abril 14, 2015
\nM\u00e9xico D.F. <\/p>\n
En las \u00faltimas semanas, pueblos de origen nahuat de los estados de Puebla y Colima, interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado Mexicano, dado que la Secretar\u00eda de Econom\u00eda expidi\u00f3 t\u00edtulos de concesi\u00f3n minera que afectan sus territorios ancestrales.<\/p>\n
El 17 de marzo, el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahuat de la comunidad de Zacualpan en Colima, hizo lo propio ingresando su demanda el 24 de marzo, el cual fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima. Este ciclo de amparos lo cerr\u00f3 la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitl\u00e1n, Puebla, qui\u00e9n present\u00f3 su demanda el 7 de abril y admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.<\/p>\n
Los tres juicios de amparo fueron admitidos por el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, otorgando la suspensi\u00f3n de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. Esto es un hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los tr\u00e1mites de los juicios de amparo, las compa\u00f1\u00edas que detentan las concesiones mineras no podr\u00e1n realizar actividades tendientes a la explotaci\u00f3n. Estas acciones se suman a las que han sido emprendidas con anterioridad por los pueblos wirrarika y el pueblo me\u00b4phaa, quienes tambi\u00e9n han interpuesto demandas para defender su territorio de la actividad minera.<\/p>\n
La relevancia de estas acciones jur\u00eddicas, reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simb\u00f3lica que se fomenta desde la legislaci\u00f3n y la pol\u00edtica p\u00fablica en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos de concesi\u00f3n, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compa\u00f1\u00edas mineras. Lo anterior constituye una discriminaci\u00f3n, violando con ello la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminaci\u00f3n y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente.<\/p>\n
La miner\u00eda es la industria que hist\u00f3ricamente m\u00e1s ha impactado de manera significativa los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la existencia de un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de violaci\u00f3n de los derechos humanos. Uno de sus efectos ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de Am\u00e9rica Latina. En los \u00faltimos a\u00f1os, los avances tecnol\u00f3gicos han servido para desarrollar modelos de extracci\u00f3n mucho m\u00e1s agresivos, como la miner\u00eda a cielo abierto, que elevan los efectos destructivos a niveles dif\u00edciles de imaginar.<\/p>\n
Por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados por la Miner\u00eda (REMA) ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, present\u00e1ndolo como un grave caso de lo que la miner\u00eda puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compa\u00f1\u00eda minera Goldcorp, la cual ocupa m\u00e1s del 85% del territorio del ejido y lo poco que todav\u00eda no ha sido destruido, est\u00e1 contaminado.<\/p>\n
La REMA ha denunciado que los efectos a la salud de la poblaci\u00f3n son terribles y han convertido a las enfermedades originadas por la miner\u00eda en algo com\u00fan. Seg\u00fan han se\u00f1alado, muestreos realizados revelan que hasta un 70% de la poblaci\u00f3n presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera est\u00e1 enferma. Por otro lado, han alertado respecto de que la actividad minera ha sido tambi\u00e9n un atrayente del crimen organizado. De acuerdo con la REMA, a ocho a\u00f1os del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su poblaci\u00f3n vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas una semana pr\u00e1cticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsi\u00f3n del crimen organizado.<\/p>\n
Experiencias como \u00e9stas han motivado a otros pueblos a emprender la lucha por mantener sus territorios libres de la actividad minera, continuando con la trayectoria de lucha que en los \u00faltimos cinco siglos les ha permitido mantener viva su identidad.<\/p>\n
Hist\u00f3ricamente, en M\u00e9xico se ha hecho caso omiso al hecho de que la diversidad biol\u00f3gica y cultural conviven intr\u00ednsecamente dentro de un mismo espacio geogr\u00e1fico y han dado lugar a un enorme patrimonio bicocultural (PatBio). Adem\u00e1s, el Estado mexicano por definici\u00f3n es un Estado pluricultural de derecho, lo cual significa que la unidad del Estado radica en la diversidad de los pueblos que lo conforman. Por tanto, las autoridades est\u00e1n obligadas a garantizar el control cultural de los pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han utilizado.<\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que tras las modificaciones legales derivadas de la reforma energ\u00e9tica se ha agravado la condici\u00f3n de indefensi\u00f3n y vulnerabilidad de los pueblos ind\u00edgenas y comunidades equiparables, pues muchos de sus territorios han sido identificados para desarrollar proyectos extractivos y otras actividades consideradas estrat\u00e9gicas para el Estado, lo cual constituye un alto potencial de conflicto social en diversas regiones del pa\u00eds.<\/p>\n
Los pueblos refrendan su determinaci\u00f3n por defender su identidad, derechos y territorio, apostando por la organizaci\u00f3n social y el ejercicio de los recursos legales. A partir de actas de asambleas ind\u00edgenas, ciudadanas, municipales, agrarias y de estatutos comunitarios, algunos pueblos han ejercido la libre determinaci\u00f3n y autonom\u00eda, rechazando la realizaci\u00f3n de proyectos mineros dentro de sus territorios. Es indispensable que tanto la legislaci\u00f3n como la actividad minera se modifique a fin de que se anteponga en todo momento el respeto de los derechos humanos consagrado en la Constituci\u00f3n<\/p>\n
ATENTAMENTE<\/p>\n
M\u00e9xico D.F. a 24 de marzo de 2015<\/p>\n
CONSEJO TIYAT TLALI, CONSEJO IND\u00cdGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN, RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINER\u00cdA (REMA), CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL (CEMDA), FUNDAR<\/p>\n