Por Gloria Leticia D\u00edaz \/ Proceso<\/p>\n
Originaria de la sierra de Guerrero, Teodomira Rosales se ha convertido en un emblema para las personas desplazadas de esa entidad. De 2010 a la fecha ha cambiado de residencia tres veces, amedrentada por quienes se oponen a su lucha. Hace tres semanas ella y decenas de sus seguidoras levantaron un plant\u00f3n de tres meses en las inmediaciones de Gobernaci\u00f3n, tras lograr que 174 personas desplazadas fueran reconocidas como v\u00edctimas. Se trat\u00f3 de un peque\u00f1o logro en medio de una tragedia may\u00fascula: seg\u00fan la Encuesta Nacional de Victimizaci\u00f3n y Percepci\u00f3n sobre Seguridad P\u00fablica, la cifra de desplazados se dispar\u00f3 en 2020 a 911 mil 914 personas.<\/strong><\/p>\n CIUDAD DE M\u00c9XICO (Proceso).\u2013 En v\u00edspera de Nochebuena y despu\u00e9s de tres meses de permanecer en plant\u00f3n frente a las oficinas de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, Teodomira Rosales Sierra y decenas de personas originarias de la sierra de Guerrero desplazadas por la violencia se dispersaron por diversas ciudades del pa\u00eds, donde han encontrado refugio temporal con familiares y amigos.<\/p>\n En condiciones precarias, los desplazados permanecieron en la calle Abraham Gonz\u00e1lez para exigir ser reconocidos como v\u00edctimas y recibir asistencia t\u00e9cnica, legal y psicol\u00f3gica, as\u00ed como las reparaciones de da\u00f1o a que tienen derecho, de acuerdo con la Ley General de V\u00edctimas.<\/p>\n \u201cParecemos invisibles, hemos estado en la cara del gobierno y no nos ve ni nos escucha; muchos nos enfermamos, pero aguantamos, todo por exigir justicia. Pudimos sobrevivir con la ayuda de Dios, de verdad\u201d, dice Teodomira, directora del Centro Regional de Derechos Humanos Jos\u00e9 Mar\u00eda Morelos y Pav\u00f3n y ella misma v\u00edctima de desplazamiento forzado en tres ocasiones por su labor de defensa.<\/p>\n La primera fue en 2010: por defender el derecho al agua de pueblos ind\u00edgenas, Teodomira sali\u00f3 huyendo de Tecoanapa, municipio del que es originaria, luego de ser rescatada por pobladores de un intento de homicidio contra ella y sus hijos.<\/p>\n La segunda fue en 2019. Refugiada en Ayutla, tuvo que desplazarse de manera forzada luego de recibir amenazas mientras acompa\u00f1aba a v\u00edctimas de violaciones a derechos humanos y de la violencia.<\/p>\n La tercera, un a\u00f1o despu\u00e9s, tras apoyar a personas desplazadas de manera forzada del municipio serrano de Leonardo Bravo, por parte de miembros de la delincuencia organizada y el Ej\u00e9rcito. Teodomira sali\u00f3 del estado de Guerrero de manera definitiva.<\/p>\n Beneficiaria del Mecanismo de Protecci\u00f3n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Rosales Sierra no ha dejado de estar en contacto con las v\u00edctimas de desplazamiento forzado; las sigue apoyando con gestiones ante autoridades federales para que se les reconozca como v\u00edctimas y para interceder ante los legisladores para que \u00e9stos aprueben de una vez por todas la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en septiembre de 2020 en la C\u00e1mara de Diputados y en espera de ser votada en el Senado.<\/p>\n \u201cDetr\u00e1s de cada persona desplazada hay una historia de desaparici\u00f3n y muerte, las personas que salen huyendo de sus pueblos y comunidades lo hacen despu\u00e9s de que un familiar fue desaparecido o asesinado. En ocasiones ni siquiera los pueden sepultar de acuerdo con sus usos y costumbres\u201d, apunta la defensora, quien a finales de 2018 document\u00f3 la expulsi\u00f3n de al menos mil 800 personas de comunidades de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero.<\/p>\n En esos casos, sostiene la defensora, los afectados advirtieron que \u201cmilitares iban abriendo camino a miembros del crimen organizado y lanzaron granadas a las viviendas para que la gente saliera. Se pudo confirmar la colusi\u00f3n que hay entre las autoridades y los delincuentes\u201d.<\/p>\n Abandonados a su suerte, muchos de los pobladores de la sierra que dejaron sus tierras se dispersaron por el pa\u00eds y la entidad, \u201cmientras que los delincuentes se apoderaban de sus propiedades, porque el gobierno no ha podido garantizar regresarlas a sus leg\u00edtimos due\u00f1os\u201d, apunta Rosales Sierra. Al se\u00f1alar que s\u00f3lo en Guerrero hay aproximadamente 25 mil personas desplazadas de manera forzada, la defensora destaca que durante los tres meses que miembros de 355 familias estuvieron en plant\u00f3n, fue m\u00e1s que evidente que \u201clas v\u00edctimas de todo el pa\u00eds requerimos unirnos para visibilizar el problema, que cada vez es m\u00e1s grave, para que el gobierno atienda a las personas desplazadas, repare el da\u00f1o y las apoye en su b\u00fasqueda de justicia, porque es su obligaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Sin un registro oficial que dimensione la poblaci\u00f3n afectada por los desplazamientos forzados, a partir de 2019 el gobierno federal dio los primeros pasos para abordar el problema, considerado como un tema de atenci\u00f3n en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.<\/p>\n El Diagn\u00f3stico Nacional sobre la Situaci\u00f3n del Desplazamiento Forzado Interno publicado ese a\u00f1o por el Consejo Nacional de Poblaci\u00f3n, que forma parte de una serie de cuatro estudios sobre el tema, admite que el \u201cv\u00ednculo entre violencia, en sus distintas dimensiones, y desplazamiento es innegable\u201d.<\/p>\n El documento destaca que los principales factores del desplazamiento son \u201clas disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotr\u00e1fico\u201d, las violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y la actividad period\u00edstica\u201d.<\/p>\n En una aproximaci\u00f3n a la magnitud del problema, el Diagn\u00f3stico retoma informaci\u00f3n de la ONG internacional Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno (IDMC).<\/p>\n De acuerdo con esa organizaci\u00f3n, de enero al 31 de diciembre de 2020, por motivos de violencia ocurrieron 9 mil 700 desplazamientos en M\u00e9xico, que afectaron a 357 mil personas.<\/p>\n Por desastres naturales, seg\u00fan el IDMC, 101 mil personas tuvieron que desplazarse; a ello debe a\u00f1adirse que una misma persona puede moverse m\u00e1s de una ocasi\u00f3n de residencia, por lo que la cifra puede elevarse.<\/p>\n La sistematizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n por parte del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda revela una situaci\u00f3n a\u00fan m\u00e1s grave.<\/p>\n De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimizaci\u00f3n y Percepci\u00f3n sobre Seguridad P\u00fablica 2021 (Envipe), el a\u00f1o anterior 911 mil 914 personas salieron de su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, desplazamientos registrados pr\u00e1cticamente en todo el pa\u00eds.<\/p>\n Las entidades que m\u00e1s personas expulsaron por ese motivo fueron la Ciudad de M\u00e9xico, Guerrero, Hidalgo, Estado de M\u00e9xico, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde resid\u00eda 29.73% de los desplazados; es decir, 297 mil 301 personas.<\/p>\n A esas entidades le siguen Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoac\u00e1n, Nayarit, Quer\u00e9taro y Zacatecas, de donde huyeron 254 mil 447 personas; de Coahuila, Durango, Nuevo Le\u00f3n, San Luis Potos\u00ed y Tamaulipas, la Envipe registr\u00f3 149 mil 328 desplazamientos debidos a la violencia.<\/p>\n Con menor n\u00famero de desplazados est\u00e1n Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucat\u00e1n, con 121 mil 768, mientras que en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, quienes decidieron salir por la violencia sumaron 89 mil 70.<\/p>\n La pandemia influy\u00f3 tambi\u00e9n en la disminuci\u00f3n del n\u00famero de desplazamientos, pues en 2019 el registro de afectados por esta condici\u00f3n fue de 1 mill\u00f3n 251 mil 825 personas.<\/p>\n La tendencia de los desplazamientos forzados se mantuvo en 2021, por lo menos en los primeros nueve meses, en que la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos registr\u00f3 36 mil 272 afectados, seg\u00fan la informaci\u00f3n obtenida por medio del monitoreo de medios. Teodomira Rosales resalta que, hasta noviembre pasado, organizaciones sociales que respaldan a desplazados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Michoac\u00e1n y Quintana Roo se hab\u00edan sumado al proyecto de impulsar una coordinadora nacional de desplazados de manera forzosa, que tendr\u00eda entre sus objetivos impulsar la aprobaci\u00f3n de la Ley General y vigilar su implementaci\u00f3n en todo el pa\u00eds.<\/p>\n \u201cEn las conversaciones sostenidas hemos podido detectar que la gran mayor\u00eda de los desplazamientos ocurren en zonas donde hay una enorme riqueza de minerales y bosques o se construyen megaproyectos. En esos lugares, por lo general, hay acuerdos entre el gobierno y empresas, como las mineras o las madereras, y el crimen organizado es el encargado de desalojar a los habitantes de esas zonas\u201d, sostiene Rosales Sierra.<\/p>\n Otro elemento en com\u00fan, denunciado por las v\u00edctimas, es el \u201creclutamiento forzado de ni\u00f1os de 12, 13 o 14 a\u00f1os por miembros del crimen organizado. Yo empec\u00e9 a saber de ese problema en Guerrero. Como organizaci\u00f3n, ayud\u00e1bamos a familias que decid\u00edan huir cuando se enteraban que los delincuentes iban por sus hijos; platicando con compa\u00f1eros de Chiapas, me confirmaron que all\u00e1 est\u00e1 pasando lo mismo, y que es uno de los motivos del desplazamiento forzado\u201d.<\/p>\n El abandono institucional, la impunidad y la criminalizaci\u00f3n de las v\u00edctimas son secuelas comunes en pr\u00e1cticamente todos los casos de desplazamiento en el pa\u00eds, dice la defensora.<\/p>\n \u201cLa importancia que tiene la Ley General es que, al tipificarse como delito, provoca el desplazamiento y los desplazados adquieren autom\u00e1ticamente la condici\u00f3n de v\u00edctimas. Eso obliga a las instituciones del Estado a darles atenci\u00f3n y una reparaci\u00f3n del da\u00f1o, adem\u00e1s de que obliga a las fiscal\u00edas a investigar los delitos, a buscar a los responsables\u201d, agrega.<\/p>\n Rosales Sierra, quien dice estar dispuesta a ser \u201cuna piedrita en el zapato de autoridades y senadores\u201d, alerta que, gracias a la tenacidad de los desplazados de Guerrero \u2013que durante tres meses estuvieron en plant\u00f3n\u2013, lograron que 174 personas fueran reconocidas como v\u00edctimas, utilizando como fundamento jur\u00eddico la Ley General de V\u00edctimas.<\/p>\n \u201cLas autoridades han sido omisas con este tema porque, teniendo la Ley General de V\u00edctimas, se han negado a atender a los desplazados y a emprender pol\u00edticas p\u00fablicas para combatir el problema. Alegan que no existe el delito de alentar el desplazamiento, y por tanto, que la gente afectada no puede considerarse v\u00edctima. Pero nosotros ya les demostramos lo contrario.<\/p>\n \u201cPor eso la insistencia en que nos unamos. Primero, porque queremos mostrarles a los desplazados de otros estados c\u00f3mo acceder al Registro Nacional de V\u00edctimas; despu\u00e9s, para estar detr\u00e1s de los senadores para que aprueben la ley, y luego para que la apliquen en los estados\u201d, insiste la defensora. <\/p>\n
\nB\u00fasqueda sin fin<\/p>\n
\nLos retos inmediatos<\/p>\n