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A siete años de autonomía, continúan violaciones a derechos de comunidad wixárica en Azqueltán

Foto: Especial

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

La comunidad wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en Villa Guerrero, cumplió este mes siete años de autonomía, pero las violaciones a sus derechos humanos continúan, determinaron organizaciones de la sociedad civil.

En la defensa del territorio y el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena, los pobladores han enfrentado problemas estructurales como la ausencia de un enfoque intercultural en la educación o la falta de garantía al derecho al agua, lo que se refleja en la carencia de servicios de drenaje, así como en la contaminación del río Bolaños, según organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, entre otras.

Esto ha tenido consecuencias como falta de acceso a agua potable y la dificultad para tener una alimentación sana, suficiente y culturalmente adecuada.

Ante este contexto, desde 2018 las organizaciones realizan misiones civiles de observación (MCO) de derechos humanos para documentar las condiciones de violencia ejercida contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán por su lucha para recuperar su territorio ancestral.

A tres años de ello, “vemos con preocupación cómo continúa la situación de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, lo que incrementa el fuerte clima de inseguridad para sus integrantes”, abundaron en un comunicado.

A partir de testimonios recogidos durante la una visita a la comunidad realizada el 21 y 22 de noviembre, las organizaciones documentaron que el clima de inseguridad generalizada en la zona continúa. Esto ha llevado a que miembros de la comunidad sean víctimas de distintos delitos como detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, intento de homicidio y graves violaciones a derechos humanos como desplazamiento forzado, tortura y desaparición forzada.

“Estas circunstancias violentan los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral”, detallaron.

Posterior a la visita, ayer autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones se reunieron con autoridades del gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). En el encuentro se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar seguimientos pertinentes.

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