Por SubVersiones Guadalajara
\nLa resistencia de los nahuas del sur jalisciense ha sido palpable desde hace ya varias d\u00e9cadas, as\u00ed mismo las agresiones y violaciones a los derechos humanos en su contra han sido recurrentes, por lo que se ha condenado nuevamente a un defensor de la tierra y a las comunidades nahuas de Ayotitl\u00e1n.<\/p>\n
El ejido Ayotitl\u00e1n es el m\u00e1s grande de Jalisco, con m\u00e1s de 31 mil hect\u00e1reas de superficie total, lo conforman aproximadamente 70 comunidades y rancher\u00edas, ubicadas en el municipio de Cuautitl\u00e1n de Barrag\u00e1n. Las comunidades nahuas que habitan este territorio han compartido costumbres y el uso comunal de la tierra desde sus or\u00edgenes. Los primeros habitantes datan de la \u00e9poca precolombina y, de manera paulatina, fueron poblando lo que actualmente conocemos como la parte sur del estado de Jalisco y Colima.<\/p>\n
Desde 1987 se declar\u00f3 a estas tierras como Reserva de la Biosfera Sierra de Manantl\u00e1n (RBSM), con 139 mil 577 hect\u00e1reas ricas en agua, biodiversidad, minerales y maderas preciosas. No obstante, la RBSM ha sido explotada y saqueada desde 1940 por los aserraderos y comerciantes de maderas preciosas, y desde 1969 por el consorcio minero paraestatal Benito Ju\u00e1rez Pe\u00f1a Colorada, S.A. de C.V., actualmente copropiedad de Ternium (\u00edtalo-argentina, 50%) y ArcelorMittal (hind\u00fa, 50%) que cuenta con una mina a cielo abierto y una planta peletizadora en dos m\u00f3dulos. Una vez transformada la materia prima, el pellet de ambas compa\u00f1\u00edas mineras se env\u00eda a trav\u00e9s de dos ferroductos de 46 kil\u00f3metros al puerto de Manzanillo y de ah\u00ed a las plantas de Monterrey y Puebla para convertirlo en acero. La empresa minera Ternium es l\u00edder en la producci\u00f3n de acero en Latinoam\u00e9rica, con una capacidad de producci\u00f3n anual de aproximadamente 11 millones de toneladas de productos de acero terminados (www.ternium.com).<\/p>\n
Los pueblos de Ayotitl\u00e1n enfrentan desde entonces, los problemas de la Miner\u00eda a cielo abierto (sus pasivos ambientales, explotaci\u00f3n y deterioro de la flora y fauna silvestre), la tala clandestina y las invasiones sucesivas de tierras. La historia de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los ind\u00edgenas en la regi\u00f3n ha estado llena de irregularidades, las cuales han sido poco documentadas y evidenciadas.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, se han agravado las situaciones de conflicto, los detenidos y desaparecidos son recordados por las familias, que sin encontrar justicia en los tribunales han optado por la organizaci\u00f3n comunitaria. Tal es el caso de Celedonio Monroy (sobrino de Miguel Monroy) quien se encuentra desaparecido desde octubre del 2012, o bien el de Gaudencio Mancilla, representante del Consejo de Mayores, detenido de manera sospechosa en agosto del 2013.<\/p>\n
Este fin de a\u00f1o no pint\u00f3 diferente, el pasado 18 de diciembre fueron detenidos Miguel Monroy y Marciana de los Santos, ambos ind\u00edgenas nahuas que han trabajado desde hace varios meses en la recuperaci\u00f3n de los predios ubicados en la comunidad de La Huaca. El motivo, por el cual fueron privados de su libertad, fue por \u00abdespojo agravado\u00bb, ya que Marcelino Bracamontes present\u00f3 una denuncia penal por supuestas lesiones y despojo de sus tierras.<\/p>\n
El d\u00eda 20 de diciembre de 2015, tras haber sucedido las detenciones y traslado de los ind\u00edgenas nahuas al penal de Cihuatl\u00e1n, se llev\u00f3 cabo la asamblea del Consejo de Mayores, en la comunidad de Ayotitl\u00e1n, para esclarecer los hechos e informar sobre las irregularidades, agresiones y violaciones a los derechos humanos infringidas por las autoridades municipales en contra de los miembros de su comunidad.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n citada por el abogado del caso y los asistentes a dicha asamblea, las irregularidades del proceso se presentaron d\u00edas antes de las detenciones al haber sido enviados una serie de citatorios ap\u00f3crifos a varios miembros de la comunidad, supuestamente para rendir declaraciones por los conflictos en la localidad de La Huaca, que desde 2010 es uno de los \u00abfocos rojos\u00bb pendientes por resolver en las zonas ind\u00edgenas del sur de Jalisco. Los citatorios ap\u00f3crifos presentaban sellos no correspondientes a la localidad de adscripci\u00f3n, indicaciones borrosas y tachones que no permit\u00edan ubicar el problema por el cual se solicitaba acudir a la judicatura de Cuautitl\u00e1n a presentar su declaraci\u00f3n.<\/p>\n
El d\u00eda de las detenciones arbitrarias de Miguel Monroy y Marciana de los Santos, no se presentaron \u00f3rdenes de aprensi\u00f3n, ni de cateo a sus domicilios; la esposa de Miguel Monroy, narra que llegaron alrededor de 3 a 4 polic\u00edas y junto con ellos el se\u00f1or Bracamontes, quien buscaba a Don Miguel para que fuera a rendir declaraci\u00f3n a Cuautitl\u00e1n.<\/p>\n
Desde 2011, varias hect\u00e1reas de la comunidad de La Huaca han estado \u00aben disputa\u00bb porque Marcelino Bracamontes reclama tener posesi\u00f3n de estas tierras, sin embargo, los ejidatarios que conforman la asamblea afirman que las 14 hect\u00e1reas reclamadas son de USO COM\u00daN por lo que no existen t\u00edtulos de propiedad otorgados a particulares, de modo que no hay cabida para hacer una acusaci\u00f3n de despojo. Aunado a ello, la denuncia presenta la peculiaridad de ser \u00abdespojo agravado\u00bb, lo que implica que hubo agresi\u00f3n y lesiones, aseveraci\u00f3n del demandante que se corresponde con un hecho muy alejado de la realidad, seg\u00fan las versiones de las mujeres que se encontraban en los predios de La Huaca el d\u00eda de la supuesta agresi\u00f3n. Ellas mencionan que Bracamontes amenaz\u00f3 e injuri\u00f3 a las presentes por estar en sus tierras, a lo que respondieron haciendo caso omiso.<\/p>\n
El problema de las invasiones a ejidos y el surgimiento de los denominados \u00abfocos rojos\u00bb ha existido desde hace d\u00e9cadas y se enmarca como una estrategia del gobierno para mantener en disputa tierras que pueden significar un negocio en el corto o mediano plazo. Una de las medidas utilizadas para \u00abresolver\u00bb los conflictos agrarios por invasiones, como en este caso, ha sido la incorporaci\u00f3n de los ejidos a los programas de certificaci\u00f3n de tierras (PROCEDE, PROCECOM), a lo que se han resistido los ejidatarios de Ayotitl\u00e1n y otras localidades del municipio.<\/p>\n
Sobre esta base, la instituci\u00f3n correspondiente que es la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU (antes SRA), no ha otorgado los leg\u00edtimos derechos de propiedad a los ind\u00edgenas nahuas, por el contrario parecieran estar coludidos con Bracamontes, ya que, a pesar de no contar con t\u00edtulo de propiedad, ni alg\u00fan otro documento que lo acredite como propietario de las tierras, se le ha dado oportunidad para interceder y provocar a los ind\u00edgenas bajo este pretexto. El abogado del caso coment\u00f3 en la asamblea que no existe raz\u00f3n para dar seguimiento a denuncias como la que present\u00f3 el se\u00f1or Bracamontes, ya que el conflicto no es de \u00edndole penal sino que se de llevar en tribunales agrarios.<\/p>\n
En la asamblea, el abogado entreg\u00f3 amparos a los ind\u00edgenas que les fueron girados ante los citatorios. Don Miguel Monroy y Marciana de los Santos, fueron puestos a disposici\u00f3n del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Vig\u00e9simo Noveno Partido Judicial con sede en Cihuatl\u00e1n. Por su parte, el fiscal general, Eduardo Almaguer, suspendi\u00f3 la acci\u00f3n penal en contra de los 20 ind\u00edgenas citados, hasta hacer las aclaraciones jur\u00eddicas pertinentes y revisar la legalidad de esas \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n
Parad\u00f3jicamente, los talamontes, miembros del crimen organizado y caciques de la regi\u00f3n siguen en libertad, no ha habido respuesta por parte del gobernador, quien prometi\u00f3 enviar protecci\u00f3n y salvaguardar a los ind\u00edgenas nahuas. As\u00ed es como las autoridades municipales y estatales han solapado este tipo de arbitrariedades, recurrentes en los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n
Los ejidatarios nahuas han mantenido una firme postura en contra de los invasores que pretenden adue\u00f1arse de manera privativa de sus tierras, explotarlas y saquearlas. Por ello, desde hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas sus habitantes participan en el Congreso Nacional Ind\u00edgena (CNI), iniciativa impulsada por el EZLN en el a\u00f1o de 1996 para decidir sobre la autonom\u00eda y respeto de los usos y costumbres en las comunidades ind\u00edgenas: una asamblea cuando est\u00e1n juntos, una red cuando est\u00e1n separados, se dicen los numerosos pueblos ind\u00edgenas de distintas geograf\u00edas, lenguas y tradiciones.<\/p>\n
Este es uno m\u00e1s de los casos donde se acusa l\u00edderes comunitarios para encarcelarlos, detener procesos de organizaci\u00f3n y defensa territorial. Adem\u00e1s de abrir paso a grupos narcotraficantes como el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, quienes asedian sus tierras y persisten en \u00ablimpiar\u00bb la regi\u00f3n para consolidar actividades clandestinas.<\/p>\n
Desafortunadamente, las acciones llevadas han sido avasalladas por la \u00abjusticia mexicana\u00bb y se conden\u00f3 nuevamente a un luchador ind\u00edgena por defender sus tierras en contra de la devastaci\u00f3n y el saqueo. Marciana de los Santos qued\u00f3 libre a unos d\u00edas de la detenci\u00f3n, mientras que el caso de Miguel Monroy es m\u00e1s complicado ya que est\u00e1 siendo procesado en la c\u00e1rcel de Cihuatl\u00e1n, esperando la audiencia incidental el d\u00eda 15 de enero, para determinar su situaci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n
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