Proceso<\/p>\n
Luciano Campos Garza<\/p>\n
El 29 de septiembre, el presidente del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos V\u00e1zquez, entreg\u00f3 un informe a los integrantes de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos que en 64 p\u00e1ginas resume el clima oprobioso que envuelve a Tamaulipas. El documento incluye 23 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas federales, 22 desapariciones forzadas y una violaci\u00f3n cometida en el Cuartel Militar de dicha ciudad.<\/p>\n
En la entidad, los homicidios, secuestros y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles, lo que mantiene en la zozobra a los pobladores. Desde hace meses, el temor es generalizado y lo mismo se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en territorio tamaulipeco.<\/p>\n
Este es el diagn\u00f3stico del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entregado el martes 29 de septiembre a Tracy Robinson, comisionada de la delegaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un encuentro realizado en Monterrey, Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n
Ese d\u00eda se realizaron audiencias privadas en las que integrantes de agrupaciones sociales de los estados del norte del pa\u00eds hablaron de sus experiencias en la b\u00fasqueda de sus familiares desaparecidos y reiteraron su exigencia de justicia a los visitantes.<\/p>\n
Seg\u00fan el CDHNL, fundado en 1999 y dirigido por Raymundo Ramos V\u00e1zquez, la estrategia de seguridad para Tamaulipas emprendida el a\u00f1o pasado es un fracaso. Pese a que arribaron a la zona 15 mil elementos de la Polic\u00eda Federal (PF), as\u00ed como soldados y marinos, la inseguridad e indefensi\u00f3n no disminuyen.<\/p>\n
Por mucho que el gobierno federal asegure que en Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cant\u00fa, \u201cla vigencia del estado de derecho es una realidad\u201d, lo cierto es que los ciudadanos viven entre el horror y la destrucci\u00f3n, de acuerdo con el an\u00e1lisis de la citada organizaci\u00f3n, la \u00fanica de su tipo que a\u00fan funciona en la entidad, en medio del hostigamiento de delincuentes y las fuerzas federales.<\/p>\n
Durante el encuentro en Monterrey, efectuado en la Facultad Libre de Derecho y al que acudieron representantes del CDHNL, as\u00ed como activistas proderechos humanos de Nuevo Le\u00f3n, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, Robinson escuch\u00f3 de viva voz las quejas ciudadanas.<\/p>\n
El CDHNL le entreg\u00f3 a la comisionada su informe de 64 p\u00e1ginas titulado Desaparici\u00f3n forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, una de las entidades m\u00e1s inseguras, violentas y con mayor \u00edndice de desconfianza hacia las autoridades.<\/p>\n
Ramos le entreg\u00f3 el informe personalmente a Robinson, quien estuvo acompa\u00f1ada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efr\u00e9n Olivares. La enviada se comprometi\u00f3 a analizar el documento y a contactar a Ramos posteriormente.<\/p>\n
El documento refiere que la violencia se percibe principalmente en Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, justo en la frontera norte.<\/p>\n
El 13 de mayo de 2014, el secretario de Gobernaci\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Osorio Chong, anunci\u00f3 la estrategia para apaciguar Tamaulipas, luego de una escalada de violencia atizada por sicarios de Los Zetas y del C\u00e1rtel del Golfo, que paraliz\u00f3 las principales ciudades de la entidad.<\/p>\n
Y aunque las autoridades aseguraron que su intenci\u00f3n era desarticular las bandas, sellar las rutas del tr\u00e1fico de drogas, personas, armas y dinero, as\u00ed como garantizar la creaci\u00f3n de instituciones locales de seguridad eficientes y confiables, hasta ahora nada de eso se ha cumplido, sostiene Ramos.<\/p>\n
En su quinto informe de gobierno, presentado la semana pasada, Torre Cant\u00fa asegur\u00f3 que hab\u00edan llegado a la entidad 6 mil 120 elementos de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena), 900 de la Secretar\u00eda de Marina (Semar), 2 mil 293 de la PF, 2 mil 790 de la Polic\u00eda Militar (PM) y 2 mil 962 de la Polic\u00eda Estatal Acreditable (PEA), que se desplegar\u00edan en los 42 municipios del estado.<\/p>\n
Sin embargo, lejos de tranquilizar la entidad \u2013indica el informe del CDHNL\u2013, la llegada de las fuerzas federales en los \u00faltimos meses s\u00f3lo cre\u00f3 un ambiente de miedo, injusticia y abuso de autoridad. Hoy, varios poblados est\u00e1n abandonados, las carreteras son intransitables y los \u00addesaparecidos se cuentan por miles.<\/p>\n
\u201cCuando el entonces presidente de la Rep\u00fablica, Felipe Calder\u00f3n Hinojosa, declar\u00f3 una guerra frontal al crimen organizado, en Tamaulipas la violencia alcanz\u00f3 alturas inimaginables, creando una guerra de todos contra todos: c\u00e1rteles contra c\u00e1rteles, y c\u00e1rteles contra autoridades de los tres \u00f3rdenes de gobierno\u201d, dice el informe entregado a la comisionada Robinson.<\/p>\n
Y abunda: \u201cCon Pe\u00f1a Nieto el escenario no tuvo una mejor\u00eda, a pesar de anunciar una estrategia diferente. En Tamaulipas las personas siguen desapareciendo, principalmente mujeres j\u00f3venes, las carreteras son inseguras, los c\u00e1rteles de las drogas siguen operando, a pesar de la captura de sus principales dirigentes, y las fuerzas federales no han podido garantizar ni paz ni seguridad\u201d.<\/p>\n
Cifras negras<\/p>\n
Seg\u00fan las estad\u00edsticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, inscrito en el Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica, en Tamaulipas se documentaron 5 mil 293 casos de desaparecidos entre enero de 2007 y diciembre de 2014. Sin embargo, Ramos asegura que la cifra negra puede ser de 15 mil.<\/p>\n
Las cifras oficiales representan s\u00f3lo 27% de los desaparecidos en todo el pa\u00eds \u2013estimados en 23 mil 27\u2013. Tamaulipas es l\u00edder en ese rubro, seguido por Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Estado de M\u00e9xico, Chihuahua y Sinaloa.<\/p>\n
Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de este a\u00f1o, el mayor n\u00famero de denuncias de privaciones ilegales de la libertad fueron registradas en el Estado de M\u00e9xico, con mil 225; Tamaulipas, 607; Guerrero, 516; Morelos, 499; Distrito Federal, 418, y en Veracruz con 340.<\/p>\n
No hay estad\u00edsticas de los abusos que sufren en su traves\u00eda a Estados Unidos los migrantes salvadore\u00f1os, hondure\u00f1os y guatemaltecos. S\u00f3lo se sabe que son v\u00edctimas de las autoridades migratorias y los vigilantes de La Bestia.<\/p>\n
Muchos de ellos son extorsionados, secuestrados y asesinados por bandas criminales en la ruta de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con reportes del albergue Hermanos del Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde.<\/p>\n
Y aun cuando el presidente Pe\u00f1a Nieto impuls\u00f3 el fortalecimiento del marco jur\u00eddico para proteger los derechos humanos, promulg\u00f3 la Ley General de V\u00edctimas e incluso cre\u00f3 el mecanismo de protecci\u00f3n a defensores de los derechos humanos y de los periodistas, en la pr\u00e1ctica esos mecanismos no funcionan, dice el informe del CDHNL.<\/p>\n
Hoy, agrega, la prevenci\u00f3n del delito y la persecuci\u00f3n de delincuentes es pr\u00e1cticamente inexistente en Tamaulipas, pues desde la administraci\u00f3n de Calder\u00f3n el gobierno estatal desapareci\u00f3 la polic\u00eda local en la mayor\u00eda de los municipios.<\/p>\n
Torre Cant\u00fa firm\u00f3 un convenio de colaboraci\u00f3n mediante el cual el gobierno estatal depositaba en las Fuerzas Armadas y sus oficiales la estructura y operatividad de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
El gobierno del estado incluso se encarga de cubrir los salarios de soldados, marinos y polic\u00edas federales asentados en Tamaulipas, as\u00ed como su hospedaje, transporte, armamento, veh\u00edculos y combustible, adem\u00e1s de gastos m\u00e9dicos en caso de accidente e indemnizaciones por fallecimiento en el cumplimento del deber.<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan expertos en temas de seguridad \u2013dice el informe\u2013, Tamaulipas es un estado fallido donde las autoridades estatales no pueden garantizar a la poblaci\u00f3n el derecho a la paz social, la justicia, la libertad de tr\u00e1nsito o expresi\u00f3n, entre otras.<\/p>\n
\u201cSin embargo, para el gobierno de la Rep\u00fablica, la vigencia del estado de derecho es una realidad. La corrupci\u00f3n en los m\u00e1s altos niveles de gobierno ha permitido una cercana convivencia entre funcionarios y delincuentes, cobijados tambi\u00e9n bajo un poderoso manto protector: el poder pol\u00edtico.\u201d<\/p>\n
Ciudadanos en el desamparo<\/p>\n
En el apartado m\u00e1s amplio, el CDHNL documenta 23 ejecuciones extrajudiciales, 22 desapariciones forzadas y una violaci\u00f3n cometida en el Cuartel Militar de Nuevo Laredo. Pese a las denuncias ciudadanas, hasta ahora ning\u00fan militar ha sido procesado.<\/p>\n
En junio de 2011, la Marina envi\u00f3 a Tamaulipas, Nuevo Le\u00f3n y Coahuila fuerzas especiales para recabar informaci\u00f3n de inteligencia a fin de combatir al crimen organizado, aunque no informaron a autoridades locales del resultado de sus acciones.<\/p>\n
Las tropas navales tomaron como base de operaciones la denominada Ciudad Deportiva, ubicada en el Libramiento Segundo Anillo Perif\u00e9rico.<\/p>\n
\u201cEn ese lugar torturaban a los detenidos, hombres y mujeres, ni\u00f1os y adolescentes, para obtener informaci\u00f3n que les permitieran detectar a delincuentes de mayor rango que operaban en la regi\u00f3n y as\u00ed proceder a su captura\u201d, dice el informe.<\/p>\n
Entre el 2 y el 14 de junio de ese a\u00f1o, la CDHNL recibi\u00f3 15 quejas que implicaban a personal naval por violaciones graves a los derechos humanos en las detenciones arbitrarias. Algunos incluso fueron torturados e incomunicados; otros desaparecieron.<\/p>\n
Entre los casos denunciados por \u00addesaparici\u00f3n forzada \u2013en 23 de los cuales estuvieron implicados elementos de las fuerzas federales\u2013 destacan los de Jos\u00e9 Cruz D\u00edaz Camarillo, Jos\u00e9 Fortino Mart\u00ednez, Mart\u00edn Rico Garc\u00eda, Diego Omar Guill\u00e9n Mart\u00ednez, Usiel G\u00f3mez Rivera y H\u00e9ctor Alejandro Rodr\u00edguez V\u00e1zquez. Familiares de otros nueve detenidos se retractaron de sus denuncias por miedo a represalias mayores de las autoridades, dice Ramos.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos emiti\u00f3 su recomendaci\u00f3n 39\/2012 contra la Secretar\u00eda de Marina relacionada con la averiguaci\u00f3n AP\/PGR\/TAMPS\/REY-III\/1979\/2011, en el que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica hab\u00eda concentrado las seis investigaciones.<\/p>\n
La Marina pag\u00f3 200 mil pesos a cada familia y se comprometi\u00f3 a solventar los estudios de los hijos de las v\u00edctimas hasta nivel licenciatura.<\/p>\n
No obstante, la fiscal federal Roc\u00edo Escobar Gonz\u00e1lez no encontr\u00f3 elementos de responsabilidad contra los marinos implicados y el 27 de abril de ese a\u00f1o inform\u00f3 a las familias que la averiguaci\u00f3n quedaba en reserva.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay otro caso de desaparici\u00f3n forzada y ejecuciones que involucran a personal de la Marina. Las v\u00edctimas son tres menores: Juan Pablo Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez, de 13 a\u00f1os, Ra\u00fal David \u00c1lvarez Guti\u00e9rrez, de 17, quien fue arrestado el 30 de julio de 2013, y Diana Laura Hern\u00e1ndez Acosta, de 15, as\u00ed como David Veliz Leija y Jos\u00e9 de Jes\u00fas Mart\u00ednez Chigo.<\/p>\n
La madre de Juan Pablo denunci\u00f3 que el 8 de agosto elementos navales entraron a su casa y se lo arrebataron; al d\u00eda siguiente apareci\u00f3 muerto en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras. Ten\u00eda huellas de tortura. El cuerpo fue robado antes de que llegara el MP a dar fe de los hechos, seg\u00fan la averiguaci\u00f3n AP\/PGR\/TAMPS\/NL-II\/3048\/2013. Junto al chico apareci\u00f3 el cad\u00e1ver de Veliz Leija.<\/p>\n
El informe del CDHNL menciona tambi\u00e9n los casos de los exgobernadores Tom\u00e1s Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hern\u00e1ndez Flores, quienes enfrentan acusaciones criminales en Estados Unidos. Contra el primero hay una orden de aprehensi\u00f3n por narcotr\u00e1fico, fraude bancario y lavado de dinero; Hern\u00e1ndez enfrenta un cargo formal en el estado de Texas por lavado y narco.<\/p>\n
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