Anayeli Garc\u00eda Mart\u00ednez<\/p>\n
Con dedicatoria al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el gobierno del Estado de M\u00e9xico aprob\u00f3 una ley que faculta a la Polic\u00eda Estatal para reprimir las protestas sociales que en el futuro traten de impedir, por ejemplo, la construcci\u00f3n del nuevo aeropuerto en el municipio de Texcoco, tal y como sucedi\u00f3 hace 10 a\u00f1os.<\/p>\n
Como un castigo por adelantado, ahora la polic\u00eda mexiquense podr\u00e1 legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas el\u00e9ctricas contra las personas que atenten contra el orden y la seguridad aunque, a decir de activistas, estos mecanismos se utilizar\u00e1n contras los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el cual se pretende est\u00e9 concluido en 2020.<\/p>\n
Aunque M\u00e9xico est\u00e1 en la mira de organismos internacionales por la tortura sexual ejercida por cuerpos de seguridad en el Edomex en 2006, la iniciativa, bautizada como \u201cLey Atenco\u201d pero renombrada por las comunidades mexiquenses como \u201cLey Eruviel\u201d \u2013porque fue el gobernador quien la propuso y la aval\u00f3\u2013, fue aprobada por el Congreso local el pasado 17 de marzo y publicado al d\u00eda siguiente en el Peri\u00f3dico Oficial del Estado de M\u00e9xico. <\/p>\n
Ignacio del Valle y Trinidad Ram\u00edrez \u2013Do\u00f1a Trini\u2013, l\u00edderes del FPDT que en 2001 y luego en 2006 impidieron la expropiaci\u00f3n de sus tierras para la construcci\u00f3n de un aeropuerto, aseguraron que esta ley lleva impl\u00edcita una dedicatoria de Enrique Pe\u00f1a Nieto (gobernador mexiquense de 2005 a 2011) hacia los pobladores de Atenco, que desde hace 16 a\u00f1os se defienden ante los abusos del poder.<\/p>\n
Desde 2001 el FPDT lider\u00f3 la resistencia cuando en octubre de 200l el entonces presidente Vicente Fox anunci\u00f3 la construcci\u00f3n de un aeropuerto, y public\u00f3 un decreto expropiatorio de la tierra ejidal en San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuac\u00e1n.<\/p>\n
Tras el anuncio y la pretensi\u00f3n del gobierno federal de pagar 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra a los ejidatarios, comenzaron las manifestaciones campesinas. <\/p>\n
El proyecto del aeropuerto resurgi\u00f3 en la gesti\u00f3n de Pe\u00f1a Nieto y seg\u00fan la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes, para 2015 ya se hab\u00edan concluido los an\u00e1lisis ambientales, hidrol\u00f3gicos y de espacio a\u00e9reo, por lo que este a\u00f1o ya se trabaja en el campamento de obras, pero se planea que para 2020 opere el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
Del Valle, el l\u00edder detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de secuestro, secuestro equiparado y ataques a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n, por participar en las protestas de Atenco, dijo en entrevista que con esta ley se pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse, y que incluso es un paso para allanar el camino hacia la construcci\u00f3n del aeropuerto. <\/p>\n
AJUSTE DE CUENTAS<\/p>\n
Las cuentas entre Pe\u00f1a y los l\u00edderes del FPDT est\u00e1n pendientes y por eso Del Valle consider\u00f3 que no es de sorprender que se expida una ley para reprimirlos, pues las autoridades estatales y federales han utilizado muchos medios para enga\u00f1ar a la poblaci\u00f3n sobre el proyecto aeroportuario, acallar su exigencia de justicia, y con ello quebrar el movimiento de resistencia.<\/p>\n
El l\u00edder record\u00f3 que los comuneros que en 2001 se organizaron para defender su territorio con protestas y acciones legales echaron para atr\u00e1s el proyecto, y en agosto de 2002 Fox abrog\u00f3 el decreto expropiatorio.<\/p>\n
Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s del triunfo del FPDT, agrupaci\u00f3n que cobr\u00f3 renombre a nivel nacional e internacional, hubo un intento por acabar con esta organizaci\u00f3n que mostr\u00f3 ser exitosa pues, a decir de activistas, el gobierno estatal provoc\u00f3 a los ejidatarios porque impidi\u00f3 que los floricultores de Texcoco se plantaran afuera del mercado Belisario Dom\u00ednguez para vender sus productos. <\/p>\n
El 2 de mayo de 2006 los ejidatarios de Atenco acordaron con las autoridades municipales y estatales que se permitir\u00eda la venta de los floricultores; sin embargo el 3 de mayo la polic\u00eda los desaloj\u00f3 por la fuerza, hecho que provoc\u00f3 la indignaci\u00f3n y bloqueos carreteros por parte de comuneros, y desemboc\u00f3 en los operativos policiacos del d\u00eda siguiente, que culminaron en una represi\u00f3n que hoy ser\u00eda avalada por la ley.<\/p>\n
Do\u00f1a Trini sostuvo que la ley reci\u00e9n aprobada legaliza la represi\u00f3n ordenada por el ex gobernador Pe\u00f1a Nieto y por los pol\u00edticos mexiquenses del llamado Grupo Atlacomulco; adem\u00e1s alert\u00f3 que con esta acci\u00f3n las mujeres y los hombres que participen, o que siquiera se acerquen a cualquier movilizaci\u00f3n, estar\u00e1n en m\u00e1s riesgo de ser v\u00edctimas de agresiones policiacas como en 2006. <\/p>\n
En aquella ocasi\u00f3n en Atenco y Texcoco, los tres niveles de gobierno coordinaron los operativos y el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, orden\u00f3 la intervenci\u00f3n de tres mil polic\u00edas municipales, estatales y federales para reestablecer el orden ante las manifestaciones. Seg\u00fan grupos de Derechos Humanos, hubo una proporci\u00f3n de 10 polic\u00edas por cada ciudadano. <\/p>\n
Los testimonios sobre abusos policiacos, amenazas de asesinato y desaparici\u00f3n, golpes, detenciones arbitraras, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres, llegaron hasta el Parlamento Europeo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Comit\u00e9 de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingl\u00e9s), entre otras instancias internacionales. <\/p>\n
Hubo m\u00e1s de 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, y 27 de \u00e9stas fueron agredidas sexualmente. Once de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que analiza el caso para determinar si las v\u00edctimas y el Estado mexicano llegan a una soluci\u00f3n amistosa, o si pasa ante la Corte Interamericana para que emita una condena.<\/p>\n
Al respecto, Martha P\u00e9rez Pineda, tambi\u00e9n integrante del FPDT, dijo que la \u201cLey Eruviel\u201d es un intento para borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la CIDH, pero tambi\u00e9n es una norma que legalizar\u00e1 las futuras represiones policiacas contra las personas que se organicen y levanten la voz por la defensa de la tierra, el agua y la vida. <\/p>\n
Aunque la ley diga que el uso de la fuerza se har\u00e1 en el marco del respeto la dignidad humana, la activista advirti\u00f3 que podr\u00eda servir tambi\u00e9n para justificar la tortura sexual pues, sin esta ley, en 2006 se dijo que el \u201cabuso sexual\u201d no era un delito grave y ahora habr\u00e1 m\u00e1s elementos para desacreditar las posibles denuncias de las v\u00edctimas. <\/p>\n
VIOLACIONES NO SE OLVIDAN<\/p>\n
Las 11 sobrevivientes de Atenco acudieron a organismos internacionales para evidenciar al Estado mexicano por permitir la represi\u00f3n y no garantizarles justicia, al violentar su derecho a la integridad, libertad, garant\u00edas judiciales y protecci\u00f3n a la honra y dignidad.<\/p>\n
En los operativos de hace una d\u00e9cada los polic\u00edas utilizaron toletes, bombas de gas lacrim\u00f3geno y petardos, ahora con la \u201cLey Eruviel\u201d a la polic\u00eda se le dotar\u00e1 de armas de fuego, cartuchos, esposas, candados de pulgares, cinturones pl\u00e1sticos e instrumentos incapacitantes y de control, como aerosoles irritantes y dispositivos para descargas el\u00e9ctricas, un equipamiento que se podr\u00e1 usar incluso para intervenir \u201casambleas ilegales\u201d. <\/p>\n
Es por ello que las comunidades alertaron que si esa vez las diversas violaciones a Derechos Humanos (DH) quedaron en la impunidad, ahora ser\u00e1 peor.<\/p>\n
Por las denuncias de violaci\u00f3n sexual en Atenco, en un primer momento se detuvo a 21 polic\u00edas acusados de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero despu\u00e9s fueron liberados y ya en 2012 la Procuradur\u00eda General de Justicia del DF anunci\u00f3 la detenci\u00f3n de tres polic\u00edas, sin embargo ninguno fue consignado por tortura o violaci\u00f3n sexual.<\/p>\n
En 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez, que acompa\u00f1a a las 11 v\u00edctimas, inform\u00f3 que, de los casi tres mil polic\u00edas municipales, estatales y federales que participaron, hab\u00eda 28 acusados de tortura por omisi\u00f3n, es decir, de no evitar las agresiones contra las mujeres, 12 de ellos est\u00e1n encarcelados y 16 ten\u00edan \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n pendientes de cumplimentar.<\/p>\n
Este actuar de las autoridades se podr\u00eda reforzar con la \u201cLey Eruviel\u201d, ya que seg\u00fan su art\u00edculo 47, quienes ejerzan labores de seguridad privada tambi\u00e9n deben acatar esta ley; adem\u00e1s el art\u00edculo 51 se\u00f1ala que no se sancionar\u00e1 a quienes no ejerzan la ley, pero en el art\u00edculo 53 dice que a los funcionarios que no hagan uso de la fuerza p\u00fablica se les iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n interna por responsabilidades administrativas, civiles o penales.<\/p>\n
M\u00c1S REPRESI\u00d3N<\/p>\n
Por su parte, Berenice S\u00e1nchez, ind\u00edgena de San Francisco Mag\u00fa, en el municipio mexiquense de Nicol\u00e1s Romero, y defensora del agua, relat\u00f3 que ya desde 2015 los polic\u00edas estatales intervinieron reuniones donde la poblaci\u00f3n eleg\u00eda a sus autoridades comunales.<\/p>\n
Por eso advirti\u00f3 que si se permite esta ley, no pasar\u00e1 mucho tiempo para que otros estados aprueben normas similares para reprimir la protesta social, pero estas legislaciones contrarias a los DH no son nuevas en M\u00e9xico.<\/p>\n
A decir del investigador de Fundar, Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n, Miguel Moguel, ya hay otras legislaciones similares como la Ley de Ordenamiento C\u00edvico de Quintana Roo; la Ley de Movilidad de la Ciudad de M\u00e9xico; el C\u00f3digo que Establece el Uso Leg\u00edtimo de la Fuerza en Chiapas; y la Ley que Regula el Uso Leg\u00edtimo de la Fuerza en Puebla, conocida como \u201cLey Bala\u201d.<\/p>\n
De acuerdo con el informe \u201cControl del Espacio P\u00fablico 3.0\u201d, realizado por el Frente para la Libertad de Expresi\u00f3n y la Protesta Social, en San Luis Potos\u00ed, Jalisco, Veracruz y Oaxaca hay proyectos de ley para regular las manifestaciones, y con ello dar facultades a los cuerpos de seguridad para cometer atropellos.<\/p>\n
Moguel se\u00f1al\u00f3 que en este momento es necesaria la intervenci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o del organismo defensor en el Edomex, para que escuchen la postura de los grupos civiles y hagan uso de su facultad de interponer una acci\u00f3n de inconstitucionalidad ante la SCJN.<\/p>\n
Para hacer frente a esta ley, Jos\u00e9 Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, no descarta ir ante los juzgados de Nezahualc\u00f3yotl, Naucalpan y Toluca para interponer amparos por una ley que atenta contra el derecho a la libertad, la manifestaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n. <\/p>\n
Hasta ahora, seg\u00fan el defensor, hay cuatro formas de detener la ley: la primera es que Eruviel \u00c1vila la vete; la otra es que no publique su reglamento y por tanto no se aplique; la tercera es que la CNDH interponga una acci\u00f3n de inconstitucionalidad, o que la ciudadan\u00eda acuda a los juzgados a interponer amparos, a fin de que se analice si la ley viola DH y por tanto que no se aplique.<\/p>\n