Comit\u00e9s de Cuenca R\u00edo Sonora pidieron a la SCJN declarar inconstitucional la autorizaci\u00f3n otorgada a Grupo M\u00e9xico para ampliar un proyecto de explotaci\u00f3n de minerales, que se encuentra en la misma zona donde hace cuatro a\u00f1os se registr\u00f3 el peor desastre ambiental en la historia del pa\u00eds.<\/p><\/blockquote>\n
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La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) emitir\u00e1 en estos d\u00edas su fallo sobre el amparo interpuesto por los representantes de los Comit\u00e9s de Cuenca R\u00edo Sonora (CCRS) en el que exigen se declare inconstitucional la autorizaci\u00f3n otorgada por la SEMARNAT a la minera Buenavista del Cobre, de Grupo M\u00e9xico, para la ampliaci\u00f3n de una presa de jales, estructura donde se almacenan desechos derivados de la explotaci\u00f3n de minerales.<\/p>\n
La presa se est\u00e1 construyendo en la misma zona donde hace cuatro a\u00f1os se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado. Esos desechos proven\u00edan de la misma minera de Grupo M\u00e9xico, que los almacenaba en una pileta de lixiviaci\u00f3n, donde se utilizaba \u00e1cido sulf\u00farico y agua para separar metales de otros s\u00f3lidos. El derrame contamin\u00f3 los r\u00edos Bac\u00e1nuchi y Sonora, y afect\u00f3 a m\u00e1s de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Ban\u00e1michi, Huepac, San Felipe de Jes\u00fas, Aconchi, Bav\u00edcora y Ures.<\/p>\n
Los representantes de los Comit\u00e9s de Cuenca R\u00edo Sonora, donde se aglutinan los pobladores afectados, aseguraron en una manifestaci\u00f3n frente a la SCJN que la presa de jales ya autorizada por la SEMARNAT tiene 80 mil veces m\u00e1s capacidad que la pileta de lixiviaci\u00f3n implicada en el desastre ambiental de 2014, considerado el peor en la historia del pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cEse derrame nos cambi\u00f3 la vida. Desde entonces no tenemos agua potable. Ya no queremos sembrar. Tenemos duraznos, pero nos da miedo comerlos. Hay rumores de que nos van a mover m\u00e1s lejos por la ampliaci\u00f3n de la presa. Nosotros no queremos irnos, de aqu\u00ed somos\u201d, dice Mar\u00eda Elena Bustamante, habitante de Bac\u00e1nuchi y representante de los CCRS.<\/p>\n
Los pobladores aseguran que nunca se les consult\u00f3 sobre el proyecto de la presa. \u201cNunca nos tomaron en cuenta para decidir, como no nos han tomado en cuenta antes, pese a las afectaciones que hemos tenido, por eso interpusimos el amparo\u201d.<\/p>\n
Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organizaci\u00f3n que lleva el caso, explic\u00f3 que el recurso legal se interpuso en el Juzgado Noveno de Distrito de Agua Prieta, con competencia para resolver sobre los asuntos de Cananea, donde se encuentra la mina.<\/p>\n
En entrevista, Cano describi\u00f3 que este juzgado dict\u00f3 sentencia en contra y dijo que los demandantes no ten\u00edan ni siquiera legitimaci\u00f3n para interponer el recurso, porque s\u00f3lo la poblaci\u00f3n de Cananea pod\u00eda cuestionar el proyecto. \u201cComo si el derrame de 2014 no hubiera afectado a la gente de r\u00edo abajo. Lo que la mina hace afecta a toda la zona\u201d.<\/p>\n
Ante la resoluci\u00f3n en contra, los pobladores interpusieron un nuevo recurso de inconformidad. El Tribunal Colegiado de Circuito de Sonora en Materia Penal y Administrativa les dio la raz\u00f3n. Revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado local y determin\u00f3 que el tema de fondo era tan importante que deb\u00eda conocerlo la SCJN. La Segunda Sala lo admiti\u00f3 en abril pasado.<\/p>\n
El asunto est\u00e1 en el orden del d\u00eda de este mi\u00e9rcoles que la Suprema Corte debe atender. La regla com\u00fan es que los asuntos se resuelvan el d\u00eda que quedan listados, pero hay la posibilidad de que la votaci\u00f3n del proyecto de sentencia se difiera para la pr\u00f3xima semana.<\/p>\n
La Corte, se\u00f1ala el abogado, tiene dos opciones. Se puede comportar como mero juzgado de legalidad y decir que la Ley General de Equilibrio Ecol\u00f3gico y Protecci\u00f3n al Ambiente tiene lagunas y omisiones y que no dispone en ning\u00fan lado que proyectos como \u00e9ste, una presa de jales, deben abrirse a la participaci\u00f3n informada de la gente \u201co puede estar a la altura de un tribunal constitucional, a la altura de sus remuneraciones, y defender la constituci\u00f3n, en primer lugar\u201d.<\/p>\n
En la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la participaci\u00f3n est\u00e1 mencionado, aunque de forma vaga, aclara el abogado, en el art\u00edculo 26, donde se estipula que la planeaci\u00f3n nacional del desarrollo tiene que ser democr\u00e1tica y debe estar abierta a participaci\u00f3n.<\/p>\n
Las leyes internacionales s\u00ed la contemplan con mayor claridad, entre ellas el Art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, el Art\u00edculo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Convenio de Escaz\u00fa (acuerdo regional, pr\u00f3ximo a firmarse, sobre el acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n p\u00fablica y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe), del que M\u00e9xico fue impulsor.<\/p>\n
Organizaciones de defensa de derechos humanos y del medio ambiente, como ProDESC, CEMDA, SERAPAZ, FUNDAR, GREENPEACE y OXFAM se sumaron a la demanda ante la SCJN y entregaron un Amicus Curiae, documento dirigido a los ministros de la Segunda Sala, en el que exponen elementos jur\u00eddicos sobre el derecho a la participaci\u00f3n p\u00fablica en asuntos ambientales.<\/p>\n
Representantes de otros movimientos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Mexicali Resiste y los defensores del agua de Tlanixco, Estado de M\u00e9xico, se unieron al acto p\u00fablico afuera de la Suprema Corte en apoyo a los pobladores de Sonora.<\/p>\n
Si el fallo de la corte es favorable para los pobladores, la SEMARNAT deber\u00e1 dejar sin efectos la autorizaci\u00f3n para la presa y el proyecto deber\u00e1 suspenderse, hasta que la comunidad reciba informaci\u00f3n y pueda opinar. \u201cUn fallo as\u00ed sentar\u00eda precedente para otros casos similares\u201d, afirma Cano.<\/p>\n