CimaNoticias.<\/p>\n
Ang\u00e9lica Jocelyn Soto, Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
Invasi\u00f3n de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios \u00ednfimos, uso de qu\u00edmicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en da\u00f1os a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparici\u00f3n de hierbas medicinales y de especies animales end\u00e9micas\u2026<\/p>\n
Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acci\u00f3n de empresas mineras, hidroel\u00e9ctricas, e\u00f3licas, agroindustriales, de infraestructura, de explotaci\u00f3n de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el pa\u00eds, sobre todo en comunidades ind\u00edgenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastaci\u00f3n del entorno, la agudizaci\u00f3n de su pobreza y los da\u00f1os en su salud y la de sus familias.<\/p>\n
As\u00ed lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita M\u00e9xico, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.<\/p>\n
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.<\/p>\n
Mar\u00eda Isabel Jim\u00e9nez Salinas, ind\u00edgena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le cont\u00f3 al Grupo de Trabajo sobre la devastaci\u00f3n que ha significado para su comunidad la llegada de m\u00e1s de 21 empresas de energ\u00eda e\u00f3lica a la regi\u00f3n.<\/p>\n
M\u00e9dica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta ind\u00edgena que se aplic\u00f3 en el lugar para la construcci\u00f3n de un parque e\u00f3lico se desarroll\u00f3 en medio de agresiones y amenazas.<\/p>\n
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las m\u00e9dicas tradicionales, asegura que los proyectos e\u00f3licos s\u00ed afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. \u201cAl defender la madre tierra, tambi\u00e9n defendemos nuestro trabajo que son las hierbas medicinales\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Isabel les cont\u00f3 que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastec\u00edan de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque e\u00f3lico Bi\u00ed Hioxo hab\u00eda cercado sus parcelas, les ped\u00edan gafetes para entrar a sus tierras y da\u00f1aban la flora y fauna de la regi\u00f3n, caracterizada por tener especies \u00fanicas en el pa\u00eds.<\/p>\n
Unida a estos grupos inconformes, la mayor\u00eda integrados por varones zapotecas que despu\u00e9s conformaron la APPJ, Isabel inform\u00f3 a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.<\/p>\n
\u201cCONSULTAS\u201d Y CONTRATOS<\/p>\n
Para su aprobaci\u00f3n, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (ProDESC), llev\u00f3 a cabo una Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n y comprobaron que el Estado mexicano viol\u00f3 los estatutos del Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.<\/p>\n
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcci\u00f3n de parques e\u00f3licos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociaci\u00f3n Mexicana de Energ\u00eda E\u00f3lica (AMDEE), hay 31 parques e\u00f3licos instalados en el pa\u00eds: 21 en la regi\u00f3n del Istmo, 12 en Juchit\u00e1n.<\/p>\n
El Grupo de Trabajo escuch\u00f3 tambi\u00e9n a la comunidad agraria de Uni\u00f3n Hidalgo, en la regi\u00f3n oaxaque\u00f1a del Istmo de Tehuantepec, donde la poblaci\u00f3n demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos E\u00f3licos de M\u00e9xico (Demex), para el parque e\u00f3lico Piedra Larga.<\/p>\n
La activista Guadalupe Ram\u00edrez Castellanos asegura que la empresa no respet\u00f3 la propiedad comunal de la tierra porque \u201ccompr\u00f3\u201d \u00e1reas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que est\u00e1 en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.<\/p>\n
MINERA Y ENGA\u00d1O<\/p>\n
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.<\/p>\n
En 2004, La Platosa rent\u00f3 al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hect\u00e1reas de tierra de uso com\u00fan \u2013por un mill\u00f3n 200 mil pesos\u2013 para ocuparlas durante 30 a\u00f1os, pero al momento de la firma result\u00f3 que el contrato estipulaba la renta de 27 hect\u00e1reas por el mismo precio.<\/p>\n
Dora Alicia Ram\u00edrez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del enga\u00f1o, con amenazas la empresa logr\u00f3 que las y los 127 due\u00f1os del terreno firmaran el contrato.<\/p>\n
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas ten\u00edan menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectaci\u00f3n en la diversidad de plantas. Adem\u00e1s, aunque la empresa ofreci\u00f3 empleos, eran trabajos con salarios m\u00ednimos e incluso se le neg\u00f3 la contrataci\u00f3n a una mujer por estar embarazada.<\/p>\n
Otro caso de da\u00f1os provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros c\u00fabicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo M\u00e9xico) que se vertieron en los r\u00edos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.<\/p>\n
Las mujeres destacaron como convocantes de la organizaci\u00f3n para exigir una soluci\u00f3n, pues ellas fueron las m\u00e1s afectadas por la contaminaci\u00f3n del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de est\u00f3mago, infecciones estomacales, fiebres y v\u00f3mitos por el consumo del l\u00edquido.<\/p>\n
Despu\u00e9s de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades ind\u00edgenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborar\u00e1 y presentar\u00e1 un informe preliminar al terminar la visita en M\u00e9xico y posteriormente presentar\u00e1 un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.<\/p>\n