Mario Luna, disidente preso por el Gobierno de Padrés, sale libre; lo ordena un juez
SinEmbargo
Por Redacción
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– Erick Bustamante Espinoza, Juez Décimo de Distrito en el estado de Sonora, otorgó un amparo a Mario Luna Romero, líder de la Tribu Yaqui, encarcelado por el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías por lo que saldrá libere en los próximos días, una vez que las autoridades sean notificadas.
De manera extraoficial se informó que los testigos que habrían declarado en contra de Luna y en los que se sustentaba parte de la acusación en contra del defensor de la Tribu Yaqui desistieron.
También se espera la llegada de un grupo de Amnistía Internacional al Cereso 2 de Hermosillo para revisar las condiciones carcelarias de Mario Luna.
En la víspera, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México dijo a través de un comunicado que tras examinar el el expediente judicial “teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua”.
La organización exigió a las autoridades garantizar el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.
El gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de otros voceros de la tribu desde 2013 para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia.
Luna salió huyendo a la Ciudad de México, donde se refugió un tiempo y aseguró que respondería a las acusaciones del gobierno del panista Guillermo Padrés, cuando el acueducto se cerrara.
El defensor decidió regresar a Sonora para acompañar a su tribu en la lucha por el cierre del Acueducto y fue aprehendido el 11 de septiembre del año pasado.
En una de las últimas apariciones públicas en el Distrito Federal, Mario Luna dijo que respondería por las acusaciones del Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, cuando el acueducto se cerrara.
“No hay pruebas de lo que me acusan, porque ni siquiera estábamos ahí yo y los demás líderes que también son acusados, pero para demostrarlo tenemos que presentarnos. No lo voy hacer, porque si violaron todos nuestros derechos para lograr construir el acueducto, no creo que respeten mis derechos humanos y no me quiero convertir en un ‘liberen a Mario’ y se pierda la esencia de nuestra lucha que es por la defensa de nuestros recursos”, dijo.
Luna aseguró que la orden girada en su contra formaba parte de una campaña de odio que emprendió Guillermo Padrés en contra de la tribu y de sus voceros.
“Es una campaña que los operadores políticos del gobierno del PAN [Partido Acción Nacional] lleva a cabo con la gente. Han dicho que los que nos oponemos al Acueducto somos mentes criminales y perversas. Los yaquis ya no podemos transitar seguros por el estado, la gente en los medios de comunicación escribe cosas racistas, que nos van a matar”, dijo.
De acuerdo con Luna la persecución del gobierno de Guillermo Padrés era tal, que retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.
El gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de otros voceros de la tribu hace más de un año. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
El proyecto del Acueducto Independencia pretende trasvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Yaqui a la del Río Sonora. En 2011 el proyecto fue autorizado sin consultar a la Tribu Yaqui, lo que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto a la obligación de consultar a los pueblos indígenas en proyectos que les afecten, así como los artículos constitucionales 2, 4, 14, 16 y 27, que amparan los derechos al territorio, al agua, a un ambiente sano y a la propiedad.
Desde 2011, la Tribu Yaqui interpuso un amparo contra la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, hecha por la Semarnat. En 2012, se les otorgó el amparo, pero la Semarnat apeló la sentencia.
El caso llegó a la SCJN, que el 8 de mayo de 2013 confirmó el amparo y ordenó declarar insubsistente la MIA y que se consultara a la Tribu Yaqui, de conformidad con los estándares internacionales.
Tales estándares dictan que la consulta debe ser previa, informada, de buena fe y libre. Para la Misión Civil de Observación, ninguno de estos preceptos se ha respetado en el caso de la consulta a la Tribu Yaqui, además de que se han violado otros de sus derechos humanos.
De acuerdo con Areli Sandoval, integrante de la organización Equipo Pueblo, al mantenerse en operación el Acueducto pese a que no ha concluido el proceso de consulta, se afectan los derechos de los Yaquis al agua, al goce de sus recursos naturales y a la libre determinación. Además, al depender del agua para el riego de sus cultivos, también se vulnera su derecho a la alimentación, al trabajo y a la salud (que puede verse mermada como resultado de una mala alimentación).