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Mar\u00eda Fernanda Ruiz y Arturo Contreras Camero \/ Pie de P\u00e1gina<\/p>\n
Despu\u00e9s de un mes y tres d\u00edas de estar acampando frente a Palacio Nacional, las 400 personas desplazadas de Guerrero empiezan a desesperar. Las negociaciones con el gobierno federal llegaron a un \u2018impasse\u2019. Mientras, los pobladores desplazados pierden la esperanza que ten\u00edan en que la administraci\u00f3n liderada por Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador solucionar\u00eda sus problemas<\/p>\n
Mario Barrag\u00e1n es un ingeniero agr\u00f3nomo que vot\u00f3 por Morena y por Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Incluso, convenci\u00f3 a sus hermanos, primos y vecinos para que votaran por \u00e9l. Sin embargo, hoy ya no sabe si hizo bien en poner su esperanza en el gobierno del tabasque\u00f1o.<\/p>\n
Desde hace un mes y tres d\u00edas, Mario dej\u00f3 su hogar en el municipio de Leonardo Bravo junto con otras 400 personas en noviembre del a\u00f1o pasado, porque un grupo armado los corri\u00f3 y se adue\u00f1\u00f3 de sus casas, de sus tierras y de sus pertenencias. Esperan que el gobierno federal interceda por ellos, pero hasta el momento, despu\u00e9s de varias reuniones canceladas, pierden la esperanza.<\/p>\n
\u201cHay que aguantarse\u201d, le dec\u00eda Mario a sus familiares con toda la esperanza de que la cuarta transformaci\u00f3n les har\u00eda justicia y que los ayudar\u00eda a regresar a sus hogares. \u201cHay que esperamos a que tome el poder, el primero de diciembre, les dec\u00eda, pero no resistimos. Nos tuvimos que venir\u201d, asegura.<\/p>\n
Organizaciones de defensa de derechos humanos y acad\u00e9micos que han seguido el caso calculan que mil 600 personas salieron del municipio en noviembre pasado. Al inicio, la gente, pens\u00f3 que el desplazamiento se deb\u00eda al conflicto entre grupos armados por el control de rutas de drogas, pero con la baja en el precio de la goma de opio se dieron cuenta de que el desplazamiento fue provocado por el control territorial para la explotaci\u00f3n minera. Sus casas est\u00e1n debajo de una veta rica en oro, plata y zinc.<\/p>\n
De acuerdo con una estimaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (CMDPDH) se calcula que, de 2011 a 2017, 8 millones 700 mil personas tuvieron que dejar las localidades en las que viv\u00edan por motivos de inseguridad, casi el equivalente a la poblaci\u00f3n de la Ciudad de M\u00e9xico. A pesar de ello, el gobierno no tiene un plan de atenci\u00f3n para personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado.<\/p>\n
Todas estas familias llegaron a la capital mexicana el 17 de febrero pasado. Antes, estuvieron viviendo dos meses en la cancha de basquetbol de Chichihualco, la cabecera de su municipio. Ah\u00ed, llenos de esperanza, consiguieron una televisi\u00f3n para ver la ceremonia de toma de protesta el 1 de diciembre pasado. Pero un mes de campamento y una serie de negativas de parte de la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, han hecho que la gente ya no crea en el gobierno.<\/p>\n
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Demandadas, contrapropuestas y negociaciones rotas<\/p>\n
\u201cHasta ahora no existe claridad sobre el tiempo que las familias tienen que esperar para poder regresar a sus comunidades. Tampoco hay una propuesta clara sobre la ayuda humanitaria y de condiciones de vida digna, mientras esperan el tan ansiado regreso\u201d, lee en un comunicado Manuel Olivares, el director del Centro de Derechos Humanos Jos\u00e9 Mar\u00eda Morelos y Pav\u00f3n, encargado de llevar el caso de los desplazados de Leonardo Bravo.<\/p>\n
Manuel Olivares est\u00e1 sentado entre carpas y casas de campa\u00f1a, rodeado de ni\u00f1os, mujeres y hombres que lo respaldan. Enfrente, un pu\u00f1ado de periodistas lo escucha en una improvisada conferencia de prensa.<\/p>\n
Desde el primer d\u00eda que se plantaron frente a Palacio, los desplazados buscaron un di\u00e1logo. Primero los atendi\u00f3 Leticia Amaya, coordinadora de Atenci\u00f3n Ciudadana de Presidencia. Ella los canaliz\u00f3 a la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, quien a su vez los canaliz\u00f3 con sus colaboradores Neftal\u00ed Granados y F\u00e9lix Santana \u00c1ngeles, con quienes se han realizado varias reuniones, aunque se han cancelado muchas otras.<\/p>\n
En todas ellas, las demandas de las personas de Guerrero son las mismas:<\/p>\n
Una vivienda digna para cada familia en el tiempo en el que se resuelve su retorno seguro. Un apoyo para comprar muebles y acondicionar dichas viviendas, as\u00ed como una despensa y seguridad a cargo del Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n
De acuerdo con Manuel Olivares, el gobierno asegura que sus demandas son excesivas.<\/p>\n
\u201cEsto es revictimizante, pues hay familias con m\u00e1s de tres hijos, quienes estar\u00e1n encerrados en un cuarto por qui\u00e9n sabe cu\u00e1nto tiempo\u201d, argumenta. \u201cDicen que el gobierno no puede dar ni camas ni mesas ni sillas. Mucho menos estufas o refrigeradores. De la seguridad, no hay ninguna certeza\u201d, lamenta.<\/p>\n
Desde el punto de vista del gobierno, la versi\u00f3n cambia. \u201cCada ocasi\u00f3n que les hemos hecho una propuesta, ellos buscan una nueva demanda\u201d, asegura en entrevista telef\u00f3nica F\u00e9lix Santana \u00c1ngeles, director general de Estrategias para la Atenci\u00f3n a los Derechos Humanos de la Segob, y uno de los principales negociadores.<\/p>\n
\u201cEllos quieren 5 mil pesos para una despensa, 5 mil pesos de renta mensual y otros 60 mil pesos para el pago de enseres. Pero no tenemos condiciones econ\u00f3micas\u201d, dice Santana \u00c1ngeles. \u201c\u00a1Haciendo cuentas, est\u00e1bamos planteando que la solicitud saldr\u00eda en 9 millones 700 mil pesos!\u201d.<\/p>\n
Las negociaciones, como asegura el funcionario, son tensas. Y hasta el momento ninguna parte ha cedido.<\/p>\n
El gobierno plantea una reubicaci\u00f3n y as\u00ed dar atenci\u00f3n a la crisis humanitaria en la que se encuentra el grupo. Esta podr\u00eda darse en un hotel en Chilpancingo, o en un campamento en Chichihualco, de donde salieron para llegar a la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
Seg\u00fan asegura Santana \u00c1ngeles, esto incluye una estrategia elaborada entre el propio Alejandro Encinas, la coordinaci\u00f3n nacional de Protecci\u00f3n Civil, el DIF federal, la Secretar\u00eda de Salud y la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas. \u201cContempla incluso empleos. Es un combo, un paquete que se est\u00e1 planeando\u201d.<\/p>\n
\u00c9stas ser\u00edan medidas temporales para aminorar la crisis humanitaria que asola a los habitantes del municipio de Leonardo Bravo, explica Santana \u00c1ngeles. Un primer paso.<\/p>\n
El segundo paso, sin embargo, implicar\u00eda un complejo proceso de pacificaci\u00f3n y desarme en la sierra, que podr\u00eda desembocar en un enfrentamiento con grupos armados en la sierra de Guerrero. \u201cSer\u00eda muy irresponsable poner un lapso para solucionar un problema tan complejo\u201d, dice el funcionario.<\/p>\n
Las personas desplazadas creen que dejar el campamento del Z\u00f3calo es una condicional para entregar cualquier tipo de ayuda; pero temen que eso volver\u00eda su caso invisible, y por tanto les har\u00eda perder cualquier esperanza de retorno.<\/p>\n
\u201cNosotros hemos hablado con los representantes, pero no nos deja de llamar la atenci\u00f3n que ninguna de nuestra propuestas les ha sido aceptada. Tenemos una instrucci\u00f3n, del propio Alejandro Encinas, de hacer el planteamiento a las v\u00edctimas directamente\u201d.<\/p>\n
El funcionario asegura que desde que las personas desplazadas llegaron a la ciudad, se les ha ofrecido estancia en dos albergues diferentes, donde podr\u00edan brindarles mejores condiciones de estancia, pero no las han aceptado.<\/p>\n
Como la contrapropuesta de los funcionarios de Gobernaci\u00f3n, Neftal\u00ed Granados y F\u00e9lix Santana, no les han complacido, ahora los desplazados demandan entablar un di\u00e1logo con la secretaria de Gobernaci\u00f3n, Olga S\u00e1nchez Cordero, y el de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Alfonso Durazo, donde est\u00e9 presente tambi\u00e9n Alejandro Encina<\/p>\n
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El hartazgo<\/p>\n
Crescencio Pacheco es otra de las personas desplazadas y miembro de la Polic\u00eda Rural de la regi\u00f3n, un cuerpo creado en las comunidades para defenderse del crimen organizado que los ha hostigado desde 2013. \u201cCreen que nosotros estamos pidiendo mucho y ellos no est\u00e1n para cumplirnos el capricho\u201d, lamenta.<\/p>\n
Ahora, teme que por consignar a la prensa los di\u00e1logos y las negociaciones que han tenido, la ayuda de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n nunca llegue.<\/p>\n
\u201cSabemos que ahora van a venir represalias por parte del gobierno federal y van a querer cerrar sus puertas. Nos lo dijo bien claro: \u2018Por nosotros qu\u00e9dense el tiempo que quieran ah\u00ed, si quieren estar un a\u00f1o, por nosotros no hay problema. Si quieren ayuda, regr\u00e9sense a Chichihualco\u2019\u201d, cuenta, para decir despu\u00e9s con tristeza:<\/p>\n
\u201cCreo que yo de mi parte, la verdad, me arrepiento de haber votado por Morena, por L\u00f3pez Obrador\u201d.<\/p>\n
De igual manera Mario Barrag\u00e1n, el joven ingeniero agr\u00f3nomo de la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos, empieza a perder la esperanza en que el gobierno pueda ayudarles a resolver su situaci\u00f3n. \u00c9l sali\u00f3 despavorido de su pueblo el 11 de noviembre. Ya no cosech\u00f3 sus plant\u00edos de aguacate que hab\u00eda programado para el 15 de noviembre. Unas 10 toneladas que vender\u00eda en Chilpancingo, a unos 18 pesos por kilo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n esperaba construir un nuevo gallinero para duplicar su producci\u00f3n de huevo. Ya la ONU, a partir de su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, le hab\u00eda aprobado un proyecto para tener 500 gallinas m\u00e1s.<\/p>\n
\u201cEl material lleg\u00f3, y ah\u00ed deber\u00edan de estar todas las cosas, pero llegaron los grupos armados y ya no supimos m\u00e1s\u201d.<\/p>\n