agricultores, ganaderos y a la población en general del sur de la entidad, acusó Humberto Borbón Valencia, director del Instituto de Riego Obregón.
Borbón Valencia indicó que desde 2010 se suspendió el Registro Público de la Propiedad para los usuarios de riego.
“Desde ese año no pueden registrar nada los productores del sur de Sonora, porque no te tenemos ese servicio”, aseguró.
El directivo afirmó que en materia de seguridad, los municipios sureños también están abandonados.
“La policía estatal tiene suspendidas todas las acciones en la región, no atienden casos de inseguridad”, afirmó.
El director del Instituto de Riego de Obregón explicó que aún se desconoce el efecto a largo plazo que traerá consigo el Acueducto Independencia en la cuenca del río Yaqui.
“Hace 10 años las presas estaban secas en 2004. En Sonora tenemos graves problemas de sequías y el hecho de estar extrayendo esa agua, no sabemos cómo va afectar”, dijo