Mayela S\u00e1nchez<\/p>\n
Ciudad de M\u00e9xico, 30 de junio (SinEmbargo).\u2013 Hace exactamente un a\u00f1o, la publicaci\u00f3n de un bolet\u00edn informativo de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes fue la hebra que, al deshilvanarse, condujo a la historia de una ejecuci\u00f3n extrajudicial sumaria en el municipio de Tlatlaya, Estado de M\u00e9xico. A pesar de la distancia impuesta por el tiempo y de las informaciones que en ese lapso se han ido conociendo, en el primer aniversario de ese hecho a\u00fan persisten dudas sobre qu\u00e9 ocurri\u00f3, qui\u00e9nes son responsables y hasta qu\u00e9 nivel de mando alcanz\u00f3 la decisi\u00f3n de encubrir el asesinato de 22 personas \u201321 varones y una mujer\u2013 sosteniendo que los militares hab\u00edan actuado en leg\u00edtima defensa.<\/p>\n
Si bien la noticia de una posible ejecuci\u00f3n extrajudicial no fue in\u00e9dita \u2013dado el contexto de violencia e inseguridad que desde el sexenio pasado persiste en el pa\u00eds\u2013, el asesinato de 22 personas en una bodega localizada en la comunidad de San Pedro Lim\u00f3n, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, represent\u00f3 m\u00e1s que s\u00f3lo el hecho concreto de una grave violaci\u00f3n a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, a decir de Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en Ciencia Pol\u00edtica y acad\u00e9mica de la Universidad de Texas.<\/p>\n
En su an\u00e1lisis, lo ocurrido en Tlatlaya evidenci\u00f3 carencias en el sistema de justicia, en la transparencia, en la gobernabilidad, as\u00ed como una falta de rendici\u00f3n de cuentas por parte de las diferentes instancias de seguridad en el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cCreo que Tlatlaya fue abrirnos los ojos a lo que estuvo sucediendo y a la falta de responsabilidad por parte del gobierno para querer esclarecer este tipo de abusos a derechos humanos; a la protecci\u00f3n de las fuerzas federales y diferentes instancias de seguridad, y a la violaci\u00f3n de derechos humanos\u201d, dijo en entrevista con SinEmbargo.<\/p>\n
\u201cTodo este tipo de pr\u00e1cticas reflejan las limitaciones del sistema de impartici\u00f3n de justicia y las limitaciones en cuanto a gobernabilidad, la inseguridad, la falta de un mecanismo del Gobierno federal y los gobiernos locales y estatales para dar una atenci\u00f3n adecuada en estos casos de violaciones graves a derechos humanos, independientemente de que estemos hablando alegadamente de crimen organizado [\u2026]. Un Estado democr\u00e1tico, un Estado de Derecho debe considerar los procesos y se les debe investigar a todas las personas que est\u00e1n presentes en un operativo\u201d, abund\u00f3 la tambi\u00e9n jefa del Departamento de Gobierno en la Universidad de Texas.<\/p>\n
El director en M\u00e9xico de la organizaci\u00f3n Amnist\u00eda Internacional (AI), Perseo Quiroz Rend\u00f3n consider\u00f3 a su vez que el caso de Tlatlaya exhibi\u00f3 que la pol\u00edtica de seguridad vigente, que ha recurrido a la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, es deficiente y no tiene contrapesos, lo que ha propiciado violaciones a derechos humanos.<\/p>\n
\u201cRefleja muchas de las carencias que se ven en M\u00e9xico respecto a las pol\u00edticas de derechos humanos y sobre todo los efectos de una pol\u00edtica de seguridad de mano dura que no tiene controles o contrapesos democr\u00e1ticos\u201d, expres\u00f3. \u201cLlevamos desde el 2006-2007, con una pol\u00edtica de mano dura y no vemos que la situaci\u00f3n en t\u00e9rminos de seguridad cambie. M\u00e1s bien lo que hemos visto ha sido que el tema de inseguridad y la crisis de violencia y de Estado de Derecho ha ido cambiando de lugares, pero no ha disminuido en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos\u201d.<\/p>\n
Quiroz agreg\u00f3 que, contrario a lo que pudo pensarse tras la masacre en Tlatlaya, de que hechos como ese dejar\u00edan de ser la regla, se ha mantenido como \u201cpatr\u00f3n\u201d ante la la inacci\u00f3n de las autoridades, que siguen negando la ocurrencia de los hechos y la violaci\u00f3n de los derechos humanos de las v\u00edctimas. Un problema adicional, consider\u00f3, es que la problem\u00e1tica que este hecho representa no forma parte de la agenda p\u00fablica.<\/p>\n
LA B\u00daSQUEDA DE LA VERDAD<\/p>\n
Tras el asesinato de 22 personas por parte de militares en una bodega en el municipio de Tlatlaya, la Sedena dio la versi\u00f3n de que se hab\u00eda tratado de muertes producto de un enfrentamiento. Casi de inmediato, el Gobernador priista del Estado de M\u00e9xico, Eruviel \u00c1vila Villegas sali\u00f3 a respaldar esa versi\u00f3n y asegur\u00f3 que la actuaci\u00f3n de los militares hab\u00eda sido en leg\u00edtima defensa.<\/p>\n
En un primer momento, una semana despu\u00e9s del supuesto enfrentamiento, la agencia estadunidense Associated Press public\u00f3 que en el lugar de los hechos no hab\u00eda se\u00f1ales de un enfrentamiento. Luego, el 17 de septiembre, el periodista Pablo Ferri public\u00f3 un reportaje en la revista Esquire Latinoam\u00e9rica en la que refut\u00f3 por completo la versi\u00f3n oficial al presentar a una testigo de los hechos, quien aseguraba que 21 de los 22 asesinados se hab\u00edan rendido antes de que los soldados los mataran sin haberlos interrogado. La testigo, que fue identificada como \u201cJulia\u201d, dijo adem\u00e1s que el ataque hab\u00eda dejado a dos j\u00f3venes heridos; a una de ellos, de 15 a\u00f1os, los militares la hab\u00edan rematado cuando se encontraba en el piso.<\/p>\n
Desde entonces, periodistas y ciudadanos han buscado indagar m\u00e1s sobre el caso y han solicitado informaci\u00f3n a trav\u00e9s del sistema de transparencia gubernamental. La escasa informaci\u00f3n que se ha conseguido ha fluido a cuentagotas, enfrent\u00e1ndose a la resistencia de las autoridades involucradas, a veces respaldadas por las instancias encargadas de la transparencia.<\/p>\n
A mediados de julio, el comit\u00e9 de informaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico (PGJEM) reserv\u00f3 toda la informaci\u00f3n sobre actuaciones, dict\u00e1menes y documentos que integran la carpeta de investigaci\u00f3n de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio por un periodo de nueve a\u00f1os, clasific\u00e1ndola como confidencial y reservada.<\/p>\n
Luego, el 9 de diciembre la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) catalog\u00f3 como reservada la informaci\u00f3n contenida en los 11 dict\u00e1menes de la investigaci\u00f3n que realiza por la ejecuci\u00f3n extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (CMDPDH) inform\u00f3 que en octubre hab\u00eda solicitado esa informaci\u00f3n, pero en respuesta, la PGR contest\u00f3 que se hab\u00edan realizado 11 dict\u00e1menes en la investigaci\u00f3n pero que no otorgar\u00eda la versi\u00f3n p\u00fablica de los mismos debido a que era informaci\u00f3n reservada por tratarse de una investigaci\u00f3n en curso. La PGR reserv\u00f3 esos dict\u00e1menes por 12 a\u00f1os, el m\u00e1ximo periodo estipulado en la ley.<\/p>\n
Considerando lo anterior, la organizaci\u00f3n civil interpuso el 5 de diciembre un recurso de revisi\u00f3n en donde solicit\u00f3 que se hiciera p\u00fablica la investigaci\u00f3n por el caso Tlatlaya \u201cpor tratarse de una violaci\u00f3n grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad\u201d.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda contest\u00f3 entonces que la averiguaci\u00f3n previa iniciada sobre los hechos fue \u201cpor la probable comisi\u00f3n del delito de homicidio\u201d y que si bien la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hab\u00eda emitido la recomendaci\u00f3n 51\/2014, \u201cla misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos\u201d, pues en el portal de internet de la CNDH no aparec\u00eda en su secci\u00f3n de \u201cRecomendaciones por violaciones graves\u201d sino simplemente en la secci\u00f3n de \u201cRecomendaciones\u201d.<\/p>\n
En febrero pasado, los reporteros de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales de la \u201cPrimera Emisi\u00f3n\u201d de Noticias MVS denunciaron c\u00f3mo la PGR hab\u00eda falseado informaci\u00f3n y desacatado una resoluci\u00f3n del entonces Instituto Federal de Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos, hoy convertido en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (Inai).<\/p>\n
Los periodistas Daniel Liz\u00e1rraga y Sebasti\u00e1n Barrag\u00e1n refirieron que desde el 6 de octubre de 2014 solicitaron a la PGR acceso a los peritajes, a trav\u00e9s de una solicitud de informaci\u00f3n p\u00fablica. La PGR neg\u00f3 el acceso argumentando que los documentos estaban reservados por tener datos personales y formar parte de una averiguaci\u00f3n previa en curso.<\/p>\n
Sin embargo, el medio interpuso un recurso de revisi\u00f3n argumentando que no se pod\u00eda reservar un expediente que involucraba violaciones graves a los derechos humanos. Pese a que el 14 de enero el entonces Ifai orden\u00f3 a la PGR entregar versiones p\u00fablicas de los peritajes, la Procuradur\u00eda notific\u00f3 que no los entregar\u00eda porque hab\u00edan sido entregados al juez de la causa desde octubre de 2014 y no ten\u00eda copia.<\/p>\n
Durante todo el tiempo en que se dirimi\u00f3 el asunto ante el Ifai, la PGR nunca se\u00f1al\u00f3 que no contaba con dicho documento, resaltaron los periodistas. De acuerdo con el comisionado del Ifai Francisco Javier Acu\u00f1as Llamas, quien llev\u00f3 el caso, la PGR comet\u00eda con ese argumento violaciones al C\u00f3digo Federal de Procedimientos Penales, al no conservar una copia de la averiguaci\u00f3n previa; a la Ley de Archivos, que obliga a conservar documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales; y a la Ley Federal de Transparencia, al reservar informaci\u00f3n que en realidad no estaba en sus archivos.<\/p>\n
A finales de 2014 e inicios de este a\u00f1o, el equipo de reporteros tuvo acceso al expediente que cre\u00f3 la CNDH para investigar el caso Tlatlaya, el cual sirvi\u00f3 de base para la recomendaci\u00f3n que hizo al Gobierno del Estado de M\u00e9xico, la Sedena y la PGR.<\/p>\n
Con esos archivos, la Unidad de Investigaciones Especiales document\u00f3 c\u00f3mo la Sedena bloque\u00f3 a la CNDH el acceso a documentos del Tribunal Militar; que hubo presencia de dos generales en la bodega donde ocurri\u00f3 el tiroteo en Tlatlaya, as\u00ed como la participaci\u00f3n de marinos y un batall\u00f3n del Ej\u00e9rcito que no se hab\u00edan revelado hasta ese momento.<\/p>\n
Sin embargo, el expediente no inclu\u00eda los peritajes realizados por la PGR, los cuales se negaba a entregar.<\/p>\n
Apenas el pasado 24 de junio, el Inai rechaz\u00f3 la apertura de la averiguaci\u00f3n previa que sobre el caso realiz\u00f3 la Procuradur\u00eda Militar. Sin embargo, redujo de 12 a 2 a\u00f1os el plazo de reserva de dicho documento. El proyecto, del comisionado Francisco Javier Acu\u00f1a, plante\u00f3 que por tratarse de delito de \u201c\u00edndole de indisciplina militar\u201d no le era aplicable la causal de apertura por haber existido una violaci\u00f3n grave de los derechos humanos.<\/p>\n
Pero un d\u00eda despu\u00e9s, el Inai orden\u00f3 a la Sedena entregar versiones p\u00fablicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 30 de junio de 2014.<\/p>\n
Se trata de los partes militares que dieron el comandante a cargo de los soldados que participaron en el operativo, el del superior jer\u00e1rquico a cargo de esos militares y el del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jer\u00e1rquico.<\/p>\n
En un primer momento, refiri\u00f3 la instituci\u00f3n, la Sedena hab\u00eda respondido que no exist\u00edan tales partes militares y recomend\u00f3 al solicitante a consultar los boletines de prensa emitidos por la propia Secretar\u00eda sobre el tema.<\/p>\n
Pero en una respuesta ampliada, la Sedena reconoci\u00f3 la existencia de los partes militares mas se\u00f1al\u00f3 que estaban clasificados como reservados , por formar parte de una causa penal en curso. Sin embargo, el solicitante se inconform\u00f3 y present\u00f3 un recurso de revisi\u00f3n ante el Inai, que reconoci\u00f3 que la difusi\u00f3n de los documentos no causaba un perjuicio serio a la impartici\u00f3n de justicia por lo que no eran susceptible de clasificarse como informaci\u00f3n reservada. En consecuencia, le orden\u00f3 a la Sedena entregar la informaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n
Tambi\u00e9n a unos d\u00edas de cumplirse un a\u00f1o de la masacre, el periodista Gustavo Castillo, reportero del diario La Jornada, afirm\u00f3 que exist\u00edan inconsistencias entre los peritajes realizados por peritos del Estado de M\u00e9xico y los de la PGR, seg\u00fan hab\u00eda constatado a partir de los peritajes de la PGR y de la PGJEM, entregados a partir de una solicitud de informaci\u00f3n, seg\u00fan refiri\u00f3.<\/p>\n
El reportero descubri\u00f3, entre otras cosas, que 11 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya fueron pr\u00e1cticamente fusiladas y cinco m\u00e1s murieron realizando \u201cmaniobras instintivas de defensa\u201d. Adem\u00e1s, las armas de tres v\u00edctimas estaban descargadas.<\/p>\n
En opini\u00f3n del director de Amnist\u00eda Internacional en M\u00e9xico, esta resistencia de las autoridades civiles y militares podr\u00eda explicarse por la falsa percepci\u00f3n que existe en \u00e9stas respecto a que criticar a las instituciones significa debilitarlas.<\/p>\n
\u201cA veces pareciera ser que nuestras autoridades se convierten m\u00e1s en guardianes del statu quo, que en guardianes del bien p\u00fablico. La transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en este tipo de casos no perjudica, sino todo lo contrario. Es s\u00f3lo que no se ha entendido en su totalidad\u201d, consider\u00f3.
\nPero para Correa-Cabrera, tal resistencia tambi\u00e9n podr\u00eda explicarse por un \u201ccontubernio\u201d entre las diferentes instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n
\u201cSe puede pensar en un contubernio de las diferentes instituciones p\u00fablicas con el aval de la cabeza del Estado mexicano y eso es muy preocupante: el que una instancia no quiera abrir sus archivos, abrir sus investigaciones [\u2026]. Podr\u00eda hacernos pensar que hay un contubernio que viene de las esferas m\u00e1s altas del Estado mexicano para no debilitar su imagen, para protegerse ellos mismos, sin un compromiso con la impartici\u00f3n de justicia, sin un compromiso con el Estado de Derecho\u201d, expres\u00f3.
\nLa acad\u00e9mica estim\u00f3 que las autoridades estar\u00edan apostando a dejar pasar el tiempo y que el tema se olvide para no tener que pagar los costos personales e institucionales del caso Tlatlaya.<\/p>\n
\u201cSe est\u00e1 apostando al olvido, se est\u00e1 apostando a que las cosas bajen de nivel, a que se deje de publicitar, a que los medido se olviden y entonces no se pague estos costos [\u2026]. No se est\u00e1 teniendo la responsabilidad, las investigaciones y las personas que se pudo procesar por Tlatlaya. Hay huecos, hay preguntas de lo que ocurri\u00f3 hace un a\u00f1o, y sigue sin haber respuestas\u201d, expuso.<\/p>\n
IMPUNIDAD PERSISTENTE<\/p>\n
En abril pasado, el Grupo de Trabajo Plural de la C\u00e1mara de Diputados para Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigaci\u00f3n de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de M\u00e9xico, el 30 de junio de 2014, present\u00f3 un informe en el que hizo varios se\u00f1alamientos que revelaban varios huecos de informaci\u00f3n sobre lo ocurrido en Tlatlaya.<\/p>\n
Dichos vac\u00edos informativos persisten a la fecha.<\/p>\n
Por ejemplo, a la PGR le pidi\u00f3 dar a conocer p\u00fablicamente si hab\u00eda iniciado denuncias, investigaciones penales, procedimientos o recursos administrativos por la afectaci\u00f3n a derechos humanos derivada de la tardanza de 11 semanas en comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n consider\u00f3 que era necesario que el gobierno mexiquense aclarara por qu\u00e9 la Procuradur\u00eda estatal no investig\u00f3 la alteraci\u00f3n de elementos y el desplazamiento de cad\u00e1veres de su posici\u00f3n original, as\u00ed como por qu\u00e9 sus peritos llegaron casi seis horas despu\u00e9s de ocurridos los hechos.<\/p>\n
Asimismo le pidi\u00f3 aclarar por qu\u00e9 aseguraba que sus peritajes hab\u00edan sido \u201capresurados\u201d si hab\u00eda tenido 85 d\u00edas para integrar la averiguaci\u00f3n previa, hasta que la PGR atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.<\/p>\n
A la procuradur\u00eda estatal, los legisladores le requirieron conocer si hab\u00eda turnado a la PGR la investigaci\u00f3n contra Cynthia Estefani Nava L\u00f3pez y Patricia Morales Campos \u2013dos de las tres mujeres que fueron encontradas en la bodega y que supuestamente hab\u00edan sido secuestradas\u2013 como un medio de intimidaci\u00f3n, para evitar que se revelara la verdad, o porque no ten\u00eda conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios p\u00fablicos.<\/p>\n
El grupo tambi\u00e9n pidi\u00f3 aclarar por qu\u00e9 la CNDH declar\u00f3 p\u00fablicamente que la PGJEM le entreg\u00f3 mil 600 fotograf\u00edas sin que se encontraran fotos detalladas de los cad\u00e1veres.<\/p>\n
Adem\u00e1s solicitaron al Gobierno del Estado de M\u00e9xico conocer qu\u00e9 funcionarios estaban bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucci\u00f3n o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio Gobierno estatal.<\/p>\n
En el tema de la reparaci\u00f3n de da\u00f1os, este lunes la CNDH emiti\u00f3 un comunicado que podr\u00eda dar luz sobre las acciones que la PGR, la Sedena y el gobierno mexiquense han emprendido en la materia.<\/p>\n
De acuerdo con el comunicado de la CNDH, a la fecha la PGR se encuentra integrando el desglose de la averiguaci\u00f3n previa PGR\/SEIDO\/UEITA\/161\/2014 para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos. La CNDH dio por cumplido el punto recomendatorio respecto a las violaciones a derechos humanos de dos v\u00edctimas a quienes se les hab\u00eda iniciado un proceso penal. Debido a que la PGR formul\u00f3 conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito orden\u00f3 la libertad de las v\u00edctimas, se dio por cumplida la recomendaci\u00f3n.<\/p>\n
En lo que compete al Gobierno mexiquense, la CNDH apunt\u00f3 que al brindar cursos de capacitaci\u00f3n al personal ministerial y pericial de la Procuradur\u00eda local y al colaborar con ella para el registro de las v\u00edctimas ante la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEAV) se daban por cumplidos los puntos relativos a la garant\u00eda de no repetici\u00f3n. De modo que quedar\u00edan pendientes las recomendaciones respecto a la indemnizaci\u00f3n y la atenci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica a las v\u00edctimas, as\u00ed como que se determine ministerial y administrativamente qui\u00e9nes fueron los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
En lo que compete a la Sedena, \u00e9sta inform\u00f3 que comenz\u00f3 un trabajo con la CEAV para la reparaci\u00f3n de da\u00f1o y la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas, mientras que para las medidas de no repetici\u00f3n, ha realizado cursos de capacitaci\u00f3n y la observancia de manuales de actuaci\u00f3n. A\u00fan tiene pendiente determinar la responsabilidad militar de los servidores p\u00fablicos involucrados.<\/p>\n
El pasado 14 de mayo, la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas inici\u00f3 las acciones de reparaci\u00f3n integral de da\u00f1os a los familiares de los asesinados en el caso Tlatlaya, con base en la recomendaci\u00f3n 51\/2014 de la CNDH. Seg\u00fan refiri\u00f3 en un comunicado, preve\u00eda pagar un monto total de m\u00e1s de 50 millones de pesos a las familias afectadas. Aunque la propia instancia recuerda que la Ley General de V\u00edctimas estipula el derecho a ser reparadas integralmente, lo que comprend\u00eda medidas de restituci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, compensaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n y no repetici\u00f3n, s\u00f3lo informaba sobe el pago de indemnizaciones mas no de otras acciones para, por ejemplo, garantizar la no repetici\u00f3n de los hechos.<\/p>\n
De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la CEAV inform\u00f3 que registr\u00f3 a 43 v\u00edctimas, 22 directas y 21 indirectas, y una de las familias ya hab\u00eda sido indemnizada.<\/p>\n
Correa-Cabrera se\u00f1al\u00f3 que si en este caso no se investiga y se hace justicia por las violaciones a derechos humanos en este caso, se enviar\u00e1 una se\u00f1al de impunidad.<\/p>\n
\u201cEso da para que tanto miembros de los grupos delincuenciales como miembros de las diferentes agencias de procuraci\u00f3n de justicia act\u00faen con toda impunidad y sin una responsabilidad del trabajo que tienen que hacer [\u2026]. Tanto miembros de los grupos delincuenciales como del Estado mexicano mismo tienen la manga ancha para poder continuar violando derechos humanos y eso es muy peligroso\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n
El grupo especial conformado en la C\u00e1mara de Diputados tambi\u00e9n plante\u00f3 sus dudas a la Sedena, instancia que se ha mantenido reacia no s\u00f3lo a transparentar la informaci\u00f3n del caso, sino incluso fue esc\u00e9ptica respecto a la recomendaci\u00f3n de la CNDH.<\/p>\n
A la Sedena los legisladores demandaron esclarecer la cadena de mando alrededor de los elementos militares que participaron en los hechos, y si adem\u00e1s de los siete elementos procesados penalmente, intervinieron otros elementos militares con posterioridad, ya sea con su presencia f\u00edsica o mediante comunicaciones.<\/p>\n
Tambi\u00e9n le pidieron conocer el nombre del oficial que autoriz\u00f3 un patrullaje con ocho elementos si el m\u00ednimo es de 12, y fue omiso para cumplir el protocolo de hacer videograbaci\u00f3n del operativo.<\/p>\n
La coordinadora del grupo especial, Margarita Tapia Fonllem, al presentar el informe lanz\u00f3 tambi\u00e9n una serie de preguntas que apuntaban a esclarecer el contexto y las relaciones del 102 Batall\u00f3n de Infanter\u00eda, de la 22 Zona Militar en el Estado de M\u00e9xico, el involucrado en el caso.<\/p>\n
\u201cEsas son preguntas que nos hacemos todos, cualquier ciudadano: \u00bfQu\u00e9 estaba haciendo all\u00ed el Ej\u00e9rcito? \u00bfQui\u00e9n los mand\u00f3? \u00bfTras quien iban, a qui\u00e9n andaban persiguiendo o qu\u00e9 iban a hacer? \u00bfQui\u00e9n dio la orden?\u201d.<\/p>\n
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