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\nAfectaciones por la contaminaci\u00f3n de la industria porc\u00edcola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de n\u00f3mada<\/p>\n
Irina Llamas-Torres* y Carlos Llam\u00e1 Ventura** \/ Avispa Midia<\/p>\n
En portada: Integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech rechazan la operaci\u00f3n de la mega granja Kancabch\u00e9n II, propiedad de la empresa Kek\u00e9n, la cual est\u00e1 ubicada a menos de un kil\u00f3metro de su comunidad. Foto: Katia Rej\u00f3n\/Memorias de N\u00f3mada.<\/p>\n
Es alarmante c\u00f3mo en los \u00faltimos a\u00f1os, el modelo agroindustrial de producci\u00f3n pecuaria ha generado fuertes conflictos en al menos ocho comunidades de Yucat\u00e1n: Hom\u00fan, Kinchil, Chapab, Maxcan\u00fa, Celest\u00fan, Tixp\u00e9ual, Sitilpech y Santa Mar\u00eda Ch\u00ed. Estos conflictos se relacionan a la imposici\u00f3n de al menos 400 granjas porc\u00edcolas (SEMARNAT, 2023) en territorio yucateco, de cuya producci\u00f3n se ocupa principalmente el Grupo Porc\u00edcola Mexicano (Kek\u00e9n) y el grupo KUO. <\/p>\n
Esta problem\u00e1tica se inserta en una crisis socioambiental goblal que se deriva de una l\u00f3gica de desarrollo extractivista que impacta de forma desigual a la sociedad. Las poblaciones m\u00e1s afectadas son aquellas en las que se imponen sistemas que impactan directamente a los ecosistemas y modos de vida tradicionales, desajustando la gobernanza, la cultura y la salud integral de la poblaci\u00f3n. <\/p>\n
La pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n no es la excepci\u00f3n, actualmente se llevan a cabo diversos megaproyectos que impactan de forma diferenciada a las poblaciones locales y su territorio, generando diversos conflictos socioecol\u00f3gicos en la regi\u00f3n (Rodr\u00edguez-Robayo, 2022; Flores y Deniau, 2019).
\nAspectos de la mega granja porc\u00edcola en Chapab, Yucat\u00e1n<\/p>\n
\nAfectaciones por la contaminaci\u00f3n de la industria porc\u00edcola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de n\u00f3mada<\/p>\n
Ante esta problem\u00e1tica, han surgido diversas manifestaciones y denuncias p\u00fablicas y legales contra la empresa Kek\u00e9n, debido a la evidente violaci\u00f3n a los derechos de las poblaciones afectadas, entre ellos el derecho a la integridad cultural de los pueblos ind\u00edgenas, y el derecho sobre el reconocimiento a su valor y su participaci\u00f3n en las decisiones que los afectan, derecho establecido en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT, 1989). As\u00ed como la falta de respeto al derecho sobre sus tierras, por el despojo del que han sido objeto.<\/p>\n
Como respuesta a estas denuncias, la empresa se\u00f1alada se ha asociado con el gobierno Estatal y dependencias federales como la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT). Adem\u00e1s, ha financiado proyectos acad\u00e9micos a investigadores de Centros P\u00fablicos de Investigaci\u00f3n pertenecientes al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnolog\u00edas (CONAHCYT) como el Centro de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica de Yucat\u00e1n (CICY) y universidades, entre ellas la Universidad Aut\u00f3noma de Yucat\u00e1n, y contratado a empresas privadas entre ellas Fauna Peninsular. <\/p>\n
Estas acciones, han sido punta de lanza de un s\u00f3lo objetivo: despojar del territorio, deslegitimar las denuncias p\u00fablicas emitidas y excluir a las comunidades afectadas. As\u00ed, la empresa, en alianza con servidores p\u00fablicos, profesionales y acad\u00e9micos, coopta la producci\u00f3n del conocimiento para justificar la violaci\u00f3n de los derechos comunitarios y criminaliza la protesta en pro de un desarrollo industrial al que le han nombrado \u201cporcicultura sustentable\u201d con argumentos de una supuesta conservaci\u00f3n de la biodiversidad y compromiso social que solo constituyen un pseudoargumento para legitimar de forma fraudulenta los graves da\u00f1os que ocasionan al ambiente y a la poblaci\u00f3n. <\/p>\n
En el poniente de Yucat\u00e1n, comenz\u00f3 hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os los intentos de despojo del territorio por parte de la empresa Kek\u00e9n con su establecimiento en las inmediaciones de los municipios de Kinchil y Maxcan\u00fa. Ante este hecho, se han realizado demandas ante el Tribunal Agrario sobre la apropiaci\u00f3n ilegal en el territorio del predio denominado Cantuk\u00fan. Desde ese entonces los posesionarios ancestrales y legales de este predio han sido amenazados y violentados por polic\u00edas ministeriales y el caso sigue sin resoluci\u00f3n (Kant\u00fan, 2019). Con el inicio de las obras tambi\u00e9n se realizaron quejas ante la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (PROFEPA), sin embargo estas fueron sorteadas por la empresa y continuaron con la construcci\u00f3n de la megagranja (Medina-Carrillo et al., 2021). <\/p>\n
El estado de conservaci\u00f3n de la biodiversidad que registran los estudios realizados en las inmediaciones de la granja porc\u00edcola establecida de forma ilegal en territorios del poniente de Yucat\u00e1n (La Jornada Maya, 2023), es resultado de los procesos de manejo y uso tradicional de los recursos naturales por parte de las comunidades mayas que han habitado la zona desde hace m\u00e1s de 3,000 a\u00f1os, no as\u00ed de las empresas que de forma infame se atribuyen ese logro.<\/p>\n
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\nIm\u00e1genes del monitoreo de fauna realizado por Kek\u00e9n en las inmediaciones de la granja de Kinchil.<\/p>\n
En zonas como el territorio de Kinchil, cuyas selvas fueron deforestadas como resultado del cultivo de henequ\u00e9n y posteriormente abandonadas, los ecosistemas se ha recuperado y mantenido gracias al manejo y conservaci\u00f3n que realizan las poblaciones mayas actuales que habitan el territorio. Resultado de esto y como bien han constatado los acad\u00e9micos asociados a Kek\u00e9n, quienes violando los derechos de sus leg\u00edtimos posesionarios ingresaron sin consentimiento a esas tierras, en Kinchil la biodiversidad y el estado de conservaci\u00f3n de la selva es sobresaliente. <\/p>\n
No obstante, y con base en los muestreos de agua realizados por las comunidades locales en colaboraci\u00f3n con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los realizados por la misma SEMARNAT (SEMARNAT, 2023), hay una evidencia de que la calidad del agua en la zona se encuentra gravemente deteriorada, afectando directamente la salud del ecosistema y modos de vida de la poblaci\u00f3n local. Ejemplo de ello es la p\u00e9rdida de la certificaci\u00f3n org\u00e1nica de apicultores de Maxcan\u00fa miembros de la Alianza Kaabnalo’on debido a la presencia de la granja en su territorio (Eleisegui, 2023). Las afectaciones por la contaminaci\u00f3n del agua, suelo y aire, se recrudecen con las afectaciones econ\u00f3micas acaecidas a los productores de miel. <\/p>\n
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\nApicultura en Maxcan\u00fa. Fotos: Greenpeace<\/p>\n
Aunado a ello, el intento de la empresa Kek\u00e9n de argumentar su supuesta propiedad de las tierras en las que se establece, constituye uno de sus atropellos m\u00e1s evidentes, el caso del predio denominado CANTUKUN que han intentado desaparecer con diversas estrategias legales y con la complicidad de autoridades administrativas y jurisdiccionales corruptas. Su imperante necesidad de convencer que no contamina la hace trastabillar ante lo evidente de sus abusos y hacerse pasar como una empresa socialmente responsable, se vuelve solo un mito. <\/p>\n
Los esfuerzos de la empresa Kek\u00e9n por deslegitimar las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, evidencian una fuerte desigualdad, falta de justicia socioambiental en el territorio e irrespeto sobre sus posesiones ancestrales. Reflejan una evidente discriminaci\u00f3n hacia las poblaciones mayas. Demuestran que los medios por los cu\u00e1les se ha tratado de afrontar la situaci\u00f3n, responden a soluciones basadas en intereses productivos y econ\u00f3micos de las empresas y gobiernos que perpet\u00faan las din\u00e1micas de poder.<\/p>\n
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En la actualidad, y derivado del aprendizaje y discusiones cr\u00edticas entre acad\u00e9micos alrededor del mundo, se ha llegado a la conclusi\u00f3n de que para la construcci\u00f3n de estrategias justas y sostenibles, es indispensable transitar hacia estudios que comprendan la complejidad sist\u00e9mica de las problem\u00e1ticas asociadas al manejo de recursos naturales (Pichler, 2016; Mart\u00ednez-Alier, 2004). <\/p>\n
Para ello, es indispensable dejar de lado la generaci\u00f3n de estrategias con beneficios a corto plazo basadas en el crecimiento econ\u00f3mico, el cual se sabe que hasta la fecha s\u00f3lo ha provocado el detrimento de la naturaleza. Por el contrario, es necesario incorporar los valores que las comunidades locales y pueblos ind\u00edgenas le han dado a la naturaleza que en general han protegido y mantenido a lo largo de la historia (Pascual et al., 2023). Valores que han sido marginalizados en los estudios que avalan la supuesta \u201cporcicultura sustentable\u201d. <\/p>\n
Es urgente situar los derechos de las comunidades ind\u00edgenas y locales en el centro de esta problem\u00e1tica a partir de procesos inclusivos y realmente participativos, no s\u00f3lo en la representatividad, si no en su participaci\u00f3n activa en los espacios de toma de decisiones. Detener la violaci\u00f3n a los derechos humanos, hacer justicia y asegurar la reparaci\u00f3n de da\u00f1os ocasionados a todas las localidades afectadas por la agroindustria porc\u00edcola alrededor de sus m\u00e1s de 400 granjas establecidas en el territorio yucateco. <\/p>\n
Como se observa, el asunto estriba m\u00e1s all\u00e1 de la fauna que sobrevive e intenta adaptarse a un ecosistema contaminado, al agua llena de amoniaco y coliformes fecales de cerdos, de su discurso ambientalista sobresalen los intentos desesperados por seguir justificando el despojo de territorios y la afectaci\u00f3n directa a las comunidades y su entorno, de lo cual el gobierno local guarda absolutos silencio, ante la complicidad de sus funcionarios. <\/p>\n