Absuelven al presunto asesino de la activista Mireya Rodríguez. “El estado la volvió a matar”

Alejandro Ruiz / Pie de Página

Mireya era una mujer trans y se dedicaba al trabajo sexual en Chihuahua. También era activista por los derechos sexuales, el respeto a las mujeres trans y por la dignificación del trabajo sexual. En resumen, Mireya luchaba contra la homo-lesbo-bi-transfobia.

Su carrera en el activismo inició en 2013, cuando después de un operativo policial la arrestaron a ella y cuatro mujeres mientras ejercían el trabajo sexual. El argumento de las autoridades fue que las detenidas no contaban con un permiso sanitario que el municipio expedía a las trabajadoras.

En ese momento Mireya conoce a Laura Hernández; una abogada del consultorio virtual “Arturo Díaz Betancourt”, un espacio de acompañamiento a casos de discriminación contra la población LGBTTTIQ+ de la organización Letra S.

A petición de las detenidas, Laura tomó su caso. Ella recuerda:

“En ese entonces estaba el permiso sanitario para trabajadoras sexuales, el cual se prestaba a la extorsión por parte de los funcionarios. Cuando las detienen les hicieron prueba de VIH con la misma lanceta, algo que violaba sus derechos humanos. Ahí empezó la lucha de Mireya”.

Tras interponer una queja en la comisión de Derechos Humanos de Chihuahua el caso comenzó a volverse mediático. Semanas después, su historia llegaría hasta el en ese entonces relator especial de las Naciones Unidas para casos de tortura; el cual, debido a la presión jurídica y social se pronunció en contra de estos hechos.

“Fue un caso paradigmático; pues por primera vez en la comisión estatal se reconoció a la población trans. Se emitió una recomendación para que este permiso se quitara. Para que el municipio lo derogara. Mireya fue muy activa desde ese momento”, dice Laura Hernández.

Desde ese entonces Mireya y sus compañeras fundaron la Unión y fuerza de mujeres trans chihuahuenses, una Asociación Civil que acompañaba casos de violaciones a los derechos humanos de esta población en todo el estado.

La activista se convirtió en una referente nacional e internacional en la lucha de las mujeres trans, llegando a ocupar vocerías y representaciones en espacios para la defensa de los derechos humanos. También se integró al consultorio virtual donde trabaja Laura.

“Mireya pertenecía a la familia de Letra S y formaba parte del consejo virtual. Era promotora de los derechos sexuales y reproductivos, mujer trans, trabajadora sexual y defensora de los derechos humanos. Ella era un referente”.

Laura Hernández.

La madrugada del 2 de septiembre de 2020 el cuerpo de Mireya fue encontrado sin vida. Una de sus compañeras de organización, Regina Larrea, llamó inmediatamente a Laura. Al instante, la abogada asumió la defensa del caso.

“Al día siguiente me habló el papá de Mireya, un señor de unos 70 años, obrero en una maquila. Me pidió que no quedara impune el caso de su hija ‘hasta donde tope, Laurita, hasta donde tope’, me dijo. Y por eso acá estamos”, narra Laura.

El proceso

Laura reconoce que, en muchos de los casos de transfeminicidio u otros crímenes de odio, lidiar con los ministerios públicos es algo extenuante. Esto, porque las autoridades difícilmente sueltan las carpetas de investigación a las amigas o compañeros de quien murió.

“Por mucho que las organizaciones civiles empujemos, no podemos acceder a la carpeta de investigación”, dice la abogada.

Pero el caso de Mireya fue una excepción a esto. Pues al contrario de como pasa en otros contextos, su familia la aceptaba y quería como ella era.

“Afortunadamente Mireya era aceptada por su familia. A la mayoría de los casos de transfeminicidio se les da carpetazo por la falta de voluntad política, pero también porque a la familia no le interesa. Desde el primer momento el padre de Mireya estuvo al tanto. Me decía “yo quiero que se esclarezca quién mató a mi hija”. Esto es afortunado, porque el que un señor con su contexto la quiera, la reconozca, y le diga hija habla de una sensibilización”, narra Laura.

Sin embargo, las instituciones para procurar la justicia tienen otras visiones.

Al inicio de las investigaciones el caso se turnó a la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer, pero esta institución no hizo bien su trabajo. La primera irregularidad, recuerda la abogada, estuvo en que no acordonaron la zona donde fue encontrado el cuerpo de Mireya.

“Un día después de que encontraron el cuerpo comenzamos a accionar. Primero me comuniqué con la entonces titular de la CEAV, quien nos recibió pronto. Después nos comunicamos con el fiscal de Chihuahua, y luego otra vez con el alto comisionado de la ONU”, relata Laura.

Estas acciones, dice, orillaron a que el fiscal no quitara la atención del caso, pues en ese momento tenían todas las miradas encima.

“El alto comisionado denunció y condenó el asesinato de Mireya. Fue la primera vez que el alto comisionado se pronunciaba condenando el asesinato de una mujer trans y trabajadora sexual. También iniciamos una acción urgente que fue respaldada por más de 300 organizaciones nacionales e internacionales”, comenta.

Ante esto, el fiscal de Chihuahua propuso que el caso de Mireya, debido a su activismo, fuera turnado a la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y personas desaparecidas. La representación jurídica de la activista accedió a esto.

“Al poco tiempo, yo creo por la presión, nos dan la noticia de que capturaron al presunto responsable, y nos llamaron para cerciorarnos de si esa persona era el asesino. Fuimos, y se le identificó. La prueba más contundente es cuando mujeres trans reconocen al hombre como cliente frecuente de la zona donde trabajaba Mireya”.

Laura Hernández.

La detención se da entre el 12 y 13 de septiembre. Apenas diez días después de encontrar el cuerpo de Mireya. Desde ese momento se inició el juicio y desahogo de pruebas en el tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Morelos de Chihuahua.

Laura y el equipo jurídico presentaron en total 130 pruebas en contra del acusado. 65 de ellas de carácter testimonial, y la otra mitad de carácter documental.

El juicio siguió su curso, y aunque parecía que no había forma en que no existiera una condena, el 8 de julio de 2022 el tribunal que llevaba el caso dio su fallo. Se absolvió al presunto culpable de asesinar a Mireya.

“Si pudiera comparar lo que sentí en ese momento, obviamente guardando las debidas proporciones, es como estar presenciado la audiencia del feminicidio de Rubí, la hija de Marisela Escobedo. La diferencia es que Mireya era una mujer trans”, lamenta la abogada.

Y añade que el poder judicial de Chihuahua “tenía una oportunidad única de apreciar las pruebas a la luz del derecho, con un enfoque diferenciado de género y derechos humanos. Pero en la sentencia no se ve que el juez haya analizado el perfil de Mireya, una defensora de los derechos humanos y mujer trans”.

Argumentos inconsistentes

De las 130 pruebas ofrecidas por la defensa de Mireya, el juzgado chihuahuense solo dio por válidas 14 de ellas: una documental y 13 testimonios.

Entre las principales pruebas que se dejaron fuera del juicio estuvo la necropsia legal. El juez la desestimó porque no coincidía la fecha de muerte de Mireya.

“En el peritaje el médico legista dice que aproximadamente cinco días contados a partir de que se hizo la necropsia, pero que eso puede variar con 36 horas. El juez tomó a pie juntillas la información de los cinco días y descartó la prueba”, explica Laura.

La decisión del juez fue irregular, detalla la abogada, pues la necropsia determinó una probabilidad, mas no un hecho contundente. Inclusive, dentro de las pruebas que ofreció la defensa, se establece que la muerte de Mireya no ocurrió cinco días antes, sino después.

“El día 28 hay una prueba documental de las llamadas de Mireya en donde ese día ella tiene comunicación con otras chicas trans a lo largo del día. A Mireya la asesinaron después”, enfatiza Laura.

Otra de las irregularidades durante el juicio fue la inconsistencia del juez para examinar la prueba del cateo que se hizo en el domicilio del presunto culpable. En este se comprueba que el acusado tenía en su posesión el celular de Mireya y había vendido el automóvil de la activista.

“Cuando capturan a ese individuo se encuentran el celular de Mireya. También se establece que él se roba el carro de Mireya y lo vende. Hay videos donde ven al sujeto en Wall Mart vendiendo el coche. Inclusive cuando interrogaron al señor que compró el carro éste lo identifica como el vendedor del automóvil”, dice la abogada.

No obstante, el juez estableció que no existía una relación entre este hecho y el asesinato de Mireya. Inclusive indujo la idea de que la propia activista le pidiera a aquel hombre que vendiera su automóvil.

Esto es contradictorio con el resto de las pruebas, la cuales también fueron desestimadas por el juez; pues en el cateo también se encontró ropa con manchas de sangre que, después de un examen genético, se determinó que era de Mireya.

“El argumento del juez para descartar estas pruebas es que la talla de la ropa y los tenis con sangre no correspondían a los del acusado”.

También, añade Laura, el razonamiento del juez estuvo plagado de prejuicios ante las mujeres trans.

“Dijo que Mireya era una persona robusta, y que podía tender a ser agresiva. Mientras que el presunto culpable era una persona delgada, deportista. Dijo, y esto es indignante, que una persona así no pudo haberla matado”, narra la abogada.

Bajo estos argumentos el juez dictó una sentencia absolutoria al acusado.

“La impunidad prevaleció. Al salir de la audiencia donde leyeron la sentencia yo iba acompañada de Regina y un familiar de Mireya. No olvido lo que dijo Regina en ese momento: ‘el Estado la volvió a matar’” .

Laura Hernández.

Lo que sigue

Ante esta resolución la defensa de Mireya, junto a la Fiscalía de Chihuahua y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentaron una apelación a la sentencia. Actualmente están en espera de que un tribunal resuelva este recurso legal.

De igual forma solicitaron a la Fiscalía medidas cautelares para evitar que el sospechoso se dé a la fuga. También pidieron que se resguarde a los familiares de Mireya y sus compañeras.

Ante esto, la fiscalía le dio un botón de pánico a Regina, quien tras la muerte de Mireya ha sido un rostro visible en la demanda de justicia. Lo mismo ocurrió con el padre de la activista.

“Pero también estamos pidiendo que se les pongan patrullas afuera de sus domicilios, pues su vida puede estar en riesgo al estar el presunto culpable en libertad”, añade la abogada.

Aunado a esto, la fiscalía chihuahuense otorgó medidas cautelares al resto de las integrantes de la organización donde participaba Mireya. “Esto es algo inédito, es la primera vez que se le otorgan estas medidas a la familia alternativa, a la comunidad, y se les reconoce como víctimas indirectas”, precisa Laura Hernández.

El juzgado recibió la apelación el pasado 22 de julio, y de acuerdo con la abogada, ya se notificó a la familia de Mireya y a su defensa legal.

Laura concluye:

“Exigimos justicia para Mireya, y esperamos que la sala superior del tribunal de justicia revoque esta sentencia y se pueda hacer el proceso como se debe. Y no dudamos en decir: que el estado la volvió a matar”.

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