OPG; misión: privatizar el agua de Coahuila / 426
SIN CENSURA
Torreón, Coahuila.- El Artículo 27 de la Constitución Política Mexicana establece que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación…”, y agrega que “…el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.
Asimismo, señala que “la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones: I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”.
Lo anterior viene a cuenta debido al proceso de privatización de los sistemas municipales de aguas que se ha venido dando en los últimos años. Saltillo y Ramos Arizpe son dos claros ejemplos de lo que podría suceder en todo Coahuila con la desaparición de los sistemas operadores locales para otorgar a la empresa Aguas de Barcelona la administración del agua en los diferentes municipios, con las consecuentes aristas que lo anterior podría representar.
En la capital del estado la empresa ibérica Agbar es responsable de la administración del servicio de agua desde hace varios años, concretamente desde el trienio de Óscar Pimentel González, hoy secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial.
Según la versión oficial, la privatización del servicio tuvo consecuencias positivas, entre ellas la eficiencia y el rescate de la quiebra del sistema municipal. Sin embargo, no son pocas las voces que en la capital del estado se opusieron en su momento a la privatización, y lo hacen aun hoy.
Una de esas organizaciones es la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo, cuyo representante legal es Rodolfo Garza Gutiérrez. Esta agrupación sostiene que la privatización de los sistemas de agua es se está promoviendo a nivel nacional por la Comisión Nacional del Agua, y que durante el próximo sexenio el próximo sexenio de promoverá desde las más altas esferas del poder.
Por principio de cuentas, la AUAS afirma que es mentira que la empresa operadora de Saltillo se encontrara al borde de la quiebra cuando fue entregada a la administradora española. De hecho, dicen contar con información contundente que demuestra que el ex alcalde Manuel López, anterior a Pimente González, dejó al desaparecido sistema saltillense con finanzas sanas al concluir su periodo.
Asimismo, la organización civil señala que problemas de fondo, como la pérdida de agua en fugas por el mal estado de las tuberías, no se han resuelto tras la llegada de Aguas de Barcelona.
Garza Gutiérrez refuta la afirmación de que el 100 por ciento de la tubería dañada en la capital del estado haya sido cambiada por la empresa española, y afirma tener evidencia de que apenas el 4 por ciento del total de las líneas habrían sido sustituidas.
El representante AUAS afirma que desde la legada de la trasnacional as tarifas de agua se han incrementado siete veces por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001, contraviniendo lo establecido en el Contrato de Asociación.
Además, manifiesta que los aumentos autorizados por el Cabildo en enero de 2012, para las tarifas de agua y drenaje, de 22 a 44 por ciento, se otorgaron bajo el compromiso de Agsal de otorgar supuestos beneficios a los usuarios: Elevar del 20 por ciento al 50 por ciento el descuento a pensionados y jubilados (6 mil 256 hogares beneficiados al año); descuento de 50 por ciento en costo de reconexiones: de 405 pesos en 2011 a 202; cambio de tomas domiciliarias gratuitas (por finalización de vida útil); reducción en costo contratos populares a (de $7 mil 389 a mil pesos); y descuentos del 15 por ciento en contratos domésticos.
En realidad estos beneficios sólo subsanan las violaciones a artículos de la Ley de Aguas del Estado de Coahuila que la empresa ha estado cometiendo durante varios años, agrega.
La lucha se esta asociación abarca ya 11 años, tiempo durante el cual han acudido a instancias nacionales e internacionales, incluido el Tribunal Permanente de los Pueblos. Por supuesto, las victorias que han obtenido han sido más morales que legales, pues la empresa barcelonesa sigue ampliando su zona de influencia después de hacerse también con el control del sistema del municipio de Ramos Arizpe.
En La Laguna, la empresa Agbar llegará en los próximos meses, según el secretario Óscar Pimentel González. El funcionario estatal dijo que la española cuenta con tecnología de punta para eliminar el arsénico del agua, por lo que ya se analiza su aplicación en nuestro municipio. Para algunos, las declaraciones del titular de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial representan la puerta de entrada a la privatización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón. Al parecer, la operación privatizar el agua ha comenzado su etapa más fuerte. Al tiempo.
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