Lino Gonz\u00e1lez Veiguela
\nCategor\u00eda: Derechos humanos M\u00e9xico Narcotr\u00e1fico<\/p>\n
La desaparici\u00f3n forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa hace casi ocho meses no fue un suceso aislado en la historia reciente mexicana. A continuaci\u00f3n, comentamos cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado, se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades pol\u00edticas, policiales o militares. En todos ellos, las versiones oficiales iniciales se presentaron con una falta de correlaci\u00f3n, casi absoluta, entre el relato y las evidencias y testimonios. Ninguno de ellos ha sido a\u00fan resuelto judicialmente.<\/p>\n
Cad\u00e1veres de migrantes en Tamaulipas, 2010 y 2011<\/p>\n
Lugar: Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas<\/p>\n
Autoridades implicadas: polic\u00eda municipal y funcionarios municipales, estatales y federales<\/p>\n
V\u00edctimas: (al menos) 72 migrantes asesinados<\/p>\n
El 22 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando \u2013Estado norte\u00f1o de Tamaulipas \u2013 fueron asesinados 72 migrantes procedentes de diversos pa\u00edses de Centro y Suram\u00e9rica: entre los cuerpos identificados hab\u00eda hondure\u00f1os, salvadore\u00f1os, guatemaltecos, un ecuatoriano y brasile\u00f1os.<\/p>\n
La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano. Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del c\u00e1rtel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos \u2013entre sus efectivos se cuentan tambi\u00e9n ex militares kaibiles guatemaltecos\u2013 que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del C\u00e1rtel del Golfo antes de independizarse como organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
Unos meses m\u00e1s tarde, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando, situado a unos 150 kil\u00f3metros al sur de la frontera con EE UU siguiendo la autopista federal 101 (conocida como la \u201ccarretera de la muerte\u201d por los frecuentes asaltos y secuestros que se producen en su trazado), ser\u00eda escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cad\u00e1veres, tanto de mexicanos como de migrantes centro y suramericanos, pertenec\u00edan en su mayor\u00eda a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a la frontera. El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado se hab\u00eda convertido en un negocio rentable y las v\u00edctimas de estas acciones aumentaron exponencialmente durante el sexenio de Calder\u00f3n.<\/p>\n
La versi\u00f3n oficial: los culpables hab\u00edan sido de nuevo los Zetas. S\u00f3lo y exclusivamente los Zetas. Tiempo despu\u00e9s las autoridades mexicanas anunciaron la detenci\u00f3n de 17 de los 25 polic\u00edas municipales de San Fernando, acusados de \u201cproteger\u201d a este c\u00e1rtel. Desde 2010, organizaciones como Amnist\u00eda Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hiciesen p\u00fablicos los documentos de la investigaci\u00f3n, incluidos los expedientes abiertos contra esos polic\u00edas detenidos. La fiscal\u00eda se neg\u00f3 aduciendo que esa documentaci\u00f3n era secreta, y que lo ser\u00eda durante 12 a\u00f1os.<\/p>\n
A finales de 2013, sin embargo, la ONG National Security Archive (NSA) \u2013nada que ver con la Agencia Federal NSA\u2013, consigui\u00f3 que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplom\u00e1ticos enviados por algunos de sus funcionarios desde M\u00e9xico. En ellos, y en base a las fuentes de la DEA, se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situaci\u00f3n de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales el n\u00famero de muertos encontrados, hasta la posible implicaci\u00f3n directa de la polic\u00eda municipal, que habr\u00eda detenido alguno autobuses y detenido a migrantes que luego entregaba a los grupos del crimen organizado. Esas y otras acciones de la polic\u00eda, les habr\u00eda hecho merecedores del mote de Polizetas. En un cable se comentaba tambi\u00e9n que los Zetas podr\u00edan estar asesinando migrantes para perjudicar a sus antiguos patrones, el C\u00e1rtel del Golfo, que hab\u00eda convertido el secuestro de \u00e9stos en un negocio: obligando a las v\u00edctimas a que llamasen a familiares para que enviaran una cantidad econ\u00f3mica a cambio de su rescate. En un art\u00edculo publicado hace unos meses sobre la relaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Estados Unidos, la NSA se\u00f1alaba otro punto importante a la hora de comprender qu\u00e9 estaba ocurriendo al sur de la frontera: \u201c\u201cEl caso de Coahuila evidencia tambi\u00e9n c\u00f3mo funcionarios estadunidenses en M\u00e9xico regularmente reciben informaci\u00f3n sobre las ligas del Gobierno mexicano con el crimen organizado y los abusos, al mismo tiempo que Washington provee equipamiento, asistencia y entrenamiento a las corporaciones involucradas\u201d. En el marco del plan M\u00e9rida, EE UU entreg\u00f3 a M\u00e9xico unos 2.500 millones entre 2008 y 2013.<\/p>\n
Un pueblo arrasado durante varios d\u00edas, marzo de 2011
\nLugar: pueblo de Allende, Estado de Cohauila<\/p>\n
Autoridades implicadas: por omisi\u00f3n de sus funciones, autoridades municipales, estatales y federales<\/p>\n
Victimas: en torno a las 300 personas<\/p>\n
El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraban en el pueblo de Allende, de unos 20.000 habitantes, a unos 50 kil\u00f3metros de la frontera con Texas. Comenzaba en ese momento uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en M\u00e9xico. La historia no se conocer\u00eda hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles.<\/p>\n
Durante varios d\u00edas, los comandos criminales pertenecientes a los Zetas, fueron tachando objetivos de las listas que llevaban los domicilios y las personas que estaban buscando. Casa por casa, fueron secuestrando a decenas de personas. Tambi\u00e9n se llevaban los bienes de m\u00e1s valor que encontraban, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos polic\u00edas municipales. Los saqueos y secuestros continuaron durante varios d\u00edas, sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habr\u00edan tenido conocimiento de los hechos mientras se estaban. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, seg\u00fan los testigos, hab\u00edan traicionado al grupo criminal, pas\u00e1ndose al otro lado para colaborar con la agencia estadunidense de la DEA. Se calcula que en total desaparecieron entre 30 y 40 n\u00facleos familiares del municipio. Sus casas fueron destruidas tras los saqueos, usando granadas de mano o directamente piquetas. Cuando los narcos dieron por concluida su misi\u00f3n d\u00edas despu\u00e9s de su llegada, subieron de nuevo a sus camionetas y se fueron.<\/p>\n
Pasaron casi tres a\u00f1os en los que no se habl\u00f3 del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos peri\u00f3dicos locales. Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligaci\u00f3n de investigar. En todo ese tiempo de silencio, el Estado de Cohauila fue uno de los m\u00e1s afectados por la descomposici\u00f3n institucional: la Fiscal General de Cohauila, Claudia Gonz\u00e1lez L\u00f3pez, que deber\u00eda haber abierto la investigaci\u00f3n, ser\u00eda destituida meses despu\u00e9s de la masacre \u2013aunque no a causa de ella\u2013 al descubrirse que hab\u00eda ofrecido protecci\u00f3n a los Zetas; el secretario de finanzas del Estado se entregar\u00eda a las autoridades texanas en El Paso por lavado de dinero, delito del que hab\u00eda sido acusado al otro lado de la frontera; el entonces gobernador interino del Estado sigue en busca y captura acusado de robar dinero de las arcas estatales.<\/p>\n
No ser\u00eda hasta enero de 2014 que se descubrir\u00eda una fosa com\u00fan en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forz\u00f3 el inicio de una investigaci\u00f3n que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados. Como ha resumido el periodista mexicano Diego Osorno en su cr\u00f3nica sobre la matanza de Allende: \u201cDe acuerdo con otros testimonios recolectados, el hombre que dirigi\u00f3 la masacre de la primavera en este pueblo con manantial se llamaba Gabriel Zaragoza y le dec\u00edan Comandante Flacaman. En 2012, Comandante Flacaman fue asesinado en San Luis Potos\u00ed por sus mismos compa\u00f1eros, durante otra guerra interna. De los dem\u00e1s ejecutores no se sabe nada. Tampoco de los funcionarios que permitieron esta masacre\u201d.<\/p>\n
Ejecuciones militares en el Estado de M\u00e9xico, 30 junio 2014
\nLugar: pueblo de San Pedro Lim\u00f3n, Tlatlaya, Estado de M\u00e9xico<\/p>\n
Autoridades implicadas: Ej\u00e9rcito<\/p>\n
V\u00edctimas: 22 (de las que 21 habr\u00edan sido ejecuciones sumarias)<\/p>\n
Seg\u00fan la versi\u00f3n oficial, el pasado 30 de junio de 2014, en el peque\u00f1o pueblo de San Pedro Lim\u00f3n, al sur del Estado de M\u00e9xico, a escasos kil\u00f3metros de la frontera con el Estado de Guerrero, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las v\u00edctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, seg\u00fan las autoridades. Dos soldados hab\u00edan resultado heridos. Ning\u00fan delincuente har\u00eda quedado con vida. En la operaci\u00f3n se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se liber\u00f3 a tres mujeres secuestradas.<\/p>\n
Los medios de comunicaci\u00f3n, sin embargo, no tardaron demasiado en cuestionar esa versi\u00f3n oficial.<\/p>\n
Ocho d\u00edas despu\u00e9s de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) public\u00f3 una nota en la que se afirmaba que la versi\u00f3n oficial no se sosten\u00eda, contradicha tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos. En la nave industrial en la que se hab\u00eda producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no hab\u00eda signos de ese largo intercambio de disparos. S\u00f3lo indicios \u2013confirmados por algunos testigos\u2013 de que se podr\u00eda haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre de ese mismo a\u00f1o, la edici\u00f3n mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista espa\u00f1ol Pablo Ferri, con un testimonio que contradec\u00edan igualmente la versi\u00f3n oficial: 19 de las 22 muertes habr\u00edan sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fr\u00eda, incluida la chica de 14 a\u00f1os, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fr\u00eda. A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso \u2013que no fueron todas\u2013 afirmaron que en la investigaci\u00f3n en curso no se hab\u00edan encontrado evidencias que desmintieran la primera versi\u00f3n oficial.<\/p>\n
Las informaciones publicadas desde entonces se\u00f1alan que los supuestos responsables de las ejecuciones habr\u00edan sido tres militares pertenecientes al 102 batall\u00f3n de infanter\u00eda de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, suroeste del Estado de M\u00e9xico. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos. El diario Reforma hab\u00eda publicado que, seg\u00fan documentos oficiales, entre 2010 y 2011 efectivos de ese batall\u00f3n hab\u00edan recibido dinero a cambio de informar al c\u00e1rtel de La familia (Michoacana) sobre las operaciones de su unidad. Seis militares, incluidos dos oficiales, fueron acusados por ello. En diciembre de 2013, meses antes de la matanza de San Pedro Lim\u00f3n, algunos integrantes del batall\u00f3n hab\u00edan abierto fuego contra una camioneta en la que viajaban unos cazadores que regresaban de una cacer\u00eda, matando a cuatro funcionarios municipales de un pueblo del Estado de Guerrero. La zona hab\u00eda registrado una alta actividad criminal, incluidos asesinatos de miembros de las fuerzas del orden. La tensi\u00f3n era m\u00e1xima.
\nSacar el Ej\u00e9rcito a las calles us\u00e1ndolo para realizar funciones policiales fue una de las medidas implementadas por el Gobierno de Felipe Calder\u00f3n cuando decidi\u00f3 iniciar su guerra contra el narcotr\u00e1fico. El motivo principal aducido por las autoridades para esta instrumentalizaci\u00f3n de los militares fue que el resto de fuerzas del orden \u2013a nivel federal, estatal y municipal\u2013 estaban infiltradas por el crimen organizado en mayor o menor medida. Algo que era y sigue siendo cierto: sin embargo, tambi\u00e9n entre el estamento militar se hab\u00edan registrado condenas por connivencia con el narcotr\u00e1fico. Incluidos generales con varias estrellas encargados de luchar contra el narco. La medida se ha demostrado equivocada, y no son pocos los militares que la consideran tambi\u00e9n equivocada: ha sido ineficaz, erosionando gravemente el prestigio del Ej\u00e9rcito; y ha causado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de efectivos militares denunciadas ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONU ha reiterado que no es conveniente el uso de miliares en funciones policiales: ni est\u00e1n cualificados para ello, ni suelen contar con una formaci\u00f3n adecuada en derechos humanos.<\/p>\n
Sigue sin conocerse la identidad de los 22 asesinados en San Pedro Lim\u00f3n. La cuesti\u00f3n de si eran o no criminales es importante, hay indicios para afirmar que al menos algunos de los muertos lo eran. Pero es mucho m\u00e1s importante saber si para combatir al crimen organizado los militares recurrieron a la ejecuci\u00f3n extrajudicial. A ra\u00edz de las noticias publicadas en los medios, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (la Fiscal\u00eda, conocida como PGR) ha abierto una investigaci\u00f3n civil sobre los hechos. Mientras la investigaci\u00f3n estuvo bajo jurisdicci\u00f3n militar, la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos hab\u00eda denunciado la falta de cooperaci\u00f3n de la fiscal\u00eda militar para sus abogados tuviesen acceso a los expedientes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Las dos matanzas de Apatzing\u00e1n, 6 de enero de 2015
\nLugar: ciudad de Apatzing\u00e1n, Estado de Guerrero<\/p>\n
Autoridades implicadas: polic\u00eda federal<\/p>\n
V\u00edctimas: 16 muertos y varios heridos<\/p>\n
\u201cAl grito de \u2018\u00a1Maten a esos perros!\u2019, comienzan a disparar, a matarnos\u201d. As\u00ed recuerda un testigo el inicio de primera matanza registrada en la madrugada del 6 de enero del 2015 en la principal plaza de la ciudad de Apatzing\u00e1n, Estado de Michoac\u00e1n. Seg\u00fan ese testigo, efectivos de la polic\u00eda federal habr\u00edan abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disoluci\u00f3n de uno de los grupos de autodefensas que hab\u00edan sido legalizados meses antes para patrullar por las \u00e1reas rurales de los alrededores con la misi\u00f3n de perseguir a los miembros del c\u00e1rtel de Los Templarios. La versi\u00f3n oficial: no se hab\u00eda producido ning\u00fan muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. S\u00f3lo se habr\u00eda registrado un atropello y ocho muertos horas m\u00e1s tarde, poco antes de las ocho de la ma\u00f1ana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos, siempre seg\u00fan esa versi\u00f3n oficial, habr\u00eda sido asaltado por civiles armados que quer\u00edan liberar a los detenidos. Los muertos se habr\u00edan producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.<\/p>\n
Como parte de la versi\u00f3n oficial, se se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra: siete hermanos a los que unos acusan de ser ex templarios y de cometer diversos cr\u00edmenes, y a los que otros defienden como defensores de las poblaciones acosadas por los Templarios. Las informaciones sobre la infiltraci\u00f3n de autodefensas por parte del crimen organizado han sido frecuentes desde la legalizaci\u00f3n de estos grupos de civiles armados. La situaci\u00f3n en Michoac\u00e1n ha degenerado hasta tal punto que resulta dif\u00edcil saber qui\u00e9n es qui\u00e9n y para qui\u00e9n trabaja: sean autodefensas, militares o federales.<\/p>\n
El pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicaba en la revista Proceso un art\u00edculo \u2013divulgado al mismo tiempo por Ar\u00edstegui Noticias y por Univisi\u00f3n\u2013 en el que resum\u00eda las versiones de los hechos que hab\u00eda obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno. Tambi\u00e9n consigui\u00f3 documentos, fotos e im\u00e1genes de c\u00e1maras de grabaci\u00f3n que parec\u00edan probar que, adem\u00e1s de haber causado al menos varias de las muertes, los federales hab\u00edan recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que hab\u00eda ocurrido: desde mover cad\u00e1veres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados. Entre las entrevistas realizadas, se inclu\u00edan los testimonios de personal sanitario confirmando que algunos muertos ten\u00edan amplias heridas causadas por balas expansivas, con quemaduras de p\u00f3lvora en la piel que s\u00f3lo se producen cuando se dispara a una corta distancia. Las nuevas evidencias han forzado a las autoridades a abrir una investigaci\u00f3n que a\u00fan est\u00e1 en curso.<\/p>\n