Abonada por la falta de un compromiso serio de las autoridades para aceptar y resolver la epidemia de desapariciones en M\u00e9xico, la pesadilla que han vivido los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y antes que ellos miles de mexicanos y mexicanas, se multiplica en la geograf\u00eda mexicana. Las nuevas denuncias de desapariciones forzadas, esta vez de cinco j\u00f3venes en Tierra Blanca, Veracruz, demuestran que mientras no se tomen medidas de fondo (una legislaci\u00f3n apegada a los est\u00e1ndares internacionales y a la experiencia de las familias y organizaciones; b\u00fasquedas inmediatas; investigaciones y sanciones efectivas; adecuada atenci\u00f3n a v\u00edctimas; y, sobre todo, un modelo de seguridad que ponga al centro los derechos humanos y la rendici\u00f3n de cuentas), no s\u00f3lo no habr\u00e1 justicia y verdad para las m\u00e1s de 27 mil personas que hoy est\u00e1n ausentes, sino que las desapariciones continuar\u00e1n.<\/p>\n
La desaparici\u00f3n de los cinco j\u00f3venes veracruzanos (Jos\u00e9 Ben\u00edtez de la O, Mario Arturo Orozco S\u00e1nchez, Alfredo Gonz\u00e1lez D\u00edaz, Bernardo Ben\u00edtez Arr\u00f3niz y Susana Tapia Garibo) tiene similitudes con la desaparici\u00f3n de los normalistas de Ayotzinapa, evidenciando un patr\u00f3n sobre el cual es necesario reflexionar. No estamos ante casos puntuales de elementos de seguridad que se \u201csalen del redil\u201d, sino de un patr\u00f3n de actuaci\u00f3n, enmarcado en una trama de macrodelincuencia, que est\u00e1 sembrando de luto e incertidumbre a miles de familias sin que parezca haber voluntad o capacidad para detenerlo.<\/p>\n
Es indudable que en ambos casos se trata de desapariciones forzadas, pues las personas que sustrajeron a las v\u00edctimas son servidores p\u00fablicos que forman parte de las fuerzas de seguridad -estatales en el caso de Tierra Blanca, municipales en el caso Iguala. En ambos casos, se alega que los j\u00f3venes fueron entregados a integrantes del crimen organizado. Este v\u00ednculo entre los funcionarios y la delincuencia organizada no le resta el car\u00e1cter de agentes estatales quienes la cometen ni impide la tipificaci\u00f3n del crimen bajo la figura de la desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n
En las dos situaciones, a pesar de la existencia de testigos y de la detenci\u00f3n de algunas personas involucradas, las autoridades no han sido capaces de localizar a los j\u00f3venes. Que la detenci\u00f3n de probables responsables no detona la localizaci\u00f3n de los desaparecidos denota que los esquemas de criminalidad que hacen posibles estos delitos no se agotan en los autores materiales; tambi\u00e9n evidencia que las autoridades carecen de atribuciones legales adecuadas para incentivar la cooperaci\u00f3n de los implicados en el esclarecimiento de los hechos.<\/p>\n
Por otro lado, aun cuando desde distintas instancias se ha enfatizado que la b\u00fasqueda de los desaparecidos se tiene que realizar de forma inmediata, en ambos casos ha sido la insistente denuncia p\u00fablica de familiares, amigos y colegas la que ha puesto los casos en la mira p\u00fablica. M\u00e1s de un a\u00f1o ha pasado en el caso Ayotzinapa; m\u00e1s de veinticino d\u00edas en el caso de Tierra Blanca. Para los desaparecidos, las primeras horas son fundamentales para hallarlos con vida. Para los familiares, como han referido padres y madres de Tierra Blanca, cada minuto es angustiante porque ven en juego la vida de sus hijos. La zozobra que genera la desaparici\u00f3n en las familias es, como la ha se\u00f1alado la Corte Interamericana, una verdadera tortura. No sorprende, por tanto, que las familias de los j\u00f3venes de Tierra Blanca se est\u00e9n exponiendo a realizar una acci\u00f3n p\u00fablica de protesta, en ejercicio de sus leg\u00edtimos derechos, pese a las amenazas de desalojo del gobierno de Javier Duarte, cuyos preocupantes antecedentes en materia de libertad de expresi\u00f3n son de sobra conocidos.<\/p>\n
Siguiendo con el paralelismo, cabe resaltar que la forma en que las autoridades han atendido a las familias de las v\u00edctimas tambi\u00e9n ha sido similar, lo que reafirma la necesidad de un cambio estructural en el sistema de justicia. Adem\u00e1s de la falta de diligencia para atender de inmediato la denuncia de desaparici\u00f3n y emprender la b\u00fasqueda, los familiares de los j\u00f3venes de Tierra Blanca han denunciado que la informaci\u00f3n sobre las investigaciones se da a los medios pero no a ellos, una situaci\u00f3n denunciada repetidas veces en el caso Ayotzinapa.<\/p>\n
Las similitudes entre ambos casos podr\u00edan continuar. Tambi\u00e9n podr\u00edan extenderse a otras situaciones, como a la desaparici\u00f3n generalizada de m\u00e1s de 300 personas en Ciudad Cuauht\u00e9moc, Chihuahua. Y es que en M\u00e9xico las miles de desapariciones parecen un callej\u00f3n sin salida, en el que los familiares y la sociedad civil pican los muros de la impunidad para abrir un camino. Pese a que el panorama es sin duda desolador, mecanismos internacionales de derechos humanos -como la ONU y la CIDH-, familiares, asociaciones y todos los involucrados en las b\u00fasquedas hemos se\u00f1alado los pasos fundamentales para hacer frente de inmediato a esta \u201cepidemia\u201d y para revertir la respuesta gubernamental de \u201cindolencia\u201d, a la que en su reciente informe se ha referido Amnist\u00eda Internacional: el fin del modelo militarizado de seguridad p\u00fablica; la implementaci\u00f3n de mecanismos para combatir la impunidad y la corrupci\u00f3n, modificando el dise\u00f1o institucional de las fiscal\u00edas; y la aprobaci\u00f3n de una ley general para prevenir y sancionar la desaparici\u00f3n forzada, que retome verdaderamente la voz y la experiencia de las familias, tanto en el proceso como en los temas sustantivos. Uno de los principales retos de esa Ley es crear un verdadero Sistema Nacional de B\u00fasqueda, que trasciende la segmentaci\u00f3n propia de la investigaci\u00f3n ministerial, que atiende caso por caso sin perspectiva de contexto, soslayando la existencia de patrones y estructuras criminales.<\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s resaltar que muchas de estas medidas han sido propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignados por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colabora en la investigaci\u00f3n del caso Ayotzinapa. No es exagerado se\u00f1alar que si en vez de ser reticente ante las recomendaciones del GIEI y tolerar pasivamente la infundada campa\u00f1a de desprestigio que no ha dejado de crecer, el Estado mexicano hubiera priorizado el cumplimiento de las recomendaciones del grupo, quiz\u00e1 hoy los j\u00f3venes desaparecidos en Tierra Blanca estar\u00edan con sus familiares.<\/p>\n