Ciudad de M\u00e9xico, 4 de octubre (SinEmbargo).\u2013 Una de las administraciones estatales m\u00e1s cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas es la del priista Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones \u201ca modo\u201d, son algunas cr\u00edticas que ha recibido en los poco m\u00e1s de cuatro a\u00f1os que lleva como Gobernador y que han colocado a su gesti\u00f3n como una de las m\u00e1s \u201crepresoras\u201d en el pa\u00eds.<\/p>\n
El pasado 14 de septiembre la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), present\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) en contra de la Ley para la Protecci\u00f3n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
A principios de agosto, el Congreso de Quintana Roo aprob\u00f3 la tambi\u00e9n llamada \u201cLey Borge\u201d, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio period\u00edstico. De acuerdo con la organizaci\u00f3n Art\u00edculo 19, constituye \u201cun acto de simulaci\u00f3n\u201d de un gobierno que contin\u00faa agrediendo a periodistas cr\u00edticos e independientes.<\/p>\n
En el art\u00edculo 3, fracci\u00f3n XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el t\u00e9rmino \u201cperiodista\u201d, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepci\u00f3n de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, se\u00f1alando que debe ser una actividad de car\u00e1cter \u201cpermanente con remuneraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Por ejemplo, la legislaci\u00f3n deja a Pedro Canch\u00e9 Herrera y a Rub\u00e9n Espinosa Becerril fuera de la protecci\u00f3n: simplemente no califican como periodistas porque no est\u00e1n (estaban, en el caso del fot\u00f3grafo) en una n\u00f3mina. Rub\u00e9n era freelance y Canch\u00e9 no est\u00e1 en ning\u00fan medio reconocido por el Gobierno de Borge.<\/p>\n
La CNDH argument\u00f3 respecto al art\u00edculo 3 fracci\u00f3n XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condici\u00f3n de que la actividad sea \u201cpermanente\u201d, que este concepto deja \u201cfuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Con esta modificaci\u00f3n a la legislaci\u00f3n, sostuvo el organismo presidido por Luis Ra\u00fal Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, se podr\u00eda dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas \u201cal no otorgarles el reconocimiento de la protecci\u00f3n a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempe\u00f1en su actividad\u201d.<\/p>\n
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor n\u00famero de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rub\u00e9n Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra m\u00e1s asesinatos de periodistas, de acuerdo con el m\u00e1s reciente informe de la organizaci\u00f3n Art\u00edculo 19.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala que el a\u00f1o pasado se registraron 42 casos de violencia contra la prensa en la entidad, de las cuales, 15 por ciento fueron cometidas por servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Uno de los se\u00f1alamientos m\u00e1s fuertes fue la detenci\u00f3n del periodista maya Pedro Canch\u00e9 Herrera, quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras ser acusado, sin alg\u00fan sustento, de sabotaje.<\/p>\n
Informaci\u00f3n difundida en medios locales se\u00f1ala que la campa\u00f1a medi\u00e1tica de desprestigio que se emprendi\u00f3 contra Canch\u00e9, en marzo pasado, pas\u00f3 previamente por la supervisi\u00f3n del vocero del Gobierno de Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, antes de \u201cmasificarse\u201d a trav\u00e9s de los diarios y las revistas locales.<\/p>\n
De acuerdo con mensajes enviados y reenviados desde el correo rangelrosador@gmail.com, el mismo Gobernador estuvo previamente enterado de las calumnias que se publicar\u00edan los d\u00edas y las semanas siguientes contra Canch\u00e9 Herrera.<\/p>\n
ACUSACIONES DE REPRESI\u00d3N<\/p>\n
En otro intento por silenciar las voces de protesta social, en mayo del a\u00f1o pasado el Congreso estatal aprob\u00f3 la Ley de Ordenamiento C\u00edvico de Quintana Roo, llamada popularmente \u201cLey Antimarchas\u201d.<\/p>\n
Quintana Roo se convirti\u00f3 as\u00ed en el primer estado de la Rep\u00fablica Mexicana que oficialmente concret\u00f3 una ley en contra de las protestas sociales en espacios p\u00fablicos, donde los participantes en marchas y m\u00edtines tendr\u00e1n que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que est\u00e1 consagrado en los art\u00edculos 6, 7 y 9 de la Constituci\u00f3n Mexicana.<\/p>\n
Tambi\u00e9n faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.<\/p>\n
Las acusaciones contra la administraci\u00f3n de Borge Angulo en materia de libertad de expresi\u00f3n y represi\u00f3n no paran. El pasado 22 de septiembre, Jos\u00e9 Manuel \u00c1vila Fern\u00e1ndez, Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), dictamin\u00f3 que al menos 35 elementos de la Polic\u00eda Judicial de Quintana Roo, adem\u00e1s de Arturo Olivares Mendiola, subsecretario de la Coordinaci\u00f3n de las Polic\u00edas Municipales, deber\u00e1n enfrentar acci\u00f3n penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de H\u00e9ctor Casique.<\/p>\n
Casique, de 29 a\u00f1os, est\u00e1 recluido desde el 16 de marzo de 2013. Fue escolta de apoyo en eventos donde el Gobernador Roberto Borge Angulo se presentaba. Era instructor de la Polic\u00eda Judicial del Estado cuando fue detenido, incluso Casique pens\u00f3 que se trataba de una novatada, cuando lo empezaron a torturar para declararse confeso, pues aspiraba a un puesto oficial en la Procuradur\u00eda General de Justicia de Quintana Roo. Por esta raz\u00f3n conoce a todos sus victimarios por nombre.<\/p>\n
La Sala Constitucional orden\u00f3 al Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) dar cumplimiento a la resoluci\u00f3n S.C.A \/P\/075\/2015 que ordena ejercer acci\u00f3n penal de la acci\u00f3n penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando as\u00ed tambi\u00e9n la presunta responsabilidad de los sujetos.<\/p>\n
Todas las acusaciones que ha recibido Roberto Borge por parte de organizaciones, activistas y periodistas parecen no inmutar en lo m\u00e1s m\u00ednimo al Gobernador, al contrario, como respuesta premia con cargos p\u00fablicos a los agresores de \u00e9stos. Por ejemplo, el pasado 30 de julio nombr\u00f3 a Jaime Ongay Ortiz, uno de los involucrados en la detenci\u00f3n arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el 16 de diciembre de 2005, como Jefe de la Polic\u00eda en el municipio de Benito Ju\u00e1rez, mejor conocido como Canc\u00fan.<\/p>\n
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